El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha hecho una serie de interesantes consideraciones sobre la jurisdicción contencioso-administrativa, en la conferencia de clausura del XIII curso de esta jurisdicción, celebrada en Santander el pasado viernes.

Potestades desorbitadas de la Administración

En su intervención, Lesmes ha apuntado que la Contencioso-Administrativa es la encargada de "controlar" a una Administración con "potestades desorbitadas" y ha ensalzado a los jueces de esta jurisdicción como una "herramienta esencial" para "hacer frente" a la Administración cuando "no respeta los derechos de los ciudadanos".

En este sentido, ha señalado que los ciudadanos pueden encontrarse en una situación de "cierto desvalimiento" cuando se tienen que enfrentar al "monstruo" de una Administración.

En esa labor de protección al ciudadano frente a la Administración en los casos en los que sea preciso, Lesmes ha señalado que los jueces tienen las medidas cautelares y ha opinado que "hay que seguir por la defensa cautelar" del derecho del ciudadano a la tutela judicial efectiva.

Necesidad de aproximarse a la estructura de la jurisdicción civil

A este respecto, Lesmes señaló que la estructura y organización de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa "debería ir caminando" hacia una "equiparación total" o "muy próxima" a la que tiene la Jurisdicción Civil.

A este respecto ha abogado para esta jurisdicción, cuente con una primera instancia "completa" con "plenitud" sobre todo tipo de asuntos; la posibilidad de que haya una segunda respuesta y una "excepcionalidad de la casación" que tenga como finalidad, no ya atender el derecho de un litigante en concreto, sino de la comunidad jurídica de contar un "criterio uniforme" y una "determinada interpretación" de una norma en favor de una mayor "seguridad jurídica".

Según ha dicho, caminar hacia ello supondría, entre otros aspectos, "redefinir totalmente" un recurso de casación que, a su juicio, "hoy no cumple" con esta "condición que le es propia a la casación", la de dar ese criterio "uniforme" frente a la norma.

El presidente del Supremo y del CGPJ ha explicado que, actualmente, en el recurso de casación hay "muchísimas cuestiones que no aborda" porque hay ámbitos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que "nunca llegan" al Supremo, con lo que éste solo se pronuncia sobre un ámbito "acotado", dando lugar a una jurisprudencia "muy repetitiva".

Así, ha abogado por "un nuevo modelo de casación" abierto "no solo" a ese ámbito acotado que, en su opinión, tiene hoy sino a "todos aquellos" en los que el juez de instancia necesite tener criterios compartidos con otro jueces para poderse mover" en el campo de la "certeza".

"Ahondar" en la mediación interprocesal para reducir los litigios

Por otra parte, en su intervención, Lesmes ha opinado que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tiene otras "asignaturas pendientes", entre las que, a su juicio, está admitir la mediación inteprocesal, hoy --ha dicho-- "absolutamente excepcional".

En su argumentación, Lesmes ha señalado que en España hay una "cultura del litigio" y el país cuenta con la tercera tasa de litigiosidad más elevada de Europa, solo por detrás de Rusia y República Checa.

Además, y ya en concreto sobre la Jurisdicción Administrativa, ha señalado que la de Alemania, con el doble de habitantes, soporta la mitad de litigios que la española.

A la vista de ello, a su juicio, hay que "incidir" no en que haya "miles y miles de jueces", sino en que haya "miles y miles menos de pleitos" y, en este sentido, ha señalado que las fórmulas de mediación interprocesal o de evitación de conflictos pueden ser "buenas medidas" para ello porque "van introduciendo una cultura diferente de resolución de conflictos".

Así, Lesmes ha abogado por "ahondar" en estas posibilidades ya que --ha defendido-- "siempre es mejor una mediación interprocesal que un proceso ultimado en sentencia con sus dificultades de ejecución".

Sin embargo, el presidente del TS y del CGPJ ha señalado que en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tanto en los juzgados como en las Salas, ha habido en los últimos tres o cuatro años una "disminución" del número de asuntos que ingresan.

Como ejemplo, ha señalado que en 2009 entraron en los juzgados de los Contencioso-Administrativo de España 194.000 asuntos, frente a los 116.000 que ingresaron en 2013.

Además, ha señalado que en las Salas de lo Contencioso-Administrativo también ha habido una disminución del 30 o 40 por ciento, aunque "desigual" entre ellas. En ese sentido, ha opinado que se están dando tiempos de respuesta que ha considerado "muy razonables", inferiores al año.

Así, ha señalado que los ratios de la Jurisdicción "han mejorado", algo que ha achacado a la generalización del principio de vencimiento en materia de costas; al establecimiento de unas tasas que encarecen el proceso, y a la propia crisis.

Sobre esta cuestión, ha señalado que en momentos en los que la Administración tiene recursos lleva a cabo obra pública, que, en ocasiones, conllevan expropiaciones que dan lugar a pleitos.

Reforma de la LOPJ

En su intervención, Lesmes ha aludido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que estaba trabajando el ahora exministro Alberto Ruiz Gallardón y que, según ha dicho, "parece que ya ha decaído".

El presidente del TS y del CGPJ ha opinado que los jueces deben contribuir a la reflexión "de hacia dónde" se debe ir para mejorar la eficiencia y la organización.

Necesidad de mejoras en la ejecución de sentencias contra la Administración

Lesmes se ha referido igulamente a la necesidad de conseguir una "mayor eficacia" en la ejecución de sentencias que afectan a la Administración, "sobre todo cuando hay una resistencia fraudulenta" por parte de ésta. A este respecto ha ha reconocido que, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones u otro tipo de procesos, cuando la Administración no está "muy dispuesta" a ejecutar una sentencia surgen "importantes dificultades".

 "Luchamos contra gigantes muchas veces", ha afirmado Lesmes en referencia al poder "importante" de las Administraciones en comparación con el del ciudadano.

 Para argumentar esta diferencia respecto a la ejecución de sentencias, ha señalado que, por ejemplo, en el caso de los embargos a particular por deudas a acreedores, se acuerda el embargo, se procede al embargo y se saldan esas deudas, algo que "no es así" cuando se trata de la Administración.

 "Los bienes de la Administración son inembargables, es la Administración la que tiene que colaborar con la ejecución de lo dictado por el juez y si la Administración no está muy dispuesta surgen importantes dificultades que en otros ámbitos, en otras jurisdicciones y en otro tipo de procesos no existe", ha aseverado. (EUROPA PRESS)