Pidió marcharse, cambió de opinión antes de la fecha de salida y la empresa tramitó su baja. El TSJ del País Vasco confirmó que hubo un despido improcedente. En este caso que se va a tratar, las gestiones para sustituirlo no acreditaban un perjuicio sustancial que impidiera aceptar su continuidad.

Un trabajador comunica que quiere marcharse de la empresa, pero cambia de opinión antes de la fecha prevista para su salida. ¿Puede conservar su empleo? La respuesta depende del momento en que se retracta y de los perjuicios que su decisión pueda causar. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la improcedencia del despido de un inspector que pidió continuar en plantilla un día antes de que se hiciera efectiva su baja.

La sentencia, de 28 de octubre de 2025 (recurso 2141/2025), examina el caso de Arcadio, que trabajaba desde 2016 en la delegación de Amorebieta. En junio de 2024 planteó una salida negociada porque su actividad le generaba estrés. Las conversaciones no desembocaron en un acuerdo sobre las condiciones de la extinción.

El 27 de junio manifestó que su decisión de marcharse era firme, aunque seguía intentando negociar una salida que le permitiera acceder al desempleo. La empresa fijó la baja para el 3 de julio.

Mientras se desarrollaban estas conversaciones, la compañía publicó una oferta para cubrir la vacante. El 28 de junio, otro empleado aceptó ocupar el puesto a partir del 9 de septiembre.

No obstante, el 2 de julio Arcadio comunicó expresamente que quería permanecer en la empresa y solicitó que no se tramitara ninguna baja. La relación laboral seguía vigente. Pese a ello, al día siguiente recibió el finiquito y el requerimiento de devolver el ordenador, el teléfono, el vehículo y las tarjetas.

El trabajador impugnó la extinción. El Juzgado de lo Social estimó su petición subsidiaria y declaró el despido improcedente. Condenó a la empresa a elegir entre readmitirlo, con los correspondientes salarios de tramitación, o indemnizarlo con 19.928,42 euros. También reconoció 531,94 euros por cantidades pendientes, con un interés de mora del 10 %.

La empresa recurrió. Sostenía que la retractación había llegado cuando ya estaba comprometida la sustitución y que aceptar la continuidad del trabajador le ocasionaba perjuicios.

La Sala aplica la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2012. De esta forma, quien ha comunicado una dimisión con preaviso puede retractarse antes de que produzca efectos, mientras el contrato continúe vigente. Esta posibilidad encuentra un límite cuando la rectificación causa un perjuicio sustancial a la empresa o a terceros.

Por tanto, la controversia exigía examinar qué consecuencias concretas había producido la decisión inicial de marcharse. La existencia de gestiones para buscar un sustituto no bastaba, por sí sola, para impedir la continuidad.

El Tribunal no considera acreditado ese perjuicio sustancial. No constaba un precontrato firmado con la persona que iba a ocupar el puesto ni gastos adicionales para ella o para la empresa, más allá de los derivados de publicar la oferta.

También valora el calendario. La incorporación del sustituto estaba prevista para septiembre, más de dos meses después de la retractación. Su formación se desarrolló durante julio, cuando Arcadio ya había comunicado que quería seguir trabajando.

Las conversaciones previas aportaban otro elemento: la salida se había planteado en el contexto de una negociación sobre sus condiciones. Aunque el trabajador había expresado su voluntad de marcharse, rectificó antes de la fecha fijada para la extinción.

El TSJ desestima el recurso empresarial y confirma la sentencia. Impone, además, a la empresa el pago de 900 euros por los honorarios de la defensa del trabajador, sin IVA.

En suma, esta resolución judicial obliga a prestar atención a las fechas y a la prueba del perjuicio alegado. Haber iniciado una selección o contar con una aceptación para cubrir el puesto no acredita automáticamente un daño que impida admitir la retractación. En este caso, la empresa tramitó la baja cuando el trabajador ya había pedido continuar y no demostró una razón suficiente para rechazarlo.