Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

Ficha:

ÓrganoJEFATURA DEL ESTADO
Publicado en BOE núm. 114 de 10 de Mayo de 2014
Vigencia desde 11 de Mayo de 2014. Revisión vigente desde 30 de Junio de 2022

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Sumario

Norma afectada por

Corregido por: LE0000529582_20140511BOE 17 Mayo. Corrección de erratas L 9/2014 de 9 May. (General de Telecomunicaciones)

Afectaciones recientes

30/6/2022

LE0000732396_20220630

L 11/2022 de 28 Jun. (General de Telecomunicaciones)

Ocultar / Mostrar comentarios: Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima. No obstante, la derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes, conforme establece la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). La derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes.LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). La derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes.LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). La derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes.LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). La derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes.LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). La derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes.LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). La derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes.LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). LE0000529091_20220630Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000529091_20220630

14/11/2021

LE0000710232_20220907

L 15/2021 de 23 Oct. (modifica L 34/2006 de 30 Oct., acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, L 2/2007 de 15 Mar., sociedades profesionales, RD-ley 5/2010 de 31 Mar. L 9/2014 de 9 May., General de Telecomunicaciones)

Ocultar / Mostrar comentarios: Número 1 del artículo 49 redactado por la disposición final segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el R.D.-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 25 octubre).LE0000529091_20220630

29/4/2021

LE0000695919_20210429

RD-ley 7/2021 de 27 Abr. (transposición de directivas en materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, medioambiente, desplazamiento de trabajadores y consumidores)

Ocultar / Mostrar comentarios: Número 2 del artículo 64 redactado por el artículo noveno del R.D.-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores («B.O.E.» 28 abril).LE0000529091_20220630

6/11/2019

LE0000653286_20191106

RDL 14/2019 de 31 Oct. (medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones)

Ocultar / Mostrar comentarios: Número 6 del artículo 4 redactado por el número uno del artículo 6 del R.D.-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones («B.O.E.» 5 noviembre).
LE0000529091_20220630
Número 3 del artículo 6 introducido por el número dos del artículo 6 del R.D.-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones («B.O.E.» 5 noviembre).
LE0000529091_20220630
Apartado 15 del artículo 76 redactado por el número tres del artículo 6 del R.D.-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones («B.O.E.» 5 noviembre).
LE0000529091_20220630
Apartado 28 del artículo 77 redactado por el número cuatro del artículo 6 del R.D.-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones («B.O.E.» 5 noviembre).
LE0000529091_20220630
Número 1 del artículo 81 redactado por el número cinco del artículo 6 del R.D.-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones («B.O.E.» 5 noviembre).
LE0000529091_20220630

5/7/2018

LE0000624416_20230101

L 6/2018 de 3 Jul. (Presupuestos Generales del Estado para el año 2018)

Ocultar / Mostrar comentarios: Epígrafe 1 del apartado 1. Tasa General de Operadores, del Anexo I redactado por la disposición final trigésima segunda de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).
LE0000529091_20220630

11/5/2014

JU0005544985

TC, Pleno, S 20/2016, 4 Feb. 2016 (Rec. 709/2015)

Ocultar / Mostrar comentarios: Inciso “transcurridos dos meses desde su presentación” del párrafo quinto del número 6 del artículo declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 20/2016, de 4 febrero («B.O.E.» 7 marzo).LE0000529091_20220630

LE0000550185_20150409

R Coordinación Autonómica y Local 24 Mar. 2015 (publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 9/2014 de 9 May.)

Ocultar / Mostrar comentarios: Véase la Res. de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 8 abril/«D.O.G.» 8 abril).LE0000529091_20220630

LE0000536473_20140919

R Coordinación Autonómica y Local 1 Sep. 2014 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones)

Ocultar / Mostrar comentarios: Véase la Res. de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 19 septiembre).LE0000529091_20220630

LE0000536238_20140915

R Coordinación Autonómica y Local 1 Sep. 2014 (Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 9/2014 de 9 May., de Telecomunicaciones)

Ocultar / Mostrar comentarios: Véase la Res. de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 15 septiembre).LE0000529091_20220630

Ley 9/2014, 9 mayo rectificada por Corrección de erratas («B.O.E.» 17 mayo). LE0000529582_20140511Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima. No obstante, la derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes, conforme establece la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio).LE0000732396_20220630

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, transpuso al ordenamiento jurídico español el marco regulador de las comunicaciones electrónicas aprobado por la Unión Europea en el año 2002, profundizando en los principios de libre competencia y mínima intervención administrativa consagrados en la normativa anterior.

Desde su aprobación, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, ha sido objeto de diversas modificaciones tendentes a garantizar la aparición y viabilidad de nuevos operadores, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión administrativa de aquellos aspectos relacionados con el servicio público, el dominio público y la defensa de la competencia.

La última de estas modificaciones, efectuada a través del real decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, ha incorporado al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas del año 2009.

Este nuevo marco europeo está compuesto por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Derechos de los Usuarios), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor Regulación), y a partir del mismo se introducen en la Ley medidas destinadas a crear un marco adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, de modo que se permita a los operadores ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos.

II

Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo, y por tanto, al desarrollo económico y al bienestar social, afectando directamente al círculo de protección de los intereses generales.

Actualmente, la evolución tecnológica nos sitúa en una nueva etapa –la de extensión de las redes de nueva generación–, que obliga a los poderes públicos a reflexionar sobre la importancia de la función regulatoria.

La situación económica y financiera que afecta a una gran parte de los países desarrollados, la necesidad actual de fomentar la inversión e impulsar la competencia, son elementos esenciales a considerar en la revisión del marco regulador.

El sector de las telecomunicaciones, sujeto a un proceso de permanente innovación tecnológica, necesita de constantes e ingentes inversiones, lo que requiere acometer proyectos de gran envergadura que pueden verse afectados si se exigieran en condiciones distintas de despliegue de redes y de comercialización de servicios en los diferentes ámbitos territoriales.

La Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps. Estos objetivos han quedado incorporados a la agenda digital española, aprobada por el Gobierno en febrero de 2013.

Para ello, según estimaciones de la Comisión Europea, se deberá invertir hasta dicha fecha una cantidad comprendida entre los 180.000 y 270.000 millones de euros. Se calcula que en España serán necesarias inversiones del sector privado por valor de 23.000 millones de euros.

Estas inversiones pueden tener un gran impacto económico y social. La Comisión Europea estima que, por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10 %, la economía (PIB) crece entre el 1% y el 1,5%. A su vez, la OCDE considera que un incremento del 10% de penetración de banda ancha en cualquier año implica un incremento del 1,5% de la productividad durante los siguientes 5 años.

Asimismo, como ha señalado la Comisión Europea, el despliegue de redes ultrarrápidas puede tener un importante impacto en la creación de empleo, estimándose que la innovación podría generar 2 millones de empleos para 2020, incluidos trabajos en sectores relacionados, como la provisión de contenidos o la fabricación de equipos.

Por otra parte, además de estimular la inversión, es necesario continuar promoviendo y velando por la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones. Debe tenerse en cuenta en este sentido que el continuo proceso de innovación tecnológica presente en este sector exige grandes inversiones en el despliegue de redes o infraestructuras y en la comercialización de servicios que generan igualmente barreras de entrada en el sector, dificultando en consecuencia la competencia. Esta Ley persigue como objetivo fomentar la competencia sin desincentivar las inversiones.

En consecuencia, introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores, para que ello les permita ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios más competitivos y con mejores condiciones, lo que contribuirá a potenciar la competitividad y la productividad de la economía española en su conjunto. También favorece la seguridad jurídica, al compendiar la normativa vigente, y en particular en lo que se refiere al marco comunitario de las comunicaciones electrónicas.

Pero al mismo tiempo, y en la medida en que la existencia de competencia efectiva constituye un mecanismo eficaz de presión sobre los precios, así como sobre la calidad de los servicios y la innovación, la Ley contempla un conjunto de obligaciones o medidas que podrán imponerse ex ante a los operadores con poder significativo en el mercado. No obstante, será igualmente decisiva la labor ex post de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la persecución de las prácticas restrictivas de la competencia, tanto de conductas colusorias, como de abusos de posición de dominio, que puedan afectar a este sector. Es por tanto esencial que esta Comisión lleve a cabo una continua supervisión de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas para garantizar, preservar y promover una competencia efectiva en ellos que proporcione finalmente beneficios a los usuarios.

III

La presente Ley persigue, por tanto, garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado.

Para ello, con fundamento en la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones del artículo 149.1.21.ª de la Constitución y en las competencias de carácter transversal de los artículos 149.1.1.ª y 149.1.13.ª del texto constitucional, la Ley persigue, como uno de sus principales objetivos, el de recuperar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones competentes dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios.

Con el mismo objetivo de facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, se procede a una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la administración de las telecomunicaciones para determinadas categorías de instalaciones que hacen uso del espectro. En la misma línea se prevé una revisión de las licencias o autorizaciones por parte de las Administraciones competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada o para la renovación tecnológica de las redes y se facilita el despliegue de las nuevas redes permitiendo el acceso a las infraestructuras de otros sectores económicos susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.

En esta misma línea de reducción de cargas administrativas, la Ley simplifica las obligaciones de información de los operadores, a los que únicamente se les podrá solicitar aquella información que no se encuentre ya en poder de las Autoridades Nacionales de Reglamentación.

Asimismo, se establecen condiciones estrictas para la existencia de operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas, de manera que, fuera del concepto de autoprestación, se garantice la provisión de los servicios bajo condiciones de mercado y criterios de inversor privado, evitando de este modo que se produzcan distorsiones de la competencia, y con el objetivo de racionalizar el gasto público.

La Ley incorpora, asimismo, las previsiones recogidas en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo en todo caso a dicha Comisión las competencias de regulación ex ante y resolución de conflictos entre operadores reconocidas por la normativa comunitaria.

Por último, como necesario contrapunto a la reducción de las cargas y obligaciones impuestas a los operadores, la Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y las potestades de inspección y sanción, facilitando la adopción de medidas cautelares y revisando la cuantía de las sanciones.

En definitiva, los criterios de liberalización del sector, libre competencia, de recuperación de la unidad de mercado y de reducción de cargas que inspiran este texto legal pretenden aportar seguridad jurídica a los operadores y crear las condiciones necesarias para la existencia de una competencia efectiva, para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación y para la prestación de nuevos servicios, de modo que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento económico del país.

IV

La Ley consta de ochenta y cuatro artículos agrupados en ocho títulos, diecinueve disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y dos anexos.

El Título I, «Disposiciones generales», establece, entre otras cuestiones, el objeto de la Ley, que no se limita a la regulación de las «comunicaciones electrónicas», término que, de acuerdo con las Directivas comunitarias, engloba aspectos tales como la habilitación para actuar como operador, los derechos y obligaciones de operadores y usuarios, o el servicio universal, sino que aborda, de forma integral, el régimen de las «telecomunicaciones» al que se refiere el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española. Por ello, la presente Ley regula, asimismo, otras cuestiones como la instalación de equipos y sistemas, la interceptación legal de las telecomunicaciones, la conservación de datos, o la evaluación de conformidad de equipos y aparatos, temas que a nivel comunitario son objeto de normativa específica.

La Ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de servicios de comunicación audiovisual, que constituyen parte del régimen de los medios de comunicación social, y que se caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva y los recursos asociados sí son parte integrante de las comunicaciones electrónicas reguladas en la presente Ley.

Igualmente se excluye de su regulación la prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de dichas redes. Estos últimos son objeto de regulación en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Asimismo, en este Título, se reordenan los objetivos y principios de la Ley, ya recogidos en la regulación anterior, incidiendo en la importancia de alcanzar un equilibrio entre el fomento de la innovación, el despliegue de nuevas redes, la prestación de nuevos servicios y la garantía de una competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones.

El Título II de la Ley, relativo al régimen general de explotación de redes y prestación de servicios, refleja la plena liberalización del sector.

De acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, la habilitación para la prestación y explotación de redes viene concedida con carácter general e inmediato por la Ley con el único requisito de notificación al Registro de Operadores, que ahora pasa a encuadrarse en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Asimismo, deberán de ser objeto de notificación los casos de autoprestación por operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas. La Ley establece limitaciones concretas para la instalación y explotación de redes y la prestación de servicios por las administraciones públicas, para evitar distorsiones a la competencia que puedan derivarse de la participación de operadores públicos en el mercado de comunicaciones electrónicas.

De acuerdo con las Directivas de la Unión Europea, la Ley se refiere a las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que en su calidad de autoridad nacional de regulación independiente, en todo caso ejercerá aquellas relacionadas con la imposición de regulación ex ante en el marco de los procesos de análisis de mercados, con la resolución de conflictos entre operadores y con la posible imposición de la obligación de separación funcional, regulando las obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia.

Asimismo, se han recogido determinadas previsiones en el Título II de esta Ley, al objeto de garantizar que los mercados de comunicaciones electrónicas se desarrollen en un entorno de competencia efectiva. A estos efectos, es necesario asegurar que los procesos de análisis de mercados para la imposición, en su caso, de obligaciones específicas en el marco de la regulación ex ante, se acometan con la debida periodicidad. De la misma manera, y con el fin de reprimir prácticas restrictivas de la competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas, así como a los distintos operadores que desarrollan su actividad en ellos.

El Título III de la Ley, relativo a obligaciones y derechos de operadores y usuarios, incluye los preceptos relativos al servicio universal, las obligaciones de integridad y seguridad de las redes y la ampliación de los derechos de los usuarios finales, y recoge importantes novedades en relación con los derechos de los operadores a la ocupación del dominio público y privado, al despliegue de redes y al acceso a infraestructuras de otros sectores.

En el ámbito de la simplificación administrativa, es necesario recordar que en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, se han sustituido determinadas licencias para el despliegue de determinadas redes de telecomunicaciones en dominio privado por una declaración responsable.

En la presente Ley se establece que para el resto de actuaciones de despliegue de redes en dominio privado se puedan sustituir igualmente las licencias por una declaración responsable en aquellos casos en los que previamente el operador haya presentado ante las administraciones competentes un plan de despliegue y éste haya sido aprobado, por cuanto que, en estos casos, la administración competente ya ha analizado y ponderado los intereses inherentes al ejercicio de sus propias competencias. Las actuaciones que impliquen una mera actualización tecnológica sin afectar a elementos de obra civil o mástiles no requerirán autorización.

Con el objetivo de garantizar la unidad de mercado, facilitar la instalación y despliegue de redes y la prestación de nuevos servicios, la Ley incorpora los mecanismos necesarios de cooperación y resolución de conflictos. Los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico elaborados por las administraciones públicas competentes que puedan afectar al despliegue de redes serán objeto de informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previéndose cuando sea necesario un procedimiento de negociación entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los órganos encargados de la aprobación, modificación o revisión de dichos instrumentos de planificación.

Por último, se contempla la necesaria previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en zonas de urbanización y se garantiza el derecho de acceso de los operadores a infraestructuras de administraciones públicas y a infraestructuras lineales como electricidad, gas, agua, saneamiento o transporte. Estas medidas se encuentran alineadas con las propuestas realizadas por la Comisión Europea en su documento de 27 de abril de 2012 relativo a las medidas para reducir los costes del despliegue de las redes de muy alta velocidad en Europa.

Con el objetivo de reforzar los derechos de los usuarios, se clarifican los derechos introducidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones por el real decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo. Es destacable la mejor identificación de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas, y el mantenimiento del procedimiento extrajudicial de resolución de controversias entre operadores y usuarios finales ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo se prevé que la normativa específica sectorial establecida en la presente Ley prevalecerá sobre la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios, tal y como queda recogido en la propia normativa comunitaria, en particular en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 2011/83/UE de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores.

En el Título IV, relativo a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos, se regulan, entre otros, aspectos tales como la normalización técnica, la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos, y las condiciones que deben cumplir las instalaciones.

En relación con la administración del dominio público radioeléctrico, el Título V procede a una clarificación de los principios aplicables, de las actuaciones que abarca dicha administración, de los tipos de uso y de los distintos títulos habilitantes, introduce una simplificación administrativa para el acceso a determinadas bandas de frecuencia, y consolida las últimas reformas en materia de duración, modificación, extinción y revocación de títulos y en relación al mercado secundario del espectro. Como novedad, se introducen medidas destinadas a evitar el uso del espectro por quienes no disponen de título habilitante para ello, garantizando con ello la disponibilidad y uso eficiente de este recurso escaso, en particular mediante su protección activa y la colaboración de los operadores de red.

El Título VI, «La administración de las telecomunicaciones» determina las competencias que tienen atribuidas las diferentes Autoridades Nacionales de Reglamentación. Concretamente, este título incorpora el reparto competencial que inspira la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo a dicha Comisión funciones como la definición y análisis de los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, la identificación del operador u operadores con poder significativo de mercado, el establecimiento, si procede, de obligaciones específicas a dichos operadores, la resolución de conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas o la determinación del coste neto en la prestación del servicio universal, entre otras.

En el Título VII, «Tasas en materia de telecomunicaciones» y en el Anexo I, la Ley introduce importantes mejoras respecto de la regulación contenida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, en materia de tasas de telecomunicaciones. En particular, se reduce el límite máximo de la tasa general de operadores dirigida a financiar los costes en que incurren las Autoridades Nacionales de Reglamentación por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley y se establece un esquema de ajuste automático a los costes a los que han tenido que hacer frente las Autoridades Nacionales de Reglamentación.

El Título VIII relativo a inspección y régimen sancionador refuerza las potestades inspectoras, exigiendo la colaboración de los titulares de fincas o inmuebles en los que se ubiquen instalaciones de telecomunicaciones para la identificación de los titulares de dichas instalaciones, mejora la tipificación de infracciones, revisa la clasificación y cuantía de las sanciones, proporciona criterios para la determinación de la cuantía de la sanción, y facilita la adopción de medidas cautelares que podrán acordarse incluso antes de iniciar el expediente sancionador.

Las disposiciones adicionales regulan, entre otras cuestiones, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, las obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusión y televisión, televisión de formato ancho y obligaciones de transmisión, así como la creación de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud encargada de informar sobre las medidas aprobadas en materia de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y de los múltiples controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de dichas emisiones.

En particular, una de las disposiciones adicionales persigue la universalización de la banda ancha ultrarrápida, en virtud de la cual el Gobierno establecerá una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su universalización, así como fomentar su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar la cohesión social y territorial en colaboración con las administraciones territoriales.

En la ejecución de esta Estrategia se podrán incluir medidas como la realización anual de convocatorias públicas de ayudas para la extensión de la cobertura de la banda ancha ultrarrápida que, bajo el principio de neutralidad tecnológica, doten de cobertura a zonas en las que no existe oferta y en las que no esté prevista en el corto plazo, en particular, con el objetivo de permitir acortar plazos de conexión y abaratar costes en núcleos rurales de difícil orografía y baja densidad de población. Estas convocatorias públicas garantizarán que las ayudas cubrirán sólo un porcentaje de la inversión, que las ayudas se adjudicarán en régimen de concurrencia competitiva, y que la necesidad de la ayuda se encuentra justificada en la existencia de un déficit comercial a corto o medio plazo que impide la ejecución del proyecto dada su baja rentabilidad, y contemple mecanismos para evitar una posible sobre compensación.

Asimismo, se establecerán zonas de actuación preferente en base a las mayores necesidades de los usuarios, de su carácter dinamizador, del grado de presencia de PYMES o de centros de actividad económica como polígonos industriales o centros turísticos y de otros factores como el equilibrio territorial, su mayor incidencia sobre el desarrollo económico, su alejamiento, o la disponibilidad de financiación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Dicha Estrategia se complementará con otras medidas contempladas en la presente Ley orientadas a facilitar el despliegue de redes ultrarrápidas de acceso fijo y móvil, y facilitar la modernización y renovación de las redes.

