Ruidos

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Condenada por contaminación acústica tras más de diez años de molestias a los vecinos por los ruidos de un establecimiento ilegal

La denunciante, que había formulado numerosas denuncias al respecto, sufrió en su domicilio durante más de diez años, contaminación acústica que procedía tanto de la maquinaria instalada en el local de la acusada, como de las celebraciones realizadas en el mismo, que generaban no sólo ruido ambiental, sino también música, producida por los equipos sonoros y orquestas, además del bullicio a sus puertas. Dicho establecimiento, además, carecía de la preceptiva licencia municipal de apertura y funcionamiento

Usos en edificios en situación de fuera de ordenación en la Ley 9/2002, de 30 de Diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia

01 de marzo de 2012 Artículos doctrinales URBANISMO

El art. 103 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (en adelante, LOUGA) establece el régimen de los edificios en situación de fuera de ordenación, que son aquellos edificios que tienen alguna incompatibilidad con la normativa urbanística vigente, bien por haberse producido un cambio en la que regía cuando se concedió la licencia que amparaba su construcción, bien por haber transcurrido el plazo para que la Administración ejerciese sus facultades de reposición de la legalidad en relación a inmuebles construidos con infracción de dicha normativa.

Un matrimonio demanda a cinco magistrados del TC por 'mala fe' al no resolver un recurso sobre ruidos

Un matrimonio ha demandado ante el Tribunal Supremo a cinco magistrados del Tribunal Constitucional - entre ellos a su presidenta, María Emilia Casas- al considerar que actuaron de "mala fe" al inadmitir un recurso de amparo que ellos habían presentado alegando razones de forma e ignorando la jurisprudencia, lo que les causó un grave perjuicio porque les privó de una resolución de fondo del alto tribunal relativa a los ruidos que sufren en su domicilio. Reclaman a cada magistrado 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil.