Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. Instrumento de Adhesión de España

Ficha:

ÓrganoJEFATURA DEL ESTADO
Publicado en BOE núm. 252 de 21 de Octubre de 1978
Vigencia desde 12 de Noviembre de 1978

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Sumario

Norma afectada por

Corregido por: LE0000131265_19781112BOE 14 Noviembre. Corrección de errores del Instrumento De Adhesión de 22 Jul. 1978 (convención sobre el Estatuto de los refugiados, hecha en Ginebra el 28 Jul. 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los refugiados, hecho en Nueva York el 31 Ene. 1967. - Instrumento de adhesión de España de 22 Jul. 1978)

Afectaciones recientes

12/11/1978

LE0000462859_20111102

R Asuntos Exteriores 5 Oct. 2011 (ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales)

Ocultar / Mostrar comentarios: Véase el apartado A.B de la Res. 5 octubre 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 13 octubre), por el que se publica la adhesión de Nauru, con entrada en vigor el 28 de junio de 2011, con formulación de declaración.LE0000039848_19781112Véase el apartado A.B de la Res. 5 octubre 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 13 octubre), por el que se publica la adhesión de Nauru, con entrada en vigor el 28 de junio de 2011.LE0000039848_19781112

LE0000241379_20070322

R Asuntos Exteriores y Cooperación 19 Feb. 2007 (aplicación del artículo 32 del D 801/1972 de 24 Mar., relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales)

Ocultar / Mostrar comentarios: Véase el apartado A.B. de la Res. 19 febrero 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 2 marzo), por el que se publica sucesión por parte de Montenegro, con efectos desde el 3 de junio de 2006 y con la formulación de declaración.LE0000039848_19781112Véase el apartado A.B. de la Res. 19 febrero 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 2 marzo), por el que se publica sucesión por parte de Montenegro, con efectos desde el 3 de junio de 2006 y con la formulación de declaración.LE0000039848_19781112

LE0000225445_20060308

R Asuntos Exteriores y Cooperación 2 Feb. 2006 (aplicación del artículo 32 del D 801/1972 relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales)

Ocultar / Mostrar comentarios: Véase apartado A.B de Res. 2 febrero 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 16 febrero), por el que se publica la adhesión al presente Protocolo por parte de Afganistán.LE0000039848_19781112

LE0000202557_20040705

R Asuntos Exteriores y Cooperación 1 Jun. 2004 (aplicación del art. 32 del D 801/1972, ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales)

Ocultar / Mostrar comentarios: Véase el apartado A.B de la Resolución de 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), por el que se publica lo siguiente: -Timor Leste. 7 de mayo de 2003. Adhesión. Entrada en vigor 6 de agosto de 2003 con la siguiente declaración y reserva: «... la República Democrática de Timor Oriental se considera vinculada por la fórmula b) del articulo 1.B.1) de la misma, es decir acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, en Europa o en otro lugar.» Reserva: De conformidad con el artículo 42 de la Convención, la República de Timor Oriental se adhiera a la Convención con reservas respecto de los artículos 16.2), 20, 21, 22, 23 y 24-.LE0000039848_19781112Véase el apartado A.B de la Resolución de 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), por el que se publica lo siguiente: -Timor Leste. 7 de mayo de 2003. Adhesión. Entrada en vigor 6 de agosto de 2003 con la siguiente declaración y reserva: «... la República Democrática de Timor Oriental se considera vinculada por la fórmula b) del articulo 1.B.1) de la misma, es decir acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, en Europa o en otro lugar.» Reserva: De conformidad con el artículo 42 de la Convención, la República de Timor Oriental se adhiera a la Convención con reservas respecto de los artículos 16.2), 20, 21, 22, 23 y 24-.LE0000039848_19781112Véase el apartado A.B de la Resolución de 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), que publica lo siguiente: Timor Leste. 7 de mayo de 2003. Adhesión con las siguientes reservas: De conformidad con los artículos VII y 1 del Protocolo, la República Democrática de Timor Oriental se adhiere al Protocolo, en el bien entendido de que ha formulado reservas respecto de los artículos 16.2), 20, 21, 22, 23 y 24 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 1951. San Vicente y Granadinas. 3 de noviembre de 2003. Adhesión con la siguiente reserva: «De conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del artículo VII de dicho Protocolo, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas formula, no obstante, una reserva con respecto al artículo IV del Protocolo; considera que, para someter cualquier controversia sobre dicho articulo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, se requiere en cada caso el consentimiento expreso de todas las partes en la controversia.»LE0000039848_19781112Véase el apartado A.B de la Resolución de 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), que publica lo siguiente: Timor Leste. 7 de mayo de 2003. Adhesión con las siguientes reservas: De conformidad con los artículos VII y 1 del Protocolo, la República Democrática de Timor Oriental se adhiere al Protocolo, en el bien entendido de que ha formulado reservas respecto de los artículos 16.2), 20, 21, 22, 23 y 24 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 1951. San Vicente y Granadinas. 3 de noviembre de 2003. Adhesión con la siguiente reserva: «De conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del artículo VII de dicho Protocolo, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas formula, no obstante, una reserva con respecto al artículo IV del Protocolo; considera que, para someter cualquier controversia sobre dicho articulo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, se requiere en cada caso el consentimiento expreso de todas las partes en la controversia.»LE0000039848_19781112

Convención de Ginebra 28 julio 1951 rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 14 noviembre). LE0000131265_19781112

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

Aprobados por las Cortes Españolas el texto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el texto del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967,

Autorizado por consiguiente para proceder a la adhesión a los mismos,

Vistos y examinados los 46 artículos, el anejo y el apéndice que integran la Convención y los 11 artículos que integran el Protocolo,

Extiendo el presente Instrumento de Adhesión, al efecto de que, mediante su depósito, que España pase a ser parte en la Convención, de conformidad con su artículo 39, y en el Protocolo, de conformidad con su artículo V, con las siguientes declaraciones y reservas:

A) De acuerdo con lo previsto en la sección B, apartado 1.º, del artículo I, a los fines de la presente Convención, las palabras « acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 », que figuran en el artículo I, sección A, se entenderá como « acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa o en otro lugar»;
B) De conformidad con el artículo 42 de la Convención y con el VII del Protocolo:
- a) La expresión « el trato más favorable» será interpretada en todos los artículos en que es utilizada en el sentido de que no incluyen los derechos que por ley o por tratado se conceden a los nacionales portugueses, andorranos, filipinos o de países iberoamericanos, o a los nacionales de países con los que se concluyan acuerdos internacionales de carácter regional.
- b) El Gobierno de España no considera que el artículo 8.º como una norma vinculante, sino como una recomendación.
- c) El Gobierno de España se reserva la aplicación del artículo 12, párrafo 1. El párrafo 2 del artículo 12 será interpretado en el sentido de que se refiere exclusivamente a los derechos adquiridos por un refugiado con anterioridad al momento en que obtuvo, en cualquier país, la condición de tal.
- d) El artículo 26 de la Convención será interpretado en el sentido de que no impide la adopción de medidas especiales en cuanto al lugar de residencia de determinados refugiados, de conformidad con la legislación española.
  En fe de lo cual, firmo el presente, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid

a 22 de julio de 1978.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE.

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS

PREÁMBULO

Las Altas Partes Contratantes,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin distinción alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales,

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales,

Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados,

Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional,

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados,

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado,

Han convenido en las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1 Definición del término «refugiado»

A. A los efectos de la presente Convención, el término «refugiado» se aplicará a toda persona:

1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados.
Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el período de sus actividades no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección.
2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la expresión «del país de su nacionalidad» se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.

1) A los fines de la presente Convención, las palabras «acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951», que figuran en el artículo 1 de la sección A, podrán entenderse como:
- a) «Acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951, en Europa», o como
- b) «Acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951, en Europa o en otro lugar»; y cada Estado Contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión una declaración en que precise el alcance que desea dar a esa expresión con respecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la presente Convención.
2) Todo Estado Contratante que haya adoptado la fórmula a podrá en cualquier momento extender sus obligaciones mediante la adopción de la fórmula b por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente:

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad, o
2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o
3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad; o
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o
5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad.
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.
6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.

D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen de esta Convención.

E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.

F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada;
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.

Artículo 2 Obligaciones generales

Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.

Artículo 3 Prohibición de la discriminación

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.

Artículo 4 Religión

Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos.

Artículo 5 Derechos otorgados independientemente de esta Convención

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios independientemente de esta Convención otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados.

Artículo 6 La expresión «en las mismas circunstancias»

A los fines de esta Convención, la expresión «en las mismas circunstancias» significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigirían si no fuese refugiado (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un refugiado.

Artículo 7 Exención de reciprocidad

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general.

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, la exención de reciprocidad legislativa.

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refugiados los derechos y beneficios que ya les correspondieran, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado.

4. Los Estados Contratantes examinarán con buena disposición la posibilidad de otorgar a los refugiados, aun cuando no exista reciprocidad, otros derechos y beneficios, además de los que les corresponden en virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los refugiados que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3.

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos y beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención como a los derechos y beneficios no previstos en ella.

Artículo 8 Exención de medidas excepcionales

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Estados Contratantes que, en virtud de sus leyes, no puedan aplicar el principio general expresado en este artículo, otorgarán, en los casos adecuados, exenciones en favor de tales refugiados.

Artículo 9 Medidas provisionales

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional.

