Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

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Sumario

T閚gase en cuenta que, conforme establece la letra a) del n鷐ero 1 de la disposici髇 adicional primera de爈a Ley 3/2023, 16 marzo, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico para el 2023 (獶.O.G.C.� 17 marzo), las competencias y funciones atribuidas al Instituto Catal醤 de las Mujeres por los art韈ulos 8.3,�33.2.f,�80,�81.1,�82,�85,爈a disposici髇 adicional primera 2 bis y la disposici髇 adicional decimotercera de la presente Ley, pasan a serlo de los 髍ganos del departamento competente en materia de igualdad y feminismos que tienen atribuidas las correspondientes funciones.LE0000749505

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALU袮

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 65 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

PRE罬BULO

I

Las mujeres han sido esenciales en la construcci髇 y defensa de los derechos y las libertades a lo largo de la historia. A pesar de ello, gran parte de nuestras sociedades no ha reconocido el papel hist髍ico de las mujeres y no ha garantizado sus derechos.

La ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista parte de la premisa que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La violencia machista es una grave vulneraci髇 de estos derechos y un impedimento para que las mujeres puedan lograr la plena ciudadan韆, la autonom韆 y la libertad.

La finalidad de la presente ley es establecer los mecanismos para contribuir a la erradicaci髇 de la violencia machista que sufren las mujeres y reconocer y avanzar en garant韆s respecto al derecho b醩ico de las mujeres a vivir sin ninguna manifestaci髇 de esta violencia.

La lucha contra la violencia machista es parte del proceso de las mujeres para hacer efectivos sus derechos y construir un entorno que permita su libre desarrollo. Este trayecto tiene una larga historia en nuestro pa韘, gracias a la cual las mujeres, pese a las situaciones adversas, han desarrollado unos espacios propios de autonom韆.

Esta ley parte, en primer lugar, del reconocimiento de las propias experiencias de las mujeres que han pasado por varias situaciones de violencia, a quienes considera agentes activas en el proceso de transformaci髇 individual y colectiva de nuestra sociedad en cuanto al conocimiento y a la superaci髇 de este conflicto.

Esta ley parte tambi閚 del reconocimiento del papel hist髍ico y pionero de los movimientos feministas. El valor y la riqueza del saber y de las herramientas de an醠isis y de intervenci髇 desarrolladas por los feminismos son fundamentales para comprender el origen de la violencia machista y poder eliminarla. Asimismo, el movimiento de mujeres de Catalu馻 ha jugado un papel esencial en el desarrollo de los derechos y en la creaci髇 de espacios de libertad para las mujeres de nuestro pa韘.

Por lo tanto, las aportaciones realizadas por las mujeres que han sufrido violencia y por los grupos de mujeres que han trabajado y trabajan contra las violencias y las pr醕ticas feministas en defensa de los derechos de las mujeres han sido consideradas de una gran importancia en la elaboraci髇 de esta ley, porque la reclamaci髇 del derecho de las mujeres a vivir sin violencia machista es el resultado de los esfuerzos de miles de mujeres que han denunciado las distintas manifestaciones de esta violencia y han hecho posible, as�, incorporar finalmente este derecho a nuestra estructura jur韉ica.

Es preciso reconocer, asimismo, la importancia hist髍ica y el car醕ter innovador y ejemplar de las actuaciones pol韙icas de los entes locales en el abordaje del fen髆eno, desde la responsabilidad p鷅lica. Los entes locales y supralocales han sido pioneros en el desarrollo de medidas y servicios de informaci髇, atenci髇 o apoyo a las mujeres en situaciones de violencia, han construido espacios de coordinaci髇 con el mundo asociativo y han establecido protocolos de actuaci髇 conjunta que han inspirado buena parte de los contenidos de este texto legal.

La presente ley recoge todas estas experiencias y tiene la voluntad de convertirse en un instrumento activo y efectivo para garantizar los derechos de las mujeres y para poner las herramientas jur韉icas para excluir de nuestra sociedad la violencia machista. La Ley no es un punto final, sino un punto de partida, una parte del proceso que se tendr� que completar con las pr醕ticas de todos los 醡bitos implicados.

Las violencias ejercidas contra las mujeres han sido denominadas con diferentes t閞minos: violencia sexista, violencia patriarcal, violencia viril o violencia de g閚ero, entre otros. En todos los casos la terminolog韆 indica que se trata de un fen髆eno con caracter韘ticas diferentes de otras formas de violencia. Es una violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. La presente ley reconoce el car醕ter espec韋ico y diferenciado de esta violencia y tambi閚 la necesidad de profundizar en los derechos de las mujeres para incluir las necesidades que tienen en el espacio social.

La Ley utiliza la expresi髇 violencia machista porque el machismo es el concepto que de forma m醩 general define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres y que, a su vez, ha impuesto un modelo de masculinidad que todav韆 es valorado por una parte de la sociedad como superior. La violencia contra las mujeres es la expresi髇 m醩 grave y devastadora de esta cultura, que no solo destruye vidas, sino que impide el desarrollo de los derechos, la igualdad de oportunidades y las libertades de las mujeres. Por ello el derecho no puede tratar este problema social desde una perspectiva falsamente neutral, sino que los instrumentos legales deben reconocer esta realidad para eliminar la desigualdad social que genera. Para conseguir la igualdad material y no provocar una doble discriminaci髇, debe partirse de las desigualdades sociales existentes.

La presente ley nace en el contexto de una transformaci髇 de las pol韙icas p鷅licas que tiene el objetivo de enmarcar normativamente la transversalidad de la perspectiva de g閚ero en todos los 醡bitos y que contribuir� a hacer posible el ejercicio de una democracia plena. Se trata, en definitiva, de enfocar el fen髆eno de la violencia machista como un problema vinculado al reconocimiento social y jur韉ico de las mujeres.

La violencia machista se concreta en una diversidad de abusos que sufren las mujeres. A partir de aqu� se distinguen distintas formas de violencia .f韘ica, psicol骻ica, sexual y econ髆ica., que tienen lugar en 醡bitos concretos, en el marco de unas relaciones afectivas y sexuales, en los 醡bitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario. La presente ley trata de las manifestaciones concretas de esta violencia, ya se馻ladas por los movimientos de mujeres y que han sido recogidas por la normativa internacional, europea y estatal.

II

La normativa internacional, europea, estatal, nacional y local ha desarrollado un amplio conjunto de derechos y medidas para erradicar las violencias contra las mujeres.

Es preciso citar, entre otras, la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 contra la mujer (CEDAW), de 1979, y el correspondiente Protocolo facultativo, de 1999. La Convenci髇 reconoce expresamente la necesidad de cambiar las actitudes, mediante la educaci髇 de los hombres y las mujeres, para que acepten la igualdad de derechos y superen las pr醕ticas y los prejuicios basados en los roles estereotipados. El Protocolo establece el derecho de las mujeres a pedir la reparaci髇 por la violaci髇 de sus derechos.

La Conferencia de Derechos Humanos, de Viena, de 1993, proclam� que los derechos humanos de las mujeres y las ni馻s son parte integral de los derechos humanos universales, y subray� la importancia de las tareas destinadas a eliminar la violencia contra las mujeres en la vida p鷅lica y privada.

La Declaraci髇 de Beijing, de 1995, surgida de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, es el documento m醩 completo producido por una conferencia de las Naciones Unidas con relaci髇 a los derechos de las mujeres, ya que incorpora los resultados conseguidos en las conferencias y los tratados anteriores, entre otros, la CEDAW y la Declaraci髇 de Viena. Se acord� la Declaraci髇 sobre la eliminaci髇 de la violencia contra las mujeres, en que por primera vez se reconoce que las causas de la violencia son estructurales, y defini� lo que es 玽iolencia de g閚ero� (art韈ulo 113): 玪a expresi髇 .violencia contra las mujeres. significa cualquier acto de violencia basado en el g閚ero que tiene como resultado, o es probable que tenga como resultado, unos da駉s o sufrimientos f韘icos, sexuales o psicol骻icos para las mujeres, incluyendo las amenazas de dichos actos, la coacci髇 o la privaci髇 arbitraria de la libertad, tanto en la vida p鷅lica como en la privada�. En la Revisi髇 de la Plataforma de acci髇 de Beijing, efectuada en Nueva York el junio de 2000, se dio un nuevo impulso a los compromisos acordados para conseguir la potenciaci髇 del papel de la mujer y la igualdad de g閚eros.

La Resoluci髇 de la Comisi髇 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1997 condena todos los actos de violencia sexista contra la mujer, exige que se elimine la violencia machista en la familia y en la comunidad y exhorta a los gobiernos a actuar para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar a las mujeres unas reparaciones justas y una asistencia especializada.

