Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad de Castilla y León, en materia estadística

Primera Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco estable de colaboración en relación con el contenido, las condiciones y los procedimientos por los que se debe regir la cesión para el aprovechamiento con fines exclusivamente estadísticos, por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la información gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS) y el Instituto Social de la Marina (en adelante ISM) que figura en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y/o Tarjeta Social Digital, cuya titularidad ostenta el INSS.

El ISM, como Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, presta su conformidad a que los datos incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas del citado Régimen sean cedidos por el INSS.

Segunda Obligaciones de las partes

A) Por parte del INSS:

Facilitar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la información que se señala en el anexo con una periodicidad trimestral.

Las variaciones que puedan experimentar tanto la herramienta como el detalle de los diseños de los ficheros objetos de cesión, serán también valoradas y acordadas por la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en la Cláusula quinta de este Convenio.

En aplicación del artículo 25.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando la información trate sobre datos relativos a la salud, como son los referidos a incapacidad permanente o cualquier discapacidad, se facilitará incluido en otro dato asociado similar o debidamente anonimizado para garantizar la no identificación de las personas a las que se refieren, ya que por tratarse de datos especialmente sensibles necesitan del consentimiento expreso de los interesados para su cesión a terceros. En el citado artículo se remite a su vez a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) número 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), que establecen que dichos datos pueden ser tratados con fines estadísticos sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

La cesión de la información contenida en el anexo se realizará de forma telemática y la fecha de referencia será el último día de cada trimestre.

En relación con el soporte para llevar a cabo el suministro de datos, se estará a lo establecido en el artículo 44.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, garantizándose en todo caso, la seguridad del entorno cerrado y la protección de los datos que se transmitan».

Además, en virtud de la creación de la Tarjeta Social Digital como sistema de información dirigido a mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas, establecida en la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el INSS, como responsable de la administración, gestión y mantenimiento del sistema informático que da soporte a la Tarjeta Social Digital, facilitará y mantendrá el acceso a la información actualizada contenida en dicho sistema a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

B) Por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León:

Informar anualmente al INSS, de las actividades concretas que consten en sus respectivos instrumentos de planificación y programación para las que son necesarios los datos previstos en este Convenio.

Además, ya que la finalidad del suministro de la información, contenida en el anexo de este Convenio, es estadística, la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda se responsabilizará, estableciendo los controles necesarios, de que la información se utilice de forma que la protección de datos de carácter personal quede totalmente garantizada en los términos que regulan los artículos 13 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en los artículos 32 a38 de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León, que regulan lo relativo al secreto estadístico.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda se encargará de todos los procesos necesarios para la incorporación de la información cedida por el INSS a sus registros, a los efectos de depurar y complementar la información disponible de otras fuentes y, en su caso de su utilización directa para la realización de explotaciones estadísticas, de acuerdo con sus propios diseños.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León podrá realizar la difusión y publicación de los resultados que estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 41 y 42 de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León, y siempre condicionada a que no se produzca vulneración de ningún precepto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento, contenidos en el anexo, tendrán carácter de reservados y secretos por lo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se compromete a mantener rigurosamente este carácter y a preservar los derechos de las Personas físicas y jurídicas a las que se refiere la información estableciendo los procedimientos que garanticen su anonimato tanto en los términos previstos por el Reglamento (UE) número 2016/679, de 27 de abril de 2016, como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

La Comunidad Autónoma acepta y asume que la cesión de datos se limita a los fines exclusivos especificados en el presente Convenio y que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de estadísticas que dichos servicios tengan encomendadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 12/1989, por lo que cualquier otro uso que se haga de los datos constituirá un incumplimiento del Convenio suscrito que facultará al INSS y al ISM para exigir las responsabilidades oportunas.

La Comunidad Autónoma será garante frente al INSS y al ISM, así como frente a terceros, de cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por sus usuarios de los datos cedidos, eximiendo a las entidades gestoras de la Seguridad Social de cualquier responsabilidad al respecto.

Tercera Financiación

Las actuaciones previstas en el presente Convenio no generarán costes ni darán lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.

Cuarta Protección de datos personales

El control y seguridad de los datos suministrados al amparo de este Convenio se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 2016/679, de 27 de abril de 2016; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como por lo establecido en el apartado seis de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, y en la demás normativa de aplicación en materia de protección de datos personales, así como en los protocolos de Seguridad de la Información aprobados por el INSS y las normas de acceso y uso seguro de los sistemas de información acordadas por el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social.

Quinta Comisión Mixta de Seguimiento

Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento que estará integrada por los siguientes representantes:

• A) Representantes del INSS:
  • – Persona titular de la Subdirección General de Gestión de Prestaciones.
  • – Persona titular de la Subdirección Adjunta de Gestión de Prestaciones.
• B) Representantes del ISM:
  • – Persona titular de la Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
  • – Persona titular del Área de la Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
• C) Representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León:
  • – La persona titular de la Dirección General de Presupuestos y Estadística.
  • – La persona titular de la coordinación de los servicios de estadística de la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

    Las funciones son las siguientes:

    • • Coordinar las actuaciones necesarias para la correcta ejecución del presente Convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de intercambio de información más eficaces así como las medidas que garanticen la protección de los datos suministrados, así como las variaciones que puedan experimentar tanto la herramienta como el detalle de los diseños correspondientes a los ficheros objetos de cesión.
    • • Resolver sobre cualquier discrepancia o controversia que se suscite en la interpretación o ejecución del presente Convenio.

La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, siempre que los temas a tratar o las circunstancias lo aconsejen, y para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. El funcionamiento ordinario de la Comisión se realizará a distancia según lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de que se acuerde la convocatoria de sesiones presenciales cuando lo solicite algún otro miembro de la Comisión.

La Comisión Mixta de Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, en lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto para el funcionamiento de órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Sexta Vigencia

El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años, se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización.

Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El Convenio podrá prorrogarse, siempre que las partes así lo acuerden unánimemente antes de su finalización, por un período máximo de otros cuatro años, según lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Séptima Modificación y resolución

Conforme el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la modificación de cualquier cláusula de este Convenio será necesaria la unanimidad de los firmantes. En este sentido la Comisión Mixta de Seguimiento propondrá a las partes las actualizaciones o modificaciones propuestas, y los sujetos firmantes suscribirán el acuerdo correspondiente, que deberá formalizase mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, son causas de resolución del Convenio, las siguientes:

• a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado expresamente su prórroga.
• b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
• c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
• d) La decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
• e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

Asimismo, será causa de resolución del Convenio la denuncia expresa de cualquiera de las partes, y precisará de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento para la decisión sobre la continuación del mismo.

Octava Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por una de las partes, cualquiera de las otras podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento. Si transcurrido este plazo persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las otras partes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

Si el incumplimiento supusiera la infracción del algún precepto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las acciones legales que cualquiera de las partes pueda emprender de acuerdo con dicha Ley.

La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros.

Novena Régimen Jurídico

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente Convenio a los trámites previstos en dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos.

Décima Jurisdicción competente

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula quinta, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.