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El Gobierno modifica la normativa sobre contratación pública para agilizar el procedimiento y favorecer la competencia

25 de noviembre de 2016 Noticias Contratación pública

La reforma prevé una reducción general de los plazos de tramitación, la utilización preferente de medios electrónicos, la generalización del uso de las llamadas "declaraciones responsables", la división de los contratos en lotes y la limitación de la utilización de los llamados "medios propios". También se establece una regulación más rigurosa de las prohibiciones de contratar, se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía y se regula un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado "de asociación para la innovación".

No es necesaria autorización judicial para que la policía capture los códigos IMEI e IMSI de un teléfono móvil

El código IMSI, por sí solo, no es un dato integrable en el concepto de  comunicación, ni puede ser encuadrado entre los datos especialmente protegido, pues sólo expresa una serie alfanumérica incapaz de identificar, por su simple lectura, el número comercial del abonado y otros datos de interés para la identificación de la llamada.

Contenido y novedades de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público

Esta Ley abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas y, por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado.

La prueba de la verdad o P-300 debe ser considerada jurídicamente como una declaración y, por tanto, sólo puede llevarse a cabo con la voluntad del sujeto

22 de julio de 2015 Jurisprudencia Test de la verdad

Por primera vez un tribunal, La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Aragón, se ha pronunciado sobre la validez de la práctica de la llamada “prueba de la verdad”, concluyendo que debe ser considerada jurídicamente como una declaración y no como una prueba de intervención corporal, y por tanto solo puede efectuarse con la voluntad del sujeto.

¿Es posible recurrir en casación una sentencia dictada de conformidad?

22 de julio de 2015 Artículos doctrinales

En este trabajo, se van a analizar las llamadas sentencias de conformidad, obtenidas en sede de procedimiento ordinario, diligencias previas o juicio rápido, reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y tras examinar brevemente su regulación legal, naturaleza y requisitos, estudiaremos los supuestos excepcionales en los que cabe recurso de casación contra las mismas, a la luz de la última Jurisprudencia dictada al efecto.

La Audiencia de Valladolid aplica la ‘doctrina Parot’ del Supremo a un condenado por el asesinato, violación y rapto de una niña

24 de febrero de 2012 Jurisprudencia DOCTRINA PAROT

La Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid ha dictado un auto, de 24 de febrero, en el que aplica la llamada “doctrina Parot” para el cálculo del licenciamiento de un condenado en 1993 por el asesinato, violación y rapto de una niña de 9 años. La Audiencia dispone que el salga de prisión en julio de 2025.

La Audiencia de Valladolid aplica la ‘doctrina Parot’ del Supremo a un condenado por el asesinato, violación y rapto de una niña

24 de febrero de 2012 Jurisprudencia DOCTRINA PAROT

La Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid ha dictado un auto, de 24 de febrero, en el que aplica la llamada “doctrina Parot” para el cálculo del licenciamiento de un condenado en 1993 por el asesinato, violación y rapto de una niña de 9 años. La Audiencia dispone que el salga de prisión en julio de 2025.

La Audiencia de Valladolid aplica la ‘doctrina Parot’ del Supremo a un condenado por el asesinato, violación y rapto de una niña

24 de febrero de 2012 Jurisprudencia DOCTRINA PAROT

La Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid ha dictado un auto, de 24 de febrero, en el que aplica la llamada “doctrina Parot” para el cálculo del licenciamiento de un condenado en 1993 por el asesinato, violación y rapto de una niña de 9 años. La Audiencia dispone que el salga de prisión en julio de 2025.

El principio de precaución y la responsabilidad jurídica

Las presentes líneas ofrecen un breve comentario introductorio en torno al llamado “principio de precaución”, desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica; el objeto de lo dicho en este apartado es el de ofrecer al lector un conjunto de ideas básicas que, a modo de panorámica general, le sitúen ante la materia aquí estudiada. La llamada a tal principio ha ido ganando un creciente reconocimiento en ciertas materias –sobretodo, medio ambiente y salud pública-, no solo en el plano del Derecho Internacional sino, también, por parte de algunos países europeos –especialmente, Francia, que incluyó dicho principio en su propio Texto Constitucional en 2004-; en cuanto a los Medios de Comunicación (prensa, radio, TV), tanto en formato analógico como digital, raro es el día en el cual alguno de ellos no nos ofrece un “Titular de Impacto”, basado en dicho principio y llamativo hasta lo indecible, que sirva para desatar la más grave/generalizada alarma entre la “atónica y aterrorizada” audiencia. Abundan las noticias que hablan del aumento exagerado de la inseguridad y degradación de la vida cotidiana en cualquier ciudad del mundo; sin duda, parece como si la mayoría de las personas vivieran con los nervios a flor de piel, incapaces de dominar sus más negativas emociones de frustración, ansiedad y miedo.

Mediación Concursal tras la nueva Ley de Emprendedores.

17 de octubre de 2013 Artículos doctrinales

La Ley de Emprendedores aprobada en el congreso, institucionaliza la llamada Mediación Concursal para ello introduce los artículos 231 a 242 de la Ley Concursal y también dos disposiciones adicionales la séptima referida a los créditos de derecho público y la octava referida a la remuneración del Mediador Concursal. Se crea la figura del Mediador Concursal, cuya finalidad será la consecución de la aprobación de un acuerdo de pagos que permita la supervivencia de la empresa. También, como hecho relevante, se introduce en esta ley una limitación de la responsabilidad universal por deudas que tradicionalmente regía en nuestro derecho y que tenía su reflejo en el artículo 1.911 del Código Civil. Así nuestro derecho de insolvencia se equipara a otras legislaciones como la alemana o la norteamericana que recogían instituciones como el fresh start discharge o la liberación por deudas, recogido en el derecho alemán y otras instituciones europeas.

Costas procesales: Algunas cuestiones controvertidas a la luz de la jurisprudencia menor más reciente

19 de septiembre de 2013 Artículos doctrinales Costas Procesales

El presente artículo acoge una serie de cuestiones discutidas en materia de costas procesales que se ven frecuentemente en los distintos Tribunales. La jurisprudencia y, en gran medida, la llamada “menor” -la de nuestras Audiencias Provinciales-, abordan sistemáticamente distintos supuestos de impugnación de tasaciones de costas, dudas sobre si corresponde o no su práctica, así como si cabe o no condena en costas en casos concretos. La selección de temas ha sido elegida, principalmente, en base al interés general que creo que tienen, así como en base a casos concretos que, como Secretario Judicial, he tenido la oportunidad de estudiar y que creo que pueden clarificar a todos los operadores jurídicos cómo actuar. El trabajo actual sigue la estela de otros estudios propios anteriores sobre la materia, en el que trato nuevos temas, algunos los adapto a la nueva legislación o jurisprudencia habida y, en definitiva, pretendo traer a debate ciertas controversias que, sobre costas procesales, tenemos que afrontar en el día a día de nuestro quehacer diario en o ante los Tribunales.

Las penas privativas de libertad, resocialización y su incidencia en derechos de los reclusos

Aunque pueda resultarnos algo extraño las prisiones constituyen un fenómeno relativamente reciente, casi contemporáneo, al menos con la finalidad con la que la que conocemos hoy a los centros penitenciarios. Si originariamente su finalidad era la retención de retención y custodia de los presos aguardando su juicio o por mejor decir su castigo; la irrupción de las llamadas Escuelas penales supuso la atribución a las prisiones de lugar de cumplimiento de las penas privativas de libertad ya en su función de castigo por el mal causado (doctrinas expiatorias o retribucionistas) ya en su función de prevenir la comisión de delitos por la sociedad en general (doctrinas de la prevención general) o por quien ya había delinquido (prevención especial).

¿Merece la pena recurrir multas? Guión práctico.

Para desgracia de los particulares/empresas, en el procedimiento administrativo sancionador, por el cual se imponen sanciones generalmente de contenido pecuniario, vulgarmente llamadas "multas", la Administración es juez y parte. A propósito de la anterior afirmación, hace unos días un amigo me preguntó sobre si, siendo que, la Administración, al imponer una multa será la "encargada" de tramitar y resolver todo el procedimiento, y por lo tanto estaremos bajo su "poder decisorio"; merece o no la pena recurrir las sanciones que se nos imponen o bien lo mejor es agachar la cabeza y pagar.

Hacia una nueva directiva de contratos públicos: luces y sombras de una reforma que se aproxima.

Según el art. 92 de la futura Directiva de contratos públicos, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma a más tardar el 30 de junio de 2014. Ese es, pues, el margen de tiempo de que disponemos para ir haciéndonos a la idea de las novedades de una norma que está llamada a sustituir a la ampliamente conocida Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

Aspectos constitucionales y procesales del internamiento por razón de trastorno psíquico: especial referencia a la STC 132/10 y a la naturaleza jurídica-procesal de la institución

El objeto del presente trabajo tratará sobre la llamada figura del “internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no está en condiciones de decidirlo por sí”. Se mueve dentro del ámbito civil, puesto que la persona a la que se le va a privar de libertad, en principio, no ha cometido ninguna infracción penal. Y se la va a internar para proteger a la sociedad, sí, pero también y fundamentalmente, para protegerla a ella misma y a su familia, ostentando esta institución jurídica un carácter más bien asistencial.

El marco jurídico de las uniones de hecho en España

Numerosos estudios doctrinales, propuestos por sociólogos y juristas, abordan la necesidad de modulación y adaptación de los Ordenamientos jurídicos vigentes a los cambios continuos que tienen lugar en la Sociedad. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno podemos encontrarlo en las llamadas Uniones de Hecho, también denominadas Uniones No Matrimoniales o Extramatrimoniales, caracterizadas por la convivencia estable entre dos personas, en el marco de una relación afectiva análoga a la conyugal.

Privatización de empresas públicas y contratación administrativa: huida y reconquista del Derecho Administrativo

A partir de la década de los ochenta, las privatizaciones se convirtieron en una práctica común de la política económica de multitud de países. Una práctica que también se acometió en España, tras su entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, momento en el que las empresas públicas de nuestro país se vieron obligadas a iniciar su adaptación a la normativa comunitaria sobre desregulación y defensa de la competencia.