Sumario

Ley 6/1992, 18 diciembre, derogada por el punto segundo de la disposición derogatoria de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 4/2015, de 24 marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León («B.O.C.L.» 30 marzo) el 19 de abril de 2015.

Preámbulo

La gran importancia de las aguas continentales de la Comunidad, por la longitud de sus ríos y superficie de sus embalses, por su volumen y calidad, por la diversidad de las especies que las pueblan y por el valor de la vegetación de sus riberas y márgenes, hacen de Castilla y León lugar privilegiado en cuanto a su ecosistema acuático se refiere y a la riqueza piscícola que alberga.

Complejas y variadas causas están produciendo un progresivo y rápido deterioro, especialmente en los últimos años, que amenaza al ecosistema acuático en su conjunto y a la propia persistencia de la fauna en general y, en particular, de las especies autóctonas más valiosas.

La contaminación de las aguas por vertidos, la construcción de presas, canalizaciones y desviaciones de cauces, los dragados de ríos y arroyos, la extracción de áridos, la eliminación de la vegetación ripícola y subacuática y el furtivismo, entre otras actividades humanas, están incidiendo de manera decisiva sobre la vida acuática dando lugar a alteraciones sustanciales y negativas de difícil o imposible reparación.

Por otra parte, la pesca fluvial ha perdido interés como fuente de recursos alimentarios para orientarse a demandas de tipo recreativo, deportivo, de contacto del hombre con la naturaleza y de ocio. Pero, además, en la sociedad existe una creciente preocupación por la protección del medio ambiente y se percibe la importancia de las poblaciones acuáticas como indicador insustituible de la calidad del agua, bien escaso, valioso y esencial para la vida humana.

A lo anterior hay que agregar que las funciones y servicios en la materia, han sido transferidas a las Comunidades autónomas y que en los últimos años se ha producido la promulgación de Leyes como la de Aguas, de 2 de agosto de 1985, y la de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo de 1989, así como Directivas de la Comunidad Económica Europea, en especial la relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora con el fin de ser aptas para la vida de las especies, sin olvidar los Convenios Internacionales suscritos por España o la propia normativa de Castilla y León, como su Ley de Espacios Naturales, de 10 de mayo de 1991, en la que se regulan los Catálogos de zonas húmedas y riberas, que vienen a aportar nuevas concepciones a aspectos relacionados con los ecosistemas acuáticos y la pesca.

La normativa actual, tras cincuenta años de vigencia, no da respuesta a los problemas y cambios apuntados y aunque la mayor parte de sus principios inspiradores siguen siendo válidos, algunos han quedado obsoletos y precisan su puesta al día.

Urge, por todo ello, la revisión y actualización de la legislación en la materia, cumpliendo así con el artículo 45.2 de la Constitución Española que obliga a los poderes públicos a velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

Tiene la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 26.1.10 de su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza, así como la de dictar normas adicionales de protección del ecosistema en que se desarrollan dichas actividades.

La presente Ley se inspira en los siguientes principios:

• 1. Las aguas continentales forman parte del dominio público hidráulico.
• 2. La riqueza de los ecosistemas acuáticos tiene la consideración de bien común, no privado.
• 3. La pesca tiene un marcado carácter social.
• 4. Trasparencia en la gestión del recurso y establecimiento de cauces de participación de los distintos afectados.

La Ley se estructura en seis títulos, divididos en capítulos y éstos en artículos, en dos disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y otra final.

En el título preliminar se recogen el objeto y principios que inspiran la misma.

El título I se dedica a la protección y mejora de los ecosistemas acuáticos, con la novedad de establecer un régimen de caudales ecológicos, procurando evitar los impactos, controlando las actuaciones en cauces y márgenes, definiendo y regulando los vertidos y, en general, adecuando el medio para las mejores condiciones de vida de la fauna y flora acuáticas.

El título II se encarga de la conservación y fomento de las especies, poniendo especial énfasis en la disposición anual de pesca y creando las figuras de Zonas de Regeneración de la Fauna y Zonas de Reserva Genética, exigiendo la realización de un estudio hidrobiológico de las aguas como previo a cualquier repoblación.

El título III regula la acuicultura.

El título IV se dedica a la ordenación y gestión de la pesca, estableciendo la necesidad de un Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos, desarrollado en los correspondientes Planes Técnicos de Gestión y creando el Censo de Poblaciones Acuáticas para mantener una información actualizada. También trata de las licencias, permisos, Consejos de Pesca y Asociaciones de Pescadores.

El título V tipifica las infracciones, actualiza las sanciones y regula el procedimiento sancionador, creando, como novedad, un Registro de infractores.

Por último, existen tres anexos que contienen, respectivamente, los parámetros de calidad exigibles a las aguas continentales para ser aptas para la vida de los peces, las dimensiones mínimas de la fauna y su determinación y el valor de algunas especies acuáticas para el cálculo de indemnizaciones.