Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad p鷅lica en materia de administraci髇 digital, contrataci髇 del sector p鷅lico y telecomunicaciones

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Sumario

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de abril actual, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1220-2021, promovido por el Gobierno Vasco, contra el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad p鷅lica en materia de administraci髇 digital, contrataci髇 del sector p鷅lico y telecomunicaciones (獴.O.E.� 29 abril).LE0000696032_20210429

V閍se la Res. de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad p鷅lica en materia de administraci髇 digital, contrataci髇 del sector p鷅lico y telecomunicaciones (獴.O.E.� 4 diciembre).LE0000654970_20191204

I

La sociedad actual requiere de adaptaciones en la esfera digital que exigen de una traducci髇 en el plano normativo. El desarrollo y empleo de las nuevas tecnolog韆s y redes de comunicaciones por parte de las Administraciones P鷅licas se est� acelerando. Ello exige establecer sin demora un marco jur韉ico que garantice el inter閟 general y, en particular, la seguridad p鷅lica, asegurando la adecuada prestaci髇 de los servicios p鷅licos y, al mismo tiempo, que la administraci髇 digital se emplee para fines leg韙imos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos.

El car醕ter estrat間ico para la seguridad p鷅lica de las materias reguladas en este real decreto-ley se ve avalado por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que describe los riesgos asociados a las nuevas tecnolog韆s como uno de los principales desaf韔s de la sociedad actual.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada mediante Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, identifica las ciberamenazas y el espionaje como amenazas que comprometen o socavan la seguridad nacional y, en coherencia con ello, singulariza la ciberseguridad como uno de sus 醡bitos prioritarios de actuaci髇. El desarrollo tecnol骻ico implica una mayor exposici髇 a nuevas amenazas, especialmente las asociadas al ciberespacio, tales como el robo de datos e informaci髇, el hackeo de dispositivos m髒iles y sistemas industriales, o los ciberataques contra infraestructuras cr韙icas. La hiperconectividad actual agudiza algunas de las vulnerabilidades de la seguridad p鷅lica y exige una mejor protecci髇 de redes y sistemas, as� como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano.

Entre los principales desaf韔s que las nuevas tecnolog韆s plantean desde el punto de vista de la seguridad p鷅lica se encuentran las actividades de desinformaci髇, las interferencias en los procesos de participaci髇 pol韙ica de la ciudadan韆 y el espionaje. Estas actividades se benefician de las posibilidades que ofrece la sofisticaci髇 inform醫ica para acceder a ingentes vol鷐enes de informaci髇 y datos sensibles.

En este punto juega un papel decisivo el proceso de transformaci髇 digital de la Administraci髇, ya muy avanzado. La administraci髇 electr髇ica agudiza la dependencia de las tecnolog韆s de la informaci髇 y extiende la posible superficie de ataque, incrementando el riesgo de utilizaci髇 del ciberespacio para la realizaci髇 de actividades il韈itas que impactan en la seguridad p鷅lica y en la propia privacidad de los ciudadanos.

Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio espa駉l han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situaci髇. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta 韓dole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo 鷏timo sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad p鷅lica de todos los ciudadanos.

El presente real decreto-ley tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentaci髇 nacional de identidad; a la identificaci髇 electr髇ica ante las Administraciones P鷅licas; a los datos que obran en poder de las Administraciones P鷅licas; a la contrataci髇 p鷅lica y al sector de las telecomunicaciones.

II

El presente real decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada del modo siguiente: cap韙ulo I (art韈ulos 1 y 2), un cap韙ulo II (art韈ulos 3 y 4), un cap韙ulo III (art韈ulo 5), un cap韙ulo IV (art韈ulo 6), un cap韙ulo V (art韈ulo 7), una disposici髇 adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El cap韙ulo I contempla dos medidas en materia de documentaci髇 nacional de identidad, dirigidas a configurar el Documento Nacional de Identidad, con car醕ter exclusivo y excluyente, como el 鷑ico documento con suficiente valor por s� solo para la acreditaci髇, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular. Con esta finalidad, el art韈ulo 1 del presente real decreto-ley modifica el art韈ulo 8.1 de la Ley Org醤ica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci髇 de la seguridad ciudadana. En coherencia con ello, el art韈ulo 2 del real decreto-ley modifica la regulaci髇 del Documento Nacional de Identidad electr髇ico recogida en el art韈ulo 15.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica.

El cap韙ulo II del presente real decreto-ley, que contiene los art韈ulos 3 y 4, establece varias medidas en materia de identificaci髇 electr髇ica ante las Administraciones P鷅licas, ubicaci髇 de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones P鷅licas. La finalidad de estas medidas es garantizar la seguridad p鷅lica, tanto en las relaciones entre las distintas Administraciones P鷅licas cuando traten datos personales, como entre ciudadanos y Administraciones P鷅licas cuando las 鷏timas proceden a la recopilaci髇, tratamiento y almacenamiento de datos personales en ejercicio de una funci髇 p鷅lica.

El art韈ulo 3 del presente real decreto-ley modifica los art韈ulos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, a la vez que introduce una nueva disposici髇 adicional sexta a la misma.

La modificaci髇 de la letra a) del apartado 2 de los art韈ulos 9 y 10 responde a la necesidad de adaptar sus contenidos al Reglamento (UE) N.� 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificaci髇 electr髇ica y los servicios de confianza para las transacciones electr髇icas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, conocido como Reglamento eIDAS, que establece un marco legal com鷑 para las identificaciones y firmas electr髇icas en la Uni髇 Europea.

La modificaci髇 de la letra c) del apartado 2 de los art韈ulos 9 y 10 tiene como finalidad garantizar la seguridad p鷅lica en relaci髇 con el empleo de sistemas de identificaci髇 y firma electr髇icas de los interesados cuando se realizan con clave concertada o mediante cualquier otro sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y que las Administraciones P鷅licas consideren v醠ido. As�, en palabras del propio Tribunal Constitucional expresadas en la Sentencia 55/2018, de 24 de mayo, se mantiene la posibilidad de que 玞ada administraci髇 dise馿 sus propios sistemas de identificaci髇 electr髇ica o admita los expedidos por otras entidades p鷅licas o privadas y, con ello, que estos sean m醩 o menos complejos seg鷑 sus preferencias y la relevancia o caracter韘ticas del tr醡ite o servicio correspondiente�. Ahora bien, para garantizar la seguridad p鷅lica, competencia exclusiva del Estado conforme dispone el art韈ulo 1.1 de la Ley Org醤ica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la modificaci髇 efectuada somete a un r間imen de autorizaci髇 previa por parte de la Administraci髇 General del Estado a los sistemas que sean distintos a aquellos del certificado y sello electr髇ico. Dicha autorizaci髇 tendr� por objeto, exclusivamente, verificar si el sistema validado tecnol骻icamente por parte de la Administraci髇 u Organismo P鷅lico de que se trate puede o no producir afecciones o riesgos a la seguridad p鷅lica, de modo que, si as� fuera y solo en este caso, la Administraci髇 del Estado denegar� dicha autorizaci髇 con base en dichas consideraciones de seguridad p鷅lica.

En la misma l韓ea, el nuevo apartado 3, que se a馻de tanto al art韈ulo 9 como al art韈ulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece la obligatoriedad de que, en relaci髇 con los sistemas previstos en la letra c) del apartado 2 de los art韈ulos 9 y 10, los recursos t閏nicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gesti髇 de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Uni髇 Europea, y en territorio espa駉l en caso de que se trate de categor韆s especiales de datos a los que se refiere el art韈ulo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Salvo las excepciones que se introducen en la ley, estos datos no podr醤 ser objeto de transferencia a un tercer pa韘 u organizaci髇 internacional y, en cualquier caso, se encontrar醤 disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Por 鷏timo, el art韈ulo 3 del presente real decreto-ley incorpora una disposici髇 adicional sexta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que prev� que en las relaciones de los interesados con las Administraciones P鷅licas no ser醤 admisibles en ning鷑 caso y, por lo tanto, no podr醤 ser autorizados, los sistemas de identificaciones basados en tecnolog韆s de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulaci髇 espec韋ica por el Estado en el marco del Derecho de la Uni髇 Europea. Adem醩, la nueva disposici髇 adicional sexta establece que cualquier sistema de identificaci髇 basado en tecnolog韆 de registro distribuido que prevea la legislaci髇 estatal deber� contemplar que la Administraci髇 General del Estado actuar� como autoridad intermedia que ejercer� las funciones que corresponda para garantizar la seguridad p鷅lica.

Las restricciones impuestas a los sistemas de identificaciones y firmas basados en tecnolog韆s de registro distribuido en ning鷑 caso suponen una prohibici髇 general. Simplemente, se restringe puntualmente y de forma meramente provisional su uso como sistema de identificaci髇 y firma de los interesados cuando estos 鷏timos se interrelacionan con la Administraci髇 y mientras no haya m醩 datos o un marco regulatorio ad hoc de car醕ter estatal o europeo que haga frente a las debilidades que implica su uso para los datos y la seguridad p鷅lica. La falta de un marco regulatorio ad hoc sobre estas nuevas tecnolog韆s justifica que, con car醕ter urgente y en ejercicio de su competencia para dictar legislaci髇 b醩ica, el Estado intervenga sobre la materia con car醕ter provisional hasta que se avance en el seno de la Uni髇 Europea en el tratamiento de este tipo de tecnolog韆s.

El art韈ulo 4 del presente real decreto-ley procede, por una parte, a la modificaci髇 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico introduciendo un nuevo art韈ulo 46 bis, y dando una nueva redacci髇 al art韈ulo 155.

Por una parte, el art韈ulo 46 bis obliga a que, por motivos de seguridad p鷅lica, los sistemas de informaci髇 y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gesti髇 del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de poblaci髇, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, as� como los correspondientes tratamientos de datos personales, se ubiquen y presten dentro del territorio de la Uni髇 Europea. Asimismo, establece que solo puedan ser cedidos a terceros pa韘es cuando estos cumplan con las garant韆s suficientes que les permitan haber sido objeto de una decisi髇 de adecuaci髇 de la Comisi髇 Europea, o cuando as� lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de Espa馻.

