Sumario

T�ngase en cuenta que disposici�n adicional s�ptima de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar�tima del Estado (�B.O.E.� 28 marzo), declara que su aplicaci�n se llevar� a cabo sin perjucio de la vigencia de la presente Ley.

Exposici�n de Motivos

I.

Espa�a tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 7.880 kil�metros, de los que el 24 por 100 corresponden a playas, con un patrimonio p�blico de unas 13.560 hect�reas, valioso por las grandes posibilidades que ofrece, pero escaso ante las crecientes demandas que soporta, y muy sensible y de dif�cil recuperaci�n en su equilibrio f�sico.

Nuestra costa est� afectada, como ocurre en otros pa�ses del mundo, por un fuerte incremento de la poblaci�n y la consiguiente intensificaci�n de usos tur�sticos, agr�colas, industrial, de transporte, pesquero y otros.

En efecto, en la orla litoral, de un anchura de unos cinco kil�metros, que significa el 7 por 100 de nuestro territorio, la poblaci�n espa�ola, que era a principios del presente siglo del orden del 12% de la poblaci�n total, es actualmente alrededor del 35 por 100 de �sta, con una densidad cuatro veces superior a la media nacional. Esta proporci�n llega a su vez a triplicarse estacionalmente en ciertas zonas por la poblaci�n tur�stica, ya que el 82 por 100 de �sta se concentra en la costa.

En resumen, puede decirse que se est� produciendo un acelerado proceso de traslado de poblaci�n desde las zonas interiores hacia el litoral, de forma que alrededor de un 40 por 100 de la costa espa�ola ya est� urbanizada o tiene la calificaci�n de urbanizable, un 7 por 100 de ella est� dedicada a instalaciones industriales, y un 8% a usos agr�colas, no teniendo a�n el 42 por 100 usos claramente definidos o irreversibles. A esta situaci�n se ha llegado, en general, en actuaciones inconexas, sin la necesaria coordinaci�n entre la legislaci�n del dominio p�blico mar�timo y la del suelo, sin tener en cuenta la interacci�n tierra-mar, ni la necesidad de establecer medidas que garanticen la conservaci�n de estos espacios singularmente sensibles al deterioro, ni los costes externos a la propia acci�n ni la rentabilidad o valor social del medio.

Diversos son los factores que han incidido negativamente sobre la conservaci�n de este escenario natural, revalorizado por el cambio en las costumbres humanas y por la civilizaci�n del ocio como fen�meno de masas. Por una parte, la disminuci�n de los aportes s�lidos de los r�os y arroyos ha ocasionado la regresi�n del 17 por 100 de l�nea de costa, debido a que por los embalses construidos y las repoblaciones forestales realizadas, el 80 por 100 del territorio nacional, que incluye los terrenos abruptos y, por tanto, los principales suministradores de sedimentos, ya no aporta �ridos a aqu�lla, a lo que hay que a�adir en otros casos su reducci�n por la disminuci�n de caudal, debido a las captaciones de agua. A este olvido de que los �ridos son un recurso escaso, con un largo y costoso proceso de renovaci�n, hay que a�adir la destrucci�n de dunas litorales, las extracciones abusivas de �ridos y, en muchas ocasiones, la ejecuci�n de obras mar�timas sin tener en cuenta sus perjudiciales efectos, con barreras que bloquean el flujo de arena a lo largo de la costa.

Se ha producido adem�s con demasiada frecuencia la desnaturalizaci�n de porciones de dominio p�blico litoral, no s�lo porque se ha reconocido la propiedad particular, sino tambi�n por la privatizaci�n de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia de accesos p�blicos, con el resultado de que ciertas extensiones de la ribera del mar han quedado injustificadamente sustra�das al disfrute de la colectividad.

Entre los casos m�s lamentables de degradaci�n f�sica puede citarse la destrucci�n de los m�s importantes n�cleos generadores de vida en el medio marino, las marismas. Muchos de estos espacios vitales para la producci�n org�nica y biol�gica han sido destruidos bajo pretendidos motivos sanitarios, econ�micos o agr�colas, incluso con subvenciones econ�micas y exenciones tributarias, habiendo sido dedicados realmente a una edificaci�n especulativa.

