El Tribunal Supremo ha declarado que los pactos indemnizatorios alcanzados entre empresario y trabajador no amplían la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), cuya cobertura debe limitarse a las indemnizaciones previstas por la ley y dentro de los límites establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

En una sentencia dictada el 16 de junio de 2026, la Sala de lo Social recuerda que el FOGASA es un organismo público cuya responsabilidad tiene carácter subsidiario y, por ello, las normas que determinan el alcance de su obligación de pago deben interpretarse de forma estricta.

El litigio se originó tras la reclamación de un trabajador cuyo contrato se extinguió mediante sentencia firme al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Posteriormente, la empresa fue declarada parcialmente insolvente tras haber abonado una parte de la indemnización reconocida.

Límites legales

El Supremo recuerda que el empresario puede pactar libremente con el trabajador una indemnización superior a la legal o asumir obligaciones económicas adicionales. Sin embargo, esos acuerdos privados no modifican la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial.

La Sala subraya que el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores únicamente garantiza el pago de las indemnizaciones legalmente previstas y dentro de los límites fijados por la norma, por lo que no cabe extender esa cobertura a conceptos o cuantías nacidos exclusivamente de la voluntad de las partes.

En este sentido, insiste en que la naturaleza pública del Fondo exige una interpretación restrictiva de las normas que regulan su responsabilidad, impidiendo que acuerdos particulares entre empresa y trabajador amplíen las prestaciones que la ley atribuye al organismo.

Lo abonado por la empresa reduce la prestación garantizada

La sentencia también aclara cómo debe calcularse la prestación cuando el empresario ya ha satisfecho parte de la indemnización.

Según explica el Alto Tribunal, una vez declarada la insolvencia parcial del empresario, las cantidades previamente abonadas por este deben imputarse a la indemnización legal garantizada por el FOGASA. De este modo, la obligación del Fondo se limita a cubrir, dentro de los topes legales, la parte que permanezca impagada, pudiendo incluso quedar reducida a cero si la empresa ya hubiera satisfecho una cuantía superior a la legalmente garantizable.

La Sala rechaza así que el trabajador pueda percibir íntegramente la prestación del Fondo además de conservar el exceso indemnizatorio abonado voluntariamente por la empresa.

Voto particular

La resolución cuenta con el voto particular de la magistrada Isabel Olmos Parés, al que se adhieren los magistrados Juan Manuel San Cristóbal Villanueva y Rafael A. López Parada.

Los magistrados discrepantes consideran que el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores no autoriza a descontar de la responsabilidad del FOGASA las cantidades ya abonadas por el empresario y advierten de que esta interpretación puede afectar a la aplicación de la Directiva 2008/94/CE, relativa a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario.