Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea y, en particular, su art韈ulo 114,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Deben introducirse diversos cambios sustantivos en la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (3) . Conviene proceder a la refundici髇 de las disposiciones en cuesti髇 por razones de claridad y racionalizaci髇.
• (2) La mayor parte de los bienes y servicios se suministran y prestan en el mercado interior entre agentes econ髆icos o entre agentes econ髆icos y poderes p鷅licos mediante pagos aplazados, de manera que el proveedor concede a su cliente un plazo de pago de la factura, seg鷑 lo acordado entre las partes, lo establecido en la factura del proveedor o las disposiciones legales.
• (3) En las operaciones comerciales entre agentes econ髆icos o entre agentes econ髆icos y poderes p鷅licos muchos pagos se efect鷄n despu閟 del plazo acordado en el contrato o establecido en las condiciones generales de la contrataci髇. Aunque ya se hayan suministrado los bienes o se hayan prestado los servicios, las facturas correspondientes se pagan con mucho retraso respecto al plazo previsto. Esta morosidad influye negativamente en la liquidez de las empresas, complica su gesti髇 financiera y afecta a su competitividad y rentabilidad cuando se ven obligadas a solicitar financiaci髇 exterior. El riesgo de esta influencia negativa aumenta dr醩ticamente en per韔dos de crisis econ髆ica, al hacerse m醩 dif韈il la obtenci髇 de financiaci髇.
• (4) Las acciones judiciales contra la morosidad ya est醤 instrumentadas por el Reglamento (CE) n� 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuci髇 de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (4) , el Reglamento (CE) n� 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un t韙ulo ejecutivo europeo para cr閐itos no impugnados (5) , el Reglamento (CE) n� 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (6) , y el Reglamento (CE) n� 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuant韆 (7) . Sin embargo, para desincentivar la morosidad en las operaciones comerciales, es necesario adoptar disposiciones complementarias.
• (5) Las empresas deben poder comerciar en todo el mercado interior en condiciones tales que garanticen que las operaciones transfronterizas no supongan mayores riesgos que las ventas en el mercado nacional. Se podr韆n producir distorsiones de la competencia si se aplicaran normas sustancialmente diferentes a las operaciones en el mercado nacional y a las transfronterizas.
• (6) En su Comunicaci髇 de 25 de junio de 2008, titulada 玃ensar primero a peque馻 escala - "Small Business Act" para Europa: iniciativa a favor de las peque馻s empresas�, la Comisi髇 destac� que debe facilitarse el acceso de las peque馻s y medianas empresas (PYME) a la financiaci髇 y desarrollarse un marco jur韉ico y empresarial que propicie la puntualidad de los pagos en las operaciones comerciales. Debe advertirse que los poderes p鷅licos tienen una responsabilidad especial en este 醡bito. Los criterios para la definici髇 de las PYME se fijan en la Recomendaci髇 2003/361/CE de la Comisi髇, de 6 de mayo de 2003, sobre la definici髇 de microempresas, peque馻s y medianas empresas (8) .
• (7) Una de las acciones prioritarias de la Comunicaci髇 de la Comisi髇 de 26 de noviembre de 2008, titulada 玌n Plan Europeo de Recuperaci髇 Econ髆ica�, consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegur醤dose de que, en principio, las facturas por suministros y servicios, incluidas las correspondientes a las PYME, se paguen en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez.
• (8) Conviene que el 醡bito de la presente Directiva se limite a los pagos efectuados como contraprestaci髇 en operaciones comerciales. La presente Directiva no debe regular las operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros pagos como, por ejemplo los efectuados en virtud de la legislaci髇 en materia de cheques y letras de cambio, los pagos de indemnizaciones por da駉s y perjuicios, incluidos los pagos realizados por compa耥as de seguros. Adem醩, los Estados miembros deben tener la posibilidad de excluir las deudas sometidas a procedimientos concursales, incluidos los procedimientos que tienen por finalidad la reestructuraci髇 de la deuda.
• (9) La presente Directiva debe regular todas las operaciones comerciales con independencia de si se llevan a cabo entre empresas p鷅licas o privadas o entre estas y los poderes p鷅licos, teniendo en cuenta que los poderes p鷅licos realizan pagos de un volumen considerable a las empresas. Tambi閚 debe regular todas las operaciones comerciales entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
• (10) El hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a tratarlas como empresas o comerciantes en aspectos que no entran en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (11) El suministro de mercanc韆s y la prestaci髇 de servicios remunerados, a los que se aplica la presente Directiva, tambi閚 deben incluir el dise駉 y la realizaci髇 de obras p鷅licas, as� como los trabajos de construcci髇 y de ingenier韆 civil.
• (12) La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho econ髆icamente provechoso para los deudores en la mayor韆 de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicaci髇 de intereses a los pagos que incurren en demora o de la lentitud de los procedimientos de recurso. Es necesario un cambio decisivo hacia una cultura de pago sin demora, que prevea, entre otras cosas, que la exclusi髇 del derecho a cobrar intereses sea siempre considerada una pr醕tica o una cl醬sula contractual manifiestamente abusiva, para invertir esta tendencia y desalentar la morosidad. Este cambio tambi閚 debe incluir la introducci髇 de disposiciones concretas sobre los plazos de pago y la compensaci髇 a los acreedores por los costes en que hayan incurrido as� como, entre otras cosas, la indicaci髇 de que la exclusi髇 del derecho a una compensaci髇 por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva.
• (13) En consecuencia, debe preverse que, como norma general, los plazos de pago contractuales entre empresas no excedan de 60 d韆s naturales. No obstante, pueden darse casos en que las empresas necesiten plazos de pago m醩 amplios, por ejemplo cuando las empresas desean conceder cr閐itos comerciales a sus clientes. Por consiguiente, las partes deben seguir teniendo la posibilidad de acordar expresamente plazos de pago superiores a 60 d韆s naturales, siempre que esta ampliaci髇 no sea manifiestamente abusiva para el acreedor.
• (14) En aras de la coherencia de la legislaci髇 de la Uni髇, a efectos de la presente Directiva debe aplicarse la definici髇 de 玴oderes adjudicadores� recogida en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de contratos en los sectores del agua, de la energ韆, de los transportes y de los servicios postales (9) , y en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de los contratos p鷅licos de obras, de suministro y de servicios (10) .
• (15) Debe calcularse diariamente el inter閟 legal de demora como inter閟 simple, de conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) n� 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y t閞minos (11) .
• (16) La presente Directiva no debe obligar al acreedor a reclamar intereses por demora en el pago. En caso de demora en los pagos, la presente Directiva debe permitir al acreedor cobrar intereses de demora sin necesidad de aviso previo de vencimiento o notificaci髇 similar que recuerde al deudor su obligaci髇 de pagar.
• (17) El pago del deudor se considerar� demorado a efectos de tener derecho a intereses de demora cuando el acreedor, habiendo cumