Sumario

Véase O [COMUNIDAD VALENCIANA] 31 julio 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan las bases de convocatoria de la prestación Renta Garantizada de Ciudadanía («D.O.C.V.» 7 agosto).

El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establece las competencias que corresponden a la Generalitat. Entre ellas, las de promover las condiciones para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos sean objeto de una aplicación real y efectiva, estableciendo, del mismo modo, como uno de los principales ámbitos de actuación, la defensa integral de la familia.

El Estatut d'Autonomia también establece, en su artículo 15, que, con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la Ley.

Dicho mandato estatutario fue desarrollado mediante la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, que supuso un avance social importante respecto a las anteriores prestaciones económicas regladas, aprobadas dentro del Plan de Medidas de Inserción Social en la Comunitat Valenciana, como una subvención de contenido económico y carácter temporal dirigida a personas físicas o unidades de convivencia que carezcan de medios suficientes de subsistencia, y cuya cuantía es proporcional a los recursos económicos y cargas familiares del beneficiario.

Para la adecuada implantación de la renta garantizada de ciudadanía, la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, autoriza al Consell, en su disposición final primera, para realizar el desarrollo reglamentario en varias materias de la misma, en especial, las características de las actuaciones y los programas de inserción, las características y requisitos del Plan Familiar de Inserción, y las comisiones mixtas creadas entre representantes de servicios sociales y empleo.

Por otra parte, la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, de Servicios Sociales, establece en su artículo 37 la prestación económica reglada como una prestación de carácter personal, dirigida a las familias o a un núcleo convivencial dado, y autoriza para exigir a los beneficiarios y beneficiarias la realización de actividades tendentes a la normalización de sus hábitos y a su plena integración social, a través de la formación o de la cooperación social que se determine en la propuesta de concesión. Dicha prestación económica reglada ha pasado a denominarse y ser la nueva renta garantizada de ciudadanía, tal y como dispone la disposición adicional tercera de la citada Ley 9/2007.

Este decreto se estructura en tres títulos. El título preliminar contiene las disposiciones generales, y en ellas se concreta el objeto del Decreto.

El título I regula diversos aspectos de la inserción sociolaboral en cuatro capítulos. El capítulo I desarrolla el Plan Familiar de Inserción. El capítulo II desarrolla las actuaciones básicas, los programas de inserción y las acciones de inserción. El capítulo III regula las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía y el capítulo IV la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

El título II regula el procedimiento en tres capítulos. El capítulo I establece las disposiciones generales del procedimiento en materia de renta garantizada de ciudadanía, el capítulo II las particulares del procedimiento de concesión y el capítulo III el procedimiento de modificación, suspensión y extinción.

El título III desarrolla el régimen sancionador en materia de renta garantizada de ciudadanía.

Finalmente, las disposiciones adicionales determinan la habilitación a la Conselleria competente para regular, mediante Orden, determinados aspectos necesarios para conceder la prestación, la posibilidad de utilizar como informe social el mismo del Sistema Informático de Información de los Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), y los ingresos que se consideran no computables.

Por ello, a propuesta del conseller de Bienestar Social, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 4 de julio de 2008,

DECRETO