Recibir una multa de tráfico nunca es agradable. Y cuando viene acompañada de la pérdida de puntos del permiso de conducir, la preocupación suele ser todavía mayor.

En muchas ocasiones, el conductor da por hecho que poco puede hacer. Si un radar ha captado su vehículo y la Administración aporta fotografías, parece difícil cuestionar lo ocurrido. Al fin y al cabo, tendemos a pensar que una máquina sometida a controles técnicos no se equivoca.

Sin embargo, en Derecho hay una pregunta que conviene hacerse antes de llegar a esa conclusión: ¿qué acredita exactamente la documentación incorporada al expediente?

Una sentencia de 26 de octubre de 2026, dictada en Zaragoza en un procedimiento contencioso-administrativo, ofrece un ejemplo muy claro. El juzgado anuló una sanción de 300 euros y la retirada de dos puntos porque la prueba fotográfica no cumplía los requisitos exigibles en aquel caso.

Lo llamativo es que el problema no estaba en el funcionamiento del radar. El órgano judicial consideró acreditado que el cinemómetro había superado los controles metrológicos pertinentes. La dificultad estaba en las imágenes aportadas para justificar la sanción.

Dos fotografías que procedían de una sola captación

El expediente se refería a una medición de 154 km/h en una vía limitada a 120 km/h. Para acreditar la infracción, la Administración incorporó dos imágenes del vehículo.

A primera vista, podían parecer dos fotografías diferentes. Pero la segunda no mostraba una nueva captación del coche: era una ampliación de la primera, centrada en la zona de la matrícula para facilitar su lectura.

Había dos imágenes en el expediente, sí. Lo que no había eran dos fotogramas obtenidos en momentos distintos.

Esa diferencia, aparentemente pequeña, terminó siendo decisiva. Porque no se discutía el número de archivos o fotografías aportados, sino si estos cumplían la función probatoria exigida por la normativa para ese tipo de supuesto.

Qué exige realmente la normativa

La Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, regula, entre otras materias, el control metrológico de determinados instrumentos de medida. Su anexo XII, apéndice I, apartado 1.10, contiene una previsión específica para ciertos cinemómetros.

Cuando funcionan sin la presencia continua de un operador que vigile su funcionamiento y no son capaces de detectar, seguir e identificar inequívocamente el vehículo durante todo el proceso de medición, la norma exige al menos dos fotogramas tomados en instantes diferentes: uno con una visión panorámica del vehículo y otro que permita identificar su matrícula.

No se trata, por tanto, de una regla aplicable de manera automática a todos los radares. Hay que atender al tipo de equipo, a sus capacidades y a las condiciones concretas de funcionamiento.

Ahora bien, cuando la exigencia resulta aplicable, una ampliación de la primera fotografía puede ayudar a leer la matrícula, pero no acredita por sí sola que exista una segunda captación temporalmente independiente.

El razonamiento del juzgado

Durante el procedimiento se formularon distintas objeciones a la sanción, entre ellas algunas relacionadas con la verificación metrológica, la cabina en la que estaba instalado el equipo, el margen de error y la suficiencia de la prueba.

La sentencia no acogió todas esas alegaciones. Consideró acreditado el control metrológico del cinemómetro y señaló que en el expediente sí figuraba el certificado de verificación de la cabina. También examinó el margen de error consignado en la documentación, cuya aplicación no alteraba el resultado relevante a efectos de la resolución.

Esta precisión importa: la anulación no se fundamentó en que el aparato estuviera averiado o careciera de los controles correspondientes.

El motivo determinante fue la prueba fotográfica. El juzgado constató que la segunda imagen era una mera ampliación de la primera y que no constaba en el expediente que el cinemómetro funcionara con vigilancia continuada de un operador. Tampoco quedó acreditada la obtención de dos fotogramas en momentos diferentes.

Con esos elementos, apreció un defecto en el procedimiento sancionador que causaba efectiva indefensión al recurrente y estimó el recurso. La resolución sancionadora quedó anulada, sin imposición de costas. La propia sentencia señala que contra ella no cabe recurso.

La diferencia entre aportar una prueba y acreditar una infracción

A mi juicio, el interés de esta resolución va más allá de los radares. Recuerda algo esencial en cualquier procedimiento sancionador: no basta con que exista documentación en el expediente; hay que examinar qué acredita y si satisface las garantías exigibles.

Una fotografía puede identificar perfectamente un vehículo. Una ampliación puede permitir leer mejor la matrícula. Pero, cuando lo que exige la norma es constatar dos instantes diferentes, ninguna mejora de imagen transforma una única captación en dos.

De ahí la importancia de analizar el expediente completo. Los certificados, las fotografías y las características del equipo deben valorarse conjuntamente, no como piezas aisladas cuya mera presencia baste para justificar la decisión administrativa.

Esto tampoco significa que cualquier error formal conduzca necesariamente a la anulación de una multa. La relevancia jurídica de una deficiencia depende de las exigencias aplicables y de su incidencia sobre las garantías del procedimiento y el derecho de defensa.

¿Puede recurrirse cualquier multa si solo hay una fotografía?

No. Sería una conclusión equivocada y poco responsable.

Existen distintos sistemas de medición, con características técnicas diferentes. La exigencia prevista en el apartado 1.10 no opera en todos los casos. Tampoco basta con observar dos imágenes parecidas para afirmar que una sanción será anulada.

La revisión de cada expediente requiere comprobar, entre otras cuestiones, el equipo utilizado, sus condiciones de funcionamiento, la normativa aplicable y la prueba efectivamente incorporada por la Administración.

En ocasiones, ese examen confirmará que la sanción está correctamente acreditada. En otras, permitirá detectar una deficiencia relevante que no se apreciaba en la notificación recibida por el conductor.

Una garantía que no pierde valor por el avance tecnológico

Los sistemas de control de velocidad cumplen una función importante para la seguridad vial. Su evolución técnica ha mejorado las posibilidades de medición y de identificación de vehículos, pero no ha eliminado las garantías propias del procedimiento sancionador.

La Administración debe acreditar los hechos por los que sanciona y el ciudadano conserva el derecho a examinar y cuestionar esa prueba. Que el instrumento haya superado sus controles técnicos no resuelve, por sí solo, todas las cuestiones probatorias de un expediente.

La sentencia analizada lo muestra con claridad: una cosa es que el radar sea apto para medir la velocidad y otra que las fotografías aportadas sean suficientes para mantener una sanción concreta.

En este caso, la diferencia entre dos captaciones independientes y una misma fotografía ampliada fue determinante. Y esa es, probablemente, la enseñanza más valiosa de la resolución: las garantías probatorias no son un simple formalismo, sino una parte esencial del derecho de defensa.