Después del encierro llevado a cabo el pasado miércoles en el Colegio de Abogados de Madrid, en protesta contra el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita recientemente aprobado por el Gobierno, el colectivo ALTODO (Asociación de abogados por un turno de oficio digno) ha anunciado el inicio de una campaña contra dicha reforma legislativa, que consideran especialmente desafortunada para el ámbito de la Justicia.
Según los convocantes, esta reforma, por un lado, impide el acceso a la justicia de los ciudadanos más desfavorecidos al imponerles múltiples trabas burocráticas para el reconocimiento del derecho de justicia gratuita, al reducir los topes de renta exigidos, bloquear la posibilidad de recursos, exigir documentos imposibles de aportar, dificultar el acceso de los ciudadanos a los Servicios de Orientación Jurídica adscritos a los Colegios de Abogados y privarles de su derecho a disponer de un abogado independiente, que garantice su derecho de defensa.
Además, consideran que consolida el “maltrato institucional” hacia el abogado de oficio, al no establecerse unas retribuciones razonables y dignas, ni preverse un sistema de actualización periódica a fin de que las mismas no pierdan poder adquisitivo, y limitar su independencia en el ejercicio del derecho de defensa, sancionando como infracción grave la interposición de una demanda o recurso que la administración, unilateralmente, considere insostenible.
Según ALTODO, la última novedad de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley fija en el próximo 20 de mayo la última prórroga para presentación de enmiendas parciales al Proyecto. Anteriormente se ha rechazado por el PP la audiencia de expertos ante la Comisión del Congreso. Esta audiencia había sido solicitada por los Grupos parlamentarios para permitir la presencia en la Cámara de representantes de los Colegios de Abogados, Procuradores y Asociaciones de abogados de oficio. Este rechazo se considera una maniobra para evitar el debate público de la reforma, en línea con la que se estima extraña urgencia en la tramitación de la norma desde su entrada en el Congreso de los Diputados.
El encierro, al que se unieron otras asociaciones de abogados (CEAT, ALA, APAEM y AJA-MAdrid) ha tenido continuación entre el 14 y 15 de mayo en otros nueve colegios de abogados.
