Sumario

DLey [COMUNIDAD VALENCIANA] 5/2015, 4 septiembre, rectificado por Correción de errores («D.O.C.V.» 22 septiembre 2015). Véase Res [COMUNIDAD VALENCIANA] 29 bis/IX, 14 octubre 2015, del Pleno de Les Corts, sobre la validación del D. Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el ámbito competencial del Instituto Valenciano de Finanzas y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial («D.O.C.V.» 27 octubre).

PREÁMBULO

La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, contemplaba en sus capítulos XXXIV y XXXV la modificación de la regulación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y del Institut Valencià de Finances (IVF), respectivamente, modificando sus funciones y competencias, de modo que determinadas funciones del IVF se adscribían a la conselleria competente en materia de economía.

Las consecuencias de la anterior decisión se han sumado a la práctica desaparición del sector financiero con origen en la Comunitat Valenciana, amplificando sus negativos efectos en una etapa precisada de una respuesta pública que limitara el racionamiento del crédito y apoyara de forma decidida la generación de empresas basadas en un nuevo modelo económico que tomase como referencia principal el talento y las capacidades creativas y emprendedoras de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana. Todo ello como alternativa a un modelo económico especulativo, orientado a la explotación indiscriminada de las riquezas naturales de la Comunitat Valenciana y, como tal, insostenible.

En la actualidad, a la necesidad de impulsar un nuevo modelo económico se suma la de conseguir su mayor dinamismo mediante una acelerada recuperación de la actividad empresarial y la ampliación del tejido emprendedor como motores del cambio económico y social que precisa la Comunitat Valenciana. En este sentido, y aunque los datos recientes confirman una leve recuperación del crédito al sector privado en España, las pequeñas y medianas empresas valencianas todavía sufren peores condiciones de acceso al crédito que sus competidoras europeas.

No es ajena a esta realidad la virtual desaparición del subsector de cajas de ahorros en la Comunitat Valenciana, que, debido a su extensa red de oficinas y a su carácter eminentemente social, facilitaba servicios y productos financieros básicos al conjunto de la ciudadanía, completando la oferta de productos financieros propia de la banca comercial. Durante muchos años, las cajas de ahorros combatieron eficazmente la exclusión financiera, diseñando productos financieros específicos para los colectivos sociales más desfavorecidos. Hoy, esta función la ejercen de forma limitada las cooperativas de crédito, junto con los bancos comerciales, en el marco de sus programas de responsabilidad social corporativa. En un contexto de creciente desigualdad social, resulta imprescindible que la Generalitat se sume a estos esfuerzos privados, impulsando programas de inclusión financiera, como instrumento fundamental para combatir la exclusión social.

La consecución de objetivos como los señalados requiere, a su vez, de instrumentos innovadores, y eficientes, coherentes con la misión de transformación económica que persigue la Generalitat mediante el modelo mencionado. Se plantea, en consecuencia, la necesidad de acomodar a los nuevos objetivos aquellos instrumentos operativos que, como los impulsados por el IVF y el IVACE, posibiliten la acomodación de las herramientas financieras públicas a la nueva visión económica que impulsa la Generalitat. Una necesidad que demanda una urgente respuesta, solo canalizable mediante el presente decreto ley, por diversas razones:

• 1. El papel crucial de la financiación en la revitalización económica y la expansión de la actividad emprendedora.
• 2. La existencia de nuevos perfiles empresariales que, por dimensión, novedad sectorial o personalidad jurídica, no encuentran el adecuado encaje en las formas tradicionales de financiación.
• 3. El escaso desarrollo de la financiación innovadora en la Comunitat Valenciana, lo que a su vez restringe el surgimiento de empresas tecnológicas y, en general, de firmas con un uso intensivo del conocimiento.
• 4. La presencia de un capital humano cuyas capacidades se encuentran desaprovechadas por la aplicación de filtros de solvencia que no recogen la brillantez de las ideas y las capacidades gerenciales de sus poseedores.
• 5. La ineludible aplicación por las administraciones públicas, sin treguas temporales, de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia, cuya extensión se encuentra sensiblemente amortiguada tras la aplicación de lo contemplado, en lo que respecta a IVF e IVACE, por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

En particular, con la aprobación de la presente norma se clarifica el ámbito competencial en materia de financiación al sector privado que corresponde tanto a la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo como a la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, tal y como se recoge en el artículo 30 del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat. Además, y en coherencia con las consideraciones anteriores, se modifican los ámbitos competenciales, tanto del IVF como del IVACE, actualmente recogidos en el artículo 171 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, y en la disposición adicional séptima de la Ley 12/1988, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 1989, respectivamente, al objeto de procurar la asunción de las funciones relativas a la financiación al sector privado en la primera de las citadas entidades. Por último, al objeto de preservar la estabilidad y certeza jurídica en la gestión de los derechos económicos de la Hacienda Pública de la Generalitat, se incluyen los mecanismos orientados a evitar cualquier incertidumbre acerca de la administración, gestión y titularidad de los activos generados por el IVACE desde el 1 de enero de 2014, afectados por el diseño funcional e institucional aprobado por el presente decreto ley.

En su virtud, en uso de la facultad reconocida en el artículo 44.4 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a propuesta del conseller de Hacienda y Modelo Económico y del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 4 de septiembre de 2015,

DECRETO

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL