Sumario

Véase Res [COMUNIDAD VALENCIANA] 28 bis/IX, 14 octubre 2015, del Pleno de Les Corts, sobre la validación del Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se esteblecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicionales quince y transitoria primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana («D.O.C.V.» 27 octubre).

PREÁMBULO

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha modificado, entre otras, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, diseñando un nuevo modelo competencial municipal mediante la clasificación de las competencias de las entidades locales en propias, delegadas y distintas de las propias o de las atribuidas por delegación. Dentro de este marco competencial, incluye una serie de disposiciones adicionales y transitorias, destacando aquellas que se refieren a la asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a la educación, a la salud y a los servicios sociales, que quedan referenciadas al que será el nuevo sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales.

En concreto, la disposición adicional decimoquinta, con relación a la asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a la educación, preceptúa que las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en los que las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevén como propias del municipio, relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales.

Supeditado igualmente a los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, preceptúan que las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud y en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, asumiendo de forma progresiva un veinte por cien anual, y las que se preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, con fecha 31 de diciembre de 2015.

La proximidad de las fechas en que deben asumirse por las comunidades autónomas las competencias relativas a servicios sociales, y la falta de una regulación normativa del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales que concrete los términos en que debe procederse a la asunción por las comunidades autónomas de las competencias propias municipales relativas tanto a servicios sociales como a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud y a la educación, exigen la adopción de una norma con rango de ley, y la necesidad de su inmediata aplicación para garantizar la eficacia en la continuidad de los servicios públicos relativos a dichas competencias por parte de los municipios, que actualmente vienen prestando los mismos, y una mayor seguridad jurídica en la aplicación por los diferentes niveles de gobierno de sus competencias.

La determinación del régimen del ejercicio de las competencias atribuidas a las entidades locales en materias como la educación, los servicios sociales y la salud, en tanto se produzca su asunción por parte de las comunidades autónomas, resulta además de una enorme trascendencia en la medida en que afecta a la prestación de servicios públicos en ámbitos especialmente sensibles, respecto a los cuales cualquier situación de incertidumbre jurídica podría provocar una parálisis en su prestación y un grave perjuicio para la ciudadanía. Evitar cualquier tipo de disfuncionalidad en este escenario exige, pues, una respuesta normativa ágil.

Por todo ello, y al amparo de lo previsto en los artículos 44 y 49.1.8 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a propuesta del president de la Generalitat y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 4 de septiembre de 2015,

DECRETO

DISPOSICIÓN FINAL