1. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid estará integrada por los siguientes miembros:

• a) Un letrado de la Comunidad de Madrid, designado por el Abogado General de la Comunidad de Madrid, que actuará como presidente de la Comisión y cuyo voto tendrá carácter dirimente en caso de empate.
• b) Un funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General, designado por el titular de la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de Justicia, que desempeñará las funciones de secretario.
• c) El Decano de uno de los dos colegios de abogados existentes en el territorio de la Comunidad de Madrid, o el abogado que aquel designe, que deberá estar colegiado en dicha corporación y que será el representante del colegio en la comisión hasta que se notifique lo contrario al presidente de la misma. La designación se producirá previo acuerdo entre los Decanos de Madrid y de Alcalá de Henares y, a falta de tal acuerdo, formará parte de esta Comisión el Decano que designe el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, correspondiéndole a éste, en este caso, la designación del abogado a que se refiere este apartado.
• d) El Decano del Colegio Oficial de Procuradores de Madrid o el procurador que aquel designe, que deberá estar colegiado en dicha corporación y que será el representante del colegio en la comisión hasta que no se notifique lo contrario al presidente de la misma.

2. Los órganos y entidades a que se refiere el apartado anterior designarán un suplente por cada uno de los miembros de la misma, en idéntica forma a la prevista para los titulares, pudiendo actuar, tanto titulares como suplentes, indistintamente ».

3. Comunicadas las designaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el titular de la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia formalizará el nombramiento de los miembros de la Comisión mediante orden que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID».

1. Dentro de los quince días siguientes al de la finalización de cada mes, ambos consejos generales de colegios de abogados y de procuradores remitirán a la consejería competente en materia de justicia su respectiva certificación que deberá contener la siguiente información, que se acompañará de la documentación acreditativa de la misma:

• a) Número y clase de actuaciones realizadas por los profesionales de cada colegio durante el mes certificado.
• b) Número total de turnos de guardia o asistencias individualizadas realizadas durante el mes certificado así como su distribución por cada uno de los colegios.
• c) Importes globales correspondientes a cada uno de los conceptos anteriores, así como su desglose por cada uno de los colegios.
• d) Importe global correspondiente a los gastos de tramitación calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 34.5 de este decreto, así como su desglose por cada uno de los colegios, indicando el número de expedientes tramitados por cada uno de ellos durante el mes certificado.
• e) Importe global correspondiente a los gastos de infraestructura a abonar a los consejos generales de abogados y de procuradores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33.2 del presente decreto.
• f) Relación de los letrados que hayan procedido, durante el mes certificado, al reintegro de las cantidades previamente percibidas de los fondos públicos por sus actuaciones en los siguientes supuestos:
  • 1º Cuando los profesionales designados de oficio obtengan el abono de sus honorarios como consecuencia de una revocación del derecho en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de una declaración de mejor fortuna en los términos previstos en el artículo 36.2 de la citada ley, o de la denegación por auto judicial de un derecho previamente reconocido.
  • 2º Cuando los profesionales designados de oficio obtengan el abono de sus honorarios en ejecución del pronunciamiento sobre costas a favor de su cliente habido en la sentencia que ponga fin al proceso.
  • 3º Cuando los profesionales designados de oficio obtengan el abono de sus honorarios en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

2. En función de dichas certificaciones, la Comunidad de Madrid efectuará a continuación los libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los artículos siguientes».

1. Los consejos generales de abogados y de procuradores distribuirán entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por estos ante los citados consejos generales durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento, y de las bases de compensación económica aplicables a las actuaciones certificadas».

2. Las diferencias que puedan resultar de los libramientos a cuenta realizados conforme a lo previsto en el artículo 36, número 2, de este decreto, se regularizarán una vez cumplimentado el trámite de justificación anual».