Artículo 10 Continuidad de residencia

1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el período de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio.

2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, deportado del territorio de un Estado Contratante y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la presente Convención para establecer allí su residencia, el tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal deportación se considerará como un período ininterrumpido en todos los casos en que se requiera residencia ininterrumpida.

Artículo 11 Marinos refugiados

En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de facilitar su establecimiento en otro país.

CAPÍTULO II
Condición jurídica

Artículo 12 Estatuto personal

1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia.

2. Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependientes del estatuto personal, especialmente los derechos inherentes al matrimonio, serán respetados por todo Estado Contratante, siempre que el derecho de que se trate sea de los que habrían sido reconocidos por la legislación del respectivo Estado, si el interesado no hubiera sido refugiado.

Artículo 13 Bienes muebles e inmuebles

Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles.

Artículo 14 Derechos de propiedad intelectual e industrial

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre las obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente.

Artículo 15 Derecho de asociación

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de un país extranjero.

Artículo 16 Acceso a los tribunales

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá libre acceso a los tribunales de justicia.

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluso la asistencia judicial y la exención de la caución «judicatum solvi».

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia habitual.

CAPÍTULO III
Actividades lucrativas

Artículo 17 Empleo remunerado

1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de países extranjeros.

2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los refugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante interesado, o que reúnan una de las condiciones siguientes:

a) Haber cumplido tres años de residencia en el país;
b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su cónyuge;
c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia.

3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos los refugiados a los derechos de los nacionales, especialmente para los refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración.

Artículo 18 Trabajo por cuenta propia

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias generalmente a los extranjeros, en lo que respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio y de establecer compañías comerciales e industriales.

Artículo 19 Profesiones liberales

1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado y que desean ejercer una profesión liberal, el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros.

2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, conforme a sus leyes y constituciones, el asentamiento de tales refugiados en los territorios distintos del territorio metropolitano de cuyas relaciones internacionales sean responsables.

CAPÍTULO IV
Bienestar

Artículo 20 Racionamiento

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que reglamente la distribución general de productos que escaseen, los refugiados recibirán el mismo trato que los nacionales.

Artículo 21 Vivienda

En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros.

Artículo 22 Educación pública

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental.

2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas.

Artículo 23 Asistencia pública

Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos.

Artículo 24 Legislación del trabajo y seguros sociales

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes:

a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas;
b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que, conforme a las leyes o los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:
- i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición;
- ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los beneficios o la participación en los beneficios pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal.

2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, de resultas de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derechohabiente resida fuera del territorio del Estado Contratante.

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o concluirán entre sí, sobre la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en vía de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los refugiados, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no contratantes.

CAPÍTULO V
Medidas administrativas

Artículo 25 Ayuda administrativa

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una autoridad internacional le proporcionen esa ayuda.

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo su vigilancia se expidan a los refugiados los documentos o certificados que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe salvo prueba en contrario.

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, pueden asignarse derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los asignados a los nacionales por servicios análogos.

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 28.

Artículo 26 Libertad de circulación

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.

Artículo 27 Documentos de identidad

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje.

Artículo 28 Documentos de viaje

1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional; y las disposiciones del Anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados; y tratarán con benevolencia a los refugiados que en el territorio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del país en que se encuentren legalmente.

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos internacionales previos, por las Partes en tales acuerdos serán reconocidos por los Estados Contratantes y considerados por ellos en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo.

Artículo 29 Gravámenes fiscales

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas.

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los refugiados las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso documentos de identidad.

Artículo 30 Transferencia de haberes

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los refugiados para que se les permita transferir sus haberes, dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos.

Artículo 31 Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio

1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales.

2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país.

Artículo 32 Expulsión

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público.

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente.

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias.

Artículo 33 Prohibición de expulsión y de devolución («refoulement»)

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.

2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Artículo 34 Naturalización

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible derechos y gastos de tales trámites.

CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias y de ejecución

Artículo 35 Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas

1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o con cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere; y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención.

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de:

a) La condición de los refugiados;
b) La ejecución de esta Convención, y
c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados.

Artículo 36 Información sobre leyes y reglamentos nacionales

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos que promulgaren para garantizar la aplicación de esta Convención.

Artículo 37 Relación con convenciones anteriores

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Convención reemplaza entre las Partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 31 de mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, a las Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938, al Protocolo del 14 de septiembre de 1939 y al Acuerdo del 15 de octubre de 1946.

CAPÍTULO VII
Cláusulas finales

Artículo 38 Solución de controversias

Toda controversia entre las Partes en esta Convención, respecto de su interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las Partes en la controversia.

Artículo 39 Firma, ratificación y adhesión

1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 1951 y, después de esa fecha, será depositada en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951; y quedará nuevamente abierta a la firma, en la Sede de las Naciones Unidas, desde el 17 de septiembre de 1951 hasta el 31 de diciembre de 1952.

2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

3. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención a partir del 28 de julio de 1951. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Artículo 40 Cláusula de aplicación territorial

1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención entre en vigor para el Estado interesado.

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a los 90 días contados a partir de la fecha en la cual el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación o en la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior.

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de los gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales.

Artículo 41 Cláusula federal

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados federales;
b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones;
c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades constituyentes, en lo concerniente a determinada disposición de la Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.

Artículo 42 Reservas

1. En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16 (1), 33 y 36 a 46 inclusive.

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 43 Entrada en vigor

1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 44 Denuncia

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido.

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido esta notificación.

Artículo 45 Revisión

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que eventualmente hayan de adoptarse respecto de tal petición.

Artículo 46 Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 39 acerca de:

a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del artículo 1;
b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 39;
c) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40;
d) Las reservas formuladas o retiradas a que se refiere el artículo 42;
e) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artículo 43;
f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44;
g) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre de sus respectivos Gobiernos la presente Convención.

Hecha en Ginebra

el día 28 de julio de 1951,

en un solo ejemplar, cuyos textos en inglés y francés son igualmente auténticos, que quedará depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 39.

ANEXO

Párrafo 1

1. El documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de esta Convención será conforme al modelo que figura en el adjunto apéndice

2. El documento estar redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales ser el inglés o el francés.

Párrafo 2

Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos en el documento de viaje de un miembro de la familia o, en circunstancias excepcionales, de otro refugiado adulto.

Párrafo 3

Los derechos que se perciban por la expedición del documento no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales.

Párrafo 4

Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento ser válido para el mayor número posible de países.

Párrafo 5

El documento tendrá validez por uno o dos años, a discreción de la autoridad que lo expida.

Párrafo 6

1. La renovación o la prórroga de validez del documento incumbe a la autoridad que lo expida, mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro territorio y resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento incumbe, en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior.

2. Los representantes diplomáticos o consulares, especialmente autorizados a tal efecto, estarán facultados para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de los documentos de viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos.

3. Los Estados contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los refugiados que ya no residan legalmente en el territorio de tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del país de su residencia legal.

Párrafo 7

Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los documentos expedidos con arreglo de las disposiciones del artículo 28 de esta Convención.

Párrafo 8

Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el refugiado, si están dispuestas a admitirlo y si se requiere un visado, visarán el documento que posea.

Párrafo 9

1. Los Estados Contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los refugiados que hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo.

2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la negación de visado a cualquier extranjero.

Párrafo 10

Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada o de tránsito, no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.

Párrafo 11

Cuando un refugiado haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro Estado Contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá en adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de quien podrá solicitarlo el refugiado.

Párrafo 12

La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo al país que lo haya expedido, si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo.

Párrafo 13

1. Cada Estado Contratante se compromete a permitir a la titular de un documento de viaje expedido por tal Estado con arreglo al artículo 28 de esta Convención, regresará a su territorio en cualquier momento durante el plazo de validez del documento.

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado Contratante puede exigir que el titular de este documento se someta a todas las formalidades que puedan imponerse a los que salen del país o a los que regresan.

3. Los Estados Contratantes se reservan, en casos excepcionales o en casos en que el permiso de estancia del refugiado sea válido por tiempo determinado, la facultad de limitar, al expedir el documento, el tiempo durante el cual el refugiado pueda volver en plazo no menor de tres meses.

Párrafo 14

Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente anexo se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los Estados Contratantes las condiciones de admisión, tránsito, estancia, establecimiento y salida.

Párrafo 15

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que se hagan determinarán o modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.

Párrafo 16

La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los representantes diplomáticos o consultares del país respectivo, ni confiere a tales representantes derecho de protección.

APÉNDICE

Modelo de Documento de Viaje

El documento tendrá la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 cm).

Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras "Convención del 25 de julio de 1951" se impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el documento.

RESOLUCIÓN 2198 (XXI) DE LA ASAMBLEA GENERAL
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

La Asamblea General,

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 (1) , sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951;

Considerando que ha surgido nuevas situaciones de refugiados desde que la Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguiente, de que los refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbito de la Convención;

Considerando conveniente que gocen de igual Estatuto todos los refugiados comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de la fecha límite del 1 de enero de 1951;

Tomando nota de la recomendación del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2) , pendiente a que el proyecto de Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados se ha presentado a la Asamblea General, después de ser examinado por el Consejo Económico y Social, a fin de que pueda autorizarse al Secretario general de las Naciones Unidas a abrir el Protocolo a la adhesión de los gobiernos lo antes posible;

Considerando que, en su resolución 1186 (XLI) de 18 de noviembre de 1966, el Consejo Económico y Social ha tomado nota con aprobación del proyecto de Protocolo que figura en la adición al informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y que contiene medidas encaminadas a ampliar el alcance de la Convención en lo que se refiere a las personas a las que se aplica (3) y a transmitido dicho documento a la Asamblea General,

1. Toma nota del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo texto (3) figura en la adición al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;

2. Pide al Secretario general que transmita el texto del Protocolo a los Estados mencionados en su artículo V a fin de que pueda adquirirse al Protocolo (4) .

1495ª sesión plenaria, 16 de diciembre de 1966.

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (denominada en lo sucesivo la Convención), sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951,

Considerando que han surgido nuevas situaciones de refugiados desde que la Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguiente, de que los refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbito de la Convención,

Considerando conveniente que gocen de igual estatuto todos los refugiados comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de la fecha límite de 1.° de enero de 1951,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I Disposiciones generales

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los artículos 2 a 34 inclusive de la Convención a los refugiados que por el presente se definen.

2. A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este artículo, el término «refugiado» denotará toda persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras «como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951 y ...» y las palabras «... a consecuencia de tales acontecimientos», que figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1.

3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados Partes en el mismo sin ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicables también en virtud del presente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por Estados que ya sean Partes en la Convención de conformidad con el inciso a del párrafo 1 de la sección B del artículo 1 de la Convención, salvo que se hayan ampliado conforme al párrafo 2 de la sección B del artículo 1.

Artículo II Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere; en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo.

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a suministrarle en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de:

a) La condición de los refugiados;
b) La ejecución del presente Protocolo;
c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados.

Artículo III Información sobre legislación nacional

Los Estados Partes en el presente Protocolo comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que promulgaren para garantizar la aplicación del presente Protocolo.

Artículo IV Solución de controversias

Toda controversia entre Estados Partes en el presente Protocolo relativa a su interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en la controversia.

Artículo V Adhesión

El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados Partes en la Convención y de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, miembro de algún organismo especializado o que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a adherirse al mismo. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo VI Cláusula federal

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo 1 del presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de los Estados Partes que no son Estados federales;
b) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincia o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones;
c) Todo Estado federal que sea Parte en el presente Protocolo proporcionará, a petición de cualquier otro Estado Parte en el mismo que le haya sido transmitida por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades constituyentes en lo concerniente a determinada disposición de la Convención que haya de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del presente Protocolo, indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efectividad a tal disposición.

Artículo VII Reservas y declaraciones

1. Al tiempo de su adhesión todo Estado podrá formular reservas con respecto al artículo IV del presente Protocolo y en lo que respecta a la aplicación, conforme al artículo I del presente Protocolo, de cualesquiera disposiciones de la Convención que no sean las contenidas en los artículos 1, 3, 4, 16 (1) y 33; no obstante, en el caso de un Estado Parte en la Convención, las reservas formuladas al amparo de este artículo no se harán extensivas a los refugiados respecto a los cuales se aplica la Convención.

Véase el apartado A.B de la Resolución de 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), que publica lo siguiente: Timor Leste. 7 de mayo de 2003. Adhesión con las siguientes reservas: De conformidad con los artículos VII y 1 del Protocolo, la República Democrática de Timor Oriental se adhiere al Protocolo, en el bien entendido de que ha formulado reservas respecto de los artículos 16.2), 20, 21, 22, 23 y 24 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 1951. San Vicente y Granadinas. 3 de noviembre de 2003. Adhesión con la siguiente reserva: «De conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del artículo VII de dicho Protocolo, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas formula, no obstante, una reserva con respecto al artículo IV del Protocolo; considera que, para someter cualquier controversia sobre dicho articulo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, se requiere en cada caso el consentimiento expreso de todas las partes en la controversia.»LE0000202557_20040705

2. Las reservas formuladas por los Estados Partes en la Convención conforme al artículo 42 de la misma serán aplicables, a menos que sean retiradas, en relación con las obligaciones contraídas en virtud del presente Protocolo.

3. Todo Estado que haya formulado una reserva con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

4. La declaración hecha conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 40 de la Convención por un Estado Parte en la misma que se adhiera al presente Protocolo se considerará aplicable con respecto al presente Protocolo a menos que, al efectuarse la adhesión, se dirija una notificación en contrario por el Estado Parte interesado al Secretario General de las Naciones Unidas. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 40 y del párrafo 3 del artículo 44 de la Convención se considerarán aplicables mutatis mutandis al presente Protocolo.

Artículo VIII Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que se deposite el sexto instrumento de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que se adhiera al Protocolo después del depósito del sexto instrumento de adhesión, el Protocolo entrará en vigor en la fecha del depósito por ese Estado de su instrumento de adhesión.

Artículo IX Denuncia

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Parte interesado un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido.

Artículo X Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a los Estados mencionados en el artículo V supra acerca de la fecha de entrada en vigor, adhesiones, reservas formuladas y retiradas y denuncias del presente Protocolo, así como acerca de las declaraciones y notificaciones relativas a éste.

Artículo XI Depósito en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas

Un ejemplar del presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, firmado por el Presidente de la Asamblea General y por el Secretario General de las Naciones Unidas, quedará depositado en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas. El Secretario General transmitirá copias certificadas del mismo a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los demás Estados mencionados en el artículo V supra.

El Instrumento de Adhesión de España fue depositado ante el Secretario general de las Naciones Unidas el 14 de agosto de 1978.

La Convención de 1951 entra en vigor el 12 de noviembre de 1978 y el Protocolo de 1967 el 14 de agosto de 1978, de conformidad con sus artículos 43 y VIII, respectivamente.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid,

26 de septiembre de 1978.

- El Secretario general Técnico,

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

Texto de las declaraciones y reservas al Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 formuladas por los Estados parte en el mismo

Declaraciones y reservas al Convenio de 28 de julio de 1951

Australia (5)

Austria (6) El Convenio se ratifica:

a) Con la reserva de que la República de Austria considera las disposiciones del artículo 17, párrafos 1 y 2 (con excepción, sin embargo, de la frase «que ya estaban exentos de ellos en el momento de la entrada en vigor de este Convenio para los Estados contratantes interesados o ...», en el ultimo párrafo), no como una obligación, sino sencillamente como una recomendación.
b) Con la reserva de que las disposiciones del artículo 22, párrafo 1, no se apliquen a la creación y mantenimiento de escuelas de enseñanza general básica privadas, que la «ayuda y asistencia pública» referidas en el artículo 23 se interpreten únicamente como contribuciones de fondos de asistencia pública (armenversorgung) y que los «documentos o certificados referidos en el artículo 23, párrafos 2 y 3, se interpreten como certificados de identidad previstos en el Convenio de 30 de junio de 1928 relativo a los refugiados.

Bélgica

1. En todos los casos en que el Convenio conceda a los refugiados el tratamiento más favorable reservado a los súbditos de un país extranjero, esta disposición no se interpreta por el Gobierno belga como refiriéndose forzosamente al régimen acordado a los súbditos de los países con los cuales Bélgica ha concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.

2. El artículo 15 del Convenio no se aplica a Bélgica: los refugiados residiendo legalmente en territorio belga disfrutarán, por lo que se refiere al derecho de asociación, del mismo tratamiento concedido a los extranjeros en general.

Botswana «Con la reserva a los artículos 7, 17, 26, 31, 32 y 34 y al párrafo 1 del artículo 12 del Convenio.»

Brasil (7)

Canadá Reservas a los artículos 23 y 24:

«Canadá interpreta la frase "residiendo legalmente" como refiriéndose únicamente a los refugiados admitidos en residencia permanente: los refugiados admitidos en residencia temporal disfrutarán del mismo tratamiento, por lo que se refiere a los puntos mencionados en los artículos 23 y 24, que el otorgado a los visitantes en general.»

Chile

1. Con la reserva de que, en relación con las disposiciones del artículo 34, el Gobierno de Chile no podrá otorgar a los refugiados ventajas mayores que las que otorga a los extranjeros en general, dado el carácter liberal de las leyes de naturalización chilena.

2. Con la reserva de que el período especificado en el artículo 17, párrafo 2, a), se prolongue, en el caso de Chile, de tres a diez años.

3. Con la reserva de que el artículo 17, párrafo 2, c), se aplique únicamente si el refugiado es viuda o viudo de un cónyuge chileno.

4. Con la reserva de que el Gobierno de Chile no puede otorgar un período más largo para llevar a cabo una orden de expulsión que el que se concede a los demás extranjeros en virtud de la ley chilena.

Chipre (8)

Dinamarca (9) «La obligación contenida en el artículo 17, párrafo 1, y que consiste en otorgar a los refugiados residiendo legalmente en Dinamarca el tratamiento más favorable reservado a los súbditos de un país extranjero, por lo que se refiere al derecho a ocupar un empleo remunerativo, no debe significar que los refugiados tengan derecho a todos los privilegios que, en este sentido, se conceden a los súbditos de Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.»

Ecuador Por lo que se refiere al artículo 1, relativo a la definición de la palabra «refugiado», el Gobierno del Ecuador declara que su adhesión al Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados no significa que acepte los Convenios que no hayan sido expresamente firmados y ratificados por el Ecuador.

Por lo que se refiere al artículo 15, el Ecuador declara, además, que su adhesión a las disposiciones en él contenidas debe ser limitada en la medida en que estas disposiciones contradicen las disposiciones constitucionales y legales en vigor que prohiben a los extranjeros y, por consiguiente, a los refugiados ser miembros de órganos políticos.

Etiopía «Las disposiciones de los artículos 8, 9, 17(2) y 22 (1) del Convenio se consideran únicamente como recomendaciones y no como obligaciones legales.»

Fiji El Gobierno de Fiji confirma la primera y cuarta reservas formuladas por el Reino Unido; estas reservas, para adaptarlas mejor en vista de su aplicación por Fiji han sido redactadas nuevamente como sigue:

«1. El Gobierno de Fiji considera que los artículos 8 y 9 no le impiden, en tiempos de guerra u otras circunstancias graves o excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones de artículo 8 no impedirán al Gobierno de Fiji hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que podrían adquirir o haber adquirido como potencia aliada o asociada en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no deberán afectar al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio en nombre de Fiji, se encontraban bajo el control del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o del Gobierno de Fiji, respectivamente, por causa de la existencia de un estado de guerra entre ellos y cualquier otro Estado.

2. El Gobierno de Fiji no puede comprometerse a dar efecto a las obligaciones contenidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 25 y solo puede comprometerse a aplicar las disposiciones el párrafo 3 en la medida permitida por la ley.

Comentario: en Fiji no existen arreglos para la asistencia administrativa en el artículo 25 y tales arreglos no se han considerado necesarios en el caso de los refugiados. Cuando se necesiten los documentos o certificados mencionados en el párrafo 2 de este artículo se recurrirá a declaraciones juradas.

Se retiran todas las demás reservas hechas por el Reino Unido al Convenio arriba mencionado»

Finlandia

1. Una reserva general en el sentido de que la aplicación de las disposiciones del Convenio, según las cuales se concede a los refugiados el tratamiento más favorable reservado a los súbditos de un país extranjero, no deberá verse afectada por el hecho de que Finlandia pueda ahora o en el futuro otorgar derechos y privilegios especiales a los súbditos de Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia o a los súbditos de alguno de estos países.

2. Una reserva al artículo 7, párrafo 2. En el sentido de que Finlandia no está dispuesta, como medida general, a conceder a los refugiados que reúnan las condiciones de tres años de residencia en Finlandia una exención de cualquier reciprocidad legislativa que la ley finlandesa hubiera podido estipular como condición sobre la elegibilidad de un extranjero para beneficiarse del mismo derecho o privilegio.

3. Una reserva al artículo 8 en el sentido de que este artículo no es obligatorio para Finlandia.

4. Una reserva al artículo 12, párrafo 1, en el sentido de que el Convenio no deberá modificar el derecho internacional privado finlandés en vigor actualmente, en virtud del cual el Estatuto personal de un refugiado está regido por la ley del país del cual es súbdito.

5. Una reserva al artículo 24, párrafo 1, b), y párrafo 3, en el sentido de que no es obligatorio para Finlandia.

6. Una reserva al artículo 25 en el sentido de que Finlandia no se considera obligada a que un certificado sea otorgado por las autoridades finlandesas, en lugar de las autoridades de un país extranjero, en el caso de que los expedientes necesarios para el otorgamiento de estos certificados no existan en Finlandia.

7. Una reserva en relación con las disposiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 28. Finlandia no acepta las obligaciones estipuladas en este párrafo, pero está dispuesta a reconocer los documentos de viaje extendidos por otros Estados contratantes, en aplicación de este artículo.»

Francia Al depositar su Instrumento de Ratificación, el Gobierno de la República Francesa, de acuerdo con el artículo 42 del Convenio, declara lo siguiente:

a) Considera que el artículo 29, párrafo 2, no impide la aplicación, en territorio francés, de las disposiciones de la ley de 7 de mayo de 1934, autorizando la imposición del impuesto Nansen, para la ayuda a los refugiados, su reinstalación y asistencia.
b) El artículo 17 no impide, en absoluto, la aplicación de las leyes y regulaciones que determinan la proporción de trabajadores extranjeros que los empleadores estén autorizados a emplear en Francia, ni afecta a las obligaciones de estos empleadores en relación con la contratación de trabajadores extranjeros.

Gambia (10)

Grecia

1. En casos o circunstancias que, en su opinión, justificarían un procedimiento excepcional, por razones de seguridad nacional u orden público, el Gobierno Real Helénico se reserva el derecho de derogar las obligaciones que imponen las disposiciones de los artículos 8, 26, 28, 31 y 32.

2. Según el Gobierno Real Helénico, las disposiciones de los artículos 11, 24 (párrafo 3) y 34 constituyen recomendaciones y no obligaciones jurídicas.

3. Se entiende que las disposiciones del artículo 13 no se interpretarán como refiriéndose a derechos o reclamaciones de bienes muebles o inmuebles que posean estas personas antes de entrar en Grecia como refugiados.

4. Por lo que se refiere a empleos remunerados en virtud del artículo 17, el Gobierno Real Helénico no otorgará a los refugiados menos derechos que los que concede generalmente a los súbditos de países extranjeros.

5. La asistencia pública, otorgada en virtud del artículo 23, se interpretará como siendo la asistencia concedida sobre la base de las leyes y regulaciones generales del país. Las medidas excepcionales que haya tomado o que tome en el futuro el Gobierno Real Helénico, como consecuencia de circunstancias especiales en favor de un grupo particular de súbditos griegos, no se extenderán automáticamente a las personas a las que se aplican las disposiciones de este Convenio.

6. El Gobierno Real Helénico no acepta y no considera válido, por lo que se refiere a Grecia, el segundo párrafo de la reserva hecha por el Gobierno de Turquía en el momento de la firma de este Convenio.

Las reservas anteriores han sido publicadas junto con el texto del Convenio en el "Boletín Oficial del Reino de Grecia" el 26 de septiembre de 1959 (A, número 201).

Irán

1. En todos los casos en que, en virtud de las disposiciones de este Convenio, los refugiados disfruten del tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un Estado extranjero, el Gobierno de Irán se reserva el derecho de no otorgar a los refugiados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de los Estados con los que Irán haya concluido acuerdos de establecimiento regional, aduaneros, económicos o políticos.

2. El Gobierno de Irán considera que las disposiciones contenidas en los artículos 17, 23, 24 y 26 son únicamente recomendaciones.

Irlanda (11)

2. El Gobierno de Irlanda considera que los términos "orden público" en el artículo 32 (párrafo 1) y los términos "de acuerdo con el debido procedimiento legal" en el artículo 32 (párrafo 2) significan, respectivamente, "política pública" y "de acuerdo con un procedimiento previsto por la ley".

3. Por lo que se refiere al artículo 17, el Gobierno de Irlanda no concederá a los refugiados derechos a empleo remunerado más favorable que a los que concede en general a los extranjeros.

4. El Gobierno de Irlanda dará efecto al artículo 25 solamente en la medida en que esto sea posible y lícito en virtud de la legislación irlandesa.

5. Por lo que se refiere al artículo 29 (párrafo 1), el Gobierno de Irlanda no concederá a los refugiados un tratamiento más favorable que el que concederá, en general, a los extranjeros en relación con...

c) impuestos sobre renta (incluida sobretasa).»

Israel

2. Los artículos 8 y 12 no se aplican a Israel.

3. El artículo 28 se aplicará a Israel con las limitaciones que se derivan de la sección 6 de la Ley de pasaportes 5712-1952, según la cual el ministro tiene autoridad para:

a) Rechazar la concesión o prolongación de validez de un pasaporte o salvoconducto;
b) Imponer condiciones a la concesión o prolongación de validez de un pasaporte o salvoconducto;
c) Anular o reducir el período de validez de un pasaporte o salvoconducto expedido y ordenar su entrega;
d) Limitar, en la entrega o después de la entrega de un pasaporte, el salvoconducto al número de países para los cuales es válido;

4. Los permisos previstos en el artículo 30 serán expedidos por el Ministro de Hacienda según lo juzgue oportuno.»

Italia (12) Al firmar este Convenio, el Gobierno de la República de Italia declara que considera las disposiciones de los artículos 17 y 18 como siendo únicamente recomendaciones.

JAMAICA «El Gobierno de Jamaica confirma y mantiene las siguientes reservas que se formularon cuando el Convenio fue extendido a Jamaica por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

i) El Gobierno del Reino Unido considera que los artículos 8 y 9 no impiden que el territorio mencionado anteriormente tome, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer derechos sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haber adquirido como potencia aliada o asociada, en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el territorio mencionado, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.
ii) El Gobierno del Reino Unido acepta que el párrafo 2 del artículo 17 se aplique al territorio mencionado, sustituyendo "tres años" por "cuatro años" en el apartado a) y omitiendo el apartado c).
iii) el Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a que las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del artículo 24 y del párrafo 2 de este artículo se apliquen en el territorio mencionado, en la medida en que la ley lo permita.
iv) El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a aplicar, en el territorio mencionado, los párrafos 1 y 2 de artículo 25 y solo puede comprometerse a que las disposiciones del párrafo 3 se apliquen en el territorio mencionado en la medida en que la ley lo permita.»

LIECHTENSTEIN Ref. Artículo 17: por lo que se refiere al derecho a desempeñar un empleo remunerado, el tratamiento que la ley reserva a los refugiados es el mismo que para los extranjeros en general, en el entendimiento, sin embargo, de que las autoridades competentes hagan todo lo posible para aplicarles las disposiciones de este artículo.

