El origen del Máster y del Examen de Acceso a la Abogacía
La realización de un proceso unificador en todo el territorio para la formación inicial de los profesionales del Derecho era una demanda que se remonta varias décadas y que se justifica en la acreditación de competencias y en la inserción en un entorno europeo.
Las razones que explican la composición del proceso de acceso a la profesión de abogado se encuentran en la Ley 34/2006, de 30 de octubre. Tal como se establece en su justificación, la idea de unificar los criterios para el ejercicio profesional no era nueva ni respondía a un capricho de las entidades educativas o de los colegios profesionales. Más bien, respondía a una necesidad ineludible en el marco de una España inmersa en el proceso de integración con el resto de países de la UE.
“Todos los congresos de la abogacía española, de manera significativa el de León de 1970, el de Palma de Mallorca de 1989, el de La Coruña de 1995, el de Sevilla de 1999 y el de Salamanca de 2003, y las reuniones de las juntas de gobierno de los colegios de abogados desde Santander en 1994, Girona en 1997, Valencia en el 2001 y Santa Cruz de Tenerife en 2005, expresando el sentir unánime de la abogacía española, han reivindicado la garantía de una formación inicial igual para todos los profesionales de la abogacía”, afirma la norma.
Con ello se “asegura” una homologación de la profesión jurídica, a la vez que se abren las puertas para la fluida circulación de profesionales en el territorio de la Unión Europea. Pero el acceso hace referencia a otros tres pilares además de la formación de grado: la acreditación de competencias (a través del Máster de acceso), el período de prácticas y el examen de acceso como paso final.
No obstante, la norma no puede obviar la coexistencia de diversas fuentes de capacitación profesional, lo que motiva a establecer un criterio unificador que permita acreditar los conocimientos adquiridos durante el Máster. Así, “para garantizar de forma objetiva la capacitación profesional del licenciado en Derecho así formado, se incluye al final del período formativo práctico una evaluación de naturaleza general, creando a tal fin una comisión plural con importante representación de los sectores universitarios y profesionales afectados”, justifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que entró en vigor el 31 de octubre de 2011. Nació así el Examen de Acceso a la Abogacía.
Por esta razón, es de vital importancia contar no solo con la preparación adecuada de las distintas etapas del proceso de acreditación, sino también tener a mano la experiencia y el valor añadido de Wolters Kluwer Formación, la Universidad Francisco de Vitoria y LA LEY para ampliar las posibilidades de acceder al mercado laboral, con una formación práctica en el ejercicio de la profesión. Acceda aquí a toda la información.
