Sumario

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALU袮

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 33.2 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

PRE罬BULO

I

La Ley 10/1983, de 30 de mayo, de creaci髇 del ente p鷅lico Corporaci髇 Catalana de Radio y Televisi髇 y de regulaci髇 de los servicios de radiodifusi髇 y televisi髇 de la Generalidad de Catalu馻, es la primera ley promulgada en Catalu馻 relacionada con el sector audiovisual. Conllev� la creaci髇 del servicio p鷅lico de radiodifusi髇 de la Generalidad de Catalu馻, que tuvo una importancia caudal en la promoci髇, el conocimiento y la difusi髇 de la lengua y la cultura catalanas, y en la conformaci髇 de un sistema audiovisual propio de Catalu馻.T閚gase en cuenta que la Ley [CATALU袮] 10/1983, 30 mayo, ha sido derogada por el n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria de la Ley [CATALU袮] 11/2007, 11 octubre, de la Corporaci髇 Catalana de Medios Audiovisuales (獶.O.G.C.� 18 octubre) el 19 de octubre de 2007.-->-->-->-->-->-->

Despu閟 de veintid髎 a駉s de este hecho, el sector audiovisual ha experimentado profundas transformaciones. Algunas muestras ello son: la irrupci髇 de las televisiones privadas, en el a駉 1988, que rompen el monopolio de las televisiones p鷅licas (la estatal y las auton髆icas); los cambios tecnol骻icos que hacen posible la difusi髇 por sat閘ite y por cable; la aparici髇 de las televisiones de 醡bito local y las de acceso condicionado; la liberalizaci髇 de las redes de telecomunicaciones; la liberalizaci髇 de la televisi髇 por cable y la aparici髇 de la televisi髇 digital terrestre, que abre nuevas posibilidades de difusi髇, y el acceso a servicios relacionados con la sociedad de la informaci髇.

Todas estas transformaciones se han producido a partir de las distintas normativas estatales promulgadas durante estos a駉s y de la regulaci髇 contenida en la Directiva 89/552/CEE, conocida como Directiva de televisi髇 sin fronteras. Dada la necesidad de adecuar la regulaci髇 del sector a las nuevas tecnolog韆s, de prever nuevas formas de gesti髇 y de disponer de una regulaci髇 global de esta materia, es preciso aprobar una ley que regule el sector audiovisual de Catalu馻.

En efecto, la Resoluci髇 3/VI del Parlamento de Catalu馻, sobre los medios audiovisuales de Catalu馻, ya acordaba la necesidad de modificar el marco legal del sistema de comunicaci髇 audiovisual de Catalu馻, porque lo consideraba insuficiente e inadecuado a la realidad actual. Este acuerdo comporta el reconocimiento de la importancia estrat間ica, econ髆ica y pol韙ica del sector audiovisual y de la necesidad de contar con una normativa propia sobre esta materia. Establece tambi閚 la necesidad de que el Consejo del Audiovisual de Catalu馻 se convierta en una verdadera autoridad reguladora independiente que cumpla las funciones de vigilancia y control sobre el sector, con la garant韆 de que dicho control no est� influido por consideraciones pol韙icas a corto plazo. En la misma l韓ea de profundizaci髇 democr醫ica, se acord� actualizar la organizaci髇 de la Corporaci髇 Catalana de Radio y Televisi髇 para dotarla de una mayor independencia, profesionalidad y viabilidad econ髆ica, dotar al Consejo de Administraci髇 de m醩 atribuciones y adecuar el organismo a las exigencias de cambios tecnol骻icos y nuevas demandas.T閚gase en cuenta que, conforme establece la disposici髇 adicional primera de la Ley [CATALU袮] 11/2007, 11 octubre, de la Corporaci髇 Catalana de Medios Audiovisuales (獶.O.G.C.� 18 octubre), la Corporaci髇 Catalana de Radio y Televisi髇 pasa a denominarse Corporaci髇 Catalana de Medios Audiovisuales.-->-->-->-->-->-->

Como consecuencia del mismo mandato, se promulg� la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Catalu馻, que crea la primera autoridad reguladora independiente en el Estado espa駉l, la cual es un referente para las que se crean posteriormente en otras comunidades aut髇omas. Las sucesivas modificaciones de dicha ley han ido ampliando las competencias del Consejo del Audiovisual de Catalu馻, especialmente en lo que concierne a la intervenci髇 en la concesi髇 de licencias y la capacidad sancionadora.