Ref. Artículo 24, párrafos 1, a) y b), y párrafo 3: las disposiciones relativas a extranjeros en general sobre formación, aprendizaje, seguro de desempleo, seguro de vejez y supérstites se aplicarán a los refugiados. Sin embargo, en el caso del seguro de vejez y supérstites, los refugiados que residen en Liechtenstein (incluidos los que les sobrevivan si se les considera como refugiados) se benefician del seguro normal de vejez y supérstites, previo pago de sus cuotas por lo menos durante un año completo, siempre y cuando hayan residido en Liechtenstein durante diez años, cinco de los cuales sin interrupción inmediata antes de ocurrir el acontecimiento objeto del seguro. Además, no se aplica a los refugiados la reducción de un tercio de los beneficios previstos en el caso de los extranjeros y apátridas, conforme al artículo 74 de la Ley sobre seguro de vejez y supérstites. Los refugiados residiendo en Liechtenstein que, en el momento del acontecimiento objeto del seguro, no tengan derecho al seguro de vejez y supérstites, no perciben solamente sus propias contribuciones, sino todas las que hayan sido efectuadas por los empleadores.

LUXEMBURGO Con la siguiente reserva: en todos los casos en que este Convenio concede a los refugiados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, no se interpretará esta disposición como comprendiendo forzosamente el régimen acordado a los súbditos de países con los cuales el Gran Ducado de Luxemburgo haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.

MADAGASCAR Las disposiciones del artículo 7 (párrafo 1) no deben interpretarse como exigiendo el mismo tratamiento concedido a los súbditos de países con los cuales la República Malgache haya concluido Convenios de establecimiento o acuerdos de cooperación.

Las disposiciones de los artículos 8 y 9 no deben interpretarse como impidiendo que el Gobierno Malgache tome, en tiempos de guerra u otras circunstancias graves y excepcionales, medidas relativas a un refugiado por causa de su nacionalidad en el interés de la seguridad nacional.

Las disposiciones del artículo 17 no pueden interpretarse como impidiendo la aplicación de las leyes y regulaciones estableciendo la proporción de trabajadores extranjeros que los empleadores están autorizados a emplear en Madagascar o como afectando a las obligaciones de estos empleadores en relación con la contratación de trabajadores extranjeros.

MALTA «El artículo 7, párrafo 2; los artículos 14, 23,27 y 28 no se aplican a Malta; el artículo 7, párrafos 3,4 y 5, y los artículos 8, 9, 11, 17, 18, 31, 32 y 34 se aplicarán a Malta en conformidad con sus propios problemas especiales, su situación peculiar y sus características.»

MÓNACO Con las reservas de que las disposiciones contenidas en los artículos 7 (párrafo 2), 15, 22 (párrafo 1), 23 y 24 se consideren, provisionalmente, como siendo recomendaciones y no obligaciones legales.

NUEVA ZELANDA «... El Gobierno de Nueva Zelanda solo puede comprometerse a aplicar las disposiciones contenidas en el párrafo 2 del artículo 24 del Convenio en la medida en que la legislación de Nueva Zelanda lo permita...»

NORUEGA (13) «La obligación estipulada en el artículo 17 (párrafo 1) de conceder a los refugiados residiendo legalmente en el país el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero que se encuentren en las mismas circunstancias por lo que se refiere al derecho a desempeñar un empleo remunerativo no se interpretará como extendiendo a los refugiados los beneficios de acuerdos que pueden ser concluidos en el futuro entre Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia o entre Noruega y cualquiera de estos países, con miras a crear condiciones especiales para el traslado de mano de obra entre estos países.»

PAÍSES BAJOS Se extiende esta firma con la reserva de que en todos los casos en que este Convenio concede a los refugiados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, no se interpretará esta disposición como comprendiendo el régimen otorgado a los súbditos de los países con los cuales los países bajos hayan concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.

1. Por lo que se refiere al artículo 26 de este Convenio, el Gobierno de los Países Bajos se reserva el derecho de designar el lugar de residencia principal para algunos refugiados o grupos de refugiados en el interés público.

2. En las notificaciones sobre territorios de ultramar mencionados en el artículo 40, párrafo 2, de este Convenio, el Gobierno de los Países Bajos se reserva el derecho a hacer una declaración de conformidad con la sección B del artículo 1 sobre estos territorios y a formular reservas de conformidad con el artículo 42 del Convenio.

Declaración interpretativa. Al depositar el Instrumento de Ratificación por los Países Bajos..., declaro, en nombre del Gobierno neerlandés, que éste no considera que los habitantes de Amboina trasladados a los Países Bajos a partir del 27 de diciembre de 1949, fecha de la transferencia de soberanía por el Reino de los Países Bajos a la República de los Estados Unidos de Indonesia, tengan derecho al Estatuto de Refugiados, tal como esta definido en el artículo 1 del Convenio.

PORTUGAL (14)

1. El Convenio se aplicará sin ninguna limitación geográfica.

2. En todos los casos en que el Convenio otorga a los refugiados el Estatuto personal más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, esta cláusula no se interpretará como significando el Estatuto otorgado por Portugal a los súbditos de Brasil.»

SANTA SEDE La Santa Sede, en conformidad con las disposiciones del artículo 42, párrafo 1 del Convenio, formula la reserva según la cual la aplicación del Convenio tiene que ser compatible, en la práctica, con el carácter especial del Estado de la Ciudad del Vaticano y sin perjuicio de las normas que rigen el acceso y la estancia en el mismo.

SUDÁN La adhesión al Convenio la efectuó acompañada de una reserva al artículo 26.

SUECIA (15) Reservas: en primer lugar, una reserva general en el sentido de que la aplicación de las disposiciones del Convenio que otorgan a los refugiados el tratamiento más favorable concedido a los súbditos de un país extranjero, no será afectada por los derechos y privilegios especiales que Suecia otorga actualmente o pueda otorgar en el futuro a los súbditos de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega o a los súbditos de cualquiera de estos países, y en segundo lugar, las siguientes reservas: una reserva al artículo 8 en el sentido de que este artículo no es obligatorio para Suecia; una reserva al artículo 12, párrafo 1, en el sentido de que el Convenio no debe modificar la norma del derecho internacional privado actualmente en vigor en Suecia, según la cual el Estatuto personal de un refugiado está regido por el derecho del país del que es súbdito; una reserva al artículo 17, párrafo 2, en el sentido de que Suecia no se considera obligada a otorgar a un refugiado que reúne cualquiera de las condiciones enumeradas en los apartados a) y c) la exención automática de la obligación de obtener un permiso de trabajo; una reserva al artículo 24, párrafo 1, b), en el sentido de que a pesar del principio de tratamiento nacional para los refugiados, Suecia no estará obligada a otorgar a los refugiados el mismo tratamiento que a sus súbditos, por lo que se refiere a las posibilidades de reivindicar una pensión nacional, en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de Seguros; asimismo, en el sentido de que, por lo que se refiere al derecho a una pensión adicional en virtud de esta Ley y al cómputo de esta pensión en algunos aspectos, las normas que se apliquen a los súbditos suecos serán más favorables que para otros asegurados; una reserva al artículo 24, párrafo 3, en el sentido de que las disposiciones de este párrafo no serán obligatorias para Suecia; y una reserva al artículo 25, en el sentido de que Suecia no se considera obligada a que un certificado sea expedido por una autoridad sueca, en lugar de las autoridades de un país extranjero, si los documentos necesarios para la concesión de este certificado no se encuentran en Suecia.

SUIZA (16) Ref. Artículo 24, párrafos 1 a) y b), y párrafo 3: las disposiciones relativas a extranjeros en general sobre formación, aprendizaje, seguro de desempleo, seguro de vejez y supérstites se aplicarán a los refugiados. Sin embargo, en el caso del seguro de vejez y supérstites, los refugiados que residen en Suiza (incluidos los que les sobrevivan si se les considera como refugiados) se benefician del seguro normal de vejez y supérstites, previo pago de sus cuotas por lo menos durante un año completo, siempre y cuando hayan residido en Suiza durante diez años - cinco de los cuales sin interrupción -, inmediatamente antes de ocurrir el acontecimiento objeto del seguro. Además no se aplica a los refugiados la reducción de un tercio de los beneficios previstos en el caso de los extranjeros y apátridas, conforme al artículo 40 de la Ley Federal sobre seguro de vejez y supérstites. Los refugiados residiendo en Suiza que, en el momento del acontecimiento objeto del seguro, no tengan derecho al seguro de vejez o supérstites no perciben solamente sus propias contribuciones en virtud de la orden del consejo federal del 14 de marzo de 1952, sino todas las que hayan sido efectuadas por los empleadores.

TURQUÍA El Gobierno de la República turca declara al firmar este Convenio que, por lo que se refiere a los compromisos suscritos por el en el Convenio, los términos «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951», en el artículo 1, sección A, deben interpretarse como refiriéndose a acontecimientos ocurridos en Europa antes del 1 de enero. Por consiguiente, no piensa aceptar ningún compromiso en relación con acontecimientos que hayan tenido lugar fuera de Europa.

El Gobierno turco considera además que los términos «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951» se refieren al inicio de los acontecimientos. Por consiguiente, dado que la presión que se ejerce sobre la minoría turca en Bulgaria, iniciada antes del 1 de enero de 1951, prosigue, la disposición de este Convenio debe también aplicarse a los refugiados búlgaros de origen, obligados a abandonar este país a consecuencia de esta presión, y que, no pudiendo entrar en Turquía, pudieran buscar refugio en el territorio de otra parte contratante después del 1 de enero de 1951.

