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Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Ficha:
  • rgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE nm. 260 de
  • Vigencia desde 31 de Octubre de 2011. Esta revisin vigente desde 27 de Julio de 2012.
Versiones/revisiones:

Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La regulacin del rgimen de acceso a la profesin de abogado en Espaa es una exigencia derivada de los artculos 17.3 y 24 de la Constitucin: estos profesionales son colaboradores fundamentales en la imparticin de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitucin garantiza a la ciudadana.

Esta ley constituye, por tanto, complemento de lo dispuesto al efecto en la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita, que consagran la funcin de los abogados, a los que reserva la direccin y defensa de las partes, de modo que a los mismos corresponde garantizar la asistencia letrada al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando as lo exija la norma procesal y, en todo caso, como derecho a la defensa expresamente reconocido por la Constitucin. La asistencia del abogado, conforme al concepto amplio de tutela al que debe aspirarse, comprende tambin las actuaciones profesionales tendentes a evitar el proceso mediante frmulas preventivas y compositivas as como, en general, el asesoramiento en Derecho.

Tambin el procurador, al que la LOPJ otorga la representacin de las partes cuando as lo establezca la norma procesal, garantiza la asistencia jurdica siendo, pues, imprescindible prever tambin los requisitos necesarios para el acceso a esta profesin, en lnea con la tradicin que ya existi en Espaa.

La experiencia del Derecho comparado muestra que la actuacin ante los tribunales de justicia y las dems actividades de asistencia jurdica requieren la acreditacin previa de una capacitacin profesional que va ms all de la obtencin de una titulacin universitaria. Ello justifica la regulacin de dos ttulos profesionales complementarios al ttulo universitario en Derecho: el ttulo profesional de abogado, exigible para prestar asistencia jurdica utilizando la denominacin de abogado; y el ttulo profesional de procurador, exigible para actuar ante los tribunales en calidad de tal.

Adems, en una Europa que camina hacia una mayor integracin, se hace imprescindible la homologacin de estas profesiones jurdicas, en orden a garantizar la fluidez en la circulacin y el establecimiento de profesionales, uno de los pilares del mercado nico que constituye base esencial de la Unin Europea.

II

Debe recordarse que la necesaria capacitacin profesional de estos colaboradores en el ejercicio de la tutela judicial efectiva ha sido una reivindicacin constante de los representantes de las profesiones. Todos los congresos de la abogaca espaola, de manera significativa el de Len de 1970, el de Palma de Mallorca de 1989, el de La Corua de 1995, el de Sevilla de 1999 y el de Salamanca de 2003, y las reuniones de las juntas de gobierno de los colegios de abogados desde Santander en 1994, Girona en 1997, Valencia en el 2001 y Santa Cruz de Tenerife en 2005, expresando el sentir unnime de la abogaca espaola, han reivindicado la garanta de una formacin inicial igual para todos los profesionales de la abogaca. En particular, en el VI Congreso de la Abogaca Espaola se destac la importancia fundamental de la formacin profesional prctica y la necesaria homogeneidad en la evaluacin de tal capacitacin para equipararse a los profesionales de la Unin Europea, instando la regulacin de la materia por parte de los poderes pblicos. Tambin las segundas Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de 1997 aprovecharon la entrada en vigor de la regulacin sobre asistencia jurdica gratuita para insistir en esta cuestin, dando un paso ms con el establecimiento del certificado de aptitud profesional, que, aun voluntario, es exigido por los colegios para la inclusin del profesional en el turno de oficio.

La procura tambin ha insistido en la materia. En su X Congreso Nacional del ao 2000, se seal que debe regularse el acceso al ejercicio de la profesin de procurador, homologndola al resto de los pases de la Unin Europea, sin perjuicio de la funcin especfica de cada profesin, lo que se reiter, como ejemplo, en el VII Congreso Internacional del Comit de Postulantes de Justicia Europeos, celebrado en Mallorca en el ao 2004.

Otros operadores jurdicos se han mostrado sensibles a la cuestin. El propio Libro Blanco de la Justicia presentado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997 reclam la capacitacin prctica de estos profesionales. Asimismo, las Conclusiones de la X Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de las Universidades Espaolas, reunida en Vigo el da 28 de junio de 2004 sealaron la asuncin de la necesidad y urgencia de regular el acceso a las profesiones de abogado y de procurador, aadiendo que el modelo deba contemplar esencial y principalmente la superacin de cursos de contenido prctico, a programar, organizar e impartir conjuntamente por las facultades de Derecho y los colegios de abogados, haciendo referencia complementaria a la posibilidad de una prueba objetiva final.

Y, de modo muy significativo, el Pacto de Estado sobre la Justicia del ao 2001 se refiri tambin a la cuestin en su punto 20, previendo frmulas homologadas con los pases miembros de la Unin Europea para garantizar la preparacin para el ejercicio de la profesin.

III

El texto subraya la importancia de la formacin prctica de los profesionales, de modo que quede garantizada de forma objetiva su capacidad para prestar la asistencia jurdica constitucionalmente prevista.

A tal fin, conjuga la idoneidad formativa de las universidades con el acervo de experiencia de los colegios profesionales. Debe destacarse que la colaboracin entre universidades y colegios profesionales es una de las claves del sistema. Manifestacin significativa de ello es que los cursos de formacin requieran un periodo de prcticas profesionales externas cuya existencia se asegura mediante el correspondiente convenio entre la universidad y los colegios profesionales.

El reconocimiento a efectos profesionales de la formacin prctica adicional al grado en Derecho permite coordinar e integrar el proceso con el sistema de estudios universitarios, con el que, sin embargo, y con pleno respeto a la autonoma universitaria y a su regulacin sectorial, no se interfiere. Ahora bien, tal y como prev ya la regulacin universitaria, no puede prescindirse en este caso del establecimiento de criterios a los que debern sujetarse los estudios universitarios a los efectos de posibilitar el acceso a la obtencin de los ttulos profesionales que se regulan. A tal fin se dispone la necesaria acreditacin de los contenidos formativos conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educacin y Ciencia, con la decisiva exigencia de prcticas externas, profesorado especialmente cualificado para la imparticin de esta formacin de contenido prctico, etc.

Por otra parte, el modelo no puede obviar la realidad de la existencia de numerosas y prestigiosas escuelas de prctica jurdica para abogados, cuya integracin en el sistema descrito se produce por su necesario concierto con las universidades.

En todo caso, para garantizar de forma objetiva la capacitacin profesional del licenciado en Derecho as formado, se incluye al final del periodo formativo prctico una evaluacin de naturaleza general, creando a tal fin una comisin plural con importante representacin de los sectores universitarios y profesionales afectados.

IV

Entrando ya en el anlisis del articulado, cabe destacar que se regulan dos ttulos acreditativos de aptitud profesional, el ttulo profesional de abogado y el ttulo profesional de procurador de los tribunales. La ley no interfiere, ms all de constituir estos ttulos, en los presupuestos de ejercicio profesional de la abogaca y la procura.

Como establece el captulo II, la formacin que nos ocupa podr ser impartida por las universidades, si bien no puede olvidarse que estamos ante un ttulo profesional, de manera que, como ya se ha indicado, a efectos de admitir los correspondientes programas de estudios como suficientes para la capacitacin profesional, y sin que ello interfiera en su validez acadmica, stos cursos sern acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educacin y Ciencia. Ello otorga una gran flexibilidad al modelo y respeta al mximo la autonoma universitaria, pues permite que las universidades decidan qu configuracin tendrn estos estudios en cada caso, sin interferir en la posibilidad de que, adems, las universidades organicen otros estudios jurdicos de postgrado con la validez acadmica que les otorgue la normativa sectorial vigente.

Asimismo, se reconoce la validez de la formacin prctica impartida en las escuelas de prctica jurdica de abogados, dentro de los convenios antes referidos, como reconocimiento a la labor de preparacin de los profesionales que, sobre todo para la mejor tutela en la justicia gratuita, vienen realizando estas escuelas.

En cuanto a la evaluacin final se refiere, si bien la misma, para garantizar la objetividad, ser nica en todo el territorio nacional, razones de operatividad aconsejan su descentralizacin, con la creacin de una comisin evaluadora para el territorio de cada comunidad autnoma donde tengan su sede los centros que impartan esta formacin prctica.

En cuanto a las disposiciones que complementan el texto, debe destacarse el establecimiento de un amplio periodo de vacatio legis previo a la entrada en vigor de esta norma, durante el que no se exigirn ni el ttulo profesional de abogado ni el ttulo profesional de procurador de los tribunales para colegiarse y ejercer las respectivas profesiones, de modo que no se quiebren las expectativas de los actuales estudiantes de la licenciatura o el grado en Derecho.

Asimismo, se ha resuelto la cuestin de aquellos que ejercen el Derecho desde otra funcin para cuyo desempeo han superado pruebas selectivas acreditativas de capacitacin jurdica, respecto de los cuales carecera de sentido someterlos a un proceso formativo y a una evaluacin reiterativa si deciden pasar a desempear la abogaca o la procura.