Por otra parte, la finalidad de la modificaci髇 del art韈ulo 155 es permitir un mayor control de los datos cedidos entre Administraciones P鷅licas, al efecto de garantizar la adecuada utilizaci髇 de los mismos. Se permite excepcionalmente que la Administraci髇 General del Estado pueda adoptar la medida de suspender la transmisi髇 de datos por razones de seguridad nacional de forma cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su preservaci髇.

La licitud del tratamiento de los datos personales para finalidades distintas de las finalidades iniciales viene determinada por la circunstancia de que se trate de finalidades compatibles. Trat醤dose de finalidades incompatibles, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, proh韇e su tratamiento. No obstante, el propio Reglamento declara ya unas finalidades que estima compatibles: tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en inter閟 p鷅lico, fines de investigaci髇 cient韋ica e hist髍ica o fines estad韘ticos. En este sentido, en caso de que el responsable del tratamiento (el cesionario), previo an醠isis de la compatibilidad de acuerdo con los criterios del art韈ulo 6.4 del citado Reglamento, considere que es compatible, el precepto introduce la obligaci髇 adicional de consultar a la administraci髇 cedente. La Administraci髇 General del Estado podr� oponerse motivadamente y suspender por razones de seguridad nacional.

El cap韙ulo III del presente real decreto-ley regula varias medidas en materia de contrataci髇 p鷅lica, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protecci髇 de datos personales y la protecci髇 de la seguridad p鷅lica en este 醡bito.

Los contratistas del sector p鷅lico manejan en ocasiones, para la ejecuci髇 de los respectivos contratos, un ingente volumen de datos personales, cuyo uso inadecuado puede, a su vez, plantear riesgos para la seguridad p鷅lica. Por ello, resulta necesario asegurar normativamente su sometimiento a ciertas obligaciones espec韋icas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protecci髇 de datos personales como la protecci髇 de la seguridad p鷅lica.

El real decreto-ley modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la finalidad de introducir medidas que garanticen en todas las fases de la contrataci髇 (expediente de contrataci髇, licitaci髇 y ejecuci髇 del contrato) el respeto por parte de contratistas y subcontratistas de la legislaci髇 de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos.

Dichas modificaciones son coherentes con lo previsto en el art韈ulo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que, respecto de los tratamientos de datos necesarios para el cumplimiento de una obligaci髇 legal o de una misi髇 realizada en inter閟 p鷅lico o en el ejercicio de poderes p鷅licos, permite a los Estados miembros que mantengan o introduzcan disposiciones espec韋icas para fijar los requisitos espec韋icos del tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento l韈ito y equitativo.

As�, en primer lugar, el presente real decreto-ley modifica el art韈ulo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para incluir, como contenido m韓imo de los contratos, la referencia expresa al sometimiento a la normativa nacional y de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos.

En segundo lugar, y por lo que respecta al r間imen de invalidez de los contratos, se a馻de un subapartado al art韈ulo 39.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para incluir, como causa de nulidad de pleno derecho, la celebraci髇 de contratos por parte de poderes adjudicadores que omitan mencionar en los pliegos las obligaciones del futuro contratista en materia de protecci髇 de datos a los que se refiere el nuevo art韈ulo 122.2 de la Ley 9/2017, en la redacci髇 dada a dicho precepto por el presente real decreto-ley. La aplicaci髇 en este caso de la consecuencia jur韉ica m醲ima que contempla nuestro ordenamiento jur韉ico, esto es, de la nulidad de pleno Derecho, se ha considerado adecuada una vez ponderada la oportunidad de su incorporaci髇 en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico (sigui閚dose el dictamen n. 116/2015, del Consejo de Estado), dada la importancia que en determinados casos puede presentar para los intereses de la seguridad nacional conocer la ubicaci髇 de los servidores en los que se alojar醤 los datos que ceda la Administraci髇 con motivo de la ejecuci髇 de un contrato p鷅lico, desde d髇de se van a prestar los servicios asociados a los mismos y asegurar el sometimiento de la ejecuci髇 de ese contrato a la normativa nacional y de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos.

En tercer lugar, y en el contexto de la regulaci髇 de los requisitos para contratar con el sector p鷅lico, se modifica el art韈ulo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para incluir, como circunstancia que impedir� a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el art韈ulo 3 de dicha Ley, el haber dado lugar a la resoluci髇 firme de cualquier contrato celebrado con una de tales entidades por incumplimiento culpable de las obligaciones que los pliegos hubieren calificado como esenciales de acuerdo con lo previsto en el art. 211.1.f) de la propia Ley.

En cuarto lugar, se da una nueva redacci髇 al art韈ulo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, introduciendo un segundo p醨rafo relativo al expediente de contrataci髇 de los contratos cuya ejecuci髇 requiera de la cesi髇 de datos por parte de entidades del sector p鷅lico al contratista. En virtud de esta modificaci髇, se incluye la obligaci髇 del 髍gano de contrataci髇 de especificar en el expediente cu醠 ser� la finalidad de los datos que vayan a ser cedidos.

En quinto lugar, se da una nueva redacci髇 al art韈ulo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, relativo a los pliegos de cl醬sulas administrativas particulares. En concreto, se a馻de un p醨rafo tercero a este apartado para incluir la obligaci髇 de los pliegos de mencionar expresamente la obligaci髇 del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos. Asimismo, se a馻de un p醨rafo cuarto relativo a los contratos que exijan el tratamiento por el contratista de datos personales por parte del responsable del tratamiento, indicando que en estos casos ser� obligatorio hacer constar en el pliego tanto la finalidad de la cesi髇 de datos como la obligaci髇 de la empresa adjudicataria de mantener al contratante al corriente de la ubicaci髇 de los correspondientes servidores. Tambi閚 se a馻de un p醨rafo quinto para establecer que los extremos mencionados en el p醨rafo cuarto deben hacerse constar en los pliegos como obligaciones esenciales a los efectos del r間imen de resoluci髇 del contrato.

En sexto lugar, el presente real decreto-ley da una nueva redacci髇 al art韈ulo 202.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, regulador de las condiciones especiales de ejecuci髇 del contrato de car醕ter social, 閠ico, medioambiental o de otro orden. En concreto, se introduce un p醨rafo tercero relativo a los pliegos correspondientes a contratos cuya ejecuci髇 implique la cesi髇 de datos por las entidades del sector p鷅lico al contratista. Mediante esta adici髇 se impone la exigencia de que los pliegos incluyan, como condici髇 especial de ejecuci髇, la obligaci髇 del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos. Asimismo, en los pliegos debe advertirse al contratista de que esta obligaci髇 tiene el car醕ter de obligaci髇 contractual esencial a los efectos del r間imen de resoluci髇 del contrato.

En s閜timo lugar, el art韈ulo 5 siete del real decreto-ley da una nueva redacci髇 al art韈ulo 215.4 de la Ley 9/2017, relativo a la subcontrataci髇, para incluir, entre las obligaciones del contratista principal, la de asumir la total responsabilidad de la ejecuci髇 del contrato frente a la Administraci髇 tambi閚 por lo que respecta a la obligaci髇 de sometimiento a la normativa nacional y de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos.

El cap韙ulo IV de este real decreto-ley regula varias medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones. As�, el art韈ulo 6 de esta norma acomete cinco modificaciones de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, con el objetivo de potenciar las facultades de que dispone el Gobierno, a trav閟 del Ministerio de Econom韆 y Empresa, para afrontar situaciones que pueden afectar al mantenimiento del orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica o la seguridad nacional.

As�, en concreto, se modifican los art韈ulos 4.6 y 6.3 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, para reforzar las potestades del Ministerio de Econom韆 y Empresa para llevar a cabo un mayor control y para mejorar sus posibilidades de actuaci髇 cuando la comisi髇 de una presunta actuaci髇 infractora a trav閟 del uso de las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas pueda suponer una amenaza grave e inmediata para el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica o la seguridad nacional o cuando en determinados supuestos excepcionales que tambi閚 puedan comprometer el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica y la seguridad nacional sea necesaria la asunci髇 de la gesti髇 directa o la intervenci髇 de las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas.

Estas mayores posibilidades de actuaci髇 que se reconocen no se limitan en su aplicaci髇 a un concepto estricto de una red o un servicio de comunicaciones electr髇icas, sino que extienden su eficacia a los elementos que necesariamente acompa馻n a la instalaci髇 o despliegue de una red o la prestaci髇 de un servicio de comunicaciones electr髇icas, como son las infraestructuras susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica y la seguridad nacional.

En necesaria correlaci髇 con este reforzamiento de funciones p鷅licas en estas situaciones excepcionales, se potencia igualmente la potestad sancionadora del Ministerio de Econom韆 y Empresa con el objetivo de hacer efectivas y reales las actuaciones que pueda adoptar en uso de estas nuevas facultades de actuaci髇 dirigidas a preservar o restablecer el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica y la seguridad nacional. Con esta finalidad, el presente real decreto-ley da una nueva redacci髇 a los art韈ulos 76.15, 77.28 y 81.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo. En particular, se ampl韆n los supuestos en los que el Ministerio de Econom韆 y Empresa puede adoptar medidas cautelares en casos de razones de imperiosa urgencia sin audiencia previa del presunto infractor, que puede incluir el cese de la actividad o la prestaci髇 de servicios, incorporando al efecto algunos de los supuestos que contemplados con dicha finalidad figuran en el art韈ulo 30.6 del C骴igo Europeo de las Comunicaciones Electr髇icas, aprobado por la Directiva 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo, en especial, los relativos a la existencia de una amenaza inmediata y grave para el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica o la seguridad nacional.

Por 鷏timo, el cap韙ulo V incorpora medidas para reforzar la coordinaci髇 en materia de seguridad de las redes y sistemas de informaci髇. Para ello, efect鷄 una modificaci髇 del real decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de informaci髇, en virtud de la cual el Centro Criptol骻ico Nacional (CCN) ejercer� la coordinaci髇 nacional de la respuesta t閏nica de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad inform醫ica (CSIRT) en materia de seguridad de las redes y sistemas de informaci髇 del sector p鷅lico. Adicionalmente, se prev� que el CCN ejercer� la funci髇 de enlace para garantizar la cooperaci髇 transfronteriza de los CSIRT de las Administraciones P鷅licas con los CSIRT internacionales en la respuesta a los incidentes y gesti髇 de riesgos de seguridad.

