Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y R間imen Jur韉ico de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con el que establece la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

1

El Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja se馻la que corresponde a la Comunidad Aut髇oma la creaci髇 y estructuraci髇 de su propia Administraci髇 P鷅lica dentro de los principios generales y normas b醩icas del Estado.

En efecto, en el art韈ulo 149.1.18, la Constituci髇 Espa駉la de 1978 enumera entre las materias en las que tiene competencia exclusiva el Estado, la relativa a las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas, garantizando un tratamiento com鷑 de los Administrados ante ellas, habilitando para ello al establecimiento de un procedimiento administrativo com鷑, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaci髇 propia de las Comunidades Aut髇omas.

En desarrollo de la previsi髇 estatutaria del art韈ulo 26 del Estatuto de Autonom韆 de La Rioja, aprobado por la Ley Org醤ica 3/1982, de 9 de junio, la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de R間imen Jur韉ico del Gobierno y la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja establec韆 en el 醡bito de nuestra Comunidad las especialidades propias de nuestra organizaci髇 dentro de la normativa b醩ica estatal.

Por otro lado, nuestra norma estatutaria, diferencia en su articulado la Administraci髇 P鷅lica, a la que dedica su T韙ulo III, y la organizaci髇 institucional, integrada por el Parlamento, el Gobierno y su Presidente, regulada en el T韙ulo II. Respecto de esta 鷏tima, el art韈ulo 8 atribuye a la Comunidad Aut髇oma de La Rioja la competencia exclusiva para la organizaci髇, estructura, r間imen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

La Ley 3/1995, de 8 de marzo, de R間imen Jur韉ico del Gobierno y la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, al margen ahora de otros precedentes anteriores, no se limitaba al desarrollo estatutario de la Administraci髇 P鷅lica, sino que se refer韆 igualmente a la organizaci髇, estructura, r間imen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja. Como se馻la su Exposici髇 de Motivos, su principal caracter韘tica es la regulaci髇 conjunta de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad y los aspectos b醩icos del Gobierno ya que ambas, si bien tienen una naturaleza conceptualmente diferente, directiva el uno y vicaria la otra, se encuentran 韓timamente relacionados en su r間imen funcional.

2

El enfoque integrador que inspir� la norma de 1995 ha quedado superado por la evoluci髇 legislativa posterior, en una primera instancia como consecuencia de la diferenciaci髇 sustantiva entre Gobierno y Administraci髇 P鷅lica, apuntada como hemos dicho en el propio Estatuto de Autonom韆, y en segunda instancia como consecuencia de la diferenciaci髇 normativa de los aspectos relativos a la organizaci髇 interna de la Administraci髇 P鷅lica y su Sector P鷅lico, frente a la regulaci髇 del r間imen jur韉ico y funcionamiento de la Administraci髇 P鷅lica.

Esta distinci髇 fue asumida, en lo que se refiere a la normativa estatal, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, y consagrada definitivamente, por lo que se refiere al Estado, en la regulaci髇 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado, y de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Esta doble diferenciaci髇 entre Gobierno y Administraci髇, de un lado, y organizaci髇 del sector p鷅lico y el r間imen jur韉ico y funcionamiento de la Administraci髇 P鷅lica, de otro, ha inspirado igualmente las recientes reformas plasmadas en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, y presiden el contenido de la presente Ley.

Al amparo de la competencia estatutaria para regular la organizaci髇, estructura, r間imen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y en l骻ico desarrollo de la diferenciaci髇 contenida en los T韙ulos II y III del Estatuto, se han aprobado las Leyes 3/2003, de 3 de marzo, de Organizaci髇 del Sector P鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja y la 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros. Sus 醡bitos tem醫icos, debidamente actualizados, se han segregado de esta forma de la Ley 3/1995, de 8 de marzo.

Como puede deducirse de lo expuesto, resta por completar en este nuevo planteamiento normativo una parte de los contenidos previstos en la Ley 3/1995, y que corresponden con la regulaci髇 del funcionamiento y r間imen jur韉ico de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja.

3

La presente Ley nace con la finalidad que acaba de describirse, y bajo el concepto superador de la vigente regulaci髇 que resultaba, en algunos casos, insuficiente; en otros, deficiente; y en general, obsoleta. Insuficiente para hacer frente a las necesidades y retos derivados del extraordinario desarrollo organizativo y competencial que ha experimentado la Comunidad Aut髇oma de La Rioja desde aquella fecha; deficiente, como ocurr韆 en particular, con el procedimiento de elaboraci髇 de reglamentos.

Teniendo en cuenta el reparto competencial establecido en nuestra Constituci髇, la Ley regula aquellos aspectos espec韋icos del r間imen jur韉ico y de funcionamiento de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja necesitados de concreci髇 mediante un pronunciamiento expreso del legislador auton髆ico. La presente norma parte para ello del establecimiento de una serie de disposiciones generales que, recogiendo la esencia de los 鷏timos procesos de mejora de nuestra organizaci髇, responden a la conveniencia de concretar los principios y valores que rigen el comportamiento de la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja en el contexto actual.

En cuanto a la regulaci髇 de los aspectos comunes al resto de Administraciones, se opta en numerosos casos por la remisi髇 a la legislaci髇 b醩ica estatal, como ocurre, en particular, con las materias relativas al r間imen de los actos administrativos, la revisi髇 de actos o la responsabilidad patrimonial.

No obstante, no debe olvidarse el car醕ter tributario de esta norma respecto de la normativa elaborada en 1995, especialmente patente al tratarse de la norma de cierre del nuevo esquema normativo iniciado con la aprobaci髇 de la citada Ley 3/2003. Este car醕ter tributario explica la inclusi髇 en esta norma de algunos aspectos que sin ser estrictamente coincidentes con la finalidad de la norma tal y como se describe en su propio t韙ulo deben ser regulados para evitar la aparici髇 de vac韔s normativos no deseados.

En este sentido es oportuno aclarar algunas de las materias reguladas y excluidas de la presente Ley. Comenzando por estas 鷏timas, quedan excluidas las cuestiones relacionadas con la organizaci髇 administrativa en sentido estricto, reguladas en la Ley 3/2003, as� como las referidas al Tribunal Econ髆ico Administrativo de La Rioja y al control interno de car醕ter econ髆ico financiero que deber醤 ser objeto de regulaci髇 espec韋ica en la normativa relativa a la Hacienda P鷅lica de nuestra Comunidad, 鷑icamente con este car醕ter transitorio se declaran vigentes los Cap韙ulos I y III del T韙ulo VIII de la Ley 3/1995.

En el cap韙ulo de las materias reguladas en la presente Ley, y sin entrar en lo que podr韆mos denominar su contenido natural, destaca la inclusi髇 de dos materias al considerarlas conveniente, dada su estrecha relaci髇 con el objeto de la norma, y teniendo en cuenta que la especificidad de las mismas no hace previsible que sean merecedoras de un desarrollo legal aut髇omo. Se trata en concreto de las cuestiones relativas a la Asistencia Jur韉ica en el 醡bito de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja y su sector p鷅lico, y de las relativas a la contrataci髇 administrativa que tratan de recoger exclusivamente las especificidades que se consideran necesarias a la vista de amplia normativa b醩ica estatal.

4

La presente Ley estructura su articulado en cinco T韙ulos, a los que se suman diez Disposiciones Adicionales, una Transitoria, una Derogatoria y dos Disposiciones Finales.

En cuanto a las materias reguladas, el T韙ulo I, relativo al funcionamiento de la Administraci髇, establece el objeto y 醡bito de aplicaci髇 de la Ley, sus potestades y prerrogativas, los principios y reglas que deben inspirar su funcionamiento, con referencia expresa a algunos aspectos novedosos en nuestra legislaci髇 como son los relativos a la programaci髇 y racionalizaci髇 administrativa. El T韙ulo I se completa con el marco jur韉ico que rige las relaciones de nuestra Administraci髇 con otras Administraciones o entidades, p鷅licas o privadas, dando cabida a nuevos instrumentos provenientes de la normativa b醩ica estatal como son los planes y programas de actuaci髇.

