El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral, conocido como Estatuto del Becario, una norma con la que el Gobierno pretende ordenar las prácticas formativas y reforzar los derechos de los estudiantes. La iniciativa llega más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social alcanzara un acuerdo con los sindicatos para su redacción.
“Es la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros, subrayando que el objetivo es acabar con los abusos y garantizar que las prácticas se destinen realmente a aprender, y no a sustituir puestos de trabajo. “A partir de ahora, las personas que se están formando van a tener derechos”, ha sentenciado.
El texto, que deberá ser tramitado por las Cortes Generales, ha generado discrepancias internas entre PSOE y Sumar, y su aprobación definitiva podría complicarse tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo. La norma tampoco contó con la participación de la comunidad universitaria, según denunciaron los rectores, aunque el Ministerio sostiene que el texto refuerza la protección de los estudiantes frente a posibles abusos.
Multas de hasta 225.000 euros
Entre las medidas más destacadas, el Estatuto del Becario establece multas de hasta 225.000 euros para las empresas que vulneren los derechos de los alumnos y obliga a compensar los gastos derivados de las prácticas, como transporte, alojamiento o manutención. Además, limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas, con el fin de evitar prolongaciones indebidas.
El anteproyecto fija un régimen sancionador graduado en función de la gravedad de las infracciones. Las muy graves podrán ser multadas con entre 120.006 y 225.018 euros, mientras que las leves o medias oscilarán entre 7.500 y 120.000 euros. También se consideran infracciones muy graves las discriminaciones por motivos de sexo, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión o cualquier otra condición personal o social.
La norma garantiza asimismo que los estudiantes en formación formen parte del entorno laboral de la empresa, con derecho a utilizar los mismos espacios y servicios que el resto de trabajadores. Díaz celebró que esta medida pone fin a “la segregación en la formación”, al integrar plenamente a las personas en prácticas en la dinámica de las compañías.
Límite de créditos
El Estatuto del Becario también recoge las obligaciones de los alumnos, que deberán respetar el proyecto formativo, cumplir los horarios y normas de seguridad, mantener la confidencialidad de la información interna y actuar con profesionalidad durante su periodo de prácticas. Las empresas, por su parte, estarán obligadas a designar un tutor y garantizar el cumplimiento del programa educativo.
Por último, el texto detalla los límites de las prácticas extracurriculares en grados, másteres, doctorados y títulos propios, que no podrán superar el 15% de los créditos ECTS ni el 25% cuando se combinen con prácticas curriculares. Con esta norma, el Gobierno busca profesionalizar la formación práctica y acabar con la figura del becario precario, dotando de un marco legal a las prácticas no laborales en España.