La Resoluci髇 de la Comisi髇 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2001/49 condena todos los actos de violencia machista contra la mujer, y especialmente la violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto armado.

En el 醡bito europeo, es preciso citar, entre otras, la Resoluci髇 del Parlamento Europeo de septiembre de 1997, conocida como 玊olerancia cero ante la violencia contra las mujeres�, desarrollada en el a駉 1999, y la Decisi髇 marco del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001, sobre el Estatuto de la v韈tima en el proceso penal, que se馻la la importancia de evitar los procesos de victimizaci髇 secundaria y la necesidad de servicios especializados y de organizaciones de apoyo a la v韈tima.

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicaci髇 del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de trabajo y empleo (refundici髇), destaca la relevancia de adoptar medidas para combatir toda clase de discriminaci髇 por raz髇 de sexo en los 醡bitos regulados por esta Directiva, y, en particular, adoptar medidas eficaces para prevenir el acoso y el acoso sexual en el puesto de trabajo.

Durante los 鷏timos a駉s, en el Estado se han producido avances legislativos en materia de lucha contra la violencia machista: la Ley org醤ica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia dom閟tica e integraci髇 social de los extranjeros; la Ley org醤ica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protecci髇 de las v韈timas de la violencia dom閟tica. Esta 鷏tima ley ha supuesto una nueva meta en las medidas adoptadas desde los poderes p鷅licos al regular medidas cautelares especial韘imas sin antecedente alguno en el ordenamiento jur韉ico penal espa駉l. La Ley org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protecci髇 integral contra la violencia de g閚ero, constituye la primera ley integral europea que recoge una respuesta global a las violencias contra las mujeres en las relaciones de pareja, con inclusi髇 de aspectos preventivos, educativos, sociales, laborales, asistenciales, sanitarios y penales. Adem醩, es necesario destacar las leyes aprobadas por varias comunidades aut髇omas, dentro de los respectivos 醡bitos competenciales, para intervenir en el 醡bito de la violencia contra las mujeres.

Por otra parte, los planes espec韋icos contra la violencia machista aparecen a finales de los a駉s noventa, primero en el 醡bito estatal y despu閟 en el 醡bito auton髆ico y el local. Tambi閚 han aparecido otros instrumentos normativos, como los protocolos y los acuerdos interinstitucionales. As�, en 1998 se aprob� el primer Plan del Estado de acci髇 contra la violencia dom閟tica (1998-2000), que articulaba medidas en seis grandes 醨eas, y posteriormente el II Plan integral contra la violencia dom閟tica (2001-2004), cuya aportaci髇 principal es el establecimiento de medidas penales y procesales que dieron lugar a cambios en la legislaci髇 penal.

En Catalu馻, la Ley 11/1989, de 10 de julio, modificada por la Ley 11/2005, de 7 de julio, crea el Instituto Catal醤 de las Mujeres, mediante el cual se han desarrollado varios planes para la igualdad de oportunidades para las mujeres y de prevenci髇 de la violencia machista, y el Plan integral de prevenci髇 de la violencia de g閚ero y de atenci髇 a las mujeres que la sufren (2002-2004), el primero de estas caracter韘ticas en el 醡bito territorial de Catalu馻. En este sentido, es preciso mencionar la experiencia que signific� el primer protocolo interdepartamental de atenci髇 a la mujer maltratada en el 醡bito del hogar (1998), que, con carencias de definici髇 conceptual y de eficacia, fue un intento de establecer unas pautas para facilitar la intervenci髇 en el 醡bito de la violencia contra las mujeres, lo cual ha permitido un trabajo posterior que no ha supuesto partir de cero.

El sexto eje del Plan de acci髇 y desarrollo de las pol韙icas de mujeres en Catalu馻 (2005-2007), que desarrolla el Programa para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres, efect鷄 un reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas, remarca el sistema patriarcal que sostiene y legitima las violencias y establece medidas coordinadas entre diferentes departamentos y administraciones.

A nivel local, algunos municipios de Catalu馻 han elaborado planes o programas espec韋icos contra la violencia machista. Por su parte, ayuntamientos y consejos comarcales han firmado acuerdos con entidades e instituciones para alcanzar circuitos eficientes de actuaci髇 contra la violencia machista.

El Estatuto de Catalu馻 da un trato muy sensible a las mujeres y aborda de forma espec韋ica los derechos de las mujeres ante la violencia machista. As�, en el art韈ulo 19 determina, como derechos de las mujeres, el libre desarrollo de la personalidad y la capacidad personal, y vivir con dignidad, seguridad y autonom韆, libres de explotaci髇, maltratos y todo tipo de discriminaci髇, y m醩 adelante, en el art韈ulo 41.3 establece como uno de los principios rectores de las pol韙icas p鷅licas el deber de garantizar que se haga frente de modo integral a todas las formas de violencia contra las mujeres y a los actos de car醕ter sexista y discriminatorio, y, asimismo, establece el deber de fomentar el reconocimiento del papel de las mujeres en los 醡bitos cultural, hist髍ico, social y econ髆ico, y el de promover la participaci髇 de los grupos y las asociaciones de mujeres en la elaboraci髇 y evaluaci髇 de dichas pol韙icas. Adem醩, en el art韈ulo 153 aborda las pol韙icas de g閚ero disponiendo que corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva de la regulaci髇 de las medidas y los instrumentos para la sensibilizaci髇 sobre la violencia de g閚ero y para su detecci髇 y prevenci髇, as� como la regulaci髇 de servicios y recursos propios destinados a conseguir una protecci髇 integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia. Todo ello, junto con la competencia de la Generalidad de Catalu馻 en materia de conservaci髇, modificaci髇 y desarrollo del derecho civil catal醤, normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Catalu馻 o de las especialidades de la organizaci髇 de la Generalidad, conduce a la necesidad de aprobar la presente disposici髇 legal.

En cuanto al derecho civil de Catalu馻, el Gobierno de la Generalidad, a trav閟 del Observatorio de Derecho Privado de Catalu馻, como 髍gano responsable de efectuar el seguimiento del desarrollo del ordenamiento jur韉ico-civil, para proceder a la modificaci髇 del C骴igo de familia, proceder� a la incorporaci髇 de las modificaciones necesarias para garantizar los objetivos de la presente ley. En este marco, el 30 de enero de 2007 fue aprobado el Proyecto de ley del libro cuarto del C骴igo civil de Catalu馻, relativo a las sucesiones, que aporta una regulaci髇 nueva en el derecho de sucesiones en el sentido de incorporar los supuestos de violencia dom閟tica como causas de indignidad para suceder a la pareja.

III

La Ley se estructura en cuatro t韙ulos, once disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y cinco disposiciones finales.

El t韙ulo I recoge las disposiciones generales de la Ley, en el que se definen las cuestiones b醩icas sobre la violencia machista; el objeto, las finalidades y el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley, y el concepto, las formas de ejercicio y los 醡bitos de manifestaci髇 de la violencia machista, tanto en el espacio p鷅lico como en el privado. Ello responde a la idea de que las formas de violencia machista son m鷏tiples, desde una violencia directa, vejatoria, como son los maltratos, que pueden incluir la agresi髇 f韘ica, psicol骻ica y sexual, hasta la violencia econ髆ica y la explotaci髇 de las mujeres, entre otras. Este t韙ulo asienta los principios que deben orientar las intervenciones de los poderes p鷅licos para erradicar esta violencia y que han regido la elaboraci髇 del articulado, que son, entre otros, la integralidad, la transversalidad y el compromiso de todos los poderes p鷅licos implicados con el fin de dar una respuesta firme y contundente y garantizar un trato adecuado y efectivo del derecho de las mujeres a no ser discriminadas y a vivir con autonom韆 y libertad, rompiendo con la visi髇 puramente asistencialista.

Es preciso acometer la violencia machista como una vulneraci髇 de los derechos humanos, teniendo en cuenta la naturaleza multicausal y multidimensional, por lo que la respuesta debe ser global y obligar a todos los sistemas. Al mismo tiempo, la integralidad y la transversalidad de las medidas exigen que cada organismo implicado defina acciones espec韋icas desde el 醡bito respectivo de intervenci髇, siempre de acuerdo con dicho modelo de intervenci髇. En esta l韓ea, la Ley establece que todas las actuaciones que se lleven a cabo para garantizar los derechos y las medidas que regula tengan en cuenta las particularidades territoriales, culturales, religiosas, personales, socio-econ髆icas y sexuales de la diversidad de mujeres a las que van destinadas, dando por sentado que ninguna particularidad justifica la vulneraci髇 de los derechos fundamentales de las mujeres. Asimismo, la complejidad de las estrategias necesarias en la lucha contra la violencia machista requiere establecer mecanismos de colaboraci髇 y cooperaci髇 entre las distintas administraciones p鷅licas implicadas, as� como fomentar la participaci髇 y la colaboraci髇 de las entidades y las organizaciones sociales, en especial los consejos y las asociaciones de mujeres.

El t韙ulo II regula la prevenci髇, la detecci髇 y la erradicaci髇 de la violencia machista. El cap韙ulo 1 configura la investigaci髇 como herramienta b醩ica de actuaci髇, que obliga al Gobierno de la Generalidad a garantizar la suficiencia de medios para asegurar que se lleve a cabo en todos los 醡bitos relacionados con la violencia machista. La promoci髇 de esta investigaci髇 debe ser liderada e impulsada transversalmente por el Instituto Catal醤 de las Mujeres. En cuanto a la sensibilizaci髇 social, el cap韙ulo 2 determina las actuaciones que es preciso impulsar peri骴icamente para optimizar el conjunto de medidas y recursos que establece la Ley; el cap韙ulo 3 recoge la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de desarrollar las acciones necesarias para detectar e identificar las situaciones de riesgo, as� como para intervenir mediante los protocolos espec韋icos de actuaci髇. En este 醡bito de la detecci髇, la Ley obliga a todas las personas profesionales, especialmente las de la salud, de los servicios sociales y de la educaci髇, a intervenir cuando tengan conocimiento de una situaci髇 de riesgo o de una evidencia fundamentada de violencia machista, de acuerdo con los protocolos espec韋icos y en coordinaci髇 con los servicios de la Red de Atenci髇 y Recuperaci髇 Integral. El cap韙ulo 4 regula la actuaci髇 de las pol韙icas p鷅licas en el 醡bito educativo incorporando la coeducaci髇 como elemento fundamental en la prevenci髇 de la violencia machista. El objetivo fundamental de la educaci髇 es proporcionar una formaci髇 integral que haga disminuir el sexismo y el androcentrismo y que haga visibles y extienda a toda la poblaci髇 escolar los saberes femeninos que han sido marginados del curr韈ulum y de la vida escolar cotidiana. El cap韙ulo 5 define la formaci髇 y la capacitaci髇 obligatorias de todas las personas profesionales que intervienen directa e indirectamente en procesos de violencia, y obliga a las administraciones p鷅licas de Catalu馻 a dise馻r programas de formaci髇 a tal fin. El cap韙ulo 6 contiene las medidas espec韋icas destinadas a los medios de comunicaci髇, que en el campo de la publicidad deben seguir la obligaci髇 de respetar la dignidad de las mujeres y la prohibici髇 de generar y difundir contenidos que justifiquen o banalicen la violencia machista o inciten a su pr醕tica, tanto si se exhiben en medios p鷅licos como en privados. Estas medidas se hacen extensibles a la publicidad institucional y din醡ica en Catalu馻. Finalmente, el cap韙ulo 7 incorpora medidas en el 醡bito social para combatir el acoso sexual y el acoso por raz髇 de sexo en el trabajo.

El t韙ulo III regula todos los derechos de las mujeres a la prevenci髇, la atenci髇, la asistencia, la protecci髇, la recuperaci髇 y la reparaci髇 integral, que pasan a ser el n鷆leo central de los derechos de las mujeres en situaciones de violencia machista. El cap韙ulo 1 determina el derecho a la protecci髇 efectiva, al que vincula a los cuerpos de polic韆 auton髆ica y local, los cuales deben vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los 髍ganos judiciales. En el 醡bito sanitario, el cap韙ulo 2 reconoce el derecho a la atenci髇 y la asistencia sanitarias especializadas mediante la red de utilizaci髇 p鷅lica, as� como la aplicaci髇 de un protocolo de atenci髇 y asistencia en los diferentes niveles y servicios, que debe contener un protocolo espec韋ico para las mujeres que han sufrido una agresi髇 sexual. El cap韙ulo 3 recoge los derechos de atenci髇 y reparaci髇 en distintos 醡bitos, de vivienda, de empleo y formaci髇 ocupacional, de asistencia jur韉ica y de prestaciones econ髆icas. Es preciso resaltar los mecanismos previstos para posibilitar el acceso a los derechos de reparaci髇 establecidos en este cap韙ulo. Varios estudios han demostrado que muchas mujeres que sufren esta violencia no pueden ejercer plenamente sus derechos sin pasar por la acreditaci髇 penal de la violencia. Por esta raz髇, el texto ampl韆 el abanico de posibilidades de identificaci髇 de la violencia machista.

En cuanto a los derechos de reparaci髇, el derecho de acceso a una vivienda se concreta en el acceso prioritario a las viviendas de promoci髇 p鷅lica. Otra medida importante es el derecho al empleo y a la formaci髇 ocupacional, y en este sentido la Ley regula una serie de medidas, como por ejemplo el establecimiento de subvenciones para la contrataci髇 de este colectivo de mujeres. En el 醡bito econ髆ico, se han incluido en este cap韙ulo varias ayudas, porque se considera que son imprescindibles para las mujeres con una desventaja social y econ髆ica m醩 elevada, aunque no deben concebirse como elemento aislado, sino como un instrumento m醩 para desarrollar los derechos de las mujeres. Las prestaciones econ髆icas deben ser suficientes para restablecer una vida digna de las mujeres y deben tener la duraci髇 necesaria para favorecer su recuperaci髇 e inserci髇 en el mundo laboral y su restituci髇 al lugar que les corresponde en la sociedad. Los procesos de recuperaci髇 .que incluyen a las hijas e hijos de las mujeres. son largos y costosos. La recuperaci髇 va m醩 all� de la separaci髇 del agresor, de la inserci髇 laboral y de la restituci髇 de la autoestima. La recuperaci髇 es el proceso personal y social que efect鷄 una mujer, incluida la reparaci髇, a trav閟 del cual se produce el restablecimiento de los 醡bitos da馻dos por la situaci髇 vivida, en todas las 醨eas, para restablecer todas las capacidades y potencialidades que esta violencia le ha sustra韉o.

La Ley tambi閚 recoge el derecho a acceder a la asistencia jur韉ica, a percibir la renta m韓ima de inserci髇 y las ayudas escolares teniendo en cuenta exclusivamente los ingresos y rentas individuales de cada mujer, con los l韒ites establecidos por la legislaci髇 aplicable.

Otro aspecto importante de la presente ley es la constituci髇 de un fondo de garant韆 de pensiones y prestaciones para cubrir el impago de pensiones alimenticias y compensatorias, introducido por el art韈ulo 44 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias. Este fondo, que debe operar con car醕ter de anticipo, debe activarse cuando exista la constataci髇 judicial de incumplimiento del deber de satisfacer las pensiones, lo cual conlleva una situaci髇 de precariedad econ髆ica.

Cabe destacar el cap韙ulo 4 de dicho t韙ulo III, que obliga al Gobierno de la Generalidad a desarrollar modelos de intervenci髇 integral en todo el territorio de Catalu馻, mediante una red de servicios de calidad en todos los 醡bitos, que sea capaz de dar respuestas adecuadas, 醙iles, pr髕imas y coordinadas a las necesidades de las mujeres que est醤 en situaciones de violencia machista. Dicho cap韙ulo, pues, regula la Red de Atenci髇 y Recuperaci髇 Integral para las mujeres en situaciones de violencia machista, y establece los recursos y servicios que deben integrarla y las personas a las que se destinan, en funci髇 de la especificidad de la violencia machista. Todos los recursos y servicios p鷅licos recogidos en el art韈ulo 54.2 tienen car醕ter gratuito. Finalmente, se concreta la creaci髇 y gesti髇 de los servicios de la Red en funci髇 de las respectivas competencias de las administraciones p鷅licas de Catalu馻.

El cap韙ulo 5 recoge las acciones de los poderes p鷅licos en situaciones espec韋icas. De este modo la Ley pretende eliminar las barreras que dificultan el acceso a los servicios y las prestaciones a las mujeres que se hallan en estas situaciones. Se se馻lan, pues, medidas espec韋icas para las mujeres en varias situaciones o 醡bitos: inmigraci髇, prostituci髇, mundo rural, vejez, transexualidad, discapacidad, virus de inmunodeficiencia humana, etnia gitana y centros de ejecuci髇 penal. Merece una menci髇 espec韋ica la obligaci髇 del Gobierno de la Generalidad de promover la mediaci髇 comunitaria en las familias cuando exista riesgo de mutilaciones genitales. En este supuesto debe contar con mecanismos sanitarios de intervenci髇 quir鷕gica para poder hacer frente a la demanda de las mujeres que quieran revertir los efectos de la mutilaci髇 practicada, as� como mecanismos de apoyo psicol骻ico, familiar y comunitario.

El t韙ulo IV, bajo la r鷅rica 獶e las competencias, la organizaci髇 y la intervenci髇 integral contra la violencia machista�, delimita en el cap韙ulo 1 las disposiciones generales sobre el r間imen competencial y la coordinaci髇 y colaboraci髇 interadministrativas, y en el cap韙ulo 2 concreta las competencias de la administraci髇 auton髆ica y la administraci髇 local. A su vez, la Ley determina que el Instituto Catal醤 de las Mujeres, adem醩 de cumplir todas las funciones que tiene atribuidas por la legislaci髇 vigente, es el instrumento vertebrador para hacer frente a la violencia machista. Este instituto debe liderar, por lo tanto, las pol韙icas del Gobierno contra la violencia machista; debe dise馻rlas e impulsarlas con los dem醩 departamentos implicados y, en s韓tesis, debe velar por la adecuaci髇 de los planes y programas que se lleven a cabo, coordinando y garantizando el trabajo transversal en todos los 醡bitos. En este sentido, se crea el Centro de Estudios, Investigaci髇 y Capacitaci髇 sobre Violencia Machista, como 髍gano dependiente del Instituto Catal醤 de las Mujeres, que se configura como herramienta permanente de estudios e investigaci髇 sobre la violencia machista y de formaci髇 y capacitaci髇 de profesionales. Se crea tambi閚 la Comisi髇 Nacional para una Intervenci髇 Coordinada contra la Violencia Machista, como 髍gano espec韋ico de coordinaci髇 institucional, impulso, seguimiento, control y evaluaci髇 de las actuaciones en el abordaje de la violencia machista.

En consonancia con el art韈ulo 41.3 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, que establece, como principio rector de la actividad de los poderes p鷅licos de Catalu馻, la necesidad de garantizar que se aborden de forma integral todas las formas de violencia contra las mujeres, el cap韙ulo 3 de la Ley establece que el Instituto Catal醤 de las Mujeres elabore los programas de intervenci髇 integral contra la violencia machista como instrumentos de planificaci髇 que recogen el conjunto de objetivos y medidas que el Gobierno debe implantar en la erradicaci髇 de esta violencia y que deben incluirse en el marco general de las pol韙icas de mujeres. La violencia machista est� profundamente arraigada en las estructuras sociales, por este motivo es preciso partir de la consideraci髇 del car醕ter estructural y de la naturaleza multidimensional de esta violencia. Estos programas deben ser aprobados por el Gobierno con una vigencia de cuatro a駉s. Las administraciones locales y las entidades de mujeres deben participar en la elaboraci髇, seguimiento y evaluaci髇 de los programas. En este sentido, los protocolos para una intervenci髇 coordinada contra la violencia machista resultan mecanismos de apoyo y coordinaci髇 de las instituciones y los distintos agentes implicados en la materia. Finalmente, se recogen las especificidades en cuanto a la participaci髇 y fomento de los entes locales y los consejos y asociaciones de mujeres.

Las disposiciones adicionales recogen las distintas modificaciones de preceptos de leyes vigentes necesarias para su acomodaci髇 a las exigencias y disposiciones de la presente ley, as� como la revisi髇 de los curr韈ulos educativos en el marco de la acci髇 coeducadora, establecida por la Ley. Junto con estas modificaciones del ordenamiento, se incluyen tambi閚 regulaciones espec韋icas relativas a la responsabilidad de la Administraci髇 de la Generalidad de garantizar los recursos necesarios para dar el cumplimiento adecuado a la ordenaci髇 y provisi髇 de las acciones y los servicios que establece la presente ley, y dotar un fondo econ髆ico espec韋ico anual a favor de los entes locales.

Las disposiciones transitorias establecen que debe evaluarse el impacto social de la Ley, as� como la potestad del Gobierno de la Generalidad de actualizar los servicios de la Red.

Las disposiciones finales habilitan para el desarrollo reglamentario de los preceptos de la Ley y establecen que el Gobierno debe desempe馻r y regular el Fondo de garant韆 de pensiones y prestaciones para cubrir el impago de pensiones alimenticias y compensatorias, y que debe efectuar las previsiones presupuestarias necesarias para atender las prestaciones econ髆icas y las prestaciones de servicios reconocidos, y, finalmente, la entrada en vigor de la Ley.