Por su parte, las disposiciones transitorias regulan diferentes aspectos que facilitarán la transición hacia la aplicación de esta nueva Ley, como la adaptación de los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas al régimen previsto en el artículo 9 o el régimen transitorio para la fijación de las tasas recogidas en el Anexo I.

Por último, en las disposiciones finales, la Ley modifica diversos textos normativos. En particular, se modifican diversos preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a fin de adaptarla al marco social y económico actual. En concreto, se introducen precisiones sobre el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos derivado de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en sus equipos terminales, y se establecen criterios para la modulación de las sanciones.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

...

Artículo 2 Las telecomunicaciones como servicios de interés general

...

Artículo 3 Objetivos y principios de la Ley

...

Artículo 4 Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil

...

TÍTULO II
Explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 5 Principios aplicables

...

Artículo 6 Requisitos exigibles para la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas

...

Artículo 7 Registro de operadores

...

Artículo 8 Condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas

...

Artículo 9 Instalación y explotación de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por las administraciones públicas

...

Artículo 10 Obligaciones de suministro de información

...

Artículo 11 Normas técnicas

...

CAPÍTULO II
Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión

Artículo 12 Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión

...

CAPÍTULO III
Regulación ex ante de los mercados y resolución de conflictos

Artículo 13 Mercados de referencia y operadores con poder significativo en el mercado

...

Artículo 14 Obligaciones específicas aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia

...

Artículo 15 Resolución de conflictos

...

CAPÍTULO IV
Separación funcional

Artículo 16 Separación funcional obligatoria

...

Artículo 17 Separación funcional voluntaria

...

Artículo 18 Obligaciones específicas adicionales a la separación funcional

...

CAPÍTULO V
Numeración, direccionamiento y denominación

Artículo 19 Principios generales

...

Artículo 20 Planes nacionales

...

Artículo 21 Conservación de los números telefónicos por los abonados

...

Artículo 22 Números armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social

...

TÍTULO III
Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

CAPÍTULO I
Obligaciones de servicio público

Sección 1
Delimitación

Artículo 23 Delimitación de las obligaciones de servicio público

...

Artículo 24 Categorías de obligaciones de servicio público

...

Sección 2
El servicio universal

Artículo 25 Concepto y ámbito de aplicación

...

Artículo 26 Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio universal

...

Artículo 27 Coste y financiación del servicio universal

...

Sección 3
Otras obligaciones de servicio público

Artículo 28 Otras obligaciones de servicio público

...

CAPÍTULO II
Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

Sección 1
Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad

Artículo 29 Derecho de ocupación de la propiedad privada

...

Artículo 30 Derecho de ocupación del dominio público

...

Artículo 31 Normativa aplicable a la ocupación del dominio público y la propiedad privada

...

Artículo 32 Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada

...

Artículo 33 Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad

...

Sección 2
Normativa de las administraciones públicas que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

Artículo 34 Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas

...

Artículo 35 Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las administraciones públicas para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas

...

Artículo 36 Previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en proyectos de urbanización y en obras civiles financiadas con recursos públicos

...

Sección 3
Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas

Artículo 37 Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas

...

Artículo 38 Acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal

...

CAPÍTULO III
Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

Artículo 39 Secreto de las comunicaciones

...

Artículo 40 Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios técnicos

...

Artículo 41 Protección de los datos de carácter personal

...

Artículo 42 Conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones

...

Artículo 43 Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

...

Artículo 44 Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas

...

CAPÍTULO IV
Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios

Artículo 45 Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios

...

CAPÍTULO V
Derechos de los usuarios finales

Artículo 46 Derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas

...

Artículo 47 Derechos específicos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público

...

Artículo 48 Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados

...

Artículo 49 Guías de abonados

...

Artículo 50 Calidad de servicio

...

Artículo 51 Acceso a números o servicios

...

Artículo 52 Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con discapacidad

...

Artículo 53 Contratos

...

Artículo 54 Transparencia y publicación de información

...

Artículo 55 Resolución de controversias

...

TÍTULO IV
Evaluación de la conformidad de equipos y aparatos

Artículo 56 Normalización técnica

...

Artículo 57 Evaluación de la conformidad

...

Artículo 58 Reconocimiento mutuo

...

Artículo 59 Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores

...

TÍTULO V
Dominio público radioeléctrico

Artículo 60 De la administración del dominio público radioeléctrico

...

Artículo 61 Facultades del Gobierno para la administración del dominio público radioeléctrico

...

Artículo 62 Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico

...

Artículo 63 Títulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitación

...

Artículo 64 Duración, modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico

...

Artículo 65 Protección activa del dominio público radioeléctrico

...

Artículo 66 Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público radioeléctrico

...

Artículo 67 Mercado secundario en el dominio público radioeléctrico

...

TÍTULO VI
La administración de las telecomunicaciones

Artículo 68 Competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos

...

Artículo 69 Ministerio de Industria, Energía y Turismo

...

Artículo 70 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

...

TÍTULO VII
Tasas en materia de telecomunicaciones

Artículo 71 Tasas en materia de telecomunicaciones

...

TÍTULO VIII
Inspección y régimen sancionador

Artículo 72 Funciones inspectoras

...

Artículo 73 Facultades de inspección

...

Artículo 74 Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones

...

Artículo 75 Clasificación de las infracciones

...

Artículo 76 Infracciones muy graves

...

Artículo 77 Infracciones graves

...

Artículo 78 Infracciones leves

...

Artículo 79 Sanciones

...

Artículo 80 Criterios para la determinación de la cuantía de la sanción

...

Artículo 81 Medidas previas al procedimiento sancionador

...

Artículo 82 Medidas cautelares en el procedimiento sancionador

...

Artículo 83 Prescripción

...

Artículo 84 Competencias sancionadoras

...

Disposición adicional primera Significado de los términos empleados por esta Ley

...

Disposición adicional segunda Limitaciones y servidumbres

...

Disposición adicional tercera Aplicación de la legislación reguladora de las infraestructuras comunes en los edificios

...

Disposición adicional cuarta Información confidencial

...

Disposición adicional quinta El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

...

Disposición adicional sexta Multas coercitivas

...

Disposición adicional séptima Obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusión y televisión, televisión de formato ancho y obligaciones de transmisión

...

Disposición adicional octava Mecanismo de notificación

...

Disposición adicional novena Informe sobre las obligaciones a imponer a operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público

...

Disposición adicional décima Creación de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud

...

Disposición adicional undécima Parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas

...

Disposición adicional duodécima Aplicación de la Ley General Tributaria

...

Disposición adicional decimotercera Publicación de actos

...

Disposición adicional decimocuarta Coordinación de las ayudas públicas a la banda ancha y al desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales

...

Disposición adicional decimoquinta Asignación de medios a la Administración General del Estado e integración de personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

...

Disposición adicional decimosexta La entidad pública empresarial Red.es

1. La entidad Red.es, creada por la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, se configura como entidad pública empresarial, conforme a lo previsto en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Dicha entidad queda adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

2. La entidad pública empresarial Red.es tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio y se regirá por lo establecido en esta disposición adicional, en su propio Estatuto, en la citada Ley 6/1997 y en las demás normas que le sean de aplicación.

3. Constituye el objeto de la entidad pública empresarial la gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, correspondiéndole la tenencia, administración, adquisición y enajenación de los títulos representativos del capital de las sociedades en las que participe o pueda participar en el futuro. La entidad pública empresarial actuará, en cumplimiento de su objeto, conforme a criterios empresariales.

Para el cumplimiento de su objeto, la entidad pública empresarial podrá realizar toda clase de actos de administración y disposición previstos en la legislación civil y mercantil. Asimismo, podrá realizar cuantas actividades comerciales o industriales estén relacionadas con dicho objeto, conforme a lo acordado por sus órganos de gobierno. Podrá actuar, incluso, mediante sociedades por ella participadas.

La entidad pública empresarial Red.es contará además con las siguientes funciones:

a) La gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a España (.es), de acuerdo con la política de registros que se determine por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y en la normativa correspondiente.
b) La participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre y dominios de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), o la organización que en su caso la sustituya, así como el asesoramiento al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Unión Europea, en todos los temas de su competencia.
c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
d) La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la información, de conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información.

4. El régimen de contratación, de adquisición y de enajenación de la entidad se acomodará a las normas establecidas en derecho privado, sin perjuicio de lo determinado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5. El régimen patrimonial de la entidad pública empresarial se ajustará a las previsiones del artículo 56 de la Ley 6/1997. No obstante, los actos de disposición y enajenación de los bienes que integran su patrimonio se regirán por el derecho privado. En especial, la entidad pública empresarial Red.es podrá afectar sus activos a las funciones asignadas a la misma en la letra e) del apartado tercero de esta disposición y a financiar transitoriamente el déficit de explotación resultante entre los ingresos y gastos correspondientes a las funciones asignadas en las letras a), b), c) y d) del mismo apartado.

6. La contratación del personal por la entidad pública empresarial se ajustará al derecho laboral, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 55 de la Ley 6/1997, debiéndose respetar, en cualquier caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad.

7. El régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero de la entidad pública empresarial será el establecido en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y en la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997.

8. Los recursos económicos de la entidad podrán provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entre los recursos económicos de la entidad pública empresarial Red.es se incluyen los ingresos provenientes de lo recaudado en concepto del precio público por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España «.es» regulado en el apartado siguiente.

9. Precios Públicos por asignación, renovación y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el «.es».

La contraprestación pecuniaria que se satisfaga por la asignación, renovación y otras operaciones registrales realizadas por la entidad pública empresarial Red.es en ejercicio de su función de Autoridad de Asignación de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España tendrán la consideración de precio público.

Red.es, previa autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, establecerá mediante la correspondiente Instrucción, las tarifas de los precios públicos por la asignación, renovación y otras operaciones de registro de los nombres de dominio bajo el «.es». La propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos irá acompañada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, que regula el Régimen Jurídico de las Tasas y Precios Públicos, de una memoria económico-financiera que justificará el importe de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.

La gestión recaudatoria de los precios públicos referidos en este apartado corresponde a la entidad pública empresarial Red.es que determinará el procedimiento para su liquidación y pago mediante la Instrucción mencionada en el párrafo anterior en la que se establecerán los modelos de declaración, plazos y formas de pago.

La entidad pública empresarial Red.es podrá exigir la anticipación o el depósito previo del importe total o parcial de los precios públicos por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio «.es».

Disposición adicional decimoséptima Innovación en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones

...

Disposición adicional decimoctava Universalización de la banda ancha ultrarrápida

...

Disposición adicional decimonovena Estaciones radioeléctricas de radioaficionado

...

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera Normativa anterior a la entrada en vigor de esta Ley

...

Disposición transitoria segunda Adaptación de los operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas al régimen previsto en el artículo 9

...

Disposición transitoria tercera Condiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio público radioeléctrico

...

Disposición transitoria cuarta Restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

...

Disposición transitoria quinta Prestación de determinados servicios a los que se refiere el artículo 28

...

Disposición transitoria sexta Régimen transitorio para la fijación de las tasas establecidas en el anexo I de esta Ley

...

Disposición transitoria séptima Solicitudes de autorizaciones o licencias administrativas efectuadas con anterioridad

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones de obra, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental u otras de clase similar o análogas que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que ésta a su vez resultare de aplicación.

Disposición transitoria octava Registro de operadores

...

Disposición transitoria novena Adaptación de la normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas

La normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán adaptarse a lo establecido en los artículos 34 y 35 en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria décima Desempeño transitorio de funciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

...

Disposición transitoria undécima Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley

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Disposición transitoria duodécima Régimen transitorio de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para cuya instalación se hubiera presentado solicitud de licencia o autorización

Las estaciones o infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para cuya instalación se hubiera solicitado la licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento, de actividad, de carácter medioambiental u otras de clase similar o análogas a las que se refiere el artículo 34.6, podrán continuar instaladas y en funcionamiento, sin perjuicio de que las administraciones públicas competentes puedan ejercer las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control, que tengan atribuidas y que están referidas en el citado artículo 34.6 así como en el artículo 5 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios.

No obstante, y de conformidad con lo prevenido en la disposición transitoria de la mencionada Ley 12/2012, de 26 de diciembre, los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el público que hubieren solicitado las licencias o autorizaciones anteriormente mencionadas, sin perjuicio de la continuidad y funcionamiento de las respectivas instalaciones, podrán desistir de dichas solicitudes en curso y optar por presentar declaraciones responsables o, en su caso, comunicaciones previas de cambio de titularidad en los términos previstos en la citada Ley.

El ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control deberá respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas mencionados en el artículo 34.4 y en la disposición adicional undécima.

Disposición derogatoria única Derogación normativa

...

Disposición final primera Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego

...

LE0000732396_20220630 Ley 9/2014, de 9 mayo, derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, por la letra a) de la disposición derogatoria única de Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones («B.O.E.» 29 junio). La derogación de las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente vigentes.Vigencia: 30 junio 2022

Disposición final segunda Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

...

Disposición final tercera Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

...

Disposición final cuarta Modificación de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones

...

Disposición final quinta Modificación del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

...

Disposición final sexta Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

...

Disposición final séptima Modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

...