La competencia estatal est amparada en el artculo 149.1. 1., 6. y 30. de la Constitucin, de acuerdo con el artculo 36 de la misma, por lo que las previsiones de esta ley sern de aplicacin en todo el territorio nacional.

CAPTULO I

Disposiciones generales

Artculo 1 Objeto y finalidad de la ley

1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtencin del ttulo profesional de abogado y el ttulo profesional de procurador de los tribunales, como colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurdica y representacin tcnica de calidad.

2. La obtencin del ttulo profesional de abogado en la forma determinada por esta ley es necesaria para el desempeo de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervencin de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominacin de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogaca.

3. La obtencin del ttulo profesional de procurador de los tribunales en la forma determinada por esta ley es necesaria para desempear la representacin legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de comunicacin a las partes y aquellos otros actos de cooperacin con la Administracin de Justicia que la ley les autorice, as como para utilizar la denominacin de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura.

4. La obtencin de los ttulos profesionales de abogado o procurador ser requisito imprescindible para la colegiacin en los correspondientes colegios profesionales.

Artculo 2 Acreditacin de aptitud profesional

1. Tendrn derecho a obtener el ttulo profesional de abogado o el ttulo profesional de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en posesin del ttulo universitario de licenciado en Derecho, o del ttulo de grado que lo sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en el artculo 88 de la Ley Orgnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo y que acrediten su capacitacin profesional mediante la superacin de la correspondiente formacin especializada y la evaluacin regulada por esta ley.

2. La formacin especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtencin de estos ttulos es una formacin reglada y de carcter oficial que se adquirir a travs de la realizacin de cursos de formacin acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educacin y Ciencia a travs del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

3. Los ttulos profesionales regulados en esta Ley sern expedidos por el Ministerio de Justicia.

Ir a Norma modificadora Nmero 3 del artculo 2 redactado por el apartado uno de la disposicin final cuarta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles (B.O.E. 7 julio).Vigencia: 27 julio 2012

CAPTULO II

Obtencin de la capacitacin profesional

Artculo 3 Formacin

1. Los cursos de formacin para abogados y procuradores podrn ser organizados e impartidos por universidades, pblicas o privadas, y por escuelas de prctica jurdica.

2. Todos estos centros debern establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia en el presente captulo.

Artculo 4 Formacin universitaria

1. Los cursos de formacin para abogados podrn ser organizados e impartidos por universidades pblicas o privadas, de acuerdo con la normativa reguladora de la enseanza universitaria oficial de postgrado y, en su caso, dentro del rgimen de precios pblicos, y debern ser acreditados, a propuesta de stas, de conformidad con lo establecido en el artculo 2.2. Esta acreditacin se otorgar sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulacin acadmica de los referidos cursos.

2. Constituirn requisitos indispensables para la acreditacin de los referidos cursos que stos comprendan la realizacin de un periodo de prcticas externas en los trminos del artculo 6, y que incluyan la realizacin de la evaluacin regulada en el captulo III.

3. Reglamentariamente se establecer el procedimiento y los requisitos que debern cumplir tales cursos para su acreditacin peridica en lo referente a su contenido y duracin, as como a la titulacin y cualificacin del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes. La duracin de los cursos ser de 60 crditos, ms los crditos necesarios para la realizacin de las prcticas externas referidas en el artculo 6.

4. Lo previsto en este artculo ser de aplicacin a los cursos de formacin para el acceso a la procura de acuerdo con la especfica regulacin que al efecto se establezca en sede reglamentaria.

Artculo 5 Escuelas de prctica jurdica

1. Las escuelas de prctica jurdica creadas por los colegios de abogados que hayan sido homologadas por el Consejo General de la Abogaca conforme a su normativa reguladora podrn organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluacin regulada en el artculo 7, siempre que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educacin y Ciencia en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Para que se pueda proceder a la acreditacin y reconocimiento de sus cursos a los efectos de la determinacin de su programa, contenido, profesorado y dems circunstancias, las escuelas de prctica jurdica debern haber celebrado un convenio con una universidad, pblica o privada, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artculo 4 para los cursos de formacin. Asimismo, debern prever la realizacin de un periodo de prcticas externas en la abogaca o en la procura, segn estn orientados a la formacin profesional de los abogados o de los procuradores, en los trminos del artculo siguiente, y la realizacin de la evaluacin regulada en el captulo III.