La Ley de la comunicaci髇 audiovisual de Catalu馻 es fruto tambi閚 de este mandato parlamentario, y ha de ser un instrumento esencial para la ordenaci髇 de las normas que regulan este sector, con el establecimiento de un modelo coherente que se adapte a las nuevas realidades, las nuevas tecnolog韆s y los nuevos modelos de gesti髇. Esta ley debe servir tambi閚 como marco de referencia para impulsar el sector audiovisual, y hacerlo m醩 competitivo en el actual contexto econ髆ico.

El texto de la presente ley recoge las aportaciones del Informe del Consejo del Audiovisual de Catalu馻 sobre la futura ley del audiovisual de Catalu馻, que el propio Parlamento encarg� a dicho organismo.

II

La presente ley se fundamenta en el derecho de los ciudadanos de Catalu馻 a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, es decir, el entorno simb髄ico, y debe otorgar a la Generalidad, en defensa de los derechos y los intereses de los ciudadanos, la capacidad de intervenir en la regulaci髇 de los operadores y los contenidos. Es por este motivo que Catalu馻, como comunidad con un patrimonio cultural espec韋ico, no puede ser considerada solo una parte de los grandes mercados de consumo audiovisual provistos desde fuera de la propia comunidad mediante operadores y contenidos surgidos de otras tradiciones.

Cabe destacar que con la presente ley el sistema audiovisual propio de Catalu馻, que se sobrepone en su propio territorio con los espacios de recepci髇 audiovisual estatal e internacional, se organiza en dos niveles: el nivel nacional, estructurado en torno a medios y servicios que abarcan todo el territorio de Catalu馻 y que tienen la posibilidad preferente de vincularse, en las condiciones que la normativa establezca, al tejido de medios de los dem醩 territorios de lengua y cultura catalanas, y el nivel local o de proximidad, que comprende los 醡bitos municipal y supramunicipal, en el marco de las demarcaciones que la normativa establezca. La actividad audiovisual sin 醤imo de lucro debe tener tambi閚 presencia en el espacio p鷅lico de comunicaci髇.

El sistema audiovisual catal醤, en los dos niveles que se han diferenciado, se estructura a partir de un sector p鷅lico que garantiza la prestaci髇 del servicio p鷅lico y de un sector privado competitivo, viable, plural y diverso.

III

En el documento 獿a definici髇 del modelo de servicio p鷅lico�, elaborado por el Consejo del Audiovisual de Catalu馻 en cumplimiento de la Resoluci髇 342/VI del Parlamento, el Consejo realizaba varias reflexiones sobre la precariedad del marco competencial del que dispone la Generalidad en el 醡bito audiovisual. Sin embargo, actualmente resulta dif韈il sostener la coherencia y la vigencia de este marco regulador, debido a varias circunstancias sobrevenidas que lo hacen anacr髇ico.

Efectivamente, hoy no puede realizarse una ley reguladora de la comunicaci髇 audiovisual a partir del mantenimiento a ultranza del principio del servicio p鷅lico entendido como monopolio de la actividad de comunicaci髇 audiovisual, y menos a鷑 como monopolio de un 鷑ico poder p鷅lico. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional hasta ahora ha respetado el esquema actual, pero al mismo tiempo ha advertido que es necesario hacer efectiva la libertad de comunicaci髇 que garantiza el art韈ulo 20 de la Constituci髇 espa駉la. Esta adaptaci髇 resulta a鷑 m醩 necesaria cuando uno de los fundamentos del monopolio, la escasez del espacio radioel閏trico, se ha debilitado debido a la emergencia de tecnolog韆s que no lo utilizan o que lo flexibilizan notablemente, como es el caso, por ejemplo, de la digitalizaci髇.

Por otra parte, la experiencia de estos 鷏timos a駉s pone de manifiesto una situaci髇 de pluralismo en los servicios p鷅licos que est� indisociablemente ligada al papel institucional que tienen las comunidades aut髇omas y los municipios. En un sistema constitucional basado en la pluralidad de poderes p鷅licos y en el principio de autonom韆, dif韈ilmente puede seguir teniendo vigencia un modelo de 玞oncesi髇� de los medios p鷅licos dependientes de las comunidades aut髇omas y de los municipios con respecto del Estado.

Estas consideraciones permiten deducir que el nuevo marco jur韉ico audiovisual debe fundamentarse en la reconsideraci髇 de la noci髇 de servicio p鷅lico, en su doble vertiente de monopolio y de titularidad, en el reconocimiento de la libertad de comunicaci髇 con la consiguiente modificaci髇 del actual r間imen de concesi髇 por uno de autorizaci髇 o licencia y, finalmente, en el reconocimiento de un mayor protagonismo de la Generalidad en la regulaci髇 del sector audiovisual, tanto en el 醡bito de los medios p鷅licos auton髆icos y locales como en el de los operadores privados. Estos son los cambios conceptuales b醩icos que aparecen en la presente ley.

Es importante destacar que la competencia que la Constituci髇 espa駉la reserva al Estado en materia de comunicaci髇 audiovisual se circunscribe al establecimiento de las normas b醩icas, lo cual permite reconocer a la Generalidad un espacio de actuaci髇 mucho m醩 amplio que el que ha tenido hasta ahora y en el que encaja plenamente una ley que regula de forma sistem醫ica todos los sectores que forman parte de la materia audiovisual en Catalu馻.

Finalmente, desde una perspectiva distinta, pero no menos importante, la iniciativa para elaborar una ley reguladora del sector audiovisual tambi閚 se justifica por la necesidad de ordenar un sector normativo que no dispone de un marco legal claramente definido y que integre sistem醫icamente todos los elementos que han de configurarlo. En estos 鷏timos a駉s el sector audiovisual ha estado sometido a una actuaci髇 legislativa fragmentada, dictada muy a menudo por la necesidad de dar respuesta a problemas concretos y falta, por tanto, de coherencia interna y tambi閚 de seguridad jur韉ica para los operadores y los poderes p鷅licos que han de aplicarla. La reconducci髇 del sistema a un marco general de referencia tambi閚 es, pues, un objetivo que cabe valorar.

La Ley de la comunicaci髇 audiovisual de Catalu馻 cumple una funci髇 de marco regulador general, salvo solamente todo lo que afecta a la organizaci髇 de los medios p鷅licos de la Generalidad y la regulaci髇 del Consejo del Audiovisual de Catalu馻, que tienen sus propias leyes espec韋icas.

La presente ley consta de ciento cuarenta art韈ulos, estructurados en nueve t韙ulos, cuatro disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y una disposici髇 final.

IV

El t韙ulo I incorpora los principios y los valores esenciales implicados en el ejercicio de la actividad vinculada a la comunicaci髇 audiovisual. Cabe decir que la comunicaci髇 audiovisual se caracteriza por la implicaci髇 de varias perspectivas, como la libertad de comunicaci髇, la protecci髇 de los derechos de la audiencia y la garant韆 del servicio p鷅lico, lo cual hace que los principios reguladores tengan que establecerse atendiendo tambi閚 a la multiplicidad y la diversidad de valores que hay en juego.

Dicho t韙ulo incorpora la definici髇 de los conceptos que aparecen en la Ley y de los contenidos esenciales que se desprenden de la libertad de comunicaci髇, el principio de libre elecci髇 de los mensajes audiovisuales, la funci髇 de servicio p鷅lico, la veracidad informativa, la protecci髇 de derechos fundamentales y otros derechos esenciales: el derecho de rectificaci髇, el valor y los efectos del pluralismo, la libertad de recepci髇 y el principio de neutralidad tecnol骻ica.

V

El t韙ulo II trata del espacio radioel閏trico. La Ley parte de la consideraci髇 del espacio radioel閏trico como un elemento instrumental de la actividad de comunicaci髇 audiovisual, lo cual permite diferenciar las competencias sobre telecomunicaciones y sobre medios de comunicaci髇 y hace coherente que la Generalidad pueda ejercer potestades con relaci髇 al uso del espacio radioel閏trico.

A pesar de la consideraci髇 de las telecomunicaciones como competencia exclusiva del Estado -art韈ulo 149.1.21 de la Constituci髇 espa駉la-, es necesario hacer compatible esta competencia con las de la Generalidad de Catalu馻 en materia audiovisual, teniendo en cuenta el actual marco tecnol骻ico. Efectivamente, el espacio radioel閏trico era un bien escaso, pero hoy el avance de la t閏nica permite hacer un uso de 閘 bastante m醩 amplio y eficiente, y, en la medida en que la Generalidad tiene las competencias en materia audiovisual en el 醡bito de todo o parte del territorio de Catalu馻, es razonable que tambi閚 pueda gestionar el medio por el que se prestan estos servicios. As�, la Generalidad dispone de una capacidad gestora sobre todos los elementos que intervienen en la comunicaci髇 audiovisual, sin excluir los t閏nicos, y puede cumplir una intervenci髇 integral a los efectos del ejercicio de todas las funciones administrativas que pueden tener lugar en cuanto al sector.

Por otra parte, la gesti髇 del espacio radioel閏trico en el 醡bito estatal tiene efectos directos sobre el sector audiovisual en Catalu馻. Por esta raz髇 y con el objetivo de asegurar la coherencia de modelos, as� como el pluralismo cultural y lingstico, la presente ley establece mecanismos de participaci髇 de la Generalidad en la planificaci髇 de 醡bito estatal, sin perjuicio de la coordinaci髇 y la cooperaci髇 necesarias entre ambas administraciones.

VI

El t韙ulo III regula el servicio p鷅lico audiovisual de Catalu馻. La necesidad de una apropiada ordenaci髇 del conjunto del sector audiovisual de Catalu馻 exige otorgar una particular importancia a la garant韆, y a la correcta definici髇 y delimitaci髇 del alcance de la prestaci髇 de servicios p鷅licos audiovisuales, tanto en el 醡bito auton髆ico como en el 醡bito local.

La radiotelevisi髇 p鷅lica constituye un factor clave en el mantenimiento de un espacio de comunicaci髇 en el que exista una distribuci髇 equilibrada y democr醫ica de las expresiones y las informaciones que se generan en los sistemas pol韙ico, econ髆ico, social y cultural.

Debe entenderse el servicio p鷅lico de radiodifusi髇 como una actividad de suministro o prestaci髇 de servicios audiovisuales orientada a la creaci髇 de las condiciones necesarias que permitan la plena vigencia de las libertades de expresi髇 y comunicaci髇, la plenitud del funcionamiento democr醫ico del sistema y la adecuada y efectiva satisfacci髇 de toda una serie de derechos y principios de origen constitucional y estatutario, como el derecho a la educaci髇 y al acceso a la cultura, el impulso del conocimiento y el uso de la lengua catalana, y la protecci髇 de la cohesi髇 y el pluralismo sociales.

La presente ley define las misiones del servicio p鷅lico audiovisual de la Generalidad, sin perjuicio de que el contrato-programa especifique sus objetivos concretos. De este modo se cumple el requerimiento constitucional, que es el fundamento, en definitiva, de la legitimidad de la prestaci髇 del servicio p鷅lico, y tambi閚 se cumplen las exigencias que la normativa y las instituciones comunitarias han formulado de forma clara en este sentido. Por otra parte, esta ley tambi閚 se refiere a los principios generales sobre cuya base han de definirse las misiones del servicio p鷅lico audiovisual de 醡bito local que, a partir de la aplicaci髇 del principio de autonom韆 local, los entes locales o los consorcios deben concretar en el reglamento de organizaci髇 y funcionamiento del servicio.

Merece la pena enfatizar que la radiodifusi髇 de servicio p鷅lico ha de utilizar y, si procede, establecer todos los canales o las v韆s de comunicaci髇 y todos los formatos o los lenguajes m醩 apropiados. El servicio p鷅lico de radiodifusi髇, ya sea en el 醡bito local o en el auton髆ico, tiene que ocupar un lugar central en el espacio catal醤 de comunicaci髇 audiovisual, porque constituye un elemento principal en la garant韆 de su desarrollo plural, diverso y democr醫ico.

Cabe poner tambi閚 en relieve que la presente ley garantiza la universalidad absoluta en el acceso a las correspondientes prestaciones del servicio p鷅lico audiovisual. En este sentido, establece que los servicios p鷅licos audiovisuales son de acceso libre y universal para todos los ciudadanos y, por tanto, no pueden establecer ninguna clase de acceso condicional. Adem醩, esta ley impone a los distribuidores de servicios de comunicaci髇 audiovisual que exploten redes p鷅licas para la prestaci髇 de servicios de radiodifusi髇 la obligaci髇 de suministrar a sus abonados las programaciones de servicio p鷅lico tanto en cuanto al 醡bito auton髆ico como al local, sin que esto pueda comportar ning鷑 coste a馻dido para los abonados. La raz髇 de tal disposici髇 es clara: como en los sistemas de prestaci髇 de servicios audiovisuales estos operadores tienen una capacidad muy intensa para determinar las clases de servicios a las que pueden acceder los usuarios, la ley debe evitar el uso de dicha capacidad, de acuerdo con la habilitaci髇 del art韈ulo 31 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento y el Consejo europeos -conocida como Directiva del servicio universal-, que podr韆 perjudicar la visibilidad de los operadores p鷅licos.

En cuanto al servicio p鷅lico audiovisual que es competencia de la Generalidad, esta ley atribuye la responsabilidad de la gesti髇 directa a la Corporaci髇 Catalana de Medios Audiovisuales. Sin perjuicio de lo que establezca la futura ley reguladora de la Corporaci髇 Catalana de Medios Audiovisuales, la presente ley recoge los principios b醩icos del funcionamiento y la organizaci髇 de la Corporaci髇, porque son dos factores principales para garantizar que ejerce sus competencias de una forma efectiva y adecuada. En este sentido, criterios como la autonom韆 de gesti髇 efectiva ante la direcci髇 pol韙ica del Gobierno -sobre la base principal del contrato-programa-, la participaci髇 del Parlamento y del Consejo del Audiovisual de Catalu馻 en la provisi髇 de los principales 髍ganos de direcci髇, la garant韆 de la aut閚tica gesti髇 directa del servicio mediante la preservaci髇 de un n鷆leo espec韋ico de profesionales en el ente gestor -sin perjuicio del posible recurso al sector privado si el cumplimiento de la misi髇 de servicio p鷅lico de apoyo a la industria nacional lo requiere-, o el cumplimiento de lo que establece el art韈ulo 20.3 de la Constituci髇 espa駉la en materia de acceso por parte de grupos pol韙icos y sociales representativos, son objeto de una formulaci髇 expl韈ita.

En cuanto al servicio p鷅lico audiovisual de 醡bito local, esta ley, consciente de los retos que plantea la introducci髇 de la tecnolog韆 digital y la necesidad, en algunos casos, de la creaci髇 de econom韆s de escala que faciliten la viabilidad de determinados proyectos de 醡bito m醩 reducido que el auton髆ico, adopta una f髍mula bastante amplia en cuanto a las clases de entes p鷅licos que pueden asumir la competencia de la prestaci髇 de dicho servicio. As�, no solo los entes locales, sino tambi閚 las correspondientes f髍mulas asociativas, e incluso consorciadas, pueden ser responsables de la prestaci髇. El principio de autonom韆 local conlleva, a su vez, que sean dichos entes y organismos los que, mediante el correspondiente reglamento, definan, sobre la base de los principios b醩icos de la ley, el modelo concreto de organizaci髇 y funcionamiento del servicio.

Finalmente, en cuanto a la financiaci髇 del servicio p鷅lico audiovisual en sus diversas modalidades territoriales, la presente ley se basa en el principio de que la suficiencia financiera es imprescindible para garantizar la prestaci髇 del servicio p鷅lico de una forma real y efectiva. En este sentido, la presencia principal, estable y equilibrada de fondos p鷅licos, suministrados sobre la base de un contrato-programa de duraci髇 plurianual y en el marco de la asunci髇 de una serie de objetivos de servicio p鷅lico, constituye una pieza clave de todo el sistema. A partir de aqu�, el recurso a fondos privados -publicidad, comercializaci髇 de contenidos, prestaci髇 de servicios de valor a馻dido- tambi閚 es objeto de regulaci髇, pero con limitaciones, y tienen la principal funci髇 de evitar cualquier posible distorsi髇 en el funcionamiento normal del ente gestor, tanto bajo el punto de vista de los requerimientos de transparencia financiera como del necesario aislamiento de la gesti髇 con respecto a cualquier din醡ica comercial desvinculada del objeto principal de prestaci髇 del servicio p鷅lico.

VII

El t韙ulo IV establece los principios reguladores de la actividad privada de comunicaci髇 audiovisual. En un entorno de muchos canales basado en el principio de neutralidad tecnol骻ica, en el que la escasez solo sigue plante醤dose en el espacio radioel閏trico, la ordenaci髇 de la actividad audiovisual privada requiere un nuevo modelo de intervenci髇. Dicho modelo debe compatibilizar el derecho fundamental a la libertad de comunicaci髇 con la garant韆 del pluralismo y otros principios y libertades relacionados con la formaci髇 de la opini髇 p鷅lica implicados en el ejercicio de dicha actividad.

En este sentido, la presente ley determina que la prestaci髇 por operadores privados de los servicios de comunicaci髇 audiovisual queda sometida a un r間imen de licencia, si la prestaci髇 se realiza mediante la utilizaci髇 del espectro radioel閏trico -el cual sigue siendo un recurso escaso-, y a un r間imen de comunicaci髇 previa, si el servicio de comunicaci髇 audiovisual se realiza mediante otras tecnolog韆s que no usen el espectro radioel閏trico.

Por otra parte, de acuerdo con las discusiones que se producen en el marco de las instituciones comunitarias con relaci髇 a los futuros cambios reguladores del sector audiovisual, esta ley no comprende solo los servicios audiovisuales tradicionales como la radio y la televisi髇, sino que manifiesta tambi閚 su clara voluntad de extender la intervenci髇 reguladora hacia otros servicios audiovisuales que no responden a los par醡etros t韕icos de ordenaci髇 secuencial de contenidos.

Las dem醩 actividades privadas que participan en la prestaci髇 de los servicios de comunicaci髇 audiovisual, principalmente los operadores de redes, los servicios de comunicaci髇 electr髇ica y los operadores de servicios de acceso condicional, si bien est醤 sujetos al r間imen jur韉ico establecido por dicha legislaci髇 de telecomunicaciones, han de respetar las disposiciones establecidas por esta ley en cuanto al contenido que transmiten al p鷅lico.

En este t韙ulo la presente ley establece un r間imen claro en el que el Consejo del Audiovisual de Catalu馻, en el ejercicio de sus funciones de ordenaci髇, garantiza el pluralismo de la comunicaci髇 audiovisual. Dicho pluralismo conlleva la diversidad en la oferta de los servicios de comunicaci髇 audiovisual y, por tanto, la existencia de una pluralidad de medios de comunicaci髇 aut髇omos que ponen a la disposici髇 del p鷅lico una oferta de contenidos audiovisuales diversa. Por este motivo, fija l韒ites en la concentraci髇 de los medios de comunicaci髇 y la modificaci髇 de su estructura accionarial, y declara la intransmisibilidad de las licencias para prestar servicios de comunicaci髇 audiovisual.

Preservar el pluralismo de los medios de comunicaci髇 en un entorno digital depende m醩 del control del acceso que de las normas sobre propiedad de medios. Y, en este sentido, garantizar a terceros un acceso equitativo a los sistemas de acceso condicional de las plataformas de difusi髇 y garantizar la interoperabilidad t閏nica de los descodificadores son los objetivos principales de la regulaci髇 de la comunicaci髇 audiovisual.

La regulaci髇 de los sistemas de recepci髇 y de acceso se basa en la interoperabilidad como garant韆 de acceso universal, y la de la oferta, en el pluralismo m醩 all� de las normas de titularidad de los medios. La presente ley aborda esta nueva realidad y adapta a ella los mecanismos y las funciones de regulaci髇.

Finalmente, esta ley trata de garantizar el acceso a la informaci髇 y la transparencia del sector audiovisual.

VIII

El t韙ulo V, dedicado a la regulaci髇 de los contenidos audiovisuales, parte de la existencia de cuatro niveles de regulaci髇 de la materia: en primer lugar, lo que establece la propia ley; en segundo lugar, lo que defina y explicite el Consejo del Audiovisual de Catalu馻; en tercer lugar, los llamados 玜cuerdos de corregulaci髇�, en virtud de los que el Consejo del Audiovisual de Catalu馻 puede establecer de forma precisa obligaciones y deberes en materia de contenidos con los distintos operadores audiovisuales, y, finalmente, los c骴igos voluntarios de autorregulaci髇.

Esta ley fija una serie de l韒ites vinculados directamente con los principios, los valores y los derechos constitucionales que pueden legitimar la acotaci髇 legal del ejercicio de las libertades de expresi髇 y de informaci髇. Son l韒ites vinculados al respeto de la dignidad de las personas, la falta de toda incitaci髇 al odio por motivos de raza, sexo, religi髇 o nacionalidad, la separaci髇 entre informaciones y opiniones y el respeto al principio de veracidad informativa, entre otros.

Aparte de ello, incorpora y traspone los rasgos normativos b醩icos que se desprenden del r間imen comunitario vigente en materia de radiodifusi髇, tanto en cuanto a las cuotas de difusi髇 de obras europeas como a la protecci髇 de la infancia y la juventud.

Con relaci髇 a este 鷏timo aspecto, incorpora la distinci髇 comunitaria entre los contenidos que pueden perjudicar seriamente el desarrollo de los menores, los cuales se proh韇en gen閞icamente en el marco de la difusi髇 de la televisi髇, y los contenidos que tambi閚 perjudican a los menores pero no seriamente, los cuales se someten a ciertos l韒ites, especialmente la no difusi髇 dentro del llamado 玥orario protegido�. Por otra parte, y sin perjuicio de la prohibici髇 gen閞ica, determina la posibilidad de suministrar tales contenidos si se garantiza su aceptaci髇 expresa y directa en el marco de los servicios suministrados por un operador de redes de comunicaciones electr髇icas para la distribuci髇 de programas de radio o televisi髇.

Otras obligaciones destacables, aparte de la difusi髇 necesaria de comunicaciones de inter閟 p鷅lico, son las relativas a la se馻lizaci髇 de los servicios audiovisuales, la garant韆 del acceso de las personas con discapacidad o el derecho de los ciudadanos al acceso, por medio de servicios de comunicaci髇 audiovisual, a determinados acontecimientos susceptibles de ser considerados de inter閟 general.

Finalmente, la presente ley tambi閚 incluye una serie de obligaciones en materia de difusi髇 de las obras europeas, as� como el r間imen de protecci髇 de la lengua y la cultura catalanas y la lengua aranesa en el marco de la realizaci髇 de actividades de comunicaci髇 audiovisual, recogiendo esencialmente el r間imen que ya establece la normativa lingstica vigente y adapt醤dolo a los par醡etros reguladores de esta ley.

IX

El t韙ulo VI est� dedicado a la publicidad, la televenta y el patrocinio, que son aspectos fundamentales para el sector audiovisual porque inciden en aspectos esenciales del sector, como por ejemplo su financiaci髇 y sus productos. Ahora bien, el alcance de sus efectos trasciende el 醡bito estrictamente audiovisual para incidir directamente en la esfera de los ciudadanos como consumidores en el mercado. La relevancia de la regulaci髇 de la publicidad, la televenta y el patrocinio resulta, pues, evidente.

La regulaci髇 de la publicidad, la televenta y el patrocinio comprende, entre otros aspectos, la cantidad de publicidad que puede emitirse -l韒ites diarios y horarios-, su contenido, la presentaci髇 y la inserci髇 de los mensajes publicitarios durante la programaci髇, atendiendo especialmente a las interrupciones publicitarias. En este sentido, esta ley recoge los principios de la actual legislaci髇 e intenta sistematizarlos, e incorpora tambi閚 la legislaci髇 general de publicidad y las legislaciones sectoriales que tienen incidencia en ella: por ejemplo, la relativa a la publicidad de determinados productos, como el tabaco, los medicamentos y los juguetes.

Como novedad, esta ley tiene en cuenta el impacto que la evoluci髇 de las nuevas tecnolog韆s puede tener en la actividad publicitaria. Dicho impacto se traduce fundamentalmente en una tendencia creciente a diversificar las formas de publicidad, que actualmente la legislaci髇 no recoge, y en la necesidad de evitar que la emergencia de estas nuevas formas conlleve una vulneraci髇 de aspectos y principios b醩icos de regulaci髇.

X

El t韙ulo VII incorpora el tratamiento conjunto de los diversos poderes p鷅licos que han de intervenir sobre el sector, y delimita sus funciones de acuerdo con la l骻ica del nuevo marco regulador. Cabe destacar como principales novedades las competencias de los municipios que derivan del reconocimiento del servicio p鷅lico local de la radio y la televisi髇, y la regulaci髇 de las funciones y las atribuciones del Consejo del Audiovisual de Catalu馻, que la consolidan como instancia b醩ica del ejercicio de las funciones administrativas que establece la ley, especialmente en las relaciones con los operadores.

En cuanto al Consejo del Audiovisual de Catalu馻, y sin perjuicio de lo que establece su ley espec韋ica, la presente ley, como norma general del sector audiovisual, establece los principios b醩icos que lo definen en lo relativo a la naturaleza de dicha instituci髇, su composici髇 y las funciones que debe ejercer. Con relaci髇 a este 鷏timo aspecto, tambi閚 se aprovecha para actualizar y ampliar los poderes de actuaci髇 de la autoridad, incluido el de dictar instrucciones, y el de conceder los correspondientes t韙ulos habilitantes a los prestadores al efecto de otorgar al Consejo del Audiovisual de Catalu馻 algunas potestades indispensables para cumplir las funciones que le atribuye esta ley.

En este mismo sentido, y en coherencia con la condici髇 de instancia principal de ejercicio de las funciones administrativas sobre el sector audiovisual, tambi閚 se considera conveniente que el Consejo del Audiovisual sea el responsable del registro de operadores de servicios de comunicaci髇 audiovisual.

XI

La contribuci髇 al desarrollo del sector audiovisual es uno de los intereses p鷅licos que hay que proteger y que, por tanto, es necesario que regule esta ley, lo cual se concreta en el t韙ulo VIII.

Dicho t韙ulo define los criterios para priorizar las obras audiovisuales catalanas en las pol韙icas de fomento. Cabe destacar, como novedad y por su inter閟, la creaci髇 de un fondo de sostenimiento de la industria audiovisual.

En este 醡bito, esta ley determina otros aspectos, como por ejemplo el establecimiento de las obligaciones de los operadores, las acciones de fomento que pueden adoptar los poderes p鷅licos, las normas de protecci髇 y de digitalizaci髇 del patrimonio audiovisual, y el registro de empresas audiovisuales y cinematogr醘icas.

XII

Finalmente, la presente ley dedica su 鷏timo t韙ulo al r間imen de las actividades de inspecci髇 y al establecimiento del cat醠ogo de infracciones y sanciones.

En cuanto a las actividades de inspecci髇, explicita las actuaciones susceptibles de ser llevadas a cabo por el Consejo del Audiovisual o bien por los 髍ganos competentes de la Administraci髇 de la Generalidad.

En cuanto al r間imen de infracciones y sanciones, esta ley establece un cat醠ogo con las obligaciones y los deberes derivados, en el cual la correspondiente sanci髇 se fija en funci髇 de la relevancia de su incumplimiento, en particular bajo el punto de vista del bien jur韉ico o del derecho afectado. Cabe destacar de una forma particular que las sanciones establecidas no comportan solo la imposici髇 de una multa pecuniaria, sino que tambi閚 pueden consistir en la suspensi髇 temporal de las emisiones -por medio del sistema de la llamada 玴antalla negra�- o, incluso, en el cese definitivo de las emisiones.

En cuanto al procedimiento sancionador, la presente ley solo recoge las especificidades necesarias en el contexto de la normativa audiovisual, teniendo en cuenta que tambi閚 deben ser de aplicaci髇 las normas sobre procedimiento que determinan las leyes generales en materia de r間imen jur韉ico y de procedimiento administrativo.