Disposición final octava Regulación de las condiciones en que los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitirán la ocupación del dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares

...

Disposición final novena Fundamento constitucional

...

Disposición final décima Competencias de desarrollo

...

Disposición final undécima Entrada en vigor

...

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

ANEXO I
Tasas en materia de telecomunicaciones

1
Tasa general de operadores

1. Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los operadores para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y en el Título III, todo operador estará obligado a satisfacer una tasa anual que no podrá exceder el 1 por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, por las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68. En concreto, los gastos a sufragar serán los gastos de personal y gastos corrientes en que incurran los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones directamente relacionadas con la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley como Autoridad Nacional de Reglamentación de Telecomunicaciones.

A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.

LE0000624416_20230101Epígrafe 1 del apartado 1. Tasa General de Operadores, del Anexo I redactado por la disposición final trigésima segunda de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).Vigencia: 5 julio 2018Efectos / Aplicación: 5 julio 2018

2. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causa imputable al operador, éste perdiera la habilitación para actuar como tal en fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se produzca.

3. El importe de esta tasa anual no podrá exceder de los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, anteriormente referidos.

A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hará público antes del 30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley.

La memoria contemplará, de forma separada, los gastos en los que haya incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, que servirán de base para fijar la asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión para la aplicación de esta Ley.

El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley y que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotación de cada uno de los operadores de telecomunicaciones en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de explotación obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de telecomunicaciones.

Mediante real decreto se determinará el sistema para calcular los gastos en que han incurrido las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, el sistema de gestión para la liquidación de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de telecomunicaciones deben cumplir para declarar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el importe de sus ingresos brutos de explotación con el objeto de que éste calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de telecomunicaciones.

Si la referida declaración no se presentase en plazo, se formulará al sujeto pasivo requerimiento notificado con carácter fehaciente, a fin de que en el plazo de 10 días presente la declaración. Si no lo hiciera, el órgano gestor le girará una liquidación provisional sobre los ingresos brutos de la explotación determinados en régimen de estimación indirecta, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, incluyendo, el importe de la sanción y los intereses de demora que procedan. Respecto de la imposición de la sanción se estará a lo dispuesto en la citada Ley General Tributaria.

2
Tasas por numeración, direccionamiento y denominación

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento de derechos de uso de números, direcciones o nombres.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas beneficiarias de derechos de uso.

La tasa se devengará el 1 de enero de cada año, excepto la del período inicial, que se devengará en la fecha que se produzca el otorgamiento de los derechos de uso.

El procedimiento para su exacción se establecerá por real decreto. El importe de dicha exacción será el resultado de multiplicar la cantidad de números, direcciones o nombres cuyos derechos de uso se hayan otorgado por el valor de cada uno de ellos, que podrá ser diferente en función de los servicios y planes correspondientes.

Con carácter general, el valor de cada número del Plan nacional de numeración telefónica para la fijación de la tasa por numeración, direccionamiento y denominación incluyendo a estos efectos los números empleados exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas, será de 0,04 euros. A este valor se le aplicarán los coeficientes que se especifican en la siguiente tabla, para los rangos y servicios que se indican:

Coeficiente	Servicio	Rango (NXYA)	Longitud (cifras)
0	Servicios de interés social.	0XY, 112, 10YA	3 y 4
0	Servicios armonizados europeos de valor social.	116 A (A = 0 y 1)	6
0	Uso interno en el ámbito de cada operador.	12YA (YA= 00 - 19) 22YA	Indefinida.
2	Mensajes sobre redes telefónicas.	2XYA (X ≠ 2) 3XYA 79YA 99YA	5 y 6
3	Numeración corta y prefijos.	1XYA (X≠1) 50YA	4, 5 y 6
1	Numeración geográfica y vocal nómada geográfica.	9XYA (X≠0) 8XYA (X≠0)	9
1	Numeración móvil.	6XYA 7XYA (X=1, 2, 3, 4)	9
1	Numeración vocal nómada.	5XYA (X=1)	9
1	Numeración de acceso a Internet.	908A 909A	9
10	Tarifas especiales.	80YA (Y=0, 3, 6, 7) 90YA (Y=0, 1, 2, 5, 7)	9
10	Numeración personal.	70YA	9
30	Consulta telefónica sobre números de abonado.	118 A (A= 1 - 9)	5
2	Comunicaciones máquina a máquina.	590 A	13

Nota: En la columna correspondiente a la identificación de rango, las cifras NXYA representan las primeras 4 cifras del número marcado. Las cifras X, Y, A pueden tomar todos los valores entre 0 y 9, excepto en los casos que se indique otra cosa. El guión indica que las cifras referenciadas pueden tomar cualquier valor comprendido entre los mostrados a cada lado del mismo (éstos incluidos).

El Plan nacional de numeración telefónica y sus disposiciones de desarrollo podrán introducir coeficientes a aplicar para los recursos de numeración que se atribuyan con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que aquéllos no sobrepasen el valor de 30, exceptuando los supuestos en que se otorguen derechos de uso de números de 9 cifras a usuarios finales, en cuyo caso el valor máximo resultante de la tasa no podrá superar los 100 euros.

A los efectos del cálculo de esta tasa, se entenderá que todos los números del Plan nacional de numeración telefónica, y los empleados exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas públicas, están formados por nueve dígitos. Cuando se otorguen derechos de uso de un número con menos dígitos, se considerará que se están otorgando derechos de uso para la totalidad de los números de nueve dígitos que se puedan formar manteniendo como parte inicial de éstos el número cuyos derechos de uso se otorgan. Cuando se otorguen derechos de uso de números de mayor longitud, se considerará que se están otorgando para la totalidad de los números de nueve dígitos que se puedan formar con las nueve primeras cifras de aquéllos.

Asimismo, se establecen las siguientes tasas por numeración, direccionamiento y denominación:

Tipo de número	Norma de referencia	Valor de cada código (euros)
Código de punto de señalización internacional (CPSI).	Recomendación UIT-T Q.708.	1.000
Código de punto de señalización nacional (CPSN).	Recomendación UIT-T Q.704.	10
Indicativo de red de datos (CIRD).	Recomendación UIT-T X.121.	1.000
Indicativo de red móvil Tetra (IRM).	Recomendación UIT-T E.218.	1.000
Código de operador de portabilidad (NRN).	Especificaciones técnicas de portabilidad.	1.000
Indicativo de red móvil (IRM).	Recomendación UIT-T E.212.	1.000

Estas nuevas tasas se aplicarán sin carácter retroactivo desde el 1 de enero del año siguiente a la aprobación de la presente Ley.

El valor de la tasa por numeración, direccionamiento y denominación se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, en la fijación del importe a satisfacer por esta tasa se podrá tomar en consideración el valor de mercado del uso de los números y nombres cuyos derechos de uso se otorguen y la rentabilidad que de ellos pudiera obtener la persona o entidad beneficiaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.

En este caso, en los supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en los planes nacionales o sus disposiciones de desarrollo y en los términos que en éstos se fijen, la cuantía anual de la tasa podrá sustituirse por la que resulte de un procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia y el tiempo de duración del otorgamiento del derecho de uso. Si el valor de adjudicación de la licitación resultase superior a dicho valor de referencia, aquél constituirá el importe de la tasa.

3. Procederá la devolución del importe de la tasa por numeración que proporcionalmente corresponda, cuando se produzca la cancelación de la asignación de recursos de numeración a petición del interesado, durante el ejercicio anual que corresponda. Para ello, se seguirá el procedimiento establecido mediante real decreto.

4. El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se ingresará en el Tesoro Público y se destinará a la financiación de los gastos que soporte la Administración General del Estado en la gestión, control y ejecución del régimen jurídico establecido en esta Ley.

3
Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico

1. La reserva para uso privativo o para uso especial por operadores de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se gravará con una tasa anual, en los términos que se establecen en este apartado.

Para la fijación del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos obligados, se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y la rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario.

Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad obtenida por el beneficiario de la reserva se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes parámetros:

a) El grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas.
b) El tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si éste lleva aparejadas las obligaciones de servicio público recogidas en el Título III.
c) La banda o sub-banda del espectro que se reserve.
d) Los equipos y tecnología que se empleen.
e) El valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado.

2. El importe a satisfacer en concepto de esta tasa será el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado por el valor en euros que se asigne a la unidad. En los territorios insulares, la superficie a aplicar para el cálculo de las unidades radioeléctricas que se utilicen para la determinación de la tasa correspondiente se calculará excluyendo la cobertura no solicitada que se extienda sobre la zona marítima. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por unidad de reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a la ocupación potencial o real, durante el período de un año, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado.

3. La cuantificación de los parámetros anteriores se determinará por Ley de Presupuestos Generales del Estado. La reducción del parámetro indicado en el párrafo b) del epígrafe 1 de este apartado de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, que se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, será de hasta el 75 por 100 del valor de dicho coeficiente para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas que lleven aparejadas obligaciones de servicio público de los artículos 25 y 28, apartados 1 y 2, de esta Ley, o para el dominio público destinado a la prestación de servicios públicos en gestión directa o indirecta mediante concesión administrativa.

Asimismo, en la Ley a que se refiere el párrafo anterior se fijará:

a) La fórmula para el cálculo del número de unidades de reserva radioeléctrica de los distintos servicios radioeléctricos.
b) Los tipos de servicios radioeléctricos.
c) El importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

4. El pago de la tasa deberá realizarse por el titular de la reserva de dominio público radioeléctrico. Las estaciones meramente receptoras que no dispongan de reserva radioeléctrica estarán excluidas del pago de la tasa. El importe de la exacción será ingresado en el Tesoro Público.

5. El importe de la tasa habrá de ser satisfecho anualmente. Se devengará inicialmente el día del otorgamiento del título habilitante para el uso del demanio y, posteriormente, el día 1 de enero de cada año.

6. El procedimiento de exacción se establecerá mediante real decreto. El impago del importe de la tasa podrá motivar la suspensión o la pérdida del derecho a la ocupación del dominio público radioeléctrico, salvo cuando, en el procedimiento de impugnación en vía administrativa o contencioso-administrativa interpuesto contra la liquidación de la tasa, se hubiese acordado la suspensión del pago.

7. Las administraciones públicas estarán exentas del pago de esta tasa en los supuestos de reserva de dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios obligatorios de interés general que tenga exclusivamente por objeto la defensa nacional, la seguridad pública y las emergencias, así como cualesquiera otros servicios obligatorios de interés general sin contrapartida económica directa o indirecta, como tasas, precios públicos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestación, tales como los ingresos en concepto de publicidad. A tal efecto, deberán solicitar, fundamentadamente, dicha exención al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, no estarán sujetos al pago los enlaces descendentes de radiodifusión por satélite, tanto sonora como de televisión.

4
Tasas de telecomunicaciones

1. La gestión precisa para el otorgamiento de determinadas concesiones y autorizaciones, inscripciones registrales, emisión de certificaciones, realización de actuaciones obligatorias de inspección, emisión de dictámenes técnicos y la realización de exámenes darán derecho a la exacción de las tasas compensatorias del coste de los trámites y actuaciones necesarias, con arreglo a lo que se dispone en los párrafos siguientes.

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la gestión precisa por la Administración para la emisión de certificaciones registrales; para la presentación de proyecto técnico de infraestructuras común de telecomunicaciones y del certificado o boletín de instalación que ampara las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de edificios; de cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos y aparatos de telecomunicaciones; así como la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de estos equipos y aparatos; las inscripciones en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación; las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica que, con carácter obligatorio, vengan establecidas en esta Ley o en otras disposiciones con rango legal o la presentación de certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras o de comprobación; la tramitación de concesiones demaniales para el uso privativo del dominio público radioeléctrico y la tramitación de autorizaciones generales o individuales de uso especial de dicho dominio y la realización de los exámenes de capacitación para operar estaciones de radioaficionado.

3. Serán sujetos pasivos de la tasa, según los supuestos, la persona natural o jurídica que solicite la correspondiente certificación o dictamen técnico de evaluación; que presente al registro de empresas instaladoras de telecomunicación la correspondiente declaración responsable; que solicite una certificación de presentación del proyecto técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obras y los anexos; aquélla a la que proceda practicar las actuaciones inspectoras de carácter obligatorio o solicite la tramitación o concesiones demaniales para el uso privativo del dominio público radioeléctrico o la tramitación de autorizaciones, generales o individuales, de uso especial del dominio público radioeléctrico; la que se presente a los exámenes para la obtención del título de operador de estaciones de aficionado, así como la que presente certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas de actuaciones inspectoras o de comprobación de carácter obligatorio.

4. La cuantía de la tasa se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La tasa se devengará en el momento de la solicitud correspondiente. El rendimiento de la tasa se ingresará en el Tesoro Público. Mediante real decreto se establecerá la forma de liquidación de la tasa.

La realización de pruebas o ensayos para comprobar el cumplimiento de especificaciones técnicas tendrá la consideración de precio público cuando aquéllas puedan efectuarse por el interesado, opcionalmente, en centros dependientes de la Administración de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de la Administración española o en centros privados o ajenos a aquéllas, cuando dichas pruebas sean solicitadas por el interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por la normativa en vigor.

5. Estarán exentos del pago de la tasa de tramitación de autorizaciones individuales de uso especial de dominio público radioeléctrico aquellos solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan 65 años en el año en que efectúen la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, así como los beneficiarios de una pensión pública o que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

5
Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo gestionará y recaudará en período voluntario las tasas de este anexo.