Las consecuencias del creciente proceso de privatizaci�n y depredaci�n, posibilitado por una grave dejaci�n administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace m�s de treinta a�os, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar, v�as de transporte de gran intensidad de tr�fico demasiado pr�ximas a la orilla, y vertidos al mar sin depuraci�n en la mayor�a de los casos.

Este doble fen�meno de destrucci�n y privatizaci�n del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una soluci�n clara e inequ�voca, acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de su equilibrio y su progreso f�sico, la protecci�n y conservaci�n de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garant�a de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el inter�s colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopci�n de las adecuadas medidas de restauraci�n.

II.

La insuficiencia de la legislaci�n vigente para la consecuci�n de los objetivos descritos es tan notoria que resulta superfluo insistir sobre ella. La Ley de Costas de 26 de abril de 1969, se redujo a un esfuerzo codificador de car�cter competencial, de asignaci�n de las atribuciones de los diversos Departamentos y Entidades llamados a actuar sobre el dominio p�blico mar�timo. La Ley de Protecci�n de las Costas Espa�ola, de 1980, s�lo vino a llenar, y de forma no plenamente satisfactoria, una de las importantes lagunas de la anterior, al tipificar las infracciones en esta materia y determinar las correspondientes sanciones, as� como el procedimiento para su imposici�n. Pero es obvio que ni la perspectiva competencial ni la sancionadora son, por s� solas, el punto de partida adecuado para un regulaci�n completa de los bienes de dominio p�blico en cuesti�n.

M�s a�n, el car�cter fragmentario de la legislaci�n vigente obliga a aplicar, como derecho supletorio, disposiciones legales del siglo XIX. De una parte, la legislaci�n sobre puertos, procedente de la de aguas y centrada, como su propia denominaci�n indica, en la construcci�n y explotaci�n de las infraestructuras portuarias. De otra, la de obras p�blicas, que, por su car�cter general, desconoce los asuntos espec�ficos del dominio p�blico mar�timo-terrestre, est� inspirada por una configuraci�n del papel del Estado, hoy claramente desfasada y, comprensiblemente, dada su �poca, no tiene la preocupaci�n por la conservaci�n de la Naturaleza, que es necesaria actualmente ante el n�mero e intensidad de las agresiones producidas.

Y, as�, son fallos graves de la vigente legislaci�n, puestos de relieve por los expertos y tratadistas del tema, la escasa definici�n de zona mar�timo-terrestre y de playa, que no llega a cubrir la realidad natural; la prevalencia de la poblaci�n particular amparada por el Registro de la Propiedad, con reivindicaci�n a cargo del Estado, y la adquisici�n privada del dominio p�blico; las servidumbres obsoletas e insuficientes; la ausencia total de medidas de protecci�n en el territorio colindante; la usucapi�n veintenal como t�tulo legitimador del uso; la actitud meramente pasiva de la Administraci�n en el otorgamiento de t�tulos de ocupaci�n y uso; el tratamiento indiferenciado de autorizaciones y concesiones, y la generalizaci�n de �stas, con lo que ello supone de ampliaci�n de los derechos de sus titulares sobre el dominio p�blico; la falta de garant�as eficaces para la conservaci�n del medio por parte de los mismos, y el levantamiento de las ocupaciones a costa del Estado; la ausencia de determinaciones y normas conservacionistas del paisaje y del medio; la lentitud del procedimiento sancionador, e incluso la obsolescencia de algunas competencias por la nueva organizaci�n del Estado.

Ante la simultaneidad de una gran presi�n de usos y la falta de una legislaci�n adecuada, los hechos evidencian que Espa�a es uno de los pa�ses del mundo donde la costa, en el aspecto de conservaci�n del medio, est� m�s gravemente amenazada, y hora es ya de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio.

La presente Ley viene, adem�s, a cumplir el mandato expreso de nuestra Constituci�n, que en su art�culo 132.2 ha declarado que son bienes de dominio p�blico estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona mar�timo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona econ�mica y la plataforma continental. Esta es la primera vez en nuestra historia legislativa que por una disposici�n del m�ximo rango se clasifican determinados bienes como de dominio p�blico, con la particularidad de que los �nicos a los que la Constituci�n atribuye directamente esa definici�n pertenecen precisamente al dominio p�blico mar�timo-terrestre. Y es evidente que ello ha sido para cortar, de una vez por todas, las anteriores confusiones y actitudes contrarias a la demanialidad de espacios tan importantes.

En esta Ley, referida b�sicamente a la gesti�n y conservaci�n de este patrimonio natural, se desarrollan asimismo los principales establecimientos en el art�culo 45 del texto constitucional y se recogen los criterios contenidos en la Recomendaci�n 29/1973 del Consejo de Europa, sobre protecci�n de zonas costeras, en la Carta del Litoral de 1981 de la Comunidad Econ�mica Europea y en otros planes y programas de la misma.

En este contexto, en modo alguno se puede considerar la presente Ley como una mera reforma de la actual. Se trata, en rigor, de una Ley nueva, con una concepci�n distinta de la regulaci�n del dominio p�blico mar�timo-terrestre, sin perjuicio de lo que para materias concretas se establezca en las correspondientes leyes especiales a las que �sta se remite. No obstante su mayor �mbito, la Ley dedica su principal atenci�n a la costa o litoral, que es donde se plantea los mayores problemas. De ah� su denominaci�n.

La Ley es, pues, en muchos puntos, profundamente innovadora. Se han recogido las ense�anzas de nuestra propia experiencia y la de pa�ses con problemas an�logos al nuestro. En algunos casos la innovaci�n consiste en restaurar en toda su pureza principios de hondo arraigo en nuestro Derecho hist�rico pero que hab�an quedado debilitados en su aplicaci�n. En otros casos, en cambio, se incorporan preceptos y t�cnicas de nuevo cu�o, con los que se trata de dar soluci�n a los problemas derivados de la congesti�n y degradaci�n del litoral a que antes se ha hecho referencia.

III.

Quedan fuera del �mbito de aplicaci�n de la Ley los puertos de inter�s general, que aun formando parte de los bienes de dominio p�blico mar�timo-terrestre de titularidad estatal, continuar�n rigi�ndose por su legislaci�n espec�fica, en atenci�n a la sustantividad y peculiaridades de estas grandes obras p�blicas. Tampoco se regulan, por no ser competencia del Estado, los puertos de titularidad de las Comunidades Aut�nomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. Ahora bien, como la construcci�n o ampliaci�n de los puertos de competencia auton�mica requiere la ocupaci�n de una parte de los bienes de dominio p�blico mar�timo-terrestre estatal de los regulados en la presente Ley, ha parecido oportuno establecer en ella el r�gimen de adscripci�n de dichos bienes a las Comunidades Aut�nomas, siguiendo la pauta marcada por los Decretos de traspaso de servicios en materia de puertos, que ahora se aplica no s�lo a las obras espec�ficamente portuarias de las Comunidades Aut�nomas, sino tambi�n a la construcci�n de v�as de transporte de la competencia de aqu�llas que, por su configuraci�n, requieran la ocupaci�n del dominio mar�timo-terrestre estatal.

IV.

En las cuestiones de dominio, adem�s de definir la ribera del mar de forma m�s acorde con su realidad natural, se vuelve a los or�genes de nuestra tradici�n, recogida en el Derecho romano y medieval, al reafirmar la calificaci�n del mar y su ribera como patrimonio colectivo, siguiendo el mandato constitucional, en concordancia con el art�culo 339.1 del C�digo Civil. La Ley cierra el par�ntesis de signo privatizador que inici� la Ley de Aguas de 1866, con un equ�voco respeto a los derechos leg�timamente adquiridos, que no deber�an ser otros que los concesionales, continuado por las Leyes de Puertos de 1880, as� como por la Ley de Costas de 1969, a pesar de los graves problemas que ya exist�an en esta �poca y de la postura contraria y pr�cticamente un�nime de la doctrina. La presente Ley establece la prevalencia de la publicidad de este dominio natural, y posibilita adem�s su inscripci�n registral, arbitr�ndose tambi�n otras medidas para coordinar la actuaci�n de la Administraci�n y el Registro de la Propiedad, con el fin de evitar los perjuicios ocasionados por su inexistencia. De este modo, se excluye la posibilidad de consolidar la apropiaci�n por particulares de terrenos de dominio p�blico.

En esta l�nea, se ha considerado conveniente eliminar la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porci�n del dominio p�blico como consecuencia de la realizaci�n de obras, ya que estas actuaciones proporcionan frecuentemente cobertura a operaciones de especulaci�n inmobiliaria, y en todo caso van en detrimento del dominio p�blico. Con la derogaci�n adem�s de la Ley de 1918 sobre Paseos Mar�timos, y derogado ya, por la nueva Ley de Aguas, la de Desecaci�n y Saneamiento de Marismas, de aquella misma fecha, la presente Ley se propone justamente lo contrario; no s�lo mantener en este dominio p�blico los espacios que re�nen las caracter�sticas naturales del medio, sino adem�s establecer mecanismos que favorezcan la incorporaci�n de terrenos al dominio p�blico, ampliando la estrecha franja costera que actualmente tiene esta calificaci�n demanial.

A este respecto, conviene destacar tambi�n que la denominaci�n de dominio mar�timo-terrestre utilizada en esta Ley, se considera m�s adecuada que la hasta ahora empleada de mar�timo, precisamente porque pone de relieve la existencia y necesidad de un espacio terrestre complementario de aqu�l, para cuya denominaci�n gen�rica se vuelve a utilizar la expresi�n tradicional de ribera del mar.

En resumen, se han desarrollado los principios del art�culo 132.1 de la Constituci�n sobre la imprescriptibilidad e inalienabilidad del dominio p�blico, con la facultad administrativa de su reintegro posesorio de oficio, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

De especial novedad e inter�s, porque el tiempo act�a en contra de la conservaci�n de los espacios naturales, y a favor de la extensi�n de las �reas urbanas, es el t�tulo dedicado a la protecci�n del dominio p�blico mar�timo-terrestre. Este t�tulo establece, como es tradicional en la legislaci�n espa�ola reguladora de bienes de dominio p�blico, una serie de limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes, que tienen el car�cter de regulaci�n m�nima y complementaria de la que dicten las Comunidades Aut�nomas en el �mbito de sus competencias, por lo que la presente Ley se contrae a la definici�n de las condiciones b�sicas para el ejercicio de ese derecho en los mencionados terrenos y trata de asegurar la efectividad del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, as� como el deber de conservarlo, siguiendo pautas ya establecidas en otros pa�ses europeos y tambi�n en el nuestro en relaci�n a los terrenos colindantes con otros pa�ses de dominio p�blico. La mayor parte de esas limitaciones ven�an ya establecidas por la legislaci�n hasta ahora vigente, pero la nueva Ley, en coherencia con sus objetivos de conservaci�n de la integridad del dominio p�blico, configura la vieja servidumbre de salvamento, obsoleta en cuanto a la finalidad espec�fica que indica su denominaci�n, como una servidumbre de protecci�n del citado dominio, que comporta la prohibici�n general de determinadas actividades y, sobre todo, construcciones consideradas perjudiciales para la adecuada protecci�n de un medio natural tan sensible, como la experiencia ha puesto de relieve. En efecto, la garant�a de la conservaci�n del dominio p�blico mar�timo-terrestre no puede obtenerse s�lo mediante una acci�n eficaz sobre la estrecha franja que tiene esa calificaci�n jur�dica, sino que resulta tambi�n imprescindible la actuaci�n sobre la franja privada colindante, para evitar que la interrupci�n del transporte e�lico de los �ridos y el cierre de las perspectivas visuales para la construcci�n de edificaciones en pantalla, la propia sombra que proyectan los edificios sobre la ribera del mar, el vertido incontrolado y, en general, la incidencia negativa de la presi�n edificatoria y de los usos y actividades que ella genera sobre el medio natural puedan causar da�os irreparables o de muy dif�cil y costosa reparaci�n. La anchura de esta zona de servidumbre de protecci�n ha de ser, l�gicamente, convencional, si bien debe fijarse conjugando con car�cter general una profundidad de 100 metros, si bien en las zonas ya urbanizadas se mantiene la anchura de 20 metros de la anterior servidumbre de salvamento, como se indicar� m�s adelante al comentar el r�gimen transitorio. Estas dimensiones est�n entre las menores que recoge el derecho comparado.

Sin el car�cter estricto de servidumbre, se define tambi�n una zona de influencia, en la que se marcan determinadas pautas dirigidas al planificador con objeto de evitar la formaci�n de pantallas arquitect�nicas en el borde de la zona de servidumbre de protecci�n, o que se acumulen en dicho espacio eventuales compensaciones que puedan considerarse convenientes o �tiles en la ordenaci�n urban�stica, lo que implica la ventaja a�adida de reanimar econ�micamente una franja m�s amplia de terrenos. Todo ello sin perjuicio de las medidas adicionales de protecci�n que promulguen las Comunidades Aut�nomas en materia de medio ambiente, as� como de las que adopten las citadas Comunidades y los Ayuntamientos en ejercicio de sus competencias en materia de ordenaci�n del territorio y urbanismo.

Asimismo se actualiza la denominaci�n y el r�gimen de la anterior servidumbre de vigilancia, sustituy�ndola por la de tr�nsito p�blico, y se mantiene la de paso o acceso al mar, previendo la existencia de los necesarios para garantizar el uso p�blico del mar y su ribera. Como novedad significativa debe mencionarse la limitaci�n de extracciones de �ridos en los tramos finales de los cauces, que trata de paliar la grave situaci�n producida por la disminuci�n de aportaciones de �ridos a la costa, obligando a soluciones alternativas para la continuidad de su aprovisionamiento, as� como otorgando a la Administraci�n derecho preferente para la explotaci�n, a este fin, de yacimientos de �ridos.

Con respecto a la utilizaci�n del dominio p�blico mar�timo-terrestre, se establece una regulaci�n eficaz de los diferentes usos, que incluye, tanto el uso com�n natural, libre y gratuito, como el uso especial, objeto de autorizaci�n, que abarca los casos de intensidad, peligrosidad, rentabilidad y las instalaciones desmontables y las ocupaciones con obras fijas, objeto de concesi�n.

Con mayor motivo que en las zonas afectadas por la servidumbre de protecci�n, se impide el privilegio que significar�a la ocupaci�n del dominio p�blico por parte de aquellas actividades cuyo emplazamiento en el mismo no sea necesario; se faculta a la Administraci�n para convocar concursos para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones que considere de especial inter�s, abandonando as� su papel meramente pasivo y se reduce el plazo m�ximo de otorgamiento desde 99 a 30 a�os, suficiente para la amortizaci�n de cualquier instalaci�n.

El r�gimen de financiaci�n de las obras y actuaciones se establece en t�rminos flexibles que contemplan la posibilidad de que se formalicen convenios en los que se detallar� la aportaci�n de las Entidades interesadas en los supuestos de financiaci�n compartida. La Ley regula los c�nones y tasas exigibles como equitativa contraprestaci�n por el derecho a la ocupaci�n del dominio p�blico otorgado por la Administraci�n, as� como las indemnizaciones por rescate.

En materia de infracciones y sanciones, se han regulado con mayor concreci�n criterios ya contenidos en la Ley de Protecci�n de Costas de 1980, introduciendo una simplificaci�n en los tr�mites del procedimiento sancionador y diversas medidas pr�cticas que hacen frente a actitudes de menosprecio a las normas jur�dicas, con una mayor celeridad y eficacia en la respuesta a las infracciones, sin menoscabo de las garant�as de los presuntos infractores. Importante novedad es el reconocimiento de la acci�n p�blica para facilitar la colaboraci�n de todos en la observancia de los preceptos de la Ley y de las disposiciones que la desarrollen y complementen.

El �ltimo t�tulo de la Ley trata de las competencias administrativas. En �l se detallan s�lo las que corresponden a la Administraci�n del Estado y a los Municipios, mientras que las propias Comunidades Aut�nomas son objeto de una menci�n gen�rica, remitiendo su alcance y contenido a lo establecido en los respectivos Estatutos. En cuanto a las competencias de la Administraci�n del Estado ha parecido conveniente dejar al desarrollo reglamentario la concreci�n de los Departamentos y Organismos que deben ejercerlas en cada caso, ya que de otro modo hubiera sido necesario entrar en un grado de detalle impropio de un texto legal y, adem�s, inoportuno por las modificaciones a que est� sujeta la organizaci�n administrativa. Todo ello sin perjuicio de mantener inalterada la atribuci�n de competencias realizadas por otras leyes espec�ficas en materias relacionadas con el objeto de la presente. En todo caso y habida cuenta de la concurrencia de competencias que se produce sobre el espacio litoral, se ha procurado favorecer la coordinaci�n con los instrumentos de ordenaci�n territorial y urban�stica mediante un sistema de consultas e informes rec�procos, que, siguiendo esquemas ya dise�ados en la normativa vigente, salva las competencias de las respectivas Entidades y permite su articulaci�n en un marco de colaboraci�n.

Finalmente se establece un cuidadoso r�gimen transitorio que permita la adaptaci�n de las situaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley a la nueva regulaci�n contenida en la misma.

En el marco del respeto general a los derechos legalmente adquiridos, el criterio b�sico que se utiliza consiste en establecer la plena aplicabilidad de las disposiciones de la Ley sobre la zona de servidumbre de protecci�n y de influencia �nicamente a los tramos de costa que todav�a no est�n urbanizados y en los que los propietarios del suelo no tienen un derecho de aprovechamiento consolidado conforme a la legislaci�n urban�stica. En cambio, en las zonas urbanas o urbanizables, en las que s� se han consolidado tales derechos de aprovechamiento, no se aplican las determinaciones sobre la zona de influencia y la anchura de la servidumbre de protecci�n se limita a 20 metros, es decir, la misma extensi�n que correspond�a a la servidumbre de salvamento seg�n la legislaci�n de Costas que ahora se deroga. Con los criterios de la nueva Ley se evita, por una parte, la incidencia sobre derechos adquiridos en t�rminos que pudieran originar una carga indemnizatoria que gravitar�a fundamentalmente sobre la Administraci�n Urban�stica y, por otra parte, se excluye tambi�n la necesidad de afrontar un proceso de revisi�n del planeamiento que introducir�a un factor de inseguridad en las expectativas de edificaci�n.

En este contexto, se regula con precisi�n la situaci�n de las edificaciones existentes que resulten incompatibles con las disposiciones de la nueva Ley. Si se construyeron ilegalmente, se abre la posibilidad de legalizarlas, cuando sea posible por razones de inter�s p�blico. Si se construyeron legalmente, se respetan los derechos adquiridos, atemperando la situaci�n de la obra a la naturaleza del terreno en que se emplaza. Si est� en el dominio p�blico, se mantiene la concesi�n hasta su vencimiento; si est� en la zona de servidumbre de tr�nsito, queda fuera de ordenaci�n con las consecuencias previstas en la actual legislaci�n urban�stica; por �ltimo, si est� en el resto de la zona de servidumbre de protecci�n, se permiten obras de reparaci�n y mejora de cualquier tipo, siempre que l�gicamente, no supongan aumento de volumen de las ya existentes.

V.

Estos son, en s�ntesis, los motivos que justifican la promulgaci�n de la presente Ley, para afrontar los graves problemas que hoy afectan a las costas espa�olas, como instrumento indispensable para que este patrimonio colectivo especialmente valioso como espacio natural de libertad sea preservado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Es responsabilidad ineludible del legislador de esta hora proteger la integridad de estos bienes, conservarlos como propiedad de todos y legarlos en esta condici�n a las generaciones futuras.

Por encima de los intereses contrapuestos que confluyen en muchas ocasiones sobre el dominio p�blico mar�timo-terrestre, un doble prop�sito se alza como la idea cardinal de esta Ley: garantizar su car�cter p�blico y conservar sus caracter�sticas naturales conciliando las exigencias de desarrollo con los imperativos de protecci�n y derogando cuantas normas legales se opongan a dicho prop�sito.