Sumario

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su artículo 3.3 establece que corresponde a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivos Estatutos, entre otras competencias, el desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución de la normativa en materia eléctrica, así como autorizar las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades Autónomas o cuando el transporte o la distribución no salga de su ámbito territorial.

En este sentido, la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, vino a regular todas las actividades encaminadas al suministro a los clientes o consumidores de energía eléctrica en condiciones competitivas, en sus diferentes fases de generación, transporte, distribución y comercialización.

En base a este marco normativo se publica el Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el cual supuso un profundo cambio en el tratamiento normativo de los procedimientos de legalización de las instalaciones eléctricas en el Archipiélago.

Este cambio venía derivado de una cierta alteración en los criterios normativos establecidos hasta entonces, de forma que se incorporaban al procedimiento nuevas figuras, se reasignaban responsabilidades entre los agentes que venían operando en el sector eléctrico, y se modificaba el papel de la Administración sustantiva a través de la incorporación al sistema de liberalización de nuevas instalaciones eléctricas. Ello implicaba una minoración notable de la intervención administrativa previa en la ejecución y puesta en marcha de las mismas, sin perjuicio de reforzar la actuación inspectora de la Administración a posteriori de las instalaciones ya legalizadas.

La reforma emprendida por el citado Decreto pretendía agilizar y simplificar la tramitación de los expedientes administrativos, pero sin poner en riesgo la seguridad de las instalaciones eléctricas afectadas por dicha norma. Para tal fin resultaba imprescindible que la simplificación de los procedimientos administrativos no implicara una merma, a medio o a largo plazo, en la calidad o en la seguridad de las instalaciones eléctricas.

La conciliación entre simplificación administrativa y mantenimiento de la seguridad quedó garantizada en el Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, mediante la creación de la figura del «visado de conformidad y calidad», que sustituía a la revisión técnica de los proyectos que hasta ese momento venía realizando la Administración.

Sin embargo, la expedición de esos visados exigía introducir nuevas tramitaciones para la habilitación de las entidades que debían expedirlo y para garantizar que dichas entidades actuaban con criterios de transparencia, equidad y no discriminación en el ejercicio de sus funciones.

La aplicación práctica de las prescripciones recogidas en el mencionado Decreto ha puesto de manifiesto las ventajas del nuevo marco regulatorio, y la conveniencia de extender la práctica del visado de conformidad y calidad a otras instalaciones no contempladas en el Decreto 161/2006, de 8 de noviembre.

Sin embargo, también se ha comprobado la existencia de algunas lagunas en la tramitación de los procedimientos, y la posibilidad de profundizar en la simplificación administrativa, liberando del trámite de información pública a numerosas instalaciones de media tensión, y eximiendo de la presentación ante la Administración sustantiva de documentación que, pese a ser exigible, no resulta imprescindible para culminar el procedimiento administrativo.

Las modificaciones que se pretenden introducir respecto al Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, son relativamente numerosas, incluyendo también determinados cambios en la clasificación de las instalaciones eléctricas y en el tratamiento de alguno de los procedimientos recogidos en dicha norma.

Por tales motivos, se ha optado por dictar un nuevo texto reglamentario completo, que mantiene una estructura muy similar a la de su antecesor, pero que incorpora algunas mejoras encaminadas a alcanzar los objetivos de seguridad de las personas, bienestar de la sociedad y protección del medio ambiente que ya se habían planteado en la anterior norma.

Se ha tenido en cuenta el encaje de lo regulado en la presente norma con lo dispuesto en la Orden de 25 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, por la que se regula el procedimiento telemático para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión.

Asimismo, se han introducido novedades en algunos de los procedimientos para adaptarlos a lo dispuesto en el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa.

El artículo 32.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias, confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de régimen energético.

Asimismo, el artículo 30.26 del Estatuto de Autonomía confiere a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias exclusivas en materia de producción, transporte y distribución de energía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo, Industria y Comercio, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 10 de noviembre de 2009,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición Derogatoria Primera

Queda derogado el Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

LE0000236939

DISPOSICIONES FINALES