El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno este martes en segunda vuelta al proyecto de ley sobre información clasificada, el cual establece un plazo máximo de 45 años para que los documentos calificados como alto secreto se desclasifiquen de manera automática. De este modo, podría hacerse pública documentación relativa al intento de golpe de Estado del 23-F, en caso de que la norma se apruebe a finales de este año, "salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa".
Así lo ha indicado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En su intervención, ha explicado que esta nueva ley sustituirá la legislación de secretos oficiales vigente desde el franquismo, que data de 1968, y que ahora será remitida al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
El ministro ha detallado que, además del límite de 45 años para la desclasificación de información considerada alto secreto, se contempla la posibilidad de una prórroga adicional de 15 años. Esta decisión corresponderá al Consejo de Ministros.
En lo que respecta a la documentación catalogada como secreta, se prevé un plazo de 35 años con opción de prorrogarse 10 años más. La información clasificada como confidencial deberá desclasificarse en un período comprendido entre 7 y 9 años, sin opción de prórroga, mientras que para la información restringida el límite estará entre 4 y 5 años, también sin prórroga posible.
Se supera una "rémora" de la legislación
Además de los plazos mencionados, la nueva legislación establece que la información clasificada deberá ser revisada periódicamente para determinar si sigue representando un riesgo para la defensa o la seguridad nacional. Si se concluye que ya no lo hace, podrá ser desclasificada en cualquier momento, sin necesidad de esperar al vencimiento del plazo.
"Esto se puede hacer de oficio y también a petición de algún ciudadano que tenga interés personal o interés profesional", ha señalado Bolaños. Ha añadido que esta ley permite superar "una rémora" del marco legal español, ya que actualmente rige "una ley preconstitucional que proviene de la dictadura de 1968", y que con esta reforma nos alineamos con "estándares europeos".
En ese sentido, ha argumentado que países como Francia, Dinamarca o Suecia aplican plazos incluso más amplios para la desclasificación de documentos que los que contempla esta normativa.
"Entraría el 23-F"
Según ha indicado Bolaños, la nueva ley de información clasificada entraría en vigor "justo un año después" de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este marco, el ministro ha lanzado un mensaje implícito a los socios parlamentarios del Ejecutivo, instándolos a apoyar el texto legal. Ha señalado que si la tramitación parlamentaria resultara "rápida", la ley podría publicarse en el BOE durante el último trimestre del año.
"Si fuera así, estoy hablando de una hipótesis, lógicamente los apoyos parlamentarios hay que trabajarlos y hay que conseguirlos, pero entraría en vigor en el último trimestre de 2026. Es decir, incluiría el año 1981 y anteriores, por lo que entraría el año del 23-F", ha añadido Bolaños.
No obstante, ha insistido en que esa información sería desclasificada automáticamente "salvo que algo afectara a la seguridad nacional y la defensa". Ha recalcado también que se levantaría el secreto de los años de la dictadura, aunque ha recordado que "siempre y cuando no se valore que haya alguna causa superior de seguridad nacional o de defensa que hace recomendable que siga clasificado algún documento".
En caso de discrepancias entre el solicitante y la administración sobre la desclasificación de documentos, será la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo quien resuelva de forma definitiva, según ha explicado el propio Bolaños.
Podría afectar al rey Juan Carlos
El titular de Justicia también ha hecho alusión a la solicitud presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para que se desclasifiquen los documentos de la dictadura relativos a la Iglesia Católica y al rey emérito Juan Carlos I. Al respecto, Bolaños ha reiterado que la ley contempla que todo documento clasificado con más de 45 años será desclasificado automáticamente, salvo que su contenido comprometa la seguridad nacional o la defensa.
Con un régimen sancionador
Asimismo, la norma introduce un régimen sancionador de carácter administrativo para aquellos que revelen información clasificada. Las sanciones irán desde los 30.000 euros para las infracciones leves, hasta los 2,5 millones de euros en los casos más graves. "Con esta vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión", sostiene el Ministerio dirigido por Bolaños.
El ministro ha defendido que la seguridad nacional y la defensa "no son ninguna broma": "Está más que justificado y es más que proporcionado".
Crea un organismo y justifica que lo controle presidencia
Bolaños ha informado que el proyecto de ley también regula los órganos responsables en esta materia. Entre ellos, destaca la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que estará bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Sin embargo, en lo relativo a los intercambios y protección de información clasificada vinculada a la OTAN, será la ministra de Defensa quien asuma las funciones de dicha autoridad.
En todo caso, el ministro ha argumentado que su cartera es la adecuada para ejercer esta competencia y no el CNI, ya que el Ministerio de la Presidencia tiene un carácter "transversal" y puede establecer criterios "homogéneos y comunes" para el conjunto de los departamentos. Aun así, ha recordado que la ley todavía debe pasar por el Parlamento, donde se definirá el desarrollo definitivo de esta Autoridad.









