RESOLUCIÓN JUS/3524/2021, de 25 de noviembre, por la que se aprueban los criterios que tienen que regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2022

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Sumario

Véase Res. JUS/3741/2022, 28 noviembre, por la que se aprueban los criterios que tienen que regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones y de asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2023 («D.O.G.C.» 1 diciembre).LE0000742715_20221221

De conformidad con el artículo 118 del Estatuto de autonomía de Cataluña, la Generalitat de Catalunya ha asumido plenas competencias en materia de asociaciones y fundaciones.

De acuerdo con el artículo 336.2.1 del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y el artículo 7 de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública, el Protectorado tiene que velar para que se cumplan las finalidades fundacionales, las disposiciones legales y los estatutos de las fundaciones, y para que se observe la voluntad fundacional respetando la autonomía de gestión y de funcionamiento de las fundaciones. Esta función básica se desglosa en una serie de funciones específicas, entre las cuales el artículo 10, letra a, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, incluye la de velar por el cumplimiento efectivo de la voluntad fundacional, de las disposiciones legales y de los estatutos, mediante la verificación de las cuentas anuales y los otros instrumentos que establecen las leyes.

El artículo 23.1 de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, confiere al Protectorado y al órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública el ejercicio de la potestad inspectora. En concreto, el artículo 23.2 enumera una serie de causas de inspección y el artículo 24.1 dispone que el Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública deben aprobar anualmente un plan de actuaciones inspectoras formulado de acuerdo con criterios objetivos que tienen que hacerse públicos.

La elaboración de planes anuales de actuación inspectora se manifiesta como un instrumento idóneo de cara a hacer efectivos los principios de eficacia y eficiencia en la actuación de la Administración pública y para fomentar el buen gobierno de las fundaciones en beneficio de las mismas entidades, con cuya colaboración debe contribuir a alcanzar el objetivo de dar cumplimiento a las finalidades fundacionales y a respetar la voluntad fundacional.

Asimismo, en la medida en que esta planificación de las actuaciones inspectoras se realiza de acuerdo con criterios objetivos y estos criterios son publicados, el plan de actuación inspectora no solo se presenta como una herramienta orientada a gestionar correctamente los recursos humanos y económicos de que dispone el Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública, sino también como un instrumento orientado al servicio del principio de seguridad jurídica con respecto a la determinación de los ámbitos en los que incidirán las actuaciones inspectoras.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la función de control del correcto ejercicio del derecho de fundación que corresponde al Protectorado y al órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública no se agota en las actuaciones respecto de las entidades en que concurran los presupuestos establecidos en el Plan, ya que estas actividades de comprobación o de inspección se podrán ejercer siempre que el Protectorado y el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública detecte de oficio un presunto incumplimiento de la normativa por parte de una fundación o asociación declarada de utilidad pública o cuando considere que hay indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados en una denuncia.

Con respecto a los criterios que deben regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2022, de acuerdo con la experiencia adquirida por el Protectorado y por el órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública y en el ejercicio de sus funciones, se definen los siguientes ámbitos de intervención:

• a) Las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que no hayan cumplido con la obligación legal de presentar las cuentas anuales al Protectorado y al órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2, letra a, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre.
• b) Las fundaciones que sean consideradas inactivas según lo dispuesto por la disposición final cuarta de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre.
• c) Las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que destinen recursos a gastos no relacionados directamente con el objeto fundacional o asociativo, o desproporcionados respecto al volumen de ingresos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2, letra l, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre.
• d) Las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que realicen transacciones con entidades del grupo y asociadas, o con otras entidades o partes vinculadas, con el fin de evitar cualquier actuación de los patronatos o de los órganos de gobierno de las asociaciones, así como de las personas con responsabilidades directivas, que ponga de manifiesto una actuación contraria a los intereses de la entidad o a sus finalidades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2, letra m, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre.

Por lo que se refiere a estos ámbitos de actuación, se priorizarán las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad púbica que estatutariamente dispongan como finalidades la realización de actividades sociales y de prestación de servicios dirigidos a la infancia y a la adolescencia, personas con diversidad funcional, con enfermedades mentales, con dependencia, personas de avanzada edad, a las mujeres y a personas LGTBI+.

También se priorizarán las entidades que no den cumplimiento a las obligaciones de transparencia derivadas de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y a la Orden JUS/152/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el nivel de sujeción de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública a los instrumentos de transparencia establecidos por la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública.

De acuerdo con el artículo 3.14.4 del Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, al Departamento de Justicia le corresponde el ejercicio de las atribuciones propias de la Administración de la Generalitat en el ámbito de las asociaciones y fundaciones, y de conformidad con el artículo 5 del Decreto 6/2019, de 8 de enero, de reestructuración del Departamento de Justicia, a la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación le corresponde ejercer las funciones que la legislación vigente atribuye al Departamento de Justicia en materia, entre otros, de asociaciones y fundaciones.

Por todo ello,

Resuelvo:

–1 Aprobar los criterios por los que se regirá el Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2022, de acuerdo con los cuales son susceptibles de ser objeto de un expediente de inspección las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que no hayan cumplido con la obligación legal de presentar las cuentas anuales al Protectorado y al órgano de supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2, letra a, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre.
• b) Las fundaciones que sean consideradas inactivas según lo dispuesto por la disposición final cuarta de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre.
• c) Las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que destinen recursos a gastos no relacionados directamente con el objeto fundacional o asociativo, o desproporcionadas respecto al volumen de ingresos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2, letra l, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre.
• d) Las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que realicen transacciones con entidades del grupo y asociadas, o con otras entidades o partes vinculadas, con el fin de evitar cualquier actuación de los patronatos o de los órganos de gobierno de las asociaciones, así como de las personas con responsabilidades directivas, que ponga de manifiesto una actuación contraria a los intereses de la entidad o a sus finalidades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2, letra m, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre.

Por lo que se refiere a estos ámbitos de actuación, se priorizarán las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad púbica que estatutariamente dispongan como finalidades la realización de actividades sociales y de prestación de servicios dirigidos a la infancia y a la adolescencia, personas con diversidad funcional, con enfermedades mentales, con dependencia, personas de avanzada edad, a las mujeres y a personas LGTBI+.

También se priorizarán las entidades que no den cumplimiento a las obligaciones de transparencia derivadas de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y a la Orden JUS/152/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el nivel de sujeción de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública a los instrumentos de transparencia establecidos por la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública.

–2 Hacer pública esta Resolución insertándola en la web del Departamento de Justicia (http://justicia.gencat.cat) y publicándola en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.