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BARÓMETRO DE LA ABOGACÍA

19/09/2011 01:49:00 | Consejo General de la Abogacía Española | BARÓMETRO DE LA ABOGACÍA| 6 minutos

Disminuye la confianza de los españoles en la Justicia y el Estado de Derecho

El IV Barómetro Externo de la Abogacía, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Ábogacía Española destaca que en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho.

El IV Barómetro Externo de la Abogacía, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Ábogacía Española destaca que en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho. Por el contrario, la ciudadanía apunta que el grado de satisfacción con los servicios recibidos de los abogados sigue siendo muy elevado, con una puntación media del 6,9. Además, el estudio subraya que para 85 por ciento de los españoles, es necesario exigir una formación adicional para poder ser abogado, lo que significa un mayoritario apoyo a la Ley de Acceso.

En estos tres últimos años, coincidiendo con los de la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho, pasando a ser mayoría absoluta (54% hoy frente a 31% en 2008) los que consideran que España tiene un Estado de Derecho en peor situación que el resto de países avanzados. Uno de los efectos colaterales de la profunda crisis económica de nuestra economía es haber dañado severamente la sensación que tienen los españoles de estar viviendo en un Estado de Derecho de la máxima calidad.

El estudio sociológico destaca además que el diagnóstico sobre la situación en nuestro país de la garantía y protección de los derechos fundamentales de la persona experimenta también un claro retroceso: para un 55%, España se encuentra, en esta materia, en un nivel intermedio dentro del grupo de los países más avanzados (en el III Barómetro, realizado en 2008, daba esta respuesta un 62%), pero un 31% cree que estamos en el grupo del cola (casi el doble de quienes daban esa repuesta hace tres años: 17%).

La mayoría (un 54%) considera que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica son insuficientes y sólo un 27% opina que son suficientes (hace tres años estos porcentajes eran mucho más cercanos entre sí: respectivamente, el 47% y el 39%).

El diagnóstico sobre la Administración de Justicia: lenta, anticuada y complicada

La Administración de Justicia sufre también un severo juicio de los encuestados. La sociedad española considera que:

  • Funciona mal.
  • Da una imagen anticuada
  • Es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella
  • Su lenguaje y sus procedimientos son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio
  • En muchas ocasiones no sirve de nada que dé la razón pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal
  • Con frecuencia los jueces no dedican ni la atención ni el tiempo adecuado a cada caso individual, tienden a estar "fuera de onda" respecto de lo que ocurre en la sociedad y, además, a la hora de dictar sentencia por lo general no actúan con total independencia.

En suma, tal y como ahora están las cosas, la Justicia española necesita una reforma profunda y urgente.

No todo es negativo: junto a todo lo anterior, la ciudadanía piensa también que nuestra Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades; que los tribunales suelen dar finalmente la razón a quien efectivamente la tiene; que en general los jueces no están predispuestos, de entrada, a favor o en contra de ninguna de las partes implicadas (aunque luego, tiendan a dejarse influir); y que, en todo caso,  son tan buenos como los de cualquier otro país de la Unión Europea.

Ocho de cada diez españoles piensan que la Administración de Justicia debe ser evaluada, en cuanto a su funcionamiento como cualquier otro poder del Estado.

Severo veredicto sobre el CGPJ

Ocho de cada diez españoles piensan que el CGPJ, tal y como ahora está organizado, necesita una reforma urgente y profunda.

Siete de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales.

Seis de cada diez consideran que no es independiente, en sus decisiones, del Gobierno o de los distintos partidos políticos.

La nota media con la que califican a esta institución es de un 4,6.

La satisfacción con los abogados: notable

En el momento actual representan ya un 55% los españoles que dicen haber acudido al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico.

La utilización de los servicios de los abogados tiende a ser similar en todos los sectores sociales. La consolidación del actual sistema de Justicia Gratuita ha logrado que nadie que pueda necesitar asistencia jurídica se vea impedido de conseguirla por falta de medios económicos.

Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado, el grado de satisfacción con los servicios recibidos sigue siendo muy elevado, ya que la satisfacción de conjunto es puntuada con un 6.9, destacando de modo especial la atención y el trato recibidos (que merecen una nota media de 7.9), así como la preparación técnica y el interés por el asunto (puntuados con un 7.3). Incluso el importe de los honorarios cobrados es evaluado de forma claramente positiva (6.7).

Todas las evaluaciones son ligeramente más bajas que en 2008, y similares en conjunto a las obtenidas en 2005: el estado general actual del ánimo colectivo, ya aludido con anterioridad, puede sin duda explicar esta tenue matización de las mismas.

Los ciudadanos valoran especialmente en los abogados su capacidad para buscar un acuerdo razonable que ponga fin a la disputa (para un 62 por ciento) frente a los que valoran más su experiencia en juicios para tratar de conseguir el máximo posible (35 por ciento).

Apoyo mayoritario a la Ley de Acceso: 85 por ciento a favor

Para un 85 por ciento de los españoles, es necesario exigir una formación adicional para poder ser abogado, lo que significa un amplio apoyo a la Ley de Acceso entre los ciudadanos.

Los abogados, entre los grupos sociales más valorados

Los abogados se mantienen entre los primeros puestos de valoración ciudadana, justo por debajo del Rey y por encima de otros colectivos jurídicos (notarios, jueces, fiscales...) e instituciones como el Defensor del Pueblo, con una nota media de 5,2.

Esta posición y valoración ciudadana es incluso más positiva si se atiende a la naturaleza de sus funciones, ya que el abogado es abogado de parte, es decir, goza de la confianza total de su representado, pero al mismo tiempo no puede sino concitar recelo en la parte contraria. Esta doble imagen podría dar lugar a una evaluación ambivalente o reticente por parte de la ciudadanía, pero no es así. Los españoles consideran que, mediante la defensa de sus representados, los abogados están realizando una contribución a la justicia: es decir, están llevando a cabo una función de interés público.

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