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Barreras jurisprudenciales a la prueba ilícita penal en derecho norteamericano y español. Doctrinas afines.

Inicialmente debemos hacer una premisa con punto de partida en la Política Criminal y Seguridad Pública que puedan acaso servir de sustento doctrinal a este artículo. La política criminal se encuentra en el sentido estricto del concepto de seguridad pública, su importancia radica en ser la guía para el diseño de las estrategias y acciones que se plasman en programas concretos para solucionar la demanda de seguridad en su vertiente estricta.

Cómo afecta la Ley de Caza de Extremadura al derecho de propiedad privada

01 de marzo de 2008 Artículos doctrinales CAZA

La propiedad privada es un derecho reconocido en el art. 33.1 de nuestra Constitución, con las palabras “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Seguidamente, sin embargo, el mismo artículo comienza a hablar de las limitaciones de la propiedad privada, haciendo referencia a “la función social de estos derechos”, y se remite a las leyes particulares que puedan establecer concretos límites al derecho de propiedad.

El acceso a los recursos de casación y amparo constitucional

El artículo pretende llamar la atención sobre un posible mecanismo legal alternativo para aliviar la crónica congestión y retraso que sufren en España los recursos de casación ante el Tribunal Supremo y los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, o, al menos, para arrojar alguna luz sobre los problemas teóricos y prácticos que dicha situación obliga a plantear.

El nuevo artículo 122 de la Ley de Minas

01 de diciembre de 2007 Artículos doctrinales MINERÍA

La Disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (BOE de 3 de julio de 2007), ha añadido un nuevo artículo 122 a la Ley 22/1973 de Minas.

Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como sus órganos de valoración en el Decreto 168/2007

La Comunidad Autónoma Andaluza, a la que corresponde la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, en virtud del articulo 61.a) del Estatuto de Autonomía, ha aprobado una normativa propia para la puesta en funcionamiento del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia, el Decreto 168/2007, de 12 de junio.

Excepción a la obligación de alta y cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

De los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, se podría deducir fácilmente que cualquier persona que efectúe una actividad por cuenta propia está necesariamente obligado a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y a cotizar en él durante todo el período en que desempeñe esa actividad. No obstante esto no es así exactamente.

Régimen de autorización de gran establecimiento comercial en Andalucía (I): Procedimiento originario de instalación de gran superficie comercial

El derecho de libertad de empresa se halla reconocido en el artículo 38 de la Constitución Española de 1978, incardinado en la Sección 2ª (De los derechos y deberes de los ciudadanos), del Capítulo II (Derechos y Libertades) del Título I (De los derechos y deberes fundamentales), actualización del clásico principio de libertad de comercio e industria. Pero este derecho, que tiene como contenido mínimo esencial la libertad de creación de empresas y la libertad de acceder al mercado, la libertad de organización de la empresa constituida y de dirección, no es absoluto.

La cancelación de los datos en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Uno de los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos de carácter personal y a través de los cuales los ciudadanos pueden controlar la información que sobre los mismos detentan los responsables de tratamientos de datos, tanto públicos como privados, es el derecho de cancelación de datos innecesarios. Este derecho de control ciudadano tiene especialidades en lo que respecta al tratamiento de datos en el ámbito policial en relación al ejercicio de este derecho en la forma que se especifica en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.

Novedades en materia de precios de transferencia: operaciones vinculadas

La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal da una nueva redacción al artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que regula las operaciones entre personas o entidades vinculadas, para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de diciembre de 2006.

Breve comentario a la Ley de Protección de datos de Carácter Personal

Lo primero que quiero significar es que la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, entronca con dos ramas fundamentales de nuestro Derecho, como son la rama constitucional y la rama penal. Y esto se desprende, sin lugar a dudas, nada más comenzar a leer la misma puesto que en su artículo 1 se consagra el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, precepto que a todas luces entronca con el consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución. De igual modo y a lo largo de la Ley Orgánica 15/99, se pueden entrever diversos preceptos que se relacionan con el Código Penal, como más adelante pasaré a analizar.

Opción de Compra

La llamada opción de compra constituye un negocio jurídico atípico o innominado que no aparece expresamente regulado en el Código Civil, aunque venga reconocido a los efectos registrales en el artículo 14 del Reglamento Hipotecario (lo que no implica que tenga carácter de derecho real) debiendo considerarse admitido con base en el articulo 1255 del Código sustantivo y en la doctrina legal que ha perfilado su concepto y caracteres.

La competencia territorial en el juicio monitorio. Problemas prácticos

El artículo 813 de la LEC establece que “será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juez de 1ª Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fuere conocido el del lugar en que el deudor pueda ser hallado a efectos de requerimiento de pago por el tribunal… En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidos en la sección 2ª del Capítulo II del Título II del Libro I.” La ley asigna, así, la competencia territorial para el proceso monitorio atendiendo a un fuero principal, el domicilio o la residencia, y otro subsidiario.

Evolución de la legitimación activa de las sociedades de gestión

Bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, encontramos, en el artículo 118 del Reglamento de 1880, el antecedente más primitivo de lo que hoy constituye la gestión de un tercero de los derechos correspondientes al autor. En el año 1901 se crea la Sociedad de Autores Españoles y en el año 1932 se constituyen hasta seis sociedades de autores.