Artículo 27 Concepto

1. Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por:

• a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.
• b) La prestación de servicios, en su caso entrega de bienes o realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
  • Que los servicios o las actividades no sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.
  • Que los servicios o las actividades sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, por no implicar intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación de autoridad o bien por no tratarse de servicios en los que esté declarada la reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

2. A efectos de lo dispuesto en la letra b) del número anterior no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados:

• a) Cuando les venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
• b) Cuando constituya condición previa para realizar cualquier actividad u obtener derechos o efectos jurídicos determinados.

Artículo 28 Ambito de aplicación

Esta Ley será aplicable a los precios por bienes vendidos o servicios prestados que tengan lugar en el territorio de la Comunidad Autónoma, siempre que la imposición sobre tales hechos sea competencia de la Junta de Castilla-La Mancha.

Artículo 29 Cuantía

1. La cuantía de los precios públicos se establecerá a un nivel que cubra como mínimo los costes económicos del bien vendido, o del servicio o actividad prestados o que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos.

2. En los supuestos de utilización privativa o de aprovechamiento especial del dominio público el importe del precio público se fijará tomando como referencia el valor de mercado correspondiente.

3. Cuando existan razones sociales, benéficas o culturales que así lo aconsejen, el Consejo de Gobierno podrá señalar precios públicos inferiores al coste, siempre que existan consignadas en el presupuesto de la Comunidad Autónoma dotaciones suficientes para cubrir la parte subvencionada.

4. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada una destrucción o deterioro del dominio público no prevista en la Memoria económico-financiera referida en el artículo siguiente, el beneficiario, sin perjuicio del pago del precio público correspondiente, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños fuesen irreparables la indemnización consistirá en una cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

Artículo 30 Fijación

1. Los bienes, servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos se determinarán por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a propuesta conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería que los preste o de la que dependa el Organismo correspondiente.

2. Determinados los servicios y actividades retribuibles mediante precios públicos, procede la fijación o revisión de las cuantías por las Consejerías que los gestionen y, a tal efecto, se acompañará una Memoria economico-financiera que justifique el importe de los mismos. Dicha Memoria se realizará por dicha Consejería previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 31 Administración y cobro

1. La administración se realizará por las Consejerías, Organismos o Entes a quienes corresponda la prestación de los servicios o la realización de las actividades o que intervengan en la cesión de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

2. Los precios públicos podrán exigirse desde que se efectúe la entreda de bienes, se conceda la utilización privativa o aprovechamiento espedial del dominio público o se inicie la prestación de servicios que justifican su exigencia.

3. Podrá establecerse la anticipación del pago o depósito previo del importe total o parcial de los precios públicos.

4. Las deudas por precios públicos podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se haya podido conseguir su cobro, a pesar de haberse realizado las gestiones oportunas.

Al término de dicho período, las Consejerías o Entes que hayan de percibir el cobro podrán solicitar de la Consejería de Economía y Hacienda que se proceda al cobro de los precios por el procedimiento de apremio y, a tal efecto, acompañarán la correspondiente relación de deudores y los justificantes acreditativos de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Con respecto a lo no establecido expresamente en esta Ley en relación a la administración y cobro, será de aplicación la Ley General Tributaria y Ley General Presupuestaria y demás normas aplicables por razón de materia.

Artículo 32 Pago fraccionado o aplazado

La Consejería de Economía y Hacienda, previa solicitud del obligado al pago, tramitada a través y previo informe de los Centros Gestores correspondientes, podrá autorizar el pago aplazado o fraccionado del precio público siempre que se garantice suficientemente el pago por cualquiera de los medios previstos en la Ley General Tributaria y disposiciones concordantes.

Artículo 33 Reclamaciones y recursos

Los actos administrativos que se produzcan sobre precios públicos son susceptibles de recurso potestativo o de reclamación económico-administrativa ante el Organo correspondiente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 34 Devolución

Procederá devolución de los importes pagados cuando, por causas no imputables al obligado al pago, no se realice la actividad, no se preste el servicio o no tenga lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Artículo 35 Prescripción

Los derechos y acciones derivados de los precios públicos prescriben a los cinco años de su obligación de pago.