ANEXO II
Definiciones

1. Abonado: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la prestación de dichos servicios.

2. Acceso: la puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión. Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital; así como el acceso a servicios de red privada virtual.

3. Agente económico: el fabricante, el representante autorizado, el importador y el distribuidor de equipos y aparatos de telecomunicación.

a) Distribuidor: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del fabricante o el importador que comercializa un producto.
b) Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o que manda diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o marca comercial.
c) Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que introduce un producto de un tercer país en el mercado comunitario.
d) Representante autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas específicas relativas a obligaciones de éste último en virtud de la legislación comunitaria correspondiente.

4. Atribución de frecuencias: la designación de una banda de frecuencias para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen.

5. Asignación de frecuencias: Autorización administrativa para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

6. Autoridad Nacional de Reglamentación: el Gobierno, los departamentos ministeriales, órganos superiores y directivos y organismos públicos, que de conformidad con esta Ley ejercen las competencias que en la misma se prevén.

7. Bucle local o bucle de abonado de la red pública de comunicaciones electrónicas fija: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija.

8. Consumidor: cualquier persona física o jurídica que utilice o solicite un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales.

9. Datos de localización: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas o por un servicio de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público.

10. Derechos exclusivos: los derechos concedidos a una empresa por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que le reserve el derecho a prestar un servicio o a emprender una actividad determinada en una zona geográfica específica.

11. Derechos especiales: los derechos concedidos a un número limitado de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica:

a) Designen o limiten, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el número de tales empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad determinada, o
b) Confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio o emprender la misma actividad en la misma zona geográfica y en unas condiciones básicamente similares.

12. Dirección: cadena o combinación de cifras y símbolos que identifica los puntos de terminación específicos de una conexión y que se utiliza para encaminamiento.

13. Equipo avanzado de televisión digital: decodificadores para la conexión a televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva.

14. Equipo terminal: equipo destinado a ser conectado a una red pública de comunicaciones electrónicas, esto es, a estar conectado directamente a los puntos de terminación de aquélla o interfuncionar, a su través, con objeto de enviar, procesar o recibir información.

15. Especificación técnica: la especificación que figura en un documento que define las características necesarias de un producto, tales como los niveles de calidad o las propiedades de su uso, la seguridad, las dimensiones, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de la citada categoría las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la terminología.

16. Espectro radioeléctrico: ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial.

17. Explotación de una red de comunicación electrónica: la creación, el aprovechamiento, el control o la puesta a disposición de dicha red.

18. Interconexión: la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por un mismo operador o por otro distinto, de manera que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los usuarios del mismo operador o de otro distinto, o acceder a los servicios prestados por otro operador. Los servicios podrán ser prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. La interconexión constituye un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas.

19. Interfaz de programa de aplicación (API): la interfaz de software entre las aplicaciones externas, puesta a disposición por los operadores de radiodifusión o prestadores de servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión digital para los servicios de radio y televisión digital.

20. Interferencia perjudicial: toda interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade u obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación internacional, comunitaria o nacional aplicable.

21. Llamada: una conexión establecida por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público que permita la comunicación bidireccional de voz.

22. Nombre: combinación de caracteres (cifras decimales, letras o símbolos) que se utiliza para identificar abonados, usuarios u otras entidades tales como elementos de red.

23. Número: cadena de cifras decimales que, entre otros, pueden representar un nombre o una dirección.

24. Número geográfico: el número identificado en el plan nacional de numeración telefónica que contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red.

25. Números no geográficos: los números identificados en el plan nacional de numeración telefónica que no son números geográficos. Incluirán, entre otros, los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarificación adicional.

26. Operador: persona física o jurídica que explota redes públicas de comunicaciones electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y ha notificado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el inicio de su actividad o está inscrita en el Registro de operadores.

27. Operador con poder significativo en el mercado: operador que, individual o conjuntamente con otros, disfruta de una posición equivalente a una posición dominante, esto es, una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores que sean personas físicas.

28. Punto de terminación de la red: el punto físico en el que el abonado accede a una red pública de comunicaciones. Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada a un número o a un nombre de un abonado.

29. Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas.

30. Recursos asociados: las infraestructuras físicas, los sistemas, dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen la prestación de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello. Incluirán, entre otros, edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores.

31. Red de comunicaciones electrónicas: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos que no son activos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.

32. Red pública de comunicaciones: una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de señales entre puntos de terminación de la red.

33. Reserva de frecuencias: Porción de espectro radioeléctrico cuyos derechos de uso se otorgan por la Administración a una persona física o jurídica en condiciones especificadas.

34. Servicios asociados: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen, entre otros, la traducción de números o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas, así como otros servicios tales como el servicio de identidad, localización y presencia.

35. Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o de las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos; quedan excluidos, asimismo, los servicios de la sociedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas.

36. Servicio de televisión de formato ancho: el servicio de televisión constituido, total o parcialmente, por programas producidos y editados para su presentación en formato ancho completo. La relación de dimensiones 16:9 constituye el formato de referencia para los servicios de televisión de este tipo.

37. Servicio telefónico disponible al público: el servicio disponible al público para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica.

38. Sistema de acceso condicional: toda medida técnica o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorización individual previa.

39. Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

40. Teléfono público de pago: un teléfono accesible al público en general y para cuya utilización pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de crédito/débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de marcación.

41. Usuario: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público.

42. Usuario final: el usuario que no explota redes públicas de comunicaciones ni presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público ni tampoco los revende.

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

PREÁMBULO

I

II

III

IV

TÍTULO I Disposiciones generales

TÍTULO II Explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia

CAPÍTULO I Disposiciones generales

CAPÍTULO II Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión

CAPÍTULO III Regulación ex ante de los mercados y resolución de conflictos

CAPÍTULO IV Separación funcional

CAPÍTULO V Numeración, direccionamiento y denominación

TÍTULO III Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

CAPÍTULO I Obligaciones de servicio público

Sección 1 Delimitación

Sección 2 El servicio universal

Sección 3 Otras obligaciones de servicio público

CAPÍTULO II Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

Sección 1 Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad

Sección 2 Normativa de las administraciones públicas que afecte al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

Sección 3 Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas

CAPÍTULO III Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

CAPÍTULO IV Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios

CAPÍTULO V Derechos de los usuarios finales

TÍTULO IV Evaluación de la conformidad de equipos y aparatos

TÍTULO V Dominio público radioeléctrico

TÍTULO VI La administración de las telecomunicaciones

TÍTULO VII Tasas en materia de telecomunicaciones

TÍTULO VIII Inspección y régimen sancionador