Artículo 15

1. En materia civil y mercantil, las resoluciones dictadas por los tribunales de una de las Partes Contratantes serán reconocidas y ejecutadas en el territorio de la otra Parte Contratante, independientemente de la naturaleza del órgano judicial, de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Convenio.

2. A los efectos del presente Convenio, por:

• «Resolución» se entenderá toda resolución judicial cualquiera que sea su denominación.
• «Tribunal de origen» se entenderá el tribunal que dicte, en uno de los Estados Contratantes, la resolución cuyo reconocimiento y ejecución se solicite al otro Estado Contratante.
• «Estado requerido» se entenderá el Estado al que se solicite el reconocimiento o ejecución de la resolución dictada por el Tribunal de origen.

Artículo 16

El presente Convenio no se aplicará a las resoluciones dictadas en las materias y casos siguientes:

• a) En materia testamentaria y sucesoria.
• b) En materia de quiebra, procedimientos de liquidación de sociedades u otras personas jurídicas insolventes, convenios entre deudor y acreedores y procedimientos análogos.
• c) En materia de Seguridad Social.
• d) En caso de medidas cautelares y provisionales, salvo las dictadas en materia de alimentos y de embargos preventivos.

Artículo 17

En materia civil y mercantil, las resoluciones en materia de jurisdicción contenciosa o voluntaria dictadas por órganos jurisdiccionales que tengan su sede en España o en Túnez serán reconocidas de pleno derecho en el territorio del otro Estado cuando cumplan las siguientes condiciones:

• a) Que la resolución emane de un órgano jurisdiccional competente conforme a lo establecido en el artículo 19 del presente Convenio;
• b) que la parte vencida en juicio haya comparecido o haya sido citada regularmente;
• c) que la resolución ya no pueda ser objeto de recurso ordinario conforme a la ley del Estado en que fue dictada y sea ejecutoria en ese Estado;
• d) que la resolución no sea contraria al orden público del Estado en que se invoque o a los principios de derecho público aplicables en ese Estado;
• e) que la resolución tampoco se oponga a una resolución judicial dictada en el Estado requerido y que tenga en él autoridad de cosa juzgada;
• f) que antes de la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución cuya ejecución se solicita no se haya incoado ante ningún órgano jurisdiccional del Estado requerido ningún procedimiento entre las mismas partes sobre los mismos hechos y con el mismo motivo;
• g) que la resolución no sea fruto de maniobras fraudulentas;
• h) cuando las Partes convengan someter a la jurisdicción del tribunal de origen todo litigio surgido o que pueda surgir con motivo de una relación jurídica determinada.

Artículo 18

1. El reconocimiento y ejecución no podrán denegarse por el solo motivo de que el tribunal que haya dictado la resolución haya aplicado una ley diferente de la que contenga las normas de derecho internacional privado del Estado requerido.

2. No obstante, el reconocimiento y ejecución podrán denegarse por dicho motivo cuando la resolución dictada en materia de derecho de familia, estado y capacidad de las personas sea notoriamente contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado requerido.

Artículo 19

1. Se reconocerá la competencia de la autoridad judicial del Estado en que se haya dictado la resolución, conforme al artículo 17, en los siguientes casos:

• a) Cuando, tratándose de una acción personal o mobiliaria, el demandado o uno de los demandados, en caso de indivisibilidad de la acción, tuviera su domicilio o residencia habitual en ese Estado en el momento de la notificación del documento con que se inicia el procedimiento;
• b) cuando el demandado que tenga un establecimiento comercial o industrial o una sucursal en el Estado en que se haya dictado la resolución, haya sido citado para un proceso relativo a la actividad, del establecimiento o de la sucursal;
• c) cuando se trate de una demanda reconvencional que se derive de los mismos hechos o de los mismos actos jurídicos que la demanda principal;
• d) en materia de relaciones matrimoniales, los órganos jurisdiccionales del Estado de origen en el sentido del presente Título serán competentes cuando los dos cónyuges no tengan la nacionalidad del Estado requerido; cuando los dos cónyuges sean nacionales de un tercer Estado, no se reconocerá la competencia jurisdiccional del Estado de origen en el caso de que la resolución tampoco sea reconocida en el tercer Estado. Cuando solamente uno de los dos cónyuges tenga la nacionalidad del Estado requerido, los órganos jurisdiccionales del Estado de origen en el sentido del presente Título serán competentes si el demandado, en el momento de la iniciación del procedimiento, tuviera su residencia habitual en el Estado de origen o cuando la última residencia habitual común de los cónyuges estuviera situada en el Estado de origen y si uno de los dos cónyuges residiera en el Estado de origen en el momento del inicio del procedimiento;
• e) cuando se trate de un litigio en materia de derechos reales relativo a bienes inmuebles situados en el Estado en que se haya dictado la resolución;
• f) en materia mercantil, cuando por acuerdo expreso o tácito del demandante y del demandado, la obligación contractual objeto del litigio haya nacido, haya sido o deba ser ejecutada en el territorio de ese Estado;
• g) cuando en materia de daños y perjuicios derivados de una responsabilidad extracontractual, el hecho perjudicial se haya cometido en el territorio de ese Estado;
• h) cuando el demandado haya presentado su defensa en cuanto al fondo sin haber impugnado la competencia del tribunal de origen;
• i) cuando la acción se refiera a un contrato de trabajo o a derechos derivados de ese contrato y el establecimiento o el centro de trabajo esté situado en el Estado de origen, aun cuando el lugar de ejecución del contrato esté situado fuera del Estado de origen;
• j) en cualquier otro caso en que se reconozca la competencia en virtud de las normas de competencia judicial internacional admitidas por la legislación del Estado en que se invoque la resolución;
• k) cuando la acción tenga por objeto la obligación de prestar alimentos y el acreedor de alimentos tuviera, en el momento del inicio del procedimiento, su domicilio o su residencia habitual en el Estado de origen.

2. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a las resoluciones referentes a los litigios para los que el derecho del Estado requerido reconozca como exclusivamente competentes, por razón de la materia, a sus propios órganos jurisdiccionales o a los de un tercer Estado.

Artículo 20

Las resoluciones mencionadas en el artículo 17, que sean ejecutorias en uno de los dos Estados, sólo podrán dar lugar a ejecución forzosa por las autoridades del otro Estado, o ser objeto por parte de esas autoridades de una formalidad pública como la inscripción, la transcripción o la rectificación en los registros públicos, después de haber sido declaradas ejecutorias en él.

Artículo 21

1. El exequátur se solicitará, por lo que respecta a España, ante el Juez de Primera Instancia, y, por lo que respecta a Túnez, ante la autoridad judicial competente según su ley interna.

2. El procedimiento de exequátur se regirá por la ley del Estado requerido.

Artículo 22

1. El órgano jurisdiccional competente se limitará a verificar si la resolución cuyo exequátur se solicita cumple las condiciones previstas en los artículos anteriores para su reconocimiento. Procederá de oficio a ese examen haciendo constar el resultado en la resolución.

2. Al conceder el exequátur, el órgano jurisdiccional competente ordenará, si procede, las medidas necesarias para que la resolución extranjera reciba la misma publicidad que si hubiera sido dictada en el Estado en que se haya declarado ejecutoria.

3. El exequátur podrá concederse parcialmente, para alguno de los puntos de la resolución extranjera.

Artículo 23

1. La resolución de exequátur surtirá efectos entre todas las partes en el procedimiento y en toda la extensión del territorio del Estado requerido.

2. La resolución de exequátur permitirá que la resolución declarada ejecutoria surta los mismos efectos que si hubiera sido dictada por un tribunal del Estado requerido.

Artículo 24

La Parte que inste el reconocimiento o que solicite la ejecución de una resolución judicial deberá presentar:

• a) Copia de la resolución que reúna, según la legislación del Estado de origen, los requisitos necesarios para su autenticidad;
• b) original de la cédula de notificación de la resolución o de cualquier otro documento que haga las veces de notificación;
• c) un documento de la secretaría del órgano jurisdiccional en que se haga constar que no existe oposición ni recurso contra la resolución;
• d) copia auténtica de la demanda, dirigida al demandado, cuando éste no haya comparecido;
• e) traducción en el idioma del Estado requerido o en el idioma francés de todos los documentos enumerados anteriormente, certificada conforme según las normas establecidas por la legislación del Estado requerido.