El T韙ulo II, relativo al ejercicio de sus competencias por los 髍ganos de la Administraci髇, reitera el principio cl醩ico de irrenunciabilidad de la competencia y de direcci髇 e impulso mediante instrucciones, circulares y 髍denes del servicio, as� como el de colaboraci髇 entre las distintas Consejer韆s. Adem醩, concreta los aspectos organizativos relacionados con las t閏nicas relativas al ejercicio de las competencias administrativas, transferencia, delegaci髇, avocaci髇, encomienda de gesti髇, etc., estableciendo finalmente el marco para la resoluci髇 de los conflictos de atribuciones que se produzcan.

El T韙ulo III, relativo al r間imen jur韉ico de la actuaci髇 de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, es el m醩 extenso y el que por su contenido, resulta nuclear en la estructura de la Ley.

El Cap韙ulo I de este T韙ulo III est� dedicado a los Reglamentos, regulando las disposiciones generales relativas a la competencia para dictarlos, a su concepto y la forma que adoptar醤, y entrando en detalle en la concreci髇 del iter procedimental que ha seguirse para su elaboraci髇 y aprobaci髇, superando de esta forma las deficiencias existentes en el r間imen jur韉ico anterior.

Entre las novedades relativas a la elaboraci髇 y aprobaci髇 de los reglamentos, destaca la diferenciaci髇 clara entre los tr醡ites de audiencia a los interesados y el de informaci髇 p鷅lica, la participaci髇 de las Entidades Locales en el proceso de elaboraci髇 de los reglamentos, la ordenaci髇 de los tr醡ites y documentaci髇 que deben seguir y acompa馻r a los distintos borradores y, de manera especial, obliga a la Administraci髇 a valorar las observaciones, alegaciones e informes emitidos y a justificar las propuestas concretas incluidas finalmente. La finalidad de estas previsiones es realzar la importancia otorgada a los mecanismos de participaci髇 e informe como garant韆s esenciales del procedimiento de elaboraci髇 de reglamentos.

El Cap韙ulo II est� dedicado a los actos administrativos y concreta, dentro de las previsiones ya recogidas en la normativa b醩ica estatal, la importante cuesti髇 pr醕tica de los actos que ponen fin a la v韆 administrativa.

El Cap韙ulo III est� dedicado al Registro de documentos, dando entrada al uso de las tecnolog韆s de la informaci髇 que deber醤 redundar en una mayor accesibilidad de los ciudadanos y eficacia de la acci髇 administrativa.

El Cap韙ulo IV est� dedicado a la revisi髇 de los reglamentos y actos administrativos, en el que se concretan los aspectos derivados de las peculiaridades derivadas de la organizaci髇 propia de la Administraci髇. Como novedad merece destacarse la regulaci髇 de la sustituci髇 de los recursos administrativos por reclamaciones que resolver醤 comisiones t閏nicas especializadas, posibilidad que deber� ser objeto de desarrollo reglamentario.

El Cap韙ulo V, dedicado a la potestad sancionadora, viene motivado por las decisiones del legislador b醩ico estatal. La Secci髇 1� establece la competencia para sancionar y la Secci髇 2� formaliza un procedimiento sancionador, que ser� el aplicable con car醕ter general por la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, salvo procedimiento espec韋ico expreso.

Finalmente, el Cap韙ulo VI regula la responsabilidad patrimonial, limitada a concretar los 髍ganos competentes para instruir y resolver los procedimientos, dado que en cuanto a la regulaci髇 sustantiva remite, como no pod韆 ser de otra forma, a la legislaci髇 com鷑 en la materia.

El T韙ulo IV, relativo a la Asistencia Jur韉ica de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma en el marco de lo previsto en el art韈ulo 551.3 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y cuyo contenido mejora sustancialmente la regulaci髇 anterior a partir de la experiencia acumulada en estos a駉s. Su Cap韙ulo I atribuye esta asistencia jur韉ica a los Servicios Jur韉icos, y en particular, a los letrados adscritos a la Direcci髇 General de los Servicios Jur韉icos. El Cap韙ulo II regula el r間imen de actuaci髇 de los Servicios Jur韉icos en las funciones consultivas y en las contenciosas, as� como otros aspectos conexos de dicha actividad.

Por 鷏timo, el T韙ulo V, referido a la contrataci髇 administrativa, concreta aquellas peculiaridades derivadas de la organizaci髇 propia en materia de contrataci髇, tales como los 髍ganos de contrataci髇 propios o el registro de contratos.

Se cierra la norma con un conjunto de Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales.