Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats

Artículo 92

Constituyen infracciones y generarán responsabilidades administrativas las acciones u omisiones que infrinjan lo establecido en esta Ley Foral, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles en vía penal, civil o de otro orden en que pudieran incurrir.

Artículo 93

1. Las sanciones que se impongan a los distintos responsables por una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.

2. A los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las diversas infracciones cometidas.

3. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

4. El denunciado tendrá derecho a que se le entregue copia de la denuncia extendida.

Artículo 94

1. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquél o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades

2. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación del orden vulnerado.

3. Los titulares de la patria potestad o de la custodia serán responsables respecto de los daños y perjuicios que causen los menores de edad o los incapacitados a su cargo.

Artículo 95

Las infracciones previstas en esta Ley Foral se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 96

Las multas impuestas a los menores de edad se sustituirán por el decomiso definitivo del arma o medio utilizado en el ilícito, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades al titular de la custodia del menor.

Artículo 97

Podrán imponerse sanciones accesorias consistentes en la destrucción u ocupación de los medios utilizados para la ejecución de las infracciones, así como la ocupación de las piezas indebidamente apropiadas.

Artículo 98

1. La competencia para la imposición de las sanciones corresponde al Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

2. Para la instrucción e imposición de sanciones por infracciones previstas en esta Ley Foral, se estará al siguiente procedimiento administrativo:

• a) Se iniciará por el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en virtud de actuaciones practicadas de oficio o mediante denuncia. La resolución designará el correspondiente Instructor, con título de Licenciado en Derecho.
• b) El Instructor redactará el pliego de cargos con propuesta de sanción, que será notificado al sujeto presuntamente responsable, quien dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de su derecho.
• c) Transcurrido el plazo de alegaciones, y previas las diligencias que se estime necesarias, el Instructor elevará el expediente al Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, quien dictará la resolución correspondiente en el plazo de un mes.

Si de las alegaciones se derivasen nuevos o distintos hechos o calificación de mayor gravedad, el Instructor procederá a notificar al interesado un nuevo pliego de cargos con propuesta de sanción, para que se puedan presentar las alegaciones pertinentes en el plazo de quince días hábiles.

3. El pliego de cargos con propuesta de sanción a que se refiere el número anterior reflejará, como mínimo, los siguientes extremos:

• a) Los hechos constatados, destacando los relevantes a efectos de la tipificación de la infracción y graduación de la sanción.
• b) La infracción presuntamente cometida, con expresión del precepto vulnerado.
• c) La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación.
• d) En su caso, indemnización que proceda por los daños y perjuicios causados.
• e) Sanciones accesorias que procedan.
• f) Destino de las armas, medios o piezas ocupadas o comisadas.

4. La resolución imponiendo la sanción será ejecutiva cuando sea firme en la vía administrativa. En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. La sanción se abonará en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al que sea firme.

Artículo 99

1. En todo el procedimiento sancionador se respetará la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente respecto de los procedimientos sancionadores que substancie.

3. Las actas de inspección o denuncias que se extiendan por los miembros de la Administración estarán dotadas de presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en las mismas salvo prueba en contrario.

Artículo 100

1. En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad real del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

• a) La intencionalidad o reiteración.
• b) El daño producido a la fauna especialmente protegida o a su hábitat.
• c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en la vía administrativa.
• d) El cargo o función del sujeto infractor, o mayor conocimiento por razón de su profesión y estudios.
• e) La colaboración del infractor con la Administración en el esclarecimiento de los hechos y en la restitución del bien protegido.
• f) La acumulación de ilícitos en una misma conducta.

2. En el caso de reincidencia o reiteración simple en un período de dos años, el importe de la sanción que corresponda imponer se incrementará en el 50 por 100 de su cuantía, y si se reincide o, reitera por dos veces o más, dentro del mismo período, el incremento será del 100 por 100.

3. Si un solo hecho constituye dos o más infracciones administrativas, se impondrá la sanción que corresponda a la de mayor gravedad, en su grado medio o máximo.

Artículo 101

1. Se crea el Registro de infractores dependiente del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en el que se inscribirán de oficio a quienes hayan sido sancionados por resolución firme, en expediente incoado como consecuencia de la aplicación de esta Ley Foral.

2. Las inscripciones y variaciones que se produzcan en los asientos del Registro serán remitidas al Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca.

Artículo 102

1. Toda infracción administrativa llevará consigo la ocupación de la pieza, viva o muerta, así como el comiso de cuantas artes y medios materiales o animales, vivos o naturalizados, hayan servido para cometer el hecho.

2. En el caso de ocupación o comiso de animal vivo, el agente denunciante libertará el animal en el supuesto de que estime que puede continuar con vida, o lo depositará en el lugar establecido por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. En este último caso, el animal pasará a propiedad de la Administración, que podrá cederlo a instituciones de carácter científico o protectoras de animales, devolverlo al país de origen, depositarlo en centros de recuperación o, preferentemente, liberarlo en el medio natural, una vez recuperado, si se trata de una especie de la fauna autóctona.

3. En el caso de ocupación o comiso de animal muerto, éste se entregará, mediante recibo, en el lugar en el que se determine por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

Artículo 103

1. El agente denunciante procederá a la retirada de las armas o medios sólo en aquellos casos en que hayan sido usadas para cometer la presunta infracción, dando recibo de su clase, marca y número y lugar donde se depositen.

2. La negativa a la entrega del arma o medios, cuando el presunto infractor sea requerido para ello, dará lugar a denuncia ante el Juzgado competente a los efectos previstos en la legislación penal, y se tendrá como circunstancia agravante en el procedimiento administrativo sancionador.

3. Las armas o medios retirados, si son de lícita tenencia conforme a esta Ley Foral, serán devueltas en alguno de los siguientes supuestos:

• a) De forma gratuita, cuando la resolución recaída en el expediente fuera absolutoria o se proceda al sobreseimiento de éste.
• b) Gratuitamente, por disposición expresa del instructor del expediente en el supuesto de infracción leve.
• c) Previo rescate en la cuantía establecida, cuando se hayan hecho efectivas la sanción e indemnización impuestas en los supuestos de infracción grave o muy grave. No obstante, el Instructor del expediente podrá acordar, una vez dictada la propuesta de sanción, la devolución del arma si el presunto infractor presenta aval bancario que garantice el importe total de la sanción e indemnizaciones propuestas.
• d) En el supuesto de ocupación de perros utilizados como medio de captura de animales, aquéllos podrán quedar en depósito del denunciado previo abono de 25.000 pesetas en concepto de rescate.

4. A las armas decomisadas se les dará el destino establecido en la legislación del Estado en la materia. Los demás medios materiales no rescatados serán enajenados o destruidos.

Artículo 104

1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley Foral prescribirán las muy graves en el plazo de tres años, las graves en el de dos y las leves a los seis meses.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. Cualquier actuación judicial o administrativa interrumpirá el plazo de prescripción.

Artículo 105

1. Cuando una infracción revistiese carácter de delito o falta sancionable penalmente, se dará traslado inmediato de la denuncia a la autoridad judicial, suspendiéndose la actuación administrativa hasta el momento en que la decisión penal recaída adquiera firmeza.

2. De no estimarse la existencia de delito o falta, se continuará el expediente administrativo hasta su resolución definitiva, con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.

3. La tramitación de diligencias penales interrumpirá la prescripción de las infracciones.

Artículo 106

La multa impuesta se reducirá en un 30 por 100 de su cuantía cuando se cumplan los siguientes requisitos:

• a) Se abone el resto de la multa en el plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución en que se imponga la sanción.
• b) El infractor abone en el plazo indicado en la apartado anterior el importe total de las indemnizaciones que, en su caso, procedan por daños y perjuicios imputados a él, y abone el rescate de los efectos, armas o animales.
• c) El infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción impuesta y con la indemnización reclamada y renuncie expresamente al ejercicio de toda acción de impugnación en el referido plazo.

Artículo 107

1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la restauración del medio natural al ser y estado previos al hecho de producirse la agresión. Asimismo, la Administración competente podrá subsidiariamente proceder a la reparación a costa del obligado.

2. Los responsables de los daños y perjuicios deberán abonar las indemnizaciones que procedan, fijadas ejecutoriamente por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en el plazo que, en cada caso, se establezca.

3. Para la fijación de la indemnización a que se refiere el número anterior, se estará, en su caso, al baremo de valoraciones de las especies animales que establezca el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente mediante Orden Foral publicada en el «Boletín Oficial de Navarra».

Artículo 108

Las sanciones impuestas por infracciones graves o muy graves, una vez firmes en la vía administrativa, se harán públicas en el «Boletín Oficial de Navarra», y contendrán los siguientes datos: Importe de la sanción, nombre del infractor o infractores tipificación de la infracción, localización del hecho sancionador y, en su caso, indemnización exigida.

Artículo 109

En los supuestos y término a que se refiera la legislación sobre procedimiento administrativo, podrán imponerse, previo apercibimiento, multas coercitivas, reiteradas por lapsos de quince días hábiles y cuya cuantía no excederá en cada caso del 20 por 100 de la multa principal, con el límite máximo de 500.000 pesetas por cada multa coercitiva.

Artículo 110

1. Será pública la acción para exigir ante las Administraciones Públicas la observancia de lo establecido en esta Ley Foral y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación.

2. Para que pueda darse la tramitación oportuna a la acción pública ejercida por los particulares, éstos deberán fundamentar suficientemente los hechos que supongan la infracción. Si la Administración considera que no existen pruebas suficientes, se archivará el expediente una vez realizadas por la misma las investigaciones oportunas.

Artículo 111

Son infracciones leves:

• 1. El incumplimiento de las condiciones impuestas por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en las autorizaciones previstas en esta Ley Foral, cuando no existiera riesgo o daño para las especies, sin perjuicio de la revocación o suspensión de la autorización de modo inmediato.
• 2. La captura, tenencia, destrucción, transporte, muerte, deterioro, recolección, comercio, exposición o naturalización, no autorizadas, de especies no protegidas que no sean susceptibles de aprovechamiento cinegético o acuícola, así como la de sus huevos, larvas y crías.
• 3. La ejecución, sin autorización administrativa expresa, de los actos regulados en el artículo 10.1, apartado d).
• 4. El empleo de los medios de captura prohibidos cuando no estuvieran sancionados de forma más grave en esta Ley Foral.
• 5. El incumplimiento de cualquier obligación o vulneración de las prohibiciones establecidas en esta Ley Foral, que no están calificadas con mayor gravedad.
• 6. La destrucción, deterioro, sustracción o cambio de localización de las señales vinculadas a las Areas de Protección de la Fauna Silvestre.
• 7. Acosar, molestar o emitir ruidos que perturben la tranquilidad de las especies en Areas de Protección de la Fauna Silvestre.
• 8. Cualquier procedimiento, dispositivo, barrera o conducta que sirva o pueda servir para impedir la libre circulación de la fauna silvestre, o implique la alteración de cauces o caudales, con independencia del deber para quien lo cause de restituir la situación a su estado original.
• 9. Portar medios de captura de especies en el interior de las Areas de Protección de la Fauna Silvestre.
• 10. Las acampadas y la circulación con vehículos de motor en el interior de Areas de Protección de la Fauna Silvestre en contra de lo dispuesto en esta Ley Foral.
• 11. La destrucción de vivares o nidos de especies cinegéticas.
• 12. Bañarse en lugares prohibidos para ello y señalizados por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para la protección de la riqueza acuícola.
• 13. Arrojar a las aguas residuos, desperdicios o cualquier otra sustancia o material, siempre que sean susceptibles de causar perjuicios a la riqueza piscícola.

Artículo 112

Son infracciones graves:

• 1. La captura, destrucción, tenencia, muerte, deterioro, transporte, recolección, comercio, exposición o naturalización de especies protegidas, no consideradas en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat, así como la de sus restos, huevos o crías, sin contar con la preceptiva autorización.
• 2. La destrucción o degradación manifiesta del hábitat de especies no consideradas en peligro de extinción o como sensibles a la alteración de su hábitat, en particular de sus lugares de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
• 3. La emisión de contaminantes que degraden el nivel de calidad ambiental de los hábitats de la fauna silvestre catalogada no considerada en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat.
• 4. La destrucción o alteración de productos propios de un Area de Protección de la Fauna Silvestre mediante ocupación, rotura, corte, arranque u otras acciones.
• 5. El empleo o tenencia, sin la debida autorización, de procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales.
• 6. La obstrucción o resistencia a la labor inspectora y vigilante de los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones de protección de la fauna silvestre.
• 7. La ejecución, sin autorización administrativa expresa, de los actos regulados en el artículo 10.1, apartados a), b) y c).
• 8. El incumplimiento de las condiciones impuestas por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en las autorizaciones previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley Foral, cuando existiera riesgo o daños para las especies sin perjuicio de su revocación o suspensión de inmediato y de la exigencia de las indemnizaciones que procedan.
• 9. La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, siembras o plantaciones en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación por esta Ley Foral en su destino o uso.
• 10. No respetar los caudales mínimos de las aguas cuando no se produjeran daños a la fauna.Número 10 del artículo 112 declarado contrario al orden constitucional de competencias y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 166/2000, 15 junio («B.O.E.» 11 julio).LE0000053751_20000711
• 11. Agotar o disminuir notablemente el caudal de agua circulante por los cauces secundarios y obras de derivación de carácter secundario.Número 11 del artículo 112 declarado contrario al orden constitucional de competencias y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 166/2000, 15 junio («B.O.E.» 11 julio).LE0000053751_20000711
• 12. El perjuicio o riesgo grave de perjuicio a la fauna piscícola con motivo de la extracción de gravas o arenas de los cauces sin autorización del organismo competente, o sin cumplir las condiciones que se señalen en la misma, así como los daños o el riesgo por extracción en tramos de ríos en los que no procede realizar aprovechamientos de gravas o arenas.
• 13. Incorporar a las aguas continentales o a sus álveos, áridos, arcillas, escombros, limos, residuos industriales o cualquier otra clase de sustancias que produzcan enturbiamiento o que alteren sus condiciones de habitabilidad piscícola, con daño para esta forma de riqueza.
• 14. La formación de escombreras en lugares que por su proximidad a las aguas o a sus cauces sean susceptibles de ser arrastradas por éstas o lavadas por las de lluvia, con el consiguiente daño para la riqueza piscícola, salvo que tales escombreras tuviesen un carácter provisional, reuniesen las debidas garantías para impedir que se produzcan daños a la riqueza piscícola y hubiesen sido autorizadas por el organismo competente.
• 15. Importar, exportar, transportar, o introducir, en las aguas públicas o privadas especies acuícolas distintas de las que habiten en ellas de forma natural, sin la debida autorización del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
• 16. La no comunicación al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por parte de los obligados a ello de la aparición de enfermedades sospechosas de epizootias.

Artículo 113

Son infracciones muy graves:

• 1. La captura, tenencia, destrucción, transporte, muerte, deterioro, recolección, comercio, exposición o naturalización, no autorizadas, de especies de animales catalogadas en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat, así como de sus restos, sus huevos, larvas y crías.
• 2. La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat en particular, del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
• 3. La emisión de contaminantes que degraden el nivel de calidad ambiental de los hábitats de la fauna silvestre catalogada en peligro de extinción o sensible a la alteración de su hábitat.
• 4. La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o de derrame de residuos que alteren las condiciones de habitabilidad de los espacios naturales protegidos y de las Areas de Protección de la Fauna Silvestre con daño para los valores y fauna en ellos contenidos.
• 5. La alteración sustancial o destrucción de las condiciones de un Area de Protección de la Fauna Silvestre necesarios para el mantenimiento de la fauna silvestre.
• 6. Agotar o disminuir notablemente el volumen de agua de los embalses y canales, así como la circulante por el lecho de los ríos, o el incumplimiento de las condiciones que a estos efectos hubiesen sido fijadas, cuando se produjeran daños a la fauna piscícola.Número 6 del artículo 113 Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 2/1993, 5 marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats, declarado contrario al orden constitucional de competencias y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 166/2000, 15 junio («B.O.E.» 11 julio).JU0000170809
• 7. Alterar los cauces, descomponer los pedregales del fondo, disminuir arbitrariamente el nivel de las aguas, destruir la vegetación acuática y la de las orillas y márgenes, cuando se pueda causar perjuicio a la fauna.

Artículo 114

1. Las infracciones a que se refiere el régimen protector de la fauna silvestre se sancionarán en la siguiente forma:

• a) Las infracciones leves, con multa de 10.000 a 1.000.000 de pesetas.
• b) Las infracciones graves, con multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
• c) Las infracciones muy graves, con multa de 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas.

Artículo 115

Las sanciones administrativas a la fauna silvestre prescribirán las muy graves a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses.

Artículo 116

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Artículo 117

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Artículo 118

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Artículo 119

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Artículo 120

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Artículo 121

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Artículo 122

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Artículo 123

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