El presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, ha denunciado públicamente los graves problemas que enfrenta la profesión debido a la creciente sobrecarga normativa, la duplicidad y triplicidad de notificaciones, plazos imposibles y una presión que vulnera el derecho al descanso. En su intervención, Merchán reclamó una revisión urgente del sistema y una desconexión digital efectiva para garantizar la salud laboral de los profesionales.
“No estamos desbordados: estamos hastiados y exhaustos. Y no es una hipérbole. Es una realidad que no pienso obviar como presidente y compañero”, afirmó con contundencia el presidente del Consejo General. Merchán subrayó que esta problemática afecta a los más de 17.000 graduados sociales colegiados, así como a otros profesionales, autónomos, empresarios y ciudadanos que dependen de su labor diaria.
El presidente del Consejo General alertó sobre la constante publicación de nuevas normas sin tiempo adecuado para su adaptación, lo que convierte el día a día de los graduados sociales en una “carrera de obstáculos”. En especial, hizo referencia a la reciente implantación del sistema de notificaciones automáticas de altas y bajas en la Seguridad Social (NOTES y DEHU), que, desde la entrada en vigor del BNR 8/2025, ha saturado los despachos de los profesionales.
Problemas derivados de un ritmo legislativo excesivo
Merchán denunció que el ritmo legislativo excesivamente elevado y la improvisación en la publicación de nuevas normativas están agravando la situación. “No permitiéndonos el derecho al error”, señaló, añadiendo que esta presión normativa se ve reflejada también en la falta de previsión sobre los plazos de adaptación a las nuevas medidas.
Desde el Consejo General se ha solicitado de manera urgente una revisión inmediata del sistema al Director General de la Tesorería de la Seguridad Social, a través de una mesa de trabajo creada por Tesorería y el propio Consejo. Además, se ha promovido una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, ya registrada por el Grupo Parlamentario Popular, que recoge las reivindicaciones del colectivo, solicitando que las notificaciones electrónicas se limiten al horario laboral razonable para evitar la sobrecarga de trabajo y el desgaste emocional de los profesionales.
Desconexión digital y un nuevo paradigma administrativo
Joaquín Merchán también ha insistido en la necesidad de una “desconexión digital efectiva” y un cambio en el paradigma de la relación entre los profesionales y la Administración. “Desde el Covid, los ciudadanos estamos al servicio de la Administración, cuando tendría que ser que la Administración estuviera al servicio del ciudadano”, explicó, advirtiendo que el actual modelo no solo afecta la salud y el rendimiento de los profesionales, sino que también compromete la calidad en el cumplimiento normativo en empresas y administraciones.
El presidente del Consejo General reiteró el compromiso de la entidad con la defensa activa de los derechos del colectivo y la mejora del sistema. En este sentido, señaló que la automatización de procesos no debe traducirse en una reducción de garantías para los profesionales y los ciudadanos. Las notificaciones fuera de plazo, la imposibilidad de suspender su término y la saturación de los sistemas electrónicos están acortando los tiempos hábiles de respuesta, lo que deteriora tanto el cumplimiento normativo como la eficacia del sistema.
Este mismo año, Joaquín Merchán mantuvo conversaciones con la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, para impulsar un cambio legislativo que ampliara a seis días naturales el plazo para solicitar las bajas y variaciones de datos de los trabajadores. Sin embargo, la respuesta fue negativa.
Finalmente, el Consejo General de Graduados Sociales ha reiterado su solicitud de garantizar plazos razonables para una gestión eficaz, preservar la salud laboral de los profesionales y mantener los estándares de calidad que han convertido a este colectivo en un pilar esencial para la defensa de los derechos de los trabajadores y las empresas. Porque "solo respetando los principios básicos de la normativa laboral será posible avanzar hacia un modelo “justo, sostenible y verdaderamente humano”, han concluido.