El Gobierno turco, en el momento de la ratificación, formulará reservas en virtud del artículo 42 del Convenio.

Reserva y declaración hechas en el momento de la ratificación: no se interpretará ninguna disposición de este Convenio como otorgando a los refugiados mayores derechos que los que se otorgan a los súbditos turcos en Turquía:

A) El Gobierno de la República de Turquía no es parte en los acuerdos del 12 de mayo de 1926 y 30 de junio de 1928, mencionados en el artículo 1, párrafo A, de este Convenio. Además, habiendo sido amnistiadas en virtud de la Ley número 3527 las 150 personas afectadas por el acuerdo del 30 de junio de 1928, las disposiciones contenidas en este acuerdo ya no son válidas para Turquía. Por consiguiente, el Gobierno de la República de Turquía considera el Convenio del 28 de julio de 1951 independientemente de los acuerdos mencionados anteriormente.
B) Por lo que se refiere a las obligaciones que se derivan de este Convenio, el Gobierno de la República considera que los términos «acontecimientos ocurridos antes del primero de enero de 1951», mencionados en el párrafo B del artículo 1 significan «acontecimientos ocurridos en Europa antes del primero de enero de 1951».
C) Asimismo, el Gobierno de la República considera que las medidas que tienden a «volverse a valer» o «a readquirir» según el artículo 1, párrafo c, del Convenio - es decir: «si (1) ha vuelto a valerse voluntariamente de la protección del país del cual es súbdito; o (2) habiendo perdido su nacionalidad, la ha vuelto a adquirir voluntariamente» - no dependen solamente de la petición de la persona interesada, sino también del consentimiento del Estado en cuestión.

UGANDA

1) Por lo que se refiere al artículo 7: «el Gobierno de la República de Uganda considera que esta disposición no concede ningún derecho legal, político u otro derecho aplicable a los refugiados que, en cualquier momento, puedan encontrarse en Uganda. Por ello, el Gobierno de la República de Uganda otorgará a los refugiados las ventajas y el tratamiento que el Gobierno de la República de Uganda estime, a su libre juicio, apropiados, teniendo en cuenta su propia seguridad y sus necesidades económicas y sociales».

2) Por lo que se refiere a los artículos 8 y 9: «el Gobierno de la República de Uganda declara que las disposiciones de los artículos 8 y 9 se consideran como siendo únicamente recomendaciones».

3) Por lo que se refiere al artículo 13: «el Gobierno de la República de Uganda se reserva el derecho a anular esta disposición sin recurso a los Tribunales de Justicia y arbitrales, nacionales o internacionales si el Gobierno de la República de Uganda considera esta anulación de interés público».

4) Por lo que se refiere al artículo 15: « el Gobierno de la República de Uganda tendrá plena libertad, en el interés público de retirar algunos o todos los derechos concedidos en virtud de este artículo, a los refugiados que residan en su territorio».

5) Por lo que se refiere al artículo 16: «el Gobierno de la República de Uganda considera que el artículo 16, párrafos 2 y 3, no requiere que el Gobierno de la República de Uganda otorgue a un refugiado que precise asistencia legal un tratamiento más favorable que el que reserva a los extranjeros en general en circunstancias análogas».

6) Por lo que se refiere al artículo 17; « la obligación, mencionada en el artículo 177, de conceder a los refugiados residentes legalmente en el país en las mismas circunstancias, no debe interpretarse como la de otorgar a los refugiados el tratamiento preferencial reservado a los súbditos de los Estados que disfrutan de privilegios especiales, a causa de tratados que existen o pueden existir en el futuro entre Uganda y estos países, en particular los Estados de la comunidad de África del Este y de la Organización de la Unidad Africana, en conformidad con las disposiciones que rigen las cartas de dichos organismos a este respecto».

7) Por lo que se refiere al artículo 25; « el Gobierno de la República de Uganda considera que este artículo no requiere que el Gobierno de la República de Uganda incurra en gastos, a favor de los refugiados, al concederles la asistencia mencionada, excepto en la medida en que esta asistencia es solicitada por el Alto Comisario para los Refugiados de las Naciones Unidas o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que pudiera sustituirle, el cual reembolsa los gastos incurridos al Gobierno de la República de Uganda».

8) Por lo que se refiere al artículo 32: « sin incurrir en ningún procedimiento jurídico, el Gobierno de la República de Uganda tendrá en el interés público el derecho inalienable de expulsar a cualquier refugiado de su territorio y a aplicar en cualquier momento las medidas internas que el Gobierno estime necesarias en las circunstancias, y ello sin que cualquier medida tomada por el Gobierno de la República de Uganda a este respecto vaya en contra de las disposiciones del artículo 33 de este Convenio».

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

i) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no le impiden tomar, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacional, para con un refugiado, sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir o haber adquirido como potencia aliada o asociada, en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el establecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre el y cualquier otro Estado.

ii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17 sustituyendo "tres años" por "cuatro años" en el apartado A), y omitiendo el apartado C).

iii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por lo que se refiere a las cuestiones mencionadas en el apartado B), párrafo 1 del artículo 24, que son de la competencia del Servicio Nacional de Sanidad, sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones de este párrafo en la medida en que la ley lo permita; solo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 2 de este artículo en la medida en que la ley lo permita.

iv) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no puede comprometerse a dar efecto a las obligaciones contenidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 25 y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 en la medida en que la ley lo permita.

Comentario.

«En relación con el apartado b), párrafo 1, del artículo 24, sobre cuestiones que competen al Servicio Nacional de Sanidad, la Ley (enmendada) del Servicio Nacional de Sanidad de 1949 permite cobrar a personas que no residen normalmente en Gran Bretaña (esta categoría incluye a los refugiados) y que reciben tratamiento en virtud de este servicio. Aunque todavía no se haya hecho uso de esta disposición, es posible que tenga que hacerse en el futuro. En Irlanda del Norte, los servicios de sanidad se dispensan únicamente a personas residiendo normalmente en el país, excepto cuando existen normas que reservan a otros estas prestaciones. Por ello, el Gobierno del Reino Unido, dispuesto en el porvenir como en el pasado a considerar con la mayor simpatía la situación de los refugiados, estima necesario formular una reserva al apartado B), párrafo 1, del artículo 24 del Convenio.

Las normas del seguro de accidentes del trabajo en Gran Bretaña no responden a los requisitos del párrafo 2 del artículo 24 del Convenio. Cuando una persona asegurada muere a resultas de un accidente de trabajo o de una enfermedad debida a la naturaleza de su empleo, no se puede, normalmente, indemnizar a las personas que dependían de ella y que viven en el extranjero, a no ser que residan en algún país de la mancomunidad británica, en la República de Irlanda o en un país con el cual el Reino Unido haya concluido un acuerdo recíproco, relativo al pago de indemnizaciones por accidente de trabajo. Existe una excepción a esta regla a favor de las personas que dependen de ciertas categorías de marinos que mueren a resultas de un accidente del trabajo ocurrido durante sus servicios en buques británicos. A este respecto, los refugiados reciben el mismo tratamiento que los ciudadanos del Reino Unido y sus colonias y, conforme a los párrafos 3 y 4 del artículo 24 del Convenio, las personas que dependen de los refugiados podrán beneficiarse de los acuerdos recíprocos que prevén el pago en otros países de las indemnizaciones del seguro del Reino Unido de accidentes de trabajo. Conforme a los párrafos 3 y 4 del artículo 24, los refugiados disfrutarán, en virtud de las normas del seguro nacional y del seguro de accidentes de trabajo, de algunos derechos que no disfrutan los súbditos británicos que no son ciudadanos del Reino Unido y sus colonias.

No existen en el Reino Unido normas para la asistencia administrativa tal y como está previsto en el artículo 25, ni se han considerado necesarios estos acuerdos en el caso de los refugiados. Si se precisan los documentos y certificados mencionados en el párrafo 2 de este artículo, se recurrirá a declaraciones juradas.

ZAMBIA «Con la siguiente reserva, formulada en virtud del artículo 24 (párrafo 1) del Convenio:

Artículo 17 (párrafo 2).
«El Gobierno de la República de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 17, párrafo 2, que Zambia no se considera obligada a conceder a un refugiado que reúna cualquiera de las condiciones estipuladas en los apartados A) a C) la exención automática de la obligación de obtener un permiso de trabajo.
Además, por lo que se refiere al artículo 17 en su conjunto, Zambia no desea comprometerse a conceder a los refugiados el derechos a un empleo remunerado más favorable que el que otorga a los extranjeros en general.»
Artículo 22 (párrafo 1).
«El Gobierno de la República de Zambia desea declarar que considera el artículo 22 (párrafo 1) como siendo únicamente una recomendación y no una obligación de conceder a los refugiados el mismo tratamiento reservado a sus súbditos por lo que se refiere a la Educación General Básica.»
Artículo 26.
«El Gobierno de la República de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 26, que se reserva el derecho de designar el lugar o lugares de residencia de los refugiados.»
Artículo 28.
«El Gobierno de la República de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 28, que Zambia no se considera obligada a expedir documentos de viaje con una cláusula de retorno en los casos en que un país de segundo asilo haya aceptado o indicado su voluntad de aceptar un refugiado de Zambia.»

