La Diputación Permanente del Congreso ha derogado el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Como todo decreto ley, los textos tenían que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días. Ante la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, ha sido la Diputación Permanente (único órgano que queda activo ante la disolución) la encargada de votar las normas.
El decreto de medidas generales sobre vivienda ha conseguido su convalidación gracias al apoyo de los 35 diputados de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos (formación que atesora el voto de todo el Grupo Mixto) y pese al ‘no’ de los 34 que suman PP, Vox y Junts, que en el Pleno sí contaban con mayoría absoluta. En lo que respecta a la segunda norma, al ‘no’ de PP, Vox y Junts se ha sumado el del PNV, lo que ha condenado al texto a su derogación.
Se aprueba la prohibición de desahucios
Entre las medidas que incluye el primer decreto, entre otras medidas establece la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y se regula una prórroga automática de los contratos de alquiler para todo el 2028.
También incluye el mecanismo llamado ‘Tu Casa’, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y contempla préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda. Este estará dotado con 10.000 millones de euros.
Además de la dotación de la línea del ICO, se incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, al tiempo que endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos ‘buitre’, ampliando su definición y las condiciones de las excepciones con respecto al anterior texto.
En lo que respecta al segundo decreto, el texto fija que una vez superados los cinco años de alquiler (siete si el propietario es una persona jurídica), el contrato de alquiler se prorrogue automáticamente otros cinco años, siete en el caso de que el casero sea una empresa. Si el propietario quiere romper el contrato, la norma obligaba a abonar una indemnización a favor del inquilino equivalente al pago de un año de alquiler.
