Es una creencia afincada en el imaginario colectivo de la ciudadanía que cumplir una pena de prisión en España es algo, relativamente, complicado.
Se piensa que existe una especie de carta blanca que permite a todos los ciudadanos cometer, al menos una vez en la vida, un delito y que no pasa nada, que la justicia española nos lo perdonará por carecer de antecedentes penales y si la pena no supera los 2 años de prisión.
Sobra decir que no funciona así. O, al menos, no es tan sencillo. Ni, mucho menos, automático.
La realidad es que la justicia española es lenta, pero contundente. Y terminar cumpliendo una pena de prisión por distribuir material pornográfico de menores de edad es cada vez más frecuente.
Los delitos de pedofilia y corrupción de menores son cada vez más perseguidos. Según el último dato de la Fiscalía General del Estado (Memoria 2025), los escritos de acusación formulados por Fiscalía en el año 2024 por tenencia o distribución de material pornográfico han aumentado un 28,83% respecto del año anterior.
Cuando se habla de “distribución de pornografía infantil” podemos imaginarnos que estamos frente a una verdadera red de explotación sexual de menores, pero -casi- nunca es el caso.
Distribuir no es sólo eso. También distribuye -o facilita- quien lo descarga mediante redes P2P (Ares, Torrent, Emule, o similares) con conocimiento de que está siendo compartido gracias a su descarga; o quien intercambia los archivos mediante aplicaciones de mensajería (Telegram, Signal).
Llegando al punto que también distribuye pornografía infantil quien envía una imagen, gif o sticker de contenido pedófilo a través de un grupo de WhatsApp.
Es ejemplificativa de este comportamiento la Sentencia nº 34/2026 de la Audiencia Provincial de Madrid (17ª) que condena a dos años y seis meses de prisión a Maximiliano (nombre anonimizado) por enviar dos stickers de contenido pedófilo a través de un grupo de WhatsApp. Pena de prisión que, a priori, no puede suspenderse y que supondrá la más que potencial entrada en prisión de un chico de 23 años que, probablemente, desconocía que dicha actitud pudiera generar un reproche penal de tal entidad.
O, en un sentido similar, la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla de 13 de diciembre de 2021 (P. Abreviado nº 177/19), posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla en Sentencia nº 475/2024, donde se condena a Erasmo (anonimizado) por la comisión de un delito de distribución de pornografía infantil por enviar un gif de contenido pedófilo por el grupo de WhatsApp de sus amigos.
Y, en términos generales, estas conductas conllevan penas de hasta cinco años de prisión, que pueden llegar incluso a nueve años de prisión cuando el contenido distribuido es de notoria importancia o especialmente vejatorio, entre otras circunstancias.
Sin duda, la pornografía infantil es el elefante en la habitación. Los que nos dedicamos a esto lo tratamos todos los días pero, al mismo tiempo, advertimos cómo se ignora por los medios de comunicación. Y, sobre todo, por los clientes que se encuentran expuestos a este tipo de procedimientos penales; quienes muchas veces desconocen el alcance y repercusión que puede tener una condena por un delito de pornografía infantil: no sólo la prisión (a veces es lo de menos), sino también inhabilitación para ejercer trabajos con menores, privación patria potestad y la inclusión en el Registro Central de Delincuentes Sexuales por tiempo de 30 años -ni uno más ni uno menos-.
La corrupción de menores ya no es un delito excepcional ni reservado a contextos extremos. Es una realidad cotidiana en la vida de los ciudadanos y, por consecuencia, en los juzgados. Y, sin embargo, sigue tratándose socialmente con una ligereza preocupante. Ese desfase entre percepción y realidad es, probablemente, uno de los mayores riesgos: el de enfrentarse a un delito con consecuencias personales devastadoras sin haber sido consciente de ello hasta que ya es demasiado tarde.
Salvador Castillejo Leonés es abogado penalista y fundador del bufete Exculpa Abogados.
