Procedimiento

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El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común

Habrá un único procedimiento común y un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad. Se habilitará la presentación de escritos en cualquier momento y en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan. Se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite. Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

El Congreso aprueba de forma definitiva la nueva Ley de metrología, que actualiza el sistema de pesos y medidas

12 de diciembre de 2014 Noticias Ley de metrología

La ley recoge la obligatoriedad de utilizar el Sistema Internacional de Medidas, adoptando no sólo las unidades de medida, su nombre y definición, sino también los símbolos, las reglas de escritura y el uso de múltiplos y submúltiplos. También se define el alcance del control metrológico del Estado, los elementos que se someten a control, las fases que comprende, sus procedimientos de vigilancia e inspección, el tratamiento de las modificaciones y reparaciones realizadas durante la vida útil de los instrumentos y la regulación metrológica de los productos preenvasados.

La prueba ilícitamente obtenida en un procedimiento puede tener validez en otro, si en este pudo obtenerse lícitamente

03 de diciembre de 2014 Noticias Proceso penal

Pese a la regla general de que la prueba qu pretenda deducirse de un hecho vulnerador derechos fundamentales carece de eficacia probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia, cabe admitir excepcionalmente esa eficacia en las pruebas que  hallan naturalmente enlazadas con el hecho constitutivo de la vulneración del derecho fundamental pero que son jurídicamente independientes del mismo. Por ello, los correos electrónicos que se obtuvieron por medios ilícitos en un caso, pueden tener eficacia probatoria en otro, si este se pudo acceder a los mismos de modo legítimo.

A partir de hoy el TJUE dispone de plena jurisdicción sobre la ejecución de la cooperación judicial y policial en materia penal

01 de diciembre de 2014 Noticias Unión Europea

Una vez cumplido el período transitorio de cinco años previsto en el Tratado de Lisboa, la Comisión Europea podrá ejercer sus poderes de ejecución e iniciar procedimientos de infracción si no se ha aplicado correctamente el Derecho de la UE en materia de cooperación policial y de actuaciones en materia penal previamente acordadas por los Estados miembros. Igualmente, el Tribunal de Justicia de la UE podrá ejerecer su control judicial sobre las medidas de cooperación policial y las actuaciones en materia penal de los Estados.

El TC tarda cuatro años en reconocer que un justiciable sufrió dilaciones indebidas en un proceso judicial

El Tribunal Constitucional ha tardado cuatro años en pronunciarse sobre el recurso de amparo presentado por un ciudadano extranjero que denunciaba dilaciones indebidas en el proceso judicial en el que estaba inmerso: había recurrido una orden de expulsión y la vista se había fijado para tres años después. Le da la razón, pero cuando la vista y el procedimiento han terminado.

Condenado por falso testimonio el testigo que afirmó conducir el coche causante de un accidente en lugar de la acusada

20 de junio de 2014 Jurisprudencia Falso testimonio

El acusado fue llamado como testigo a un juicio rápido que se celebraba por un delito contra la seguridad vial y en la misma manifestó ser él mismo el conductor del vehículo cuando en realidad quien conducía era la acusada en dicho procedimiento. Por estos hechos, se le condena por un delito de falso testimonio y se le impone la pena de seis meses de presión y el pago de tres meses de multa.

La sobrecarga de trabajo en los tribunales no excluye la aplicación de la atenuante de dilaciones excesivas en el procedimiento

El TS establece que la existencia de un volumen de trabajo en la administración de justicia alejado de lo que podrían considerarse los estándares deseables, no puede operar como elemento de exclusión de la atenuante prevista en el art. 21.6 del CP. . Entenderlo de otra manera conduciría a admitir que forman parte de la rutina de la instrucción penal interrupciones absolutamente inexplicables.

El TS modifica su doctrina legal sobre el plazo de notificación de una resolución administrativa ex art. 58.4 de la Ley 30/1992

A los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el intento de notificación queda culminado en la fecha en que se llevó a cabo. Por tanto, si dicho intento de notificación se lleva a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, quede debidamente acreditado y se haya practicado respetando las exigencias normativas a que esté sujeto, producirá el concreto efecto que dispone ese artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo.

Anulada una disposición de la Seguridad Social que incluía el número de altas médicas concedidas como criterio para la paga de productividad

La AN considera inadmisible que el índice general de productividad quede determinado por las altas médicas y por la iniciación de oficio del procedimiento de valoración de la incapacidad permanente, pues el único criterio que debe regir la actuación del funcionario es el estado de salud del trabajador.

Caso 'Colegio de Médicos de Toledo vs. consejería de salud de la Junta' relativo a la objeción de conciencia ante la interrupción voluntaria de embarazo

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo solicitaba la nulidad de la Orden de 21/06/2010 de la Consejería de Salud y Bienestar Social (establecía el procedimiento de objeción de conciencia a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, concretamente en el artículo 3.1. se establecía que “Los profesionales sanitarios del Sescam directamente implicados en una intervención de interrupción voluntaria del embarazo que por razones de conciencia no puedan realizar dicha intervención deberán presentar una declaración de objeción de conciencia, para lo que utilizarán el modelo que figura como Anexo a la presente Orden.” (...)

Un ministerio puede denegar el acceso del público a informaciones medioambientales siempre y cuando éstas estén comprendidas en un procedimiento legislativo en el que participe ese ministerio

La Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental aplica el Convenio de Aarhus en el Derecho de la Unión. Pretende garantizar un derecho de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas a los ciudadanos y a las empresas sin que éstos estén obligados a declarar un interés.