Véase el apartado A.B. de la Res. 19 febrero 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 2 marzo), por el que se publica sucesión por parte de Montenegro, con efectos desde el 3 de junio de 2006 y con la formulación de declaración.LE0000241379_20070322

Véase el apartado A.B de la Res. 5 octubre 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 13 octubre), por el que se publica la adhesión de Nauru, con entrada en vigor el 28 de junio de 2011, con formulación de declaración.LE0000462859_20111102

Declaraciones y reservas hechas sobre las notificaciones de aplicación territorial.

GROENLANDIA Con las reservas hechas en el momento de la ratificación por el Gobierno de Dinamarca (vease Dinamarca, supra).

ISLAS ANGLONORMANDAS E ISLA DE MAN

i) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no le impiden tomar en la Isla de Man y en las Islas Anglonormandas, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haber adquirido como potencia aliada o asociada en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectan al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para la Isla de Man y las Islas Anglonormandas, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.

ii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17 en su aplicación a la Isla de Man y a las Islas Anglonormandas, sustituyendo «tres años» por

«cuatro años»

en el apartado A) y omitiendo el apartado C).

iii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sólo puede comprometerse a aplicar a las Islas Anglonormandas, en la medida en que lo permita la ley, las disposiciones del apartado B), párrafo 1, del artículo 24, y del párrafo 2 de dicho artículo, a la Isla de Man, en la medida en que lo permita la ley, las disposiciones de dicho apartado, respecto a las cuestiones mencionadas en el mismo, que son de la competencia del Servicio de Sanidad de la Isla de Man, y las del párrafo 2 del artículo 24.

iv) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no puede comprometerse a dar efecto en la Isla de Man y en las Islas Anglonormandas a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 a la Isla de Man y a las Islas Anglonormandas en la medida en que lo permita la ley.

Las consideraciones sobre las que se basan algunas de estas reservas son análogas a las que figuran en el memorándum, relativo a las correspondientes reservas formuladas con respecto al Reino Unido, que se incluyo en mi nota de referencia»

EL PROTECTORADO DE LAS ISLAS SALOMÓN BRITÁNICAS, CHIPRE (17) , DOMINICANA, ISLAS MALVINAS, FIJI (18) , GAMBIA (19) , ISLAS DE GILBERT Y ELLICE, GRANADINAS, JAMAICA (20) , KENIA (21) , MAURICIO, SAN VICENTE, SEYCHELLES Y PROTECTORADO DE SOMALIA.

i) El Gobierno del Reino Unido considera que los artículos 8 y 9 no impiden que los territorios indicados puedan, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad.

Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir o haber adquirido como potencia aliada o asociada, en virtud de un tratado de paz y otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para los territorios arriba indicados, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.

ii) El Gobierno del Reino Unido acepta el párrafo 2 del artículo 17 en su aplicación a los territorios arriba indicados, sustituyendo "tres años" por "cuatro años" en el apartado A), y omitiendo el apartado C).

iii) El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del apartado B), párrafo 1, del artículo 24 y del párrafo 2 de dicho artículo, a los territorios arriba indicados, en la medida en que lo permita la ley.

iv) El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a dar efecto, en lo territorios arriba indicados, a los párrafos 1 y 2 del artículo 25 y solo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 a los territorios arriba indicados, en la medida en que lo permita la ley.

ZANZÍBAR Y SANTA ELENA Con las reservas indicadas en i), iii), iv) más arriba.

HONDURAS BRITÁNICA «El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que el territorio arriba indicado pueda, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer sus derechos sobre bienes e intereses que pueda adquirir o haber adquirido como potencia aliada o asociada, en virtud de un tratado de paz y otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el territorio arriba indicado, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otros Estados.»

FEDERACIÓN DE RODESIA Y NYASALANDIA (22) y (23) «El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que el territorio arriba indicado, pueda, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirá al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir o haber adquirido como potencia aliada, en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para el territorio arriba indicado, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o que haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.

El Gobierno del Reino Unido acepta el párrafo 2 del artículo 17, en su aplicación al territorio arriba indicado, sustituyendo "tres años" por "cuatro años", en el apartado A), y omitiendo el apartado C). El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del apartado B), párrafo 1, del artículo 24, y del párrafo 2 de dicho artículo, al territorio arriba indicado, en la medida en que lo permita la ley.

El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a dar efecto, en el territorio arriba indicado, a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y solo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 al territorio arriba indicado, en la medida en que lo permita la ley.»

PROTECTORADO DE BASUTOLANDIA, BECHUANALANDIA, Y SWAZILANDIA (24) «El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que los territorios arriba indicados puedan, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haya adquirido como potencia aliada o asociada, en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes e intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para los territorios arriba indicados, se encuentren bajo el control del Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de guerra que exista o que haya existidos entre ellos y cualquier otro Estado.

El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17, en su aplicación a los territorios arriba indicados, sustituyendo «tres años» por

«cuatro años»

, en el apartado A), y omitiendo el apartado C).

El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no puede comprometerse a dar efecto, en los territorios arriba indicados, a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 a los territorios arriba indicados, en la medida en que lo permita la ley.»

Las Islas Bahamas Con la siguiente reserva, con respecto a los párrafos 2 y 3 del artículo 17 del Convenio:

«Los refugiados y personas a su cargo estarán, normalmente, sometidos a las mismas leyes y normas relativas, en general, al empleo de las personas que no son súbditos de las Islas Bahamas dentro de la mancomunidad de estas islas, siempre y cuando no hayan adquirido el Estatuto de las Bahamas.»

SURINAM La extensión está sometida a las siguientes reservas, que habían sido formuladas en cuanto al fondo por el Gobierno de los Países Bajos, en el momento de la ratificación:

1. Que en todos los casos en que el Convenio, junto con el Protocolo, otorga a los refugiados el tratamiento más favorable concedido a los súbditos de un país extranjero, estas disposición no se interpretará como incluyendo el régimen reservado a los súbditos de aquellos países con los cuales el Reino de los Países Bajos haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos ni políticos que se aplican a Surinam.

2. Que el Gobierno de Surinam, respecto al artículo 26 del Convenio, junto con el artículo 1, párrafo 1, del Protocolo, se reserva el derecho, por razones de orden público, a designar un lugar principal de residencia para ciertos refugiados o grupo de refugiados.»

Declaraciones y reservas al Protocolo de 31 de enero de 1967 (25)

BOTSWANA «Con la reserva al artículo IV de dicho Protocolo, y a la aplicación, de acuerdo con el artículo I del mismo, de las disposiciones de los artículos 7, 17, 26, 31 y 34 y el párrafo I del artículo 12 del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951.

BURUNDI Al acceder a este Protocolo, el Gobierno de la República de Burundi formula las siguientes reservas:

1. Se aceptan las disposiciones del artículo 22, en relación con la Enseñanza General Básica únicamente:
- a) En la medida en que se aplican a la educación pública, y no a la educación privada.
- b) Con el entendimiento de que el tratamiento otorgado a los refugiados sea el más favorable reservado a los súbditos de otros Estados.
2. Las disposiciones del artículo 17 (párrafos 1 y 2) se aceptan como recomendaciones, y en ningún caso deberán interpretarse como incluyendo forzosamente el régimen concedido a los súbditos de los países con los cuales la República de Burundi haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.
3. Las disposiciones del artículo 26 se aceptan con la reserva de que los refugiados:
- a) No elijan su lugar de residencia en una región limítrofe de su país de origen;
- b) No desempeñen, en ningún caso, al hacer uso de su derecho a la libertad de movimiento, actividades o inclusiones de carácter subversivo, en relación con el país del cual son súbditos.

CONGO Se acepta el Protocolo con excepción del artículo IV.

ETIOPÍA Con la siguiente reserva a la aplicación, en virtud del artículo I del Protocolo, del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951:

«Las disposiciones de los artículos 8, 9, 17 (párrafo 2) y 22 (párrafo 1) del Convenio se consideran únicamente como recomendaciones y no como obligaciones legales. »

FINLANDIA Con las siguientes reservas a la aplicación del Convenio relativo al Estatuto de Refugiados, de acuerdo con el artículo I del Protocolo: (para el texto de estas reservas véase Finlandia, supra).

FRANCIA El Gobierno de la República francesa declara que ha decidido extender las obligaciones que se derivan del Convenio de 28 de julio de 1951, conforme al párrafo 2, sección B, del artículo 1 del Convenio, y que aplicará, por consiguiente, el Protocolo del 31 de enero de 1967 sin ninguna limitación geográfica.

GHANA «El Gobierno de Ghana no se considera obligado por el artículo IV del Protocolo sobre resolución de conflictos.»

ISRAEL «El Gobierno de Israel accede al Protocolo, formulando las mismas declaraciones y reservas que en el momento de la ratificación del Convenio (relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951), conforme a las disposiciones del artículo VII (párrafo 2) del Protocolo.»

MALTA De acuerdo con el artículo VII (párrafo 2), el Gobierno de Malta aplica las reservas al Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951, formuladas al depositar su Instrumento de adhesión el 17 de junio de 1971, conforme al artículo 42 del Convenio, en relación con sus obligaciones en virtud de este Protocolo.

PAÍSES BAJOS (26) «De acuerdo con el artículo VI del Protocolo, todas las reservas formuladas por el Reino de los Países Bajos, en el momento de la firma y ratificación del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados firmado en Ginebra el 28 de julio de 1951, se aplican a las obligaciones que se derivan del Protocolo.

PORTUGAL En el momento de la adhesión:

1. El Protocolo se aplicará sin ninguna limitación geográfica.
2. En todos los casos en que el Protocolo concede a los refugiados el Estatuto personal más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, esta cláusula no se interpretará como significando el Estatuto otorgado Portugal a los súbditos del Brasil o a los súbditos de otros países con los cuales Portugal pueda establecer relaciones de mancomunidad.

SWAZILANDIA Con las siguientes reservas a la aplicación del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, en virtud del artículo I del Protocolo:

1. El Gobierno del Reino de Swazilandia no puede asumir las obligaciones contenidas en el artículo XXII del Convenio y no se considera, por consiguiente, obligado por estas disposiciones.
2. Asimismo, el Gobierno del Reino de Swazilandia no puede asumir las obligaciones previstas en el artículo 34 del Convenio y debe expresamente reservarse el derecho a no aplicar las disposiciones contenidas en este último.

Y con la siguiente declaración:

«El Gobierno del Reino de Swazilandia considera esencial llamar la atención sobre su accesión en calidad de miembro de las Naciones Unidas y no como una parte del Convenio, por razones de sucesión y otras. »

TURQUÍA El Instrumento de Adhesión estipula que el Gobierno de Turquía mantiene las disposiciones de la declaración formulada al amparo de la sección B del artículo 1 del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, según la cual aplica el Convenio únicamente a las personas refugiadas a consecuencia de acontecimientos que ocurran en Europa, y también la cláusula de reservas, formulada en el momento de la ratificación del Convenio, en el sentido de que ninguna disposición de este Convenio puede interpretarse como otorgando a los refugiados mayores derechos que los que se conceden a los ciudadanos turcos en Turquía.

UGANDA (Las mismas reservas que para el Convenio relativo al Estado de los Refugiados: véase Uganda, supra.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (27)

a) Conforme a las disposiciones de la primera fase del artículo VII, punto 4 del Protocolo, el Reino Unido excluye de la aplicación del Protocolo los siguientes territorios, de cuyas relaciones internacionales es responsable:
Jersey, Rhodesia del Sur, Swazilandia.
b) Conforme a las disposiciones de la segunda frase del artículo VII, punto 4 del Protocolo, el Reino Unido extiende la aplicación del Protocolo a los siguientes territorios, de cuyas relaciones internacionales es responsable:
Santa Lucía, Montserrat.

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA «...con la reserva de que las disposiciones del artículo IV del Protocolo no deberán aplicarse a la República Unida de Tanzania, a no ser que el Gobierno de la República unida de Tanzania dé su consentimiento explícito.»

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Con las reservas siguientes a la aplicación del Convenio relativo al Estatuto de Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, conforme al artículo l del Protocolo:

«Los Estados Unidos de América interpretan el artículo 29 del Convenio como aplicándose únicamente a los refugiados que residen en Estados unidos y se reservan el derecho a someter a impuestos a los refugiados que no sean residentes en los Estados unidos, de acuerdo con las normas generales sobre extranjeros no residentes.

Los Estados Unidos de América aceptan la obligación del párrafo 1, b) del artículo 24 del Convenio, salvo en la medida en que este párrafo es incompatible, en ciertos aspectos, con las disposiciones del Título I (seguro de vejez, supérstites e incapacidad) o del Título XVIII (seguro hospitalario y medico para personas mayores) de la Ley sobre Seguridad Social. Por lo que se refiere a cualquiera de estas disposiciones, los Estados Unidos concederán a los refugiados, residiendo legalmente en su territorio, un tratamiento no menos favorable que el reservado a los extranjeros en general en las mismas circunstancias.»

Estados Parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

	Firma	Adhesión o ratificación
Argelia		21-2-1963
Argentina		15-11-1961
Australia		22-1-1954
Austria	28-7-1951	1-11-1954
Bélgica	28-7-1951	22-7-1953
Benin		4-4-1962
Botswana		6-1-1969
Brasil	15-7-1952	16-11-1960
Burundi		19-7-1963
Canadá		4-6-1969
Imperio Centro Africano		4-9-1962
Chile		28-1-1972
Colombia	28-7-1951	10-10-1961
Congo		15-10-1962
Chipre		16-5-1963
Dinamarca	28-7-1951	4-12-1952
Ecuador		17-8-1955
Etiopía		10-11-1969
Fiji		12-6-1972
Finlandia		10-10-1968
Francia	11-9-1952	23-6-1954
Gabón		27-4-1964
Gambia		7-9-1966
República Federal de Alemania	19-11-1951	1-12-1953
Ghana		18-3-1963
Grecia	10-4-1952	5-4-1960
Guinea		28-12-1965
Guinea Bissau		11-2-1975
Santa Sede	21-5-1952	15-3-1956
Islandia		30-11-1955
Irán		28-7-1975
Irlanda		29-11-1956
Israel	1-8-1951	1-10-1954
Italia	23-7-1952	15-11-1954
Costa del Marfil		8-12-1961
Jamaica		30-7-1964
Kenya		16-5-1966
Liberia		15-10-1964
Liechtenstein	28-7-1951	8-3-1957
Luxemburgo	28-7-1951	21-7-1953
Madagascar		18-12-1967
Malí		2-2-1973
Malta		17-6-1971
Mónaco		18-5-1954
Marruecos		7-11-1956
Holanda	28-7-1951	3-5-1956
Nueva Zelanda		30-6-1960
Níger		25-8-1961
Nigeria		23-10-1967
Noruega	28-7-1951	23-3-1953
Paraguay		1-4-1970
Perú		21-12-1964
Portugal		22-12-1960
Senegal		2-5-1963
Sudán		22-2-1974
Suecia	28-7-1951	26-10-1954
Suiza	28-7-1951	21-1-1955
Togo		27-2-1962
Túnez		24-10-1957
Turquía	24-8-1951	30-3-1962
Uganda		27-9-1976
Reino Unido	28-7-1951	21-3-1954
República del Camerún		23-10-1961
República de Tanzania		12-5-1964
Uruguay		22-9-1970
Yugoslavia	28-7-1951	15-12-1959
Zaire		19-7-1965
Zambia		24-9-1969
Véase el apartado A.B de la Resolución de 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), por el que se publica lo siguiente: -Timor Leste. 7 de mayo de 2003. Adhesión. Entrada en vigor 6 de agosto de 2003 con la siguiente declaración y reserva: «... la República Democrática de Timor Oriental se considera vinculada por la fórmula b) del articulo 1.B.1) de la misma, es decir acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, en Europa o en otro lugar.» Reserva: De conformidad con el artículo 42 de la Convención, la República de Timor Oriental se adhiera a la Convención con reservas respecto de los artículos 16.2), 20, 21, 22, 23 y 24-.`LE0000202557_20040705`

Estados Parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

Véase apartado A.B de Res. 2 febrero 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 16 febrero), por el que se publica la adhesión al presente Protocolo por parte de Afganistán.LE0000225445_20060308

Estados Parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
	Adhesión
Argelia	8-11-1967
Argentina	6-12-1967
Australia	13-12-1973
Austria	5-9-1973
Bélgica	8-4-1969
Benín	6-7-1970
Botswana	6-1-1969
Brasil	7-4-1972
Burundi	15-3-1971
Canadá	4-6-1969
Imperio Centro Africano	30-8-1967
Chile	27-4-1972
Congo	10-7-1970
Chipre	9-7-1968
Dinamarca	29-1-1968
Ecuador	6-3-1969
Etiopía	10-11-1969
Fiji	12-6-1972
Finlandia	10-10-1968
Francia	3-2-1971
Gabón	28-8-1973
Gambia	29-9-1967
República Federal de Alemania	5-11-1989
Ghana	30-10-1968
Grecia	7-8-1968
Guinea	16-5-1968
Guinea Bissau	11-2-1976
Santa Sede	8-6-1967
Islandia	26-4-1968
Irán	28-7-1976
Irlanda	6-11-1968
Israel	14-6-1968
Italia	26-1-1972
Costa del Marfil	16-2-1970
Liechtenstein	20-5-1968
Luxemburgo	22-4-1971
Malí	2-2-1973
Malta	15-9-1971
Marruecos	20-4-1971
Holanda	29-11-1968
Nueva Zelanda	6-8-1973
Níger	2-2-1970
Nigeria	2-5-1968
Noruega	28-11-1967
Paraguay	1-4-1970
Portugal	13-7-1976
Senegal	3-10-1967
Sudán	23-5-1974
Swazilandia	28-1-1969
Suecia	4-10-1967
Suiza	20-5-1968
Togo	1-12-1969
Túnez	16-10-1968
Turquía	31-7-1968
Uganda	27-9-1976
Reino Unido	4-9-1968
República del Camerún	19-9-1967
República de Tanzania	4-9-1968
Estados Unidos de América	1-11-1968
Uruguay	22-9-1970
Yugoslavia	15-1-1968
Zaire	13-1-1975
Zambia	24-9-1969

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. Instrumento de Adhesión de España

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS

PREÁMBULO

CAPÍTULO IDisposiciones generales

CAPÍTULO IICondición jurídica

CAPÍTULO IIIActividades lucrativas

CAPÍTULO IVBienestar

CAPÍTULO VMedidas administrativas

CAPÍTULO VIDisposiciones transitorias y de ejecución

CAPÍTULO VIICláusulas finales