Artculo 6 Prcticas externas

1. Las prcticas externas en actividades propias del ejercicio de la abogaca o en actividades propias de la procura, con los requisitos que reglamentariamente se determinen, debern constituir la mitad del contenido formativo de los cursos a que se refieren los artculos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. En ningn caso implicarn relacin laboral o de servicios.

2. Las prcticas se realizarn bajo la tutela de un abogado o procurador, segn se dirijan a la formacin para el ejercicio de la abogaca o de la procura. Los tutores sern abogados o procuradores con un ejercicio profesional superior a cinco aos. Los respectivos estatutos generales de la abogaca y de la procura reglamentarn los dems requisitos para el desempeo de la tutora, as como los derechos y obligaciones del tutor, cuya infraccin dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

3. En los supuestos regulados en los artculos 4 y 5.2, deber haberse celebrado un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados o un colegio profesional de procuradores, que establezca la fijacin del programa de prcticas y la designacin de los correspondientes tutores, el nmero mximo de alumnos que podr asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuarn las prcticas, as como los mecanismos de control del ejercicio de stas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente.

4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de prctica jurdica, a los efectos de lo establecido en el artculo 4.2 en relacin con los artculos 5.2 y 6.3 de esta Ley, y siempre que la misma rena los requisitos mnimos que se establezcan por los ministerios responsables de la acreditacin de los cursos de formacin, en los trminos previstos en el artculo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podr rechazarla de forma arbitraria y deber dictar resolucin motivada en relacin con la misma.

CAPTULO III

Acreditacin de la capacitacin profesional

Artculo 7 Evaluacin

1. La evaluacin de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitacin profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formacin prctica suficiente para el ejercicio de la profesin de abogado o de la profesin de procurador, as como el conocimiento de las respectivas normas deontolgicas y profesionales.

2. Las comisiones para la evaluacin de la aptitud profesional sern convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educacin y Ciencia, odas las comunidades autnomas, el Consejo de Coordinacin Universitaria y el Consejo General de la Abogaca o el Consejo General de los Colegios de Procuradores.

3. Reglamentariamente se establecer la composicin de la comisin evaluadora para el acceso a la abogaca y de la comisin evaluadora para el acceso a la procura, que sern nicas para los cursos realizados en el territorio de una misma comunidad autnoma, asegurando la participacin en ellas de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educacin y Ciencia, y de miembros designados a propuesta de la respectiva comunidad autnoma. En todo caso, en la comisin evaluadora para el acceso a la abogaca habr miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogaca Espaola; asimismo, en la comisin evaluadora para el acceso a la procura habr miembros designados a propuesta del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. El nmero de representantes designados a propuesta de cada ministerio, de la comunidad autnoma, y de la correspondiente corporacin profesional ser el mismo.

4. Si el nmero de aspirantes as lo aconseja, podr constituirse una nica comisin evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades autnomas, sealndolo as en la convocatoria.

5. Tanto la evaluacin para el acceso a la abogaca como la evaluacin para el acceso a la procura tendrn contenido nico para todo el territorio espaol en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinar el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijar el contenido concreto de cada evaluacin, con participacin de las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogaca Espaola o del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.

6. Las convocatorias tendrn una periodicidad mnima anual y no podrn establecer un nmero limitado de plazas.

7. Reglamentariamente se regular el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de celebracin de la evaluacin, publicacin y comunicacin de los resultados y dems requisitos necesarios para su realizacin. Asimismo, se regularn los programas, que contemplarn tambin materias relativas al Derecho propio de las comunidades autnomas, y el sistema de evaluacin, de modo diferenciado para la abogaca y la procura, de acuerdo con la diferente capacitacin necesaria para el desempeo de una y otra profesin.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposicin adicional primera Libertad de establecimiento

El ejercicio permanente en Espaa de la profesin de abogado o procurador y la prestacin ocasional de sus servicios con ttulo profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unin Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo se regular por su legislacin especfica.

Ir a Norma modificadora Disposicin adicional primera redactada por el artculo 48 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacin de diversas leyes para su adaptacin a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (B.O.E. 23 diciembre).Vigencia: 31 octubre 2011
Redaccin originaria:

Disposicin adicional segunda Ayudas y becas

El Gobierno garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador; a tal efecto se establecern ayudas y becas para aquellos licenciados en Derecho que quieran obtener cualquiera de las titulaciones a que se refiere la presente ley, de conformidad con el sistema nacional de becas.

Disposicin adicional tercera Ejercicio profesional de los funcionarios pblicos

1. La actuacin del personal al servicio del Estado, de los rganos Constitucionales, de las Administraciones Pblicas o entidades pblicas ante Juzgados y Tribunales en el desempeo de las funciones propias del cargo se regir por lo dispuesto en el artculo 551 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dems legislacin aplicable, sin que en ningn caso le sea exigible la obtencin del ttulo regulado en esta ley.

2. Los funcionarios pblicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condicin de licenciados en Derecho estarn exceptuados de obtener el ttulo de abogado o el ttulo de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artculo 1 de esta ley, siempre que desempeen funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurdico. Tambin estarn exceptuados quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonmicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condicin de licenciados en Derecho.

Disposicin adicional cuarta Adaptacin de las normas colegiales a lo previsto en esta ley

Los colegios profesionales de abogados y procuradores adaptarn su normativa a lo previsto por esta ley.

Disposicin adicional quinta Accesibilidad

Al objeto de favorecer el acceso de las personas con discapacidad a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, en el diseo y realizacin de los cursos y evaluaciones a que se refiere el artculo 2.2 de la presente ley, se tendrn en cuenta criterios de accesibilidad.

Disposicin adicional sexta Consejos autonmicos

Las referencias al Consejo General de la Abogaca o al Consejo General de la Procura, o a sus respectivos Estatutos, contenidas en el articulado de la ley, se entendern hechas, en su caso, a los respectivos consejos autonmicos o a su normativa reguladora, de conformidad con lo que disponga la legislacin aplicable.

Disposicin adicional sptima Grado en Derecho y licenciatura en Derecho

A los efectos de la presente ley, la referencia al grado en Derecho se entender hecha a la licenciatura en Derecho, cuando as corresponda.

Disposicin adicional octava Licenciados en Derecho

Los ttulos profesionales que se regulan en esta Ley no sern exigibles a quienes obtengan un ttulo de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo mximo de dos aos, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedicin del ttulo oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.

Ir a Norma modificadora Disposicin adicional octava introducida en su actual redaccin por el apartado dos de la disposicin final cuarta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles (B.O.E. 7 julio).Vigencia: 27 julio 2012

Disposicin adicional novena Ttulos extranjeros homologados

Los ttulos profesionales que se regulan en esta Ley no sern exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologacin de su ttulo extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo mximo de dos aos, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologacin, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.

Ir a Norma modificadora Disposicin adicional novena introducida en su actual redaccin por el apartado tres de la disposicin final cuarta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles (B.O.E. 7 julio).Vigencia: 27 julio 2012

Disposicin transitoria nica Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia de ttulo profesional

1. Los ttulos profesionales regulados en esta norma no sern exigibles a quienes ya estuvieran incorporados a un colegio de abogados o procuradores, como ejercientes o no ejercientes, en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

2. Los ttulos profesionales regulados en esta ley tampoco sern exigibles a quienes, sin estar incorporados a un colegio de abogados o procuradores a su entrada en vigor, hubieran estado incorporados antes de su entrada en vigor, como ejercientes o no ejercientes, durante un plazo continuado o discontinuo no inferior en su cmputo total a un ao, siempre que procedan a colegiarse antes de ejercer como tales y no hubieran causado baja por sancin disciplinaria.

3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en posesin del ttulo de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedicin y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrn de un plazo mximo de dos aos, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtencin de los ttulos profesionales que en ella se regulan.

Ir a Norma modificadora Nmero 3 de la disposicin transitoria nica redactado por el apartado cuatro de la disposicin final cuarta de Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles (B.O.E. 7 julio).Vigencia: 27 julio 2012

DISPOSICIONES FINALES

Disposicin final primera Ttulo competencial

Las disposiciones contenidas en esta ley, dictadas al amparo del artculo 149.1. 1., 6. y 30. de la Constitucin y de acuerdo con el artculo 36 de la misma, sern de aplicacin en todo el territorio nacional.

Disposicin final segunda Habilitacin reglamentaria

Se faculta al Gobierno, a los Ministerios de Justicia y de Educacin y Ciencia y al resto de departamentos ministeriales competentes para dictar cuantas disposiciones reglamentarias fueran necesarias para el desarrollo y ejecucin de la presente ley.

Disposicin final tercera Entrada en vigor de esta ley

Esta ley entrar en vigor a los cinco aos de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Tngase en cuenta que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, entra en vigor el da 31 de octubre de 2011. Ir a Norma

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.