III

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F.3), subvenir a un situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever exige una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes.

En relaci髇 con la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jur韉ico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. De acuerdo con ella, se requieren, por un lado, 玪a presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇�, es decir, lo que ha venido en denominarse, la situaci髇 de urgencia; y, por otro, 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella�.

En cuanto a la situaci髇 de urgencia, el Tribunal Constitucional ha indicado que 玜un habiendo descartado que la utilizaci髇 por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia� (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7). Tambi閚 ha se馻lado el Tribunal Constitucional que la valoraci髇 de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno, siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situaci髇, pues 玪o que aqu� debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislaci髇 de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran� (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6).

En cuanto a la conexi髇 de sentido entre la situaci髇 de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, el Tribunal Constitucional atiende a 玼n doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la conexi髇 de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido� (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9; y 61/2018, de 7 de junio, FJ 4).

La alternativa de introducir estas medidas mediante un proyecto de ley no es factible en el presente caso, habida cuenta de que las C醡aras se encuentran disueltas y no es posible dilatar su adopci髇 hasta la constituci髇 de las Cortes Generales, y, aun utiliz醤dose entonces el tr醡ite de urgencia, no se lograr韆 reaccionar a tiempo.

Los motivos que acaban de exponerse justifican ampliamente la concurrencia de los requisitos constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad, que habilitan al Gobierno para aprobar el presente real decreto-ley dentro del margen de apreciaci髇 que, en cuanto 髍gano de direcci髇 pol韙ica del Estado, le reconoce el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 (STC 142/2014, FJ 3 y STC 61/2018, FFJJ 4 y 7). Concurren tambi閚 las notas de excepcionalidad, gravedad y relevancia que hacen necesaria una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido para la tramitaci髇 parlamentaria de una ley, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (STC 68/2007, FJ 10 y STC 137/2011, FJ 7).

Por lo dem醩, en el supuesto abordado por este real decreto-ley ha de subrayarse que para subvenir a la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad descrita es necesario proceder a la reforma de varias normas con rango de ley, lo que de por s� exige 玼na respuesta normativa con rango de ley� (STC 152/2017, de 21 de diciembre, FJ 3 i).

IV

El presente real decreto-ley respeta los l韒ites constitucionalmente establecidos para el uso de este instrumento normativo, pues no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al Derecho electoral general.

Ciertamente, el presente real decreto-ley contiene varias medidas de modificaci髇 de leyes preexistentes que refuerzan el cumplimiento de la normativa en materia de protecci髇 de datos No obstante, tales normas no constituyen una regulaci髇 del r間imen general del derecho a la protecci髇 de datos, ni van en contra del contenido o elementos esenciales del este derecho, que son los contenidos prohibidos al instrumento jur韉ico del real decreto-ley seg鷑 reiterada doctrina constitucional (sintetizada, recientemente, en la STC 139/2016, de 21 julio). As�, el presente real decreto-ley se limita a regular varios aspectos meramente puntuales respecto del tratamiento de datos personales por parte de las Administraciones P鷅licas y sus contratistas al amparo de la habilitaci髇 contenida en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales.

Por lo dem醩, este real decreto-ley no invade la reserva de ley org醤ica prevista en el art韈ulo 81 de la Constituci髇 ni en ning鷑 otro precepto constitucional, en tanto que no se modifican preceptos de car醕ter org醤ico. En particular, carece de car醕ter org醤ico el art韈ulo 8.1 de la Ley Org醤ica 4/2015, de 30 de marzo, de Protecci髇 de la Seguridad Ciudadana, como expresamente dispone la Disposici髇 Final Tercera de dicho texto legal.

V

El art韈ulo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, habilita al Gobierno en funciones para adoptar medidas distintas al despacho ordinario de los asuntos p鷅licos en 玞asos de urgencia debidamente acreditados�, as� como 玴or razones de inter閟 general cuya acreditaci髇 expresa as� lo justifique�.

Por su parte, los apartados 4 y 5 del art韈ulo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, recogen una serie de facultades cuyo ejercicio est� expresamente vedado al Gobierno en funciones, sin que ninguna de ellas se refiera a la aprobaci髇 de reales decretos-leyes. Dichas funciones de ejercicio prohibido para el Ejecutivo en funciones se refieren a cuestiones netamente distintas. En efecto, el art韈ulo 21.4 establece que el Presidente del Gobierno en funciones no podr� proponer al Rey la disoluci髇 de alguna de las C醡aras, o de las Cortes Generales, ni plantear la cuesti髇 de confianza, ni tampoco proponer al Rey la convocatoria de un refer閚dum consultivo. Por su parte, el art韈ulo 21.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dispone que el Gobierno en funciones no podr� aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni tampoco presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

La facultad del Gobierno en funciones de aprobar reales decretos leyes es congruente, por lo dem醩, con la exigencia de que concurra el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad previsto en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la.

VI

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias estatales contempladas en los apartados 18.�, 21.� y 29.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la.

Por lo que respecta al art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇 Espa駉la, mediante el presente real decreto-ley se reforman las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, aprobadas por el legislador estatal en ejercicio de su competencia sobre las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y sobre el procedimiento administrativo com鷑. Asimismo, el presente real decreto-ley procede a la modificaci髇 de varios preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, preceptos que se enmarcan en la competencia estatal sobre legislaci髇 b醩ica en materia de contratos y concesiones administrativas.

En virtud del art韈ulo 149.1.21.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de correos y telecomunicaciones, el presente real decreto-ley modifica varios preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de informaci髇.

En cuanto a las competencias exclusivas del Estado en materia de seguridad p鷅lica (art韈ulo 149.1.29.� de la Constituci髇 Espa駉la), el presente real decreto-ley modifica la Ley Org醤ica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci髇 de la seguridad ciudadana y el mencionado Real Decreto-ley 12/2018. De acuerdo con este mismo t韙ulo competencial, se modifica tambi閚 la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica. Por 鷏timo, es esta habilitaci髇 competencial la que ampara las modificaciones referidas a la necesaria autorizaci髇 previa por parte de la Administraci髇 General del Estado de los sistemas de identificaci髇 y firma que cuenten con un registro previo como usuario.

Como se ha justificado en los apartados anteriores, las medidas contenidas en el presente real decreto-ley tienen como finalidad incrementar el est醤dar de protecci髇 de la seguridad p鷅lica frente a las crecientes amenazas que plantea el uso de las nuevas tecnolog韆s y a la luz siempre de los 鷏timos sucesos en territorio espa駉l. Ha de recordarse que, seg鷑 la jurisprudencia constitucional, la seguridad p鷅lica se refiere a la 玜ctividad dirigida a la protecci髇 de personas y bienes (seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadanos�; aunque no se limita a regular 玪as actuaciones espec韋icas de la llamada Polic韆 de seguridad�, pues 玪a actividad policial es una parte de la materia m醩 amplia de la seguridad p鷅lica� que 玜barca un amplio espectro de actuaciones administrativas� (STC 86/2014, de 29 de mayo, FFJJ 2 y 4, entre otras) e incluye 玼n conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, aunque orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jur韉ico as� definido� (STC 235/2001, de 13 de diciembre, FJ 6, y las all� citadas).

El Tribunal Constitucional ha situado dentro del concepto de seguridad p鷅lica, entre otros extremos, a 玪as situaciones o productos que son susceptibles de ocasionar graves riesgos para personas y bienes, lo que exige la adopci髇 de medidas de especial intensidad�, as� como 玪a regulaci髇 de materias concretas susceptibles de originar riesgos ciertos que pueden afectar de modo directo y grave a la seguridad de personas y bienes, tomando en consideraci髇, especialmente, fen髆enos colectivos que implican la aparici髇 de amenazas, coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios p鷅licos y en la vida ciudadana� (STC 25/2004, de 26 de febrero, FJ 6).

VII

En la elaboraci髇 de este real decreto-ley se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia y eficiencia, exigidos por el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por una parte, resulta evidente el principio de proporcionalidad, toda vez que las medidas contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que pretende conseguirse mediante este instrumento. Asimismo, cumple los principios de seguridad jur韉ica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico nacional y de la Uni髇 Europea, asegurando su correcta incardinaci髇 y congruencia con la regulaci髇 vigente. Por lo dem醩, la norma es coherente con el principio de transparencia al haber cumplido estrictamente con los procedimientos exigidos en la tramitaci髇 de un real decreto-ley. No se han realizado los tr醡ites de participaci髇 p鷅lica, tal y como excepciona para los reales decretos-leyes el art韈ulo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, sin que a estos efectos quepa considerar que existan otras alternativas menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, m醩 bien al contrario, tras la adopci髇 de esta norma con rango de ley se establecer醤 mejoras sustanciales en el 醡bito de la administraci髇 electr髇ica, la contrataci髇 p鷅lica y las telecomunicaciones.

Se ha solicitado el informe preceptivo de la Oficina de Coordinaci髇 y Calidad Normativa, previsto en el art韈ulo 26.9 de la Ley 59/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 concedida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de las Ministras de Justicia, de Defensa, y de Hacienda, del Ministro del Interior, del Ministro de Pol韙ica Territorial y Funci髇 P鷅lica, por suplencia, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, en virtud del Real Decreto 351/2019, de 20 de mayo, y de la Ministra de Econom韆 y Empresa, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 31 de octubre de 2019,

DISPONGO:

CAP蚑ULO I
Medidas en materia de documentaci髇 nacional de identidad

Art韈ulo 1 Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci髇 de la seguridad ciudadana

Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 8 de la Ley Org醤ica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci髇 de la seguridad ciudadana, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

�1. Los espa駉les tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad.

El Documento Nacional de Identidad es un documento p鷅lico y oficial y tendr� la protecci髇 que a estos otorgan las leyes. Es el 鷑ico documento con suficiente valor por s� solo para la acreditaci髇, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.�

LE0000549725_20191106

Art韈ulo 2 Modificaci髇 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica

Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 15 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr髇ica, en los siguientes t閞minos:

�1. El documento nacional de identidad electr髇ico es el documento nacional de identidad que acredita electr髇icamente la identidad personal de su titular, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 8 de la Ley Org醤ica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci髇 de la seguridad ciudadana, y permite la firma electr髇ica de documentos.�

LE0000195713_20200923

CAP蚑ULO II
Medidas en materia de identificaci髇 electr髇ica ante las Administraciones P鷅licas, ubicaci髇 de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones P鷅licas

CAP蚑ULO III
Medidas en materia de contrataci髇 p鷅lica

Art韈ulo 5 Modificaci髇 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Uno. Se da nueva redacci髇 a la letra d) del apartado 1 del art韈ulo 35, que queda redactado como sigue:

• 玠) Referencia a la legislaci髇 aplicable al contrato, con expresa menci髇 al sometimiento a la normativa nacional y de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos.�

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Dos. Se introduce una nueva letra h) al apartado 2 del art韈ulo 39, que queda con la siguiente redacci髇:

• 玥) La falta de menci髇 en los pliegos de lo previsto en los p醨rafos tercero, cuarto y quinto del apartado 2 del art韈ulo 122.�

LE0000607855_20240101

Tres. Se da nueva redacci髇 a la letra d) del apartado 2 del art韈ulo 71:

• 玠) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resoluci髇 firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el art韈ulo 3 de la presente Ley. La prohibici髇 alcanzar� a las empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones que los pliegos hubieren calificados como esenciales de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 211.1.f).�

LE0000607855_20240101

Cuatro. Se da nueva redacci髇 al apartado 1 del art韈ulo 116, que queda redactado como sigue:

�1. La celebraci髇 de contratos por parte de las Administraciones P鷅licas requerir� la previa tramitaci髇 del correspondiente expediente, que se iniciar� por el 髍gano de contrataci髇 motivando la necesidad del contrato en los t閞minos previstos en el art韈ulo 28 de esta Ley y que deber� ser publicado en el perfil de contratante.

En aquellos contratos cuya ejecuci髇 requiera de la cesi髇 de datos por parte de entidades del sector p鷅lico al contratista, el 髍gano de contrataci髇 en todo caso deber� especificar en el expediente de contrataci髇 cu醠 ser� la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos.�

LE0000607855_20240101

Cinco. Se da nueva redacci髇 al apartado 2 del art韈ulo 122, que queda redactado como sigue:

�2. En los pliegos de cl醬sulas administrativas particulares se incluir醤 los criterios de solvencia y adjudicaci髇 del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicaci髇 o como condiciones especiales de ejecuci髇 se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsi髇 de cesi髇 del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el segundo p醨rafo del art韈ulo 214.1; la obligaci髇 del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicaci髇; y las dem醩 menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallar� el r間imen jur韉ico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinci髇, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.

Los pliegos podr醤 tambi閚 especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 308 respecto de los contratos de servicios.

Los pliegos deber醤 mencionar expresamente la obligaci髇 del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos.

Sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecuci髇 requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente en el pliego se har� constar:

• a) La finalidad para la cual se ceder醤 dichos datos.
• b) La obligaci髇 del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos, sin perjuicio de lo establecido en el 鷏timo p醨rafo del apartado 1 del art韈ulo 202.
• c) La obligaci髇 de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalizaci髇 del contrato una declaraci髇 en la que ponga de manifiesto d髇de van a estar ubicados los servidores y desde d髇de se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
• d) La obligaci髇 de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informaci髇 facilitada en la declaraci髇 a que se refiere la letra c) anterior.
• e) La obligaci髇 de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o t閏nica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizaci髇.

En los pliegos correspondientes a los contratos a que se refiere el p醨rafo anterior las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso deber醤 ser calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del art韈ulo 211.�

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Seis. Se da nueva redacci髇 al apartado 1 del art韈ulo 202, que queda redactado como sigue:

�1. Los 髍ganos de contrataci髇 podr醤 establecer condiciones especiales en relaci髇 con la ejecuci髇 del contrato, siempre que est閚 vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del art韈ulo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Uni髇 Europea y se indiquen en el anuncio de licitaci髇 y en los pliegos.

En todo caso, ser� obligatorio el establecimiento en el pliego de cl醬sulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecuci髇 de entre las que enumera el apartado siguiente.

Asimismo en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecuci髇 implique la cesi髇 de datos por las entidades del sector p鷅lico al contratista ser� obligatorio el establecimiento de una condici髇 especial de ejecuci髇 que haga referencia a la obligaci髇 del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos, advirti閚dose adem醩 al contratista de que esta obligaci髇 tiene el car醕ter de obligaci髇 contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del art韈ulo 211.�

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Siete. Se da nueva redacci髇 al apartado 4 del art韈ulo 215, que queda redactado como sigue:

�4. Los subcontratistas quedar醤 obligados solo ante el contratista principal que asumir�, por tanto, la total responsabilidad de la ejecuci髇 del contrato frente a la Administraci髇, con arreglo estricto a los pliegos de cl醬sulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los t閞minos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el art韈ulo 201, as� como de la obligaci髇 a que hace referencia el 鷏timo p醨rafo del apartado 1 del art韈ulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos.

El conocimiento que tenga la Administraci髇 de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este art韈ulo, o la autorizaci髇 que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterar醤 la responsabilidad exclusiva del contratista principal.�

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CAP蚑ULO IV
Medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones

Art韈ulo 6 Modificaci髇 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

Uno. Se da nueva redacci髇 al apartado 6 del art韈ulo 4, que queda redactado de la manera siguiente:

�6. El Gobierno, con car醕ter excepcional y transitorio, podr� acordar la asunci髇 por la Administraci髇 General del Estado de la gesti髇 directa o la intervenci髇 de las redes y servicios de comunicaciones electr髇icas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gesti髇 directa o intervenci髇 podr� afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica y la seguridad nacional.

Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico a las que se refiere el T韙ulo III de esta Ley, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisi髇 Nacional de los Mercados y de la Competencia, e igualmente con car醕ter excepcional y transitorio, podr� acordar la asunci髇 por la Administraci髇 General del Estado de la gesti髇 directa o la intervenci髇 de los correspondientes servicios o de la explotaci髇 de las correspondientes redes.

Los acuerdos de asunci髇 de la gesti髇 directa del servicio y de intervenci髇 de este o los de intervenir o explotar las redes a los que se refieren los p醨rafos anteriores se adoptar醤 por el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una Administraci髇 P鷅lica competente. En este 鷏timo caso, ser� preciso que la Administraci髇 P鷅lica tenga competencias en materia de seguridad o para la prestaci髇 de los servicios p鷅licos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electr髇icas. En el supuesto de que el procedimiento se inicie a instancia de una Administraci髇 distinta de la del Estado, aquella tendr� la consideraci髇 de interesada y podr� evacuar informe con car醕ter previo a la resoluci髇 final.�

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Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 en el art韈ulo 6, que queda redactado como sigue:

�3. Las Administraciones P鷅licas deber醤 comunicar al Ministerio de Econom韆 y Empresa todo proyecto de instalaci髇 o explotaci髇 de redes de comunicaciones electr髇icas en r間imen de autoprestaci髇 que haga uso del dominio p鷅lico, tanto si dicha instalaci髇 o explotaci髇 vaya a realizarse de manera directa, a trav閟 de cualquier entidad o sociedad dependiente de ella o a trav閟 de cualquier entidad o sociedad a la que se le haya otorgado una concesi髇 o habilitaci髇 al efecto.

El r間imen de autoprestaci髇 en la instalaci髇 o explotaci髇 de dicha red puede ser total o parcial, y por tanto dicha comunicaci髇 deber� efectuarse aun cuando la capacidad excedentaria de la citada red pueda utilizarse para su explotaci髇 por terceros o para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico.

En el caso de que se utilice o est� previsto utilizar, directamente por la administraci髇 p鷅lica o por terceros, la capacidad excedentaria de estas redes de comunicaciones electr髇icas en r間imen de autoprestaci髇, el Ministerio de Econom韆 y Empresa verificar� el cumplimiento de lo previsto en el art韈ulo 9. A tal efecto, la administraci髇 p鷅lica deber� proporcionar al Ministerio de Econom韆 y Empresa toda la informaci髇 que le sea requerida a efecto de verificar dicho cumplimiento.

La obligaci髇 establecida en este apartado se entiende sin perjuicio de la prevista en el art韈ulo 7.3 de esta ley.�

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Tres. Se da nueva redacci髇 al apartado 15 del art韈ulo 76, que queda redactado como sigue:

�15. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de acceso a redes o infraestructuras f韘icas susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, interconexi髇 e interoperabilidad de los servicios.�

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Cuatro. Se da nueva redacci髇 al apartado 28 del art韈ulo 77, que queda redactado como sigue:

�28. El incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a redes o infraestructuras f韘icas susceptibles de alojar redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, interconexi髇 e interoperabilidad de los servicios.�

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Cinco. Se da nueva redacci髇 al apartado 1 del art韈ulo 81, que queda redactado como sigue:

�1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podr� ordenarse por el 髍gano competente del Ministerio de Econom韆 y Empresa, mediante resoluci髇 sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:

• a) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica o la seguridad nacional.
• b) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud p鷅lica.
• c) Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad p鷅lica, protecci髇 civil y de emergencias.
• d) Cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electr髇icas.
• e) Cuando cree graves problemas econ髆icos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electr髇icas o dem醩 usuarios del espectro radioel閏trico.�

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CAP蚑ULO V
Medidas para reforzar la coordinaci髇 en materia de seguridad de las redes y sistemas de informaci髇

Art韈ulo 7 Modificaci髇 del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de informaci髇

Se introduce un apartado 3 en el art韈ulo 11 del siguiente tenor literal:

�3. El Centro Criptol骻ico Nacional (CCN) ejercer� la coordinaci髇 nacional de la respuesta t閏nica de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad inform醫ica (CSIRT) en materia de seguridad de las redes y sistemas de informaci髇 del sector p鷅lico comprendido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.

Los CSIRT de las Administraciones P鷅licas consultar醤, cuando proceda, con los 髍ganos con competencias en materia de seguridad nacional, seguridad p鷅lica, seguridad ciudadana y protecci髇 de datos de car醕ter personal y colaborar醤 con ellos en el ejercicio de sus respectivas funciones.

El CCN ejercer� la funci髇 de enlace para garantizar la cooperaci髇 transfronteriza de los CSIRT de las Administraciones P鷅licas con los CSIRT internacionales, en la respuesta a los incidentes y gesti髇 de riesgos de seguridad que les correspondan.�

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES