Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios

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Sumario

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 1/2006, DE 7 DE MARZO, DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

PRE罬BULO

I

En ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo y ejecuci髇 en materia de defensa de consumidores y usuarios, recogidas en el Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, la Ley de Cantabria 6/1998, de 15 de mayo, de Estatuto del Consumidor y Usuario en Cantabria, supuso la primera regulaci髇 auton髆ica de esta materia con rango legal. Su utilidad pr醕tica ha sido generalmente reconocida, y durante los 鷏timos tiempos ofreci� un razonable soporte normativo a la actuaci髇 administrativa dirigida a la protecci髇 y tutela de los derechos de los consumidores en Cantabria. Sin embargo, transcurridos ya varios a駉s desde su entrada en vigor, se hace ineludible abordar una reforma en profundidad de su texto con la finalidad de adaptarlo a las nuevas necesidades sociales y a las m醩 recientes t閏nicas jur韉icas de salvaguarda patrimonial.

II

La Ley no busca 鷑icamente la protecci髇 y defensa de los consumidores, sino que tambi閚 persigue su educaci髇 y formaci髇. Para ello resulta esencial perfeccionar el concepto de consumidor -pieza basilar del engranaje normativo- definiendo su alcance con precisi髇 y acotando rigurosamente sus l韒ites, con la finalidad de identificar con seguridad en cada caso los sujetos incluidos en su 醡bito de aplicaci髇.

Se suprime la referencia, presente en la Ley anterior, al necesario uso particular o colectivo que el consumidor ha de hacer de los bienes o servicios que adquiere, pero introduciendo simult醤eamente la exigencia de que tal utilizaci髇 sea ajena a cualquier actividad comercial o profesional. De esta forma se sustituye un l韒ite positivo -el necesario uso dom閟tico- por uno negativo -la ausencia de utilizaci髇 profesional-, lo que facilita y aclara la interpretaci髇 del precepto haciendo que ni siquiera sea cuestionable que, v. gr., una persona que adquiera un bien con la finalidad de regalarlo posteriormente se encuentre efectivamente protegida por la nueva Ley. Adem醩, se ha puesto especial cuidado en introducir el adverbio 玤eneralmente� para extender la protecci髇 legal a aquellos consumidores que realizan una operaci髇 en el mercado con car醕ter espor醖ico o eventual. No por ello dejan de ser merecedores de la protecci髇 legal, ya que su nivel de diligencia sigue siendo el de un buen padre de familia y no el de un ordenado empresario, manteniendo por tanto una situaci髇 de debilidad en relaci髇 con aquel que les hubiera facilitado el bien.

La Ley introduce un concepto negativo de consumidor que no exist韆 en la Ley anterior, cuyo precedente puede encontrarse en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (art韈ulo 1.3). La novedad estriba en que, a diferencia de la Ley estatal, la nueva Ley de Cantabria elimina la cl醩ica t閏nica de exclusi髇 negativa -玸in constituirse en destinatarios finales�- sustituy閚dola por la fijaci髇 de un par醡etro positivo consistente en haber integrado los bienes en un proceso de fabricaci髇, comercializaci髇 o prestaci髇 dirigido al mercado. As� se ensancha sustancialmente el 醡bito protector de la Ley. Por un lado, quedan protegidos aquellos sujetos que utilizan los bienes adquiridos para realizar labores de transformaci髇 en el orden dom閟tico, personal o familiar. Por otro lado, la inclusi髇 del adverbio 玴rincipalmente� permite -contrario sensu- extender la protecci髇 legal a todos aquellos que adquieran un bien para su uso personal o familiar aunque tambi閚 lo utilicen -pero solo espor醖icamente- en su negocio o empresa. Naturalmente, continuar� excluido de la protecci髇 legal el empresario que haga exactamente lo contrario. La ex間esis casu韘tica que deba desarrollar el texto legal se ver� sobradamente compensada por el incremento de la protecci髇 que dispensar� a muchos ciudadanos, todav韆 carentes de ella.

La Ley manifiesta una marcada sensibilidad hacia los denominados 玞olectivos especialmente protegidos�, tanto en su delimitaci髇 conceptual como en el r間imen jur韉ico establecido para su particular protecci髇 y tutela, que exige un significativo incremento de la intensidad con que deben actuar las Administraciones p鷅licas. La principal novedad consiste en incluir en dichos colectivos tanto a las personas desempleadas, colectivo especialmente vulnerable frente al fraude, como a las personas que se encuentren temporalmente desplazadas de su residencia habitual (v. gr.: turistas), especialmente relevantes para la econom韆 de Cantabria.

III

La Ley incorpora un cat醠ogo exhaustivo de derechos de los consumidores y usuarios, cuyos aspectos m醩 novedosos se centran alrededor de tres grandes cuestiones. En primer lugar, la Ley incluye en su 醡bito de aplicaci髇 la protecci髇 de los consumidores frente a los riesgos que amenacen su salud y seguridad colectivas regulando la defensa respecto de aquellos riesgos que amenacen al medio ambiente, al desarrollo sostenible y a la calidad de vida. En segundo lugar, se reconoce el derecho de los consumidores a recibir una informaci髇 veraz y completa en relaci髇 con los productos que adquieren o los servicios que contratan. En tercer lugar, y como corolario, tambi閚 se dispone que la formaci髇 y educaci髇 de los consumidores debe ser suficiente para la satisfacci髇 de sus necesidades en el tr醘ico econ髆ico.

Se quiere proteger a los consumidores y usuarios de todos los da駉s que pueda causarles el uso o consumo de cualquier bien o servicio comercializado en el territorio de Cantabria, sincronizando la tutela de los consumidores con las posibilidades reales de actuaci髇 de las Administraciones p鷅licas. A 閟tas les corresponde velar para que los sujetos que intervienen en el proceso de producci髇, fabricaci髇, elaboraci髇 y comercializaci髇 informen correctamente a los consumidores. Pero tambi閚 deben ejercer una adecuada vigilancia, control e inspecci髇 con la finalidad de impedir y, en su caso, sancionar todas las actuaciones relacionadas con cualesquiera productos que no cumplan las condiciones exigidas legalmente para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios, incluida la inmediata inmovilizaci髇, retirada o suspensi髇 de la comercializaci髇 de las mercader韆s. Esta obligaci髇 se regula con mayor rigor cuando se trata de bienes de uso o consumo com鷑, ordinario y generalizado, estableciendo adem醩 una obligaci髇 general de colaboraci髇 de los empresarios con la Administraci髇 que, en determinadas circunstancias, puede llegar a recaer sobre los administradores de las personas jur韉icas.

Otra novedad significativa es que, junto a la tradicional protecci髇 de los intereses econ髆icos de los consumidores, la Ley tambi閚 se ocupa de proteger los intereses sociales. En este sentido, las Administraciones p鷅licas, en el marco de sus respectivas competencias, deber醤 promover y desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el acceso de los consumidores y usuarios a los bienes de consumo en condiciones de equilibrio e igualdad. La misma obligaci髇 les incumbe en orden a asegurar el mantenimiento del equilibrio de las prestaciones en las relaciones econ髆icas que mantengan los consumidores y usuarios con cualesquiera entidades o sociedades -p鷅licas y privadas- que tengan la condici髇 de gestoras de servicios p鷅licos que dependan de ellas.

La Ley quiere potenciar decididamente el arbitraje de consumo. Para ello se establece que las Administraciones p鷅licas est醤 obligadas a fomentar y potenciar el Sistema Arbitral de Consumo dot醤dolo de los medios materiales y humanos necesarios para su desarrollo eficiente y su conocimiento por los interesados. A tal efecto propiciar醤 que las entidades o sociedades que dependan de ellas, o que gestionen servicios p鷅licos, o que resulten adjudicatarias de contratos p鷅licos, formalicen su adhesi髇 a este arbitraje sectorial.

Especial atenci髇 recibe el derecho a la informaci髇, en la medida que constituye uno de los instrumentos m醩 apropiados para la protecci髇 de los consumidores y usuarios. La Ley elabora un nuevo concepto de comunicaci髇 comercial que -apuntando m醩 all� de la idea tradicional de 玴ublicidad�- pretende lograr la tutela de los principios de veracidad y lealtad, as� como el respeto a la dignidad y a los derechos inherentes a la persona. De este modo, adem醩 de establecer como regla la vinculaci髇 contractual de la oferta publicitaria, se dise馻n actuaciones eficaces contra la publicidad enga駉sa, y se especifica la protecci髇 frente a la publicidad il韈ita, incluyendo como especialmente perseguibles las cada vez m醩 frecuentes pr醕ticas publicitarias pseudosanadoras y pseudocient韋icas. Imperativa y exhaustiva es la regulaci髇 legal de las comunicaciones comerciales en el mercado inmobiliario de nueva edificaci髇, que tienen el prop髎ito de eliminar los actuales niveles de fraudulencia estableciendo un conjunto sistem醫ico de obligaciones a cargo de los promotores. Tambi閚 se presta especial atenci髇 en el articulado legal a la informaci髇 en materia de precios, procurando que los consumidores y usuarios dispongan de una informaci髇 visible, clara y transparente sobre el precio final de adquisici髇 y utilizaci髇 del bien o servicio.

En lo que se refiere al derecho a la educaci髇 y formaci髇, destaca como novedad la inclusi髇 de la educaci髇 en materia de consumo como asignatura en el dise駉 curricular de los diferentes niveles de la ense馻nza reglada. Por otro lado, la Ley no se limita a disponer el fomento de los ya tradicionales valores ecol骻icos, sino que promueve abiertamente los valores sociales y 閠icos en los h醔itos de compra, uso, disfrute y eliminaci髇 de los bienes y servicios, alentando, v. gr., el comercio justo o el rechazo a las marcas que utilizan mano de obra infantil. De igual manera se quiere potenciar la utilizaci髇 de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 y del conocimiento (TICs) tanto en materia de educaci髇 como de formaci髇, y se prev� la formaci髇 continuada del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas con especial referencia a los miembros de los Cuerpos de Polic韆 Local, cuya proximidad al ciudadano permitir� a los poderes p鷅licos realizar una eficac韘ima labor de protecci髇.

En materia de representaci髇, audiencia y participaci髇, la Ley considera esencial la potenciaci髇 y modernizaci髇 de la funci髇 y estructura propia de las asociaciones de consumidores, dot醤dolas de la m醲ima transparencia en su funcionamiento y facilitando su acceso a fondos p鷅licos para financiar suficientemente su actividad central para la defensa de los consumidores y usuarios. Tambi閚 se contempla la creaci髇 del Consejo C醤tabro de Consumo como principal 髍gano de consulta y participaci髇 en materia de consumo en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

IV

La Ley potencia la actuaci髇 administrativa en materia de inspecci髇, control y vigilancia, extendi閚dola incluso a la adopci髇 de medidas cautelares en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Asimismo, se establecen las bases para conseguir una actuaci髇 coordinada en esta materia entre la Administraci髇 auton髆ica y las entidades locales.

La finalidad que se persigue no es 鷑icamente el control del funcionamiento del mercado. Tambi閚 se pretende orientar, asesorar e informar a los diferentes agentes que act鷄n en su seno, as� como colaborar en cuantos procedimientos administrativos o jurisdiccionales estuvieren en tramitaci髇.

Especial inter閟 tiene la promoci髇 y desarrollo de actuaciones de vigilancia, control e inspecci髇 en los diversos estadios del proceso de fabricaci髇 o comercializaci髇 de cualesquiera bienes o servicios. De este modo se pretende eliminar eficazmente del mercado todo bien o servicio que no cumpla las condiciones exigidas legalmente para garantizar y proteger los derechos e intereses de los consumidores y usuarios contemplados en la presente Ley. En este sentido, se regula detalladamente el r間imen jur韉ico de la Inspecci髇 de Consumo, estableciendo con precisi髇 tanto sus funciones cuanto los instrumentos de que dispone para su adecuado desarrollo, y situando el eje central de su disciplina normativa en el establecimiento para los sujetos inspeccionados de un deber general de permitir y facilitar el ejercicio de las funciones de inspecci髇, as� como de suministrar cuanta informaci髇 relevante fuere solicitada por los inspectores. Tambi閚 se regulan las actas de inspecci髇 y las hojas de reclamaciones y denuncias.

V

La potestad sancionadora que corresponde principalmente -aunque no de manera exclusiva- al Gobierno de Cantabria, se regula con el objetivo principal de dar efectividad al cat醠ogo de derechos y obligaciones enunciados a lo largo del texto articulado, siempre con arreglo a los par醡etros trazados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero. Si la Ley desatendiera las consecuencias que se derivan del incumplimiento de sus preceptos positivos, acabar韆 convirti閚dose en derecho puramente potestativo para los empresarios, o incluso en simple ret髍ica program醫ica. Por este motivo se opta decididamente por la eficacia pr醕tica de los derechos legalmente reconocidos acometiendo justamente aquello que no hab韆 abordado la Ley anterior: la realizaci髇 de una aut閚tica -y propia- labor de tipificaci髇 casu韘tica capaz de detallar rigurosamente la descripci髇 de las conductas sancionables, la especificaci髇 de las sanciones previstas, la determinaci髇 de los sujetos responsables, y los criterios precisos para calificar la gravedad de las infracciones (leves, graves y muy graves), as� como el correlativo alcance de las sanciones que 閟tas han de llevar aparejadas, que deber醤 ser en todo caso razonables y proporcionadas. Adem醩, y seg鷑 las circunstancias del caso, las distintas sanciones pecuniarias predeterminadas en esta Ley podr醤 ser objeto de graduaci髇, de atenuaci髇, e incluso de reducci髇 hasta las cuatro quintas partes de su cuant韆 cuando el infractor manifieste inequ韛ocamente voluntad de resarcimiento y no concurra ning鷑 riesgo para la salud, intoxicaci髇, lesi髇, muerte, o indicios racionales de delito.