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Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protecci髇 de consumidores en materia de cl醬sulas suelo

Ficha:
  • 觬gano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE n鷐. 18 de
  • Vigencia desde 21 de Enero de 2017
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
7/2/2017
Ir a Norma R Congreso de los Diputados 31 Ene. 2017 (Acuerdo de convalidaci髇 del RDL 1/2017 de 20 Ene., medidas urgentes de protecci髇 de consumidores en materia de cl醬sulas suelo)
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V閍se Res. 31爀nero2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protecci髇 de consumidores en materia de cl醬sulas suelo (獴.O.E. 7 febrero).

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El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 9 de mayo de 2017, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 1960-2017, contra el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protecci髇 de consumidores en materia de cl醬sulas suelo (獴.O.E. 15 mayo). Ir a Norma
V閍se Res. 31爀nero2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protecci髇 de consumidores en materia de cl醬sulas suelo (獴.O.E. 7 febrero). Ir a Norma

I

En los 鷏timos a駉s desde el Gobierno y las Cortes Generales se han abordado un gran n鷐ero de iniciativas que regulan distintos aspectos de los cr閐itos hipotecarios, especialmente para paliar y afrontar la problem醫ica social de las ejecuciones hipotecarias y la vivienda, agudizada por la crisis econ髆ica que ha atravesado Espa馻. La regulaci髇 de la Uni髇 Europea de protecci髇 de los consumidores y los pronunciamientos de los tribunales nacionales y del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea han servido tambi閚 para que la normativa espa駉la haya realizado avances significativos en esta materia.

Siguiendo esta l韓ea, el presente real decreto-ley pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protecci髇 a los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de cr閐ito con las que tienen suscrito un contrato de pr閟tamo o cr閐ito con garant韆 hipotecaria que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los 鷏timos pronunciamientos judiciales en materia de cl醬sulas suelo y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15.

II

El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo analiz en su sentencia n.o 241/2013, en el marco de una acci髇 colectiva ejercitada por una asociaci髇 de consumidores contra varias entidades bancarias, el car醕ter abusivo de las cl醬sulas suelo, declarando su nulidad. Sin embargo, la declaraci髇 de nulidad no afectar韆 ni a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas antes del 9 de mayo de 2013.

El Tribunal Supremo consider que las cl醬sulas examinadas, las denominadas cl醬sulas suelo, si bien superaban el control de transparencia formal a efectos de su inclusi髇 como condici髇 general de los contratos, no superaban en cambio el control de transparencia material exigible en las cl醬sulas de los contratos suscritos con consumidores, y declar la nulidad de las cl醬sulas, pero no de los contratos en los que se insertaban, cuya subsistencia mantuvo pese a aquella declaraci髇 de nulidad parcial.

El Tribunal Supremo limit temporalmente la retroactividad y se fund en tres motivos: i) las cl醬sulas suelo no se consideran abusivas en s mismas, sino que su abusividad deriva de la falta de transparencia material o sustantiva sobre el concreto contenido en su incorporaci髇 al contrato; ii) la buena fe del c韗culo de los interesados –toda vez que las entidades de cr閐ito hab韆n cumplido con la normativa sectorial sobre transparencia–; y iii) el hecho, que el Tribunal Supremo calific como notorio, de que dicha retroactividad causar韆 grave trastorno al orden p鷅lico econ髆ico.

La limitaci髇 de la eficacia retroactiva fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de marzo de 2015 en el seno de una acci髇 individual interpuesta frente a una de las entidades parte en el proceso judicial resuelto por la sentencia de 9 de mayo de 2013. Fij como doctrina que, cuando en aplicaci髇 de la doctrina fijada en la sentencia de 2013 se declare abusiva una cl醬sula suelo, la devoluci髇 al prestatario se efectuar a partir de la fecha de publicaci髇 de la sentencia de 2013.

No obstante, diversos tribunales espa駉les cuestionaron ante el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la base del Derecho de la Uni髇 Europea mediante diversos reenv韔s prejudiciales. El 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C- 308/15 dando respuesta esas cuestiones prejudiciales.

