Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

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Sumario

V閍se R.D. 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (獴.O.E.� 24 abril).LE0000229339

La Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, en su disposici髇 final segunda, autoriza al Gobierno para refundir en el plazo m醲imo de 15 meses y en un solo texto las disposiciones vigentes reguladoras del Catastro Inmobiliario, comprendidas su regularizaci髇, aclaraci髇 y armonizaci髇.

Tal y como apunta la propia exposici髇 de motivos de la ley citada, la historia del Catastro en Espa馻 discurre pareja al nacimiento y evoluci髇 del Estado moderno, y sus momentos de mayor o menor significaci髇 han sido, generalmente, un reflejo de las situaciones por las que ha atravesado la Hacienda p鷅lica. De forma paralela, las normas que regulan el Catastro fueron sucedi閚dose en el tiempo hasta llegar, el 23 de marzo de 1906, a la promulgaci髇 de la Ley que establece el Catastro Topogr醘ico Parcelario, norma m醩 antigua de las que ahora son objeto de refundici髇 y 鷏timo texto aut髇omo de este rango que regul� la instituci髇, cuyos principios rectores, dado que el origen y principal uso del Catastro en nuestro pa韘 es, sin duda alguna, el tributario, han permanecido desde entonces unidos a las leyes reguladoras de diversas figuras tributarias.

Sin embargo, junto a esta finalidad tributaria, las dos 鷏timas d閏adas han sido testigos de una evoluci髇 en la que el Catastro Inmobiliario se ha convertido en una gran infraestructura de informaci髇 territorial disponible para todas las Administraciones p鷅licas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general, puesta ante todo al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria, pero capacitada tambi閚 para facilitar la asignaci髇 equitativa de los recursos p鷅licos; en los comienzos de un nuevo siglo, es ya sin duda notable la colaboraci髇 del Catastro en la aplicaci髇 material de tales principios constitucionales, como lo prueba su utilizaci髇 generalizada para la gesti髇 o el control de subvenciones nacionales o comunitarias, o la paulatina incorporaci髇 de la informaci髇 gr醘ica y de la identificaci髇 catastral de las fincas tanto a las actuaciones notariales como al Registro de la Propiedad.

Ahora bien, la utilizaci髇 m鷏tiple de la informaci髇 catastral no desvirt鷄 la naturaleza tributaria de la instituci髇, sino que la preserva al servir aqu閘la como elemento de referencia para la gesti髇 de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda p鷅lica y as� lo ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional en su Sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, en la que refleja que la organizaci髇 del Catastro, justamente por tratarse de una instituci髇 com鷑 e indispensable para la gesti髇 de alguno de los impuestos estatales m醩 relevantes, es una competencia que ha de incardinarse, sin lugar a dudas, en la de Hacienda general del art韈ulo 149.1.14.� de la Constituci髇 Espa駉la, correspondiendo, por tanto, de manera exclusiva al Estado. Es en esta justificaci髇 donde se apoya la adscripci髇 legal del Catastro al Ministerio de Hacienda y su atribuci髇 como competencia exclusiva del Estado y, por derivaci髇 de ello, la competencia de los tribunales econ髆icos-administrativos del Estado para la revisi髇 de los actos resultantes de los procedimientos catastrales.

Los tres lustros transcurridos desde la publicaci髇 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 鷏tima que, a su vez, disciplinaba tambi閚 el Catastro, hasta la promulgaci髇 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, que lo regula de manera exclusiva y espec韋ica, han visto tambi閚 crecer la importancia de coordinar y unificar todas las tareas relacionadas con la elaboraci髇 y el mantenimiento actualizado de la base de datos que constituye su principal activo. En este contexto, han sido numerosas las disposiciones de diverso rango que han modificado o completado la normativa inicialmente contenida en la primera de las leyes citadas. La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, incorporaron, en lo sustancial, el contenido de las modificaciones introducidas por la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la propia Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y se establece una reducci髇 en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y por las Leyes 42/1994, de 30 de diciembre, 55/1999, de 29 de diciembre, y 14/2000, de 29 de diciembre, todas de medidas fiscales, administrativas y del orden social, as� como parte del contenido de las Leyes 13/1996, de 30 de diciembre, y 50/1998, de 30 de diciembre, ambas tambi閚 de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

En ejercicio de la autorizaci髇 concedida, se refunden ahora las disposiciones vigentes reguladoras del Catastro Inmobiliario y, especialmente, la normativa sobre la materia contenida en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, as� como en la Ley de 23 de marzo de 1906, que establece el Catastro Topogr醘ico Parcelario; la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenaci髇 de la Cartograf韆; la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

II

Parte sustancial del texto refundido lo constituye por tanto, como es l骻ico, el contenido de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, cuyos preceptos, con el necesario grado de desarrollo y sistematizaci髇, configuran parte del t韙ulo preliminar, as� como la casi totalidad de los t韙ulos I, II y VIII y buena parte del t韙ulo IV. La Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, hab韆 recogido, en t閞minos generales, el n鷆leo de la normativa anterior, procurando, por una parte, sistematizarla y enriquecerla a la luz de la experiencia adquirida y, por otra, acomodarla al marco b醩ico y com鷑 que regula los procedimientos administrativos. Dicha ley tuvo especialmente en cuenta, adem醩, y sin perjuicio de la competencia estatal, las aspiraciones de los ayuntamientos en orden a desempe馻r un mayor protagonismo en la gesti髇 del Catastro, extendiendo el 醡bito de la colaboraci髇 municipal a nuevos aspectos que deben redundar en mejoras sustanciales tanto para ambas esferas de la Administraci髇 como para los ciudadanos.

El texto refundido recibe as� de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, ante todo, una definici髇 objetiva del Catastro como lo que realmente es, un registro administrativo puesto al servicio de los principios constitucionales ya citados y, por ende, del conjunto de las Administraciones p鷅licas, fedatarios y ciudadanos, todo ello sin perjuicio de la competencia y funciones atribuidas al Registro de la Propiedad, 鷑ico que tiene efectos de fe p鷅lica respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. No debe pasar desapercibido, por otra parte, el esfuerzo realizado para configurar de manera precisa los conceptos catastrales de bien inmueble y de titular, ambas piezas fundamentales de la instituci髇 y, por consecuencia, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y por ofrecer, respecto de tal titular, una regulaci髇 de su posici髇 ante la Administraci髇 que puede calificarse de aut閚ticamente estatutaria. El texto refundido mantiene as� mismo la novedosa regulaci髇 de los procedimientos de incorporaci髇 de los bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario, erigida en piedra angular de la nueva normativa, con eficacia inmediata, en particular, en el sistema tributario local. Estos procedimientos se caracterizan tanto por su adecuaci髇 a la normativa general contenida en las Leyes General Tributaria y de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, como por el establecimiento de modalidades simplificadas o abreviadas, en buena medida basadas en la colaboraci髇 municipal, con el objetivo claro de facilitar a los interesados el cumplimiento de sus obligaciones. Muestra de ello son los denominados procedimientos de incorporaci髇 mediante comunicaciones establecidos por la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, que ampli� la l韓ea emprendida por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que posibilitaba la actualizaci髇 de las titularidades catastrales mediante la cooperaci髇 de las notar韆s y de los registros de la propiedad, y que en el texto refundido reciben un completo tratamiento. Del mismo modo, se permite rectificar de oficio, en determinados supuestos, la informaci髇 catastral, prest醤dose igualmente la necesaria atenci髇 a cuestiones como la efectividad de los diversos actos de gesti髇 catastral y su r間imen de notificaci髇.

Aportaci髇 tambi閚 notable de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, es la precisa y sistem醫ica regulaci髇 del valor catastral, concepto sobre el que en la anterior normativa reca韆 el principal acento y que ahora, aun manteniendo su singular importancia, pasa a integrarse en el m醩 amplio de la descripci髇 catastral. Manteniendo en lo esencial los aspectos m醩 arraigados, las innovaciones de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, se dirigieron, tambi閚 aqu�, a sistematizar y simplificar los distintos mecanismos necesarios para la determinaci髇 de los valores y a reforzar el principio de legalidad y consagrar el de moderaci髇 en su configuraci髇. Otros aspectos que fueron objeto de atenci髇 y regulaci髇 en la ley refundida son la referencia catastral, la actualizaci髇 de valores por grupos de municipios atendiendo a su homogeneidad inmobiliaria, el deber de colaboraci髇 y el r間imen sancionador.

III

En cumplimiento del mandato legal, el texto refundido recoge tambi閚 espec韋icamente la normativa sobre la materia catastral contenida en la Ley de 23 de marzo de 1906, que establece el Catastro Topogr醘ico Parcelario. De esta norma se han incorporado tradicionales conceptos en materia de cartograf韆 catastral, y se ha procurado, a pesar de la antig黣dad de la ley, respetar en lo posible su terminolog韆 para dar virtualidad a la labor refundidora, introduciendo las adaptaciones m韓imas necesarias para evitar discordancias con la terminolog韆 actual.

Las normas catastrales contenidas en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, configuran la pr醕tica totalidad de los t韙ulos V y VII, dedicados, respectivamente, a la constancia documental de la referencia catastral y a la regulaci髇 de las tasas catastrales. La refundici髇 ha permitido dotar a esta regulaci髇 de la sustantividad que requiere y mejorar la articulaci髇 de su contenido manteniendo, respecto a la constancia documental de la referencia catastral, los principios y objetivos que informaron la regulaci髇 contenida en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre: favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar el fraude fiscal en el sector inmobiliario. Parte sustancial del t韙ulo VI, que regula el acceso a la informaci髇 catastral, procede de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Los restantes aspectos de estas normas se han incorporado a otros varios art韈ulos de la refundici髇. Por lo que hace a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, al haberse vaciado casi por completo su contenido catastral en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, tan solo ha quedado para ser refundido el contenido del apartado 1 de su disposici髇 transitoria segunda, en lo relativo a la determinaci髇 del valor de los bienes inmuebles r鷖ticos.

Otras normas, finalmente, que han nutrido el texto refundido, bien en una labor de refundici髇 directa, bien en uso de la facultad de regularizar, aclarar y armonizar, han sido las Leyes de 6 de agosto de 1932 y de 26 de septiembre de 1941; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenaci髇 de la Cartograf韆; la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant韆s de los Contribuyentes; y la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 5 de marzo de 2004,

DISPONGO: