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Sumario

LE0000667927 Ley 4/1988, 3 junio, derogada por el n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulaci�n del juego y de prevenci�n de la ludopat�a en la Comunitat Valenciana (�D.O.C.V.� 15 junio) el 16 de junio de 2020.

Todas las referencias que se realizan en la presente norma a importes/s monetario/s expresado/s en peseta/s se entender�n hechas en euro/s, seg�n dispone el Cap�tulo XV -De la introducci�n al euro- de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 9/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gesti�n Administrativa y Financiera, y de Organizaci�n de la Generalitat Valenciana (�D.O.G.V.� 31 diciembre /�B.O.E.� 7 febrero 2002), en aplicaci�n de lo dispuesto en Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducci�n del euro.LE0000164629L 9/2001 de 27 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gesti�n administrativa y financiera, y de organizaci�n de la Generalitat) LE0000011867L 46/1998 de 17 Dic. (introducci�n del euro)

V�ase D [COMUNIDAD VALENCIANA] 55/2015, 30 abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego (�D.O.C.V.� 6 mayo).LE0000552237

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci�n y el Estatuto de Autonom�a, en nombre del Rey promulgo la siguiente Ley:

PRE�MBULO

La presente Ley parte de no querer ignorar el hecho social del juego legalizado, entendiendo por tal no tanto la actividad recreativa o l�dica por definici�n, sino, antes bien, la modificaci�n patrimonial en cuanto designio del azar. La realidad del juego est� socialmente admitida: Es un dato de partida con independencia de valoraciones extrajur�dicas. Pero se hace ineludible que las Cortes Valencianas juzguen de la materia pues tampoco puede desconocerse, en los t�rminos desiguales que delimitan la riqueza o la pobreza, que la realidad resultante es finalmente compleja y obediente a diferentes intereses sociales. Junto a la deficiente asignaci�n de recursos que la importante cantidad de dinero apostado en juego deja presuponer, parece cada vez m�s incuestionable que su recolocaci�n final no alimenta �per se� una m�s justa distribuci�n de la renta. Por lo que el problema de los l�mites a la hora de regular nuevas ofertas ligadas al azar, como los problemas de regulaci�n inherentes a las ofertas (p�blicas o privadas) ya implantadas, sigue siendo una cuesti�n abierta sobre la que cada vez menos conviene improvisar.

La Comunidad Valenciana asume, en virtud de su Estatuto de Autonom�a de 1 de julio de 1982, competencia exclusiva sobre casinos, juegos y apuestas, con la �nica exclusi�n de las apuestas mutuas deportivo-ben�ficas. El Real Decreto 1038/1985, de 25 de mayo, hizo efectiva tal competencia sobre las materias rese�adas.

Frente a la pretensi�n liberalizadora sin reservas que supuso el levantamiento de la absurda prohibici�n del juego, cercana en el tiempo, y como marco espec�fico que las competencias estatutarias demandan al respecto de coherencia capaz de conjugar eficiencia y equidad, la presente Ley introduce en el �mbito del territorio valenciano la necesaria racionalidad en un sector, cada vez m�s consolidado desde el punto de vista empresarial y de empleo directo, donde no parece justificable que la Administraci�n deje en manos de los particulares las normas de explotaci�n del juego.

La racionalidad que persigue introducir la presente Ley pretende conseguir, en resumen, los siguientes objetivos:

• 1. Garantizar el pac�fico desarrollo de las actividades en que se manifiesta el juego.
• 2. Lograr la seguridad jur�dica en el flujo de relaciones establecido entre el ciudadano que arriesga su dinero a la espera de obtener un incremento o utilidad y los organizadores normalmente configurados como empresa.
• 3. Crear los cauces jur�dicos m�nimos para adecuar el juego a la situaci�n social y econ�mica y que a la vez sirva de elemento regulador entre la oferta empresarial y la demanda social.

Para cumplir los principios indicados es necesario, incluso urgente, la aprobaci�n de esta Ley del Juego y Apuestas para la Comunidad Valenciana, que recoja las peculiaridades y realidad social de su �mbito territorial.

El rango de Ley viene justificado por dos motivos fundamentales: En primer lugar, por afectar a un derecho fundamental como es la libertad de empresa, reconocido en el art�culo 38 de la Constituci�n, juntamente con los art�culos 128 y 131 de la norma de cabecera estatal, que lo contempla como materia reservada a Ley seg�n el art�culo 53.1 del citado texto legal; en segundo lugar, por establecer parcialmente un nuevo procedimiento sancionador, con una tipificaci�n de infracciones y previsi�n de sanciones en materia de juego, cuestiones todas ellas afectadas por el mismo principio de reserva de Ley.

Se agrupa el articulado de la Ley en cuatro t�tulos dedicados, respectivamente, a establecer los principios b�sicos del sistema, configurar las distintas modalidades del juego con sus condiciones o elementos peculiares, se�alar los distintos sujetos part�cipes en la actividad y, finalmente, establecer las normas necesarias para garantizar su cumplimiento o, lo que es lo mismo, articular la condici�n de su eficacia a trav�s del r�gimen sancionador.

Debe destacarse el encuadramiento de la acci�n administrativa referente a las autorizaciones en el �mbito de lo discrecional, que no es sin�nimo de arbitrariedad sino ventaja para adecuar la acci�n administrativa a las necesidades concretas del momento, sin que ello suponga desprecio al se�alamiento de condiciones objetivas previamente establecidas.

Se exige al ejecutivo valenciano el an�lisis permanente de la estructura, las circunstancias y los efectos en torno al juego como punto de partida para dise�ar una adecuada planificaci�n del sector que act�e a modo de verdadero canalizador de la citada actividad administrativa.

Se ha partido de definir las modalidades b�sicas sin desconocer que tal empe�o, ante fen�menos como el que nos ocupa, supone la elecci�n y el rechazo simult�neos de piezas de un mismo mosaico, pero ello se ha hecho con plena conciencia de la necesidad de tal tarea y de las ventajas del sistema. Al regular los elementos personales del sector se ha pretendido coordinar el necesario control administrativo, y la exigencia de una l�nea de conducta -que en este caso no ha de verse como obst�culo de la acci�n sino robustecedora de la necesaria honestidad profesional y empresarial- con la libertad de acci�n empresarial configurada por nuestro sistema pol�tico.

Por su parte, el r�gimen sancionador se ensambla con el Derecho punitivo general del que toma sus principios b�sicos. Se ha eludido deliberadamente la equivalencia entre infracci�n y mero incumplimiento, que adem�s de hacer necesaria la posterior tipificaci�n, resulta una manifestaci�n anacr�nica del principio medieval de �responsabilidad objetiva�.

Se trata, pues, en resumen de una Ley no excesivamente extensa por reservar su ulterior concreci�n a normas reglamentarias, que posibilita por otra parte el ejercicio de las competencias estatutarias en la materia y busca la claridad y solidez de sus principios para permitir� desarrollar una actividad consentida por la sociedad y al mismo tiempo, desde el punto de vista administrativo, armonizar los plurales intereses puestos en juego.