En ella, el Tribunal de Justicia ha fallado que el art韈ulo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre cl醬sulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaraci髇 del car醕ter abusivo, en el sentido del art韈ulo 3, apartado 1, de dicha directiva, de una cl醬sula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicaci髇 de tal cl醬sula con posterioridad al pronunciamiento de la resoluci髇 judicial mediante la que se declar el car醕ter abusivo de la cl醬sula en cuesti髇.

El Tribunal de Justicia ha fundamentado el fallo en dos razonamientos esenciales. En primer lugar, la sentencia considera que la apreciaci髇 de la abusividad por falta de transparencia material que realiz el Tribunal Supremo tiene por fundamento el art韈ulo 4, apartado 2 de la directiva en relaci髇 con el art韈ulo 3, y que no cabe apreciar que el Tribunal Supremo hubiera ido m醩 all del 醡bito definido por la propia directiva. Y, en segundo lugar, afirma que la cl醬sula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de modo que ha de restaurarse la situaci髇 de hecho y de Derecho en que se encontrar韆 el consumidor en esta situaci髇, toda vez que, de otro modo, se pondr韆 en cuesti髇 el efecto disuasorio pretendido por el art韈ulo 6 de la mencionada norma europea.

III

Como es previsible que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea suponga el incremento de las demandas de consumidores afectados solicitando la restituci髇 de las cantidades pagadas en aplicaci髇 de las cl醬sulas suelo, resulta de extraordinaria y urgente necesidad arbitrar un cauce sencillo y ordenado, de car醕ter voluntario para el consumidor, que facilite que pueda llegar a un acuerdo con la entidad de cr閐ito que les permita solucionar sus diferencias mediante la restituci髇 de dichas cantidades.

En este sentido, es importante resaltar que la medida trata, adem醩, de evitar que se produzca un aumento de los litigios que tendr韆n que ser afrontados por la jurisdicci髇 civil, con un elevado coste a la Administraci髇 de Justicia por cada pleito y un impacto perjudicial para su funcionamiento en forma de incremento sustancial del tiempo de duraci髇 de los procedimientos.

Con esta reforma se pretende una intervenci髇 y regulaci髇 m韓ima, dando a los consumidores un instrumento que les permita obtener una r醦ida respuesta a sus reclamaciones. En esta l韓ea es preferible una previsi髇 especial y coyuntural, adicional a las normas procesales, mercantiles y civiles. Seg鷑 la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en ausencia de normas de la Uni髇 Europea para el reconocimiento de un derecho reconocido por el Derecho de la Uni髇, corresponde al sistema jur韉ico interno de cada Estado miembro, de conformidad con el principio de autonom韆 procesal, designar los 髍ganos competentes y establecer la regulaci髇 procedimental de los recursos destinados a la salvaguardia de esos derechos. No obstante, los Estados miembros son responsables de garantizar que esos derechos sean protegidos de manera efectiva en cada caso. La decisi髇 de la autoridad se rige por el derecho nacional a condici髇, sin embargo, de que sus disposiciones no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de car醕ter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la pr醕tica o excesivamente dif韈il el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jur韉ico de la Uni髇 (principio de efectividad).

Las medidas que se adoptan respetan las exigencias de estos principios. Desde el punto de vista del principio de equivalencia, se trata de medidas adicionales a las establecidas en el ordenamiento jur韉ico, con el fin de facilitar una soluci髇 醙il y satisfactoria para el consumidor. Desde el punto de vista del principio de efectividad, las medidas no solo facilitan en la pr醕tica el restablecimiento de los derechos de los consumidores, sino que adem醩 dejan a salvo el derecho del consumidor a obtener una tutela judicial efectiva de su derecho ante los Tribunales nacionales.

El principio inspirador del mecanismo que se pone en marcha es la voluntariedad a la hora de acceder a un procedimiento de soluci髇 extrajudicial con car醕ter previo a la interposici髇 de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor e imperativo de atender por parte de las entidades de cr閐ito. Dicha voluntariedad consigue evitar un posible conflicto con una interpretaci髇 exigente del derecho de acceso a la jurisdicci髇 del art韈ulo 24 de la Constituci髇 Espa駉la. No obstante, se prev que, durante el tiempo en que se sustancie la reclamaci髇 previa, las partes no podr醤 ejercitar contra la otra ninguna acci髇 judicial o extrajudicial en relaci髇 con su objeto, con el 醤imo de evitar pr醕ticas de mala fe que solo persiguieran desde un primer momento entablar acciones judiciales.

Con el fin de determinar si la cl醬sula suelo est incluida en el 醡bito de aplicaci髇 de este real decreto-ley, se consideran como criterios a destacar, entre otros, los establecidos en la citada sentencia del Tribunal Supremo n.o 241/2013: la creaci髇 de la apariencia de un contrato de pr閟tamo a inter閟 variable en el que las oscilaciones a la baja del 韓dice de referencia, repercutir醤 en una disminuci髇 del precio del dinero; la falta de informaci髇 suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato; la creaci髇 de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestaci髇 inescindible la fijaci髇 de un techo; su eventual ubicaci髇 entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atenci髇 del consumidor; la ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de inter閟 en el momento de contratar, en fase precontractual; y la inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

En fase judicial, se establecen medidas respecto a las costas procesales que incentiven el reconocimiento extrajudicial del derecho del consumidor y el allanamiento por parte de las entidades de cr閐ito. En suma, las medidas adoptadas persiguen que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo m醩 breve posible evit醤dole tener que agotar un proceso judicial que se dilate en el tiempo.

Adicionalmente, se regula el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devoluci髇 de las cl醬sulas de limitaci髇 de tipos de inter閟 de pr閟tamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras, a cuyo fin se modifica la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas.

IV

Por todo ello, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza, finalidad y por el contexto en que se dictan, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta del Ministro de Econom韆, Industria y Competitividad y del Ministro de Justicia, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 20 de enero de 2017,

DISPONGO:

Art韈ulo 1 Objeto

El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devoluci髇 de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de cr閐ito en aplicaci髇 de determinadas cl醬sulas suelo contenidas en contratos de pr閟tamo o cr閐ito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

1. Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicar醤 a los contratos de pr閟tamo o cr閐ito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cl醬sula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

2. Se entender por consumidor cualquier persona f韘ica que re鷑a los requisitos previstos en el art韈ulo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

3. Se entender por cl醬sula suelo cualquier estipulaci髇 incluida en un contrato de pr閟tamo o cr閐ito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de pr閟tamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de inter閟 del contrato.

Art韈ulo 3 Reclamaci髇 previa

1. Las entidades de cr閐ito deber醤 implantar un sistema de reclamaci髇 previa a la interposici髇 de demandas judiciales, que tendr car醕ter voluntario para el consumidor y cuyo objeto ser atender a las peticiones que 閟tos formulen en el 醡bito de este real decreto-ley. Las entidades de cr閐ito deber醤 garantizar que ese sistema de reclamaci髇 es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cl醬sula suelo en su pr閟tamo hipotecario.

2. Recibida la reclamaci髇, la entidad de cr閐ito deber efectuar un c醠culo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicaci髇 al consumidor desglosando dicho c醠culo; en ese desglose la entidad de cr閐ito deber incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en que la entidad considere que la devoluci髇 no es procedente, comunicar las razones en que se motiva su decisi髇, en cuyo caso se dar por concluido el procedimiento extrajudicial.

3. El consumidor deber manifestar si est de acuerdo con el c醠culo. Si lo estuviera, la entidad de cr閐ito acordar con el consumidor la devoluci髇 del efectivo.

4. El plazo m醲imo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposici髇 del primero la cantidad a devolver ser de tres meses a contar desde la presentaci髇 de la reclamaci髇. A efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime oportunas, se entender que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:

  • a) Si la entidad de cr閐ito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.
  • b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicaci髇 alguna por parte de la entidad de cr閐ito al consumidor reclamante.
  • c) Si el consumidor no est de acuerdo con el c醠culo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de cr閐ito o rechaza la cantidad ofrecida.
  • d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposici髇 del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

5. Las entidades de cr閐ito informar醤 a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Asimismo, comunicar醤 a la Agencia Estatal de la Administraci髇 Tributaria la informaci髇 relativa a las devoluciones acordadas.

6. Las partes no podr醤 ejercitar entre s ninguna acci髇 judicial o extrajudicial en relaci髇 con el objeto de la reclamaci髇 previa durante el tiempo en que esta se sustancie. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalizaci髇 del procedimiento y con el mismo objeto que la reclamaci髇 de este art韈ulo, cuando se tenga constancia, se producir la suspensi髇 del proceso hasta que se resuelva la reclamaci髇 previa.

Art韈ulo 4 Costas procesales

1. Solamente si el consumidor rechazase el c醠culo de la cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la devoluci髇 del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial en la que obtuviese una sentencia m醩 favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondr la condena en costas a esta.

2. Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de cr閐ito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial del art韈ulo 3, regir醤 las siguientes reglas:

  • a) En caso de allanamiento de la entidad de cr閐ito antes de la contestaci髇 a la demanda, se considerar que no concurre mala fe procesal, a efectos de lo previsto en el art韈ulo 395.1 segundo p醨rafo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
  • b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de cr閐ito antes de la contestaci髇 a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se le podr imponer la condena en costas si el consumidor obtuviera una sentencia cuyo resultado econ髆ico fuera m醩 favorable que la cantidad consignada.

3. En lo no previsto en este precepto, se estar a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera R間imen de adaptaci髇 de las entidades de cr閐ito

1. Las entidades de cr閐ito deber醤 adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo de un mes y estar醤 obligadas a articular procedimientos 醙iles que les permitan la r醦ida resoluci髇 de las reclamaciones.

2. Las entidades deber醤 disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas en el 醡bito de este real decreto-ley, y deber醤 poner a disposici髇 de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al p鷅lico, as como en sus p醙inas web, la informaci髇 siguiente:

  • a) La existencia del departamento o servicio, con indicaci髇 de su direcci髇 postal y electr髇ica, encargado de la resoluci髇 de las reclamaciones.
  • b) La obligaci髇 por parte de la entidad de atender y resolver las reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de tres meses desde su presentaci髇 en el departamento o servicio correspondiente.
  • c) Referencias a la normativa de transparencia y protecci髇 del cliente de servicios financieros.
  • d) La existencia de este procedimiento, con una descripci髇 concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a 閘 para aquellos clientes que tengan las cl醬sulas suelo a que se refiere este real decreto-ley incluidas en sus contratos.

3. Los consumidores incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de este real decreto-ley podr醤 presentar sus reclamaciones desde su entrada en vigor. El plazo de tres meses previsto en el art韈ulo 3.4 no comenzar a contar hasta la efectiva adopci髇 de las medidas necesarias para su cumplimiento, o haya transcurrido un mes sin que la entidad hubiera puesto en marcha el departamento correspondiente.

Disposici髇 adicional segunda Medidas compensatorias distintas de la devoluci髇 del efectivo

1. A los efectos de lo previsto en el art韈ulo 3, una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de cr閐ito podr醤 acordar la adopci髇 de una medida compensatoria distinta de la devoluci髇 del efectivo. En este caso la entidad de cr閐ito deber suministrarle una valoraci髇 que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince d韆s para que manifieste su conformidad.

2. La aceptaci髇 de una medida compensatoria requerir que el consumidor haya recibido informaci髇 suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver, la medida compensatoria y el valor econ髆ico de esa medida. La aceptaci髇 de la medida compensatoria informada con esta extensi髇 deber ser manuscrita y en documento aparte en el que tambi閚 quede constancia del cumplimiento del plazo previsto en el apartado anterior.

Disposici髇 adicional tercera Gratuidad del procedimiento extrajudicial y reducci髇 de aranceles

El procedimiento de reclamaci髇 extrajudicial tendr car醕ter gratuito. La formalizaci髇 de la escritura p鷅lica y la inscripci髇 registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devengar exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuant韆 y a una inscripci髇 m韓ima, cualquiera que sea la base.

Disposici髇 transitoria 鷑ica Procedimientos judiciales en curso

En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se dirima una pretensi髇 incluida en su 醡bito, ejercida por uno o varios consumidores frente a una entidad de cr閐ito, las partes de com鷑 acuerdo se podr醤 someter al procedimiento establecido en el art韈ulo 3, solicitando la suspensi髇 del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y ejercicios anteriores no prescritos, se a馻de una nueva disposici髇 adicional cuadrag閟ima quinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la siguiente redacci髇:

獶isposici髇 adicional cuadrag閟ima quinta Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devoluci髇 de las cl醬sulas de limitaci髇 de tipos de inter閟 de pr閟tamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales

1. No se integrar en la base imponible de este Impuesto la devoluci髇 derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a trav閟 de otras medidas de compensaci髇, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicaci髇 de cl醬sulas de limitaci髇 de tipos de inter閟 de pr閟tamos.

2. Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devoluci髇 prevista en el apartado 1 anterior, tendr醤 el siguiente tratamiento fiscal:

  • a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducci髇 por inversi髇 en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Aut髇oma, se perder el derecho a practicar la deducci髇 en relaci髇 con las mismas, debiendo sumar a la cuota l韖uida estatal y auton髆ica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administraci髇 para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaci髇, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusi髇 de intereses de demora.

    No resultar de aplicaci髇 la adici髇 prevista en el p醨rafo anterior respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del pr閟tamo.
  • b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideraci髇 de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administraci髇 para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaci髇, se perder tal consideraci髇, debiendo practicarse autoliquidaci髇 complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanci髇, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalizaci髇 del siguiente plazo de presentaci髇 de autoliquidaci髇 por este Impuesto.
  • c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentaci髇 de autoliquidaci髇 por este Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devoluci髇 de las mismas celebrado con la entidad financiera, as como las cantidades a que se refiere el segundo p醨rafo de la letra a anterior, no formar醤 parte de la base de deducci髇 por inversi髇 en vivienda habitual ni de deducci髇 auton髆ica alguna ni tendr醤 la consideraci髇 de gasto deducible.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser igualmente de aplicaci髇 cuando la devoluci髇 de cantidades a que se refiere el apartado 1 anterior hubiera sido consecuencia de la ejecuci髇 o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.

Ir a Norma afectada

Disposici髇 final segunda T韙ulo competencial

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los art韈ulos 149.1.6., 11., 13. y 14. de la Constituci髇 que atribuyen al Estado las competencias sobre legislaci髇 mercantil, procesal, bases de la ordenaci髇 del cr閐ito, banca y seguros, bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposici髇 final tercera Habilitaci髇 normativa

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta norma. En particular, se podr regular:

  • a) La existencia de un 髍gano de seguimiento, control y evaluaci髇 de las reclamaciones efectuadas en el 醡bito de aplicaci髇 de este real decreto-ley y su r間imen jur韉ico. Este 髍gano, que deber emitir un informe semestral sobre su actuaci髇, contar con la participaci髇 de representantes de los consumidores y de la abogac韆. Este 髍gano de seguimiento recabar de las entidades de cr閐ito la informaci髇 necesaria para constatar que la comunicaci髇 previa prevista en este real decreto-ley se ha realizado, especialmente a personas vulnerables. Este 髍gano de seguimiento podr proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantaci髇 del mecanismo extrajudicial previsto en este real decreto-ley.
    V閍se el R.D. 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisi髇 de seguimiento, control y evaluaci髇 prevista en el R.D.-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protecci髇 de consumidores en materia de cl醬sulas suelo, y por el que se modifica el art韈ulo 6 del R.D. 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias (獴.O.E. 27 mayo). Ir a Norma
  • b) La extensi髇 del 醡bito de aplicaci髇 a otros consumidores relacionados con el prestatario de contratos de pr閟tamo o cr閐ito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
V閍se el Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisi髇 Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiaci髇 con garant韆s reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona f韘ica(獴.O.E. 27 mayo).

Disposici髇 final cuarta Entrada en vigor

Este real decreto-ley entrar en vigor el d韆 de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado.