«1. Los contratos administrativos podrán ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

• a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato.
• b) La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de la Administración para la ejecución del mismo.
• c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
• d) La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias.
• e) El incumplimiento del plazo de inicio de la ejecución del contrato en el caso de los expedientes de tramitación urgente.
• f) La falta de ejecución en plazo cuando este tenga carácter esencial.
• g) Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato.
• h) La falta de formalización del contrato en el plazo establecido.
• i) El incumplimiento de los requerimientos de carácter social o medioambiental para la ejecución del contrato en el supuesto del artículo 49.
• j) La demora en el pago por parte de la Administración durante más de ocho meses.
• k) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
• l) Las que se establezcan expresamente en el contrato.
• m) Las demás señaladas en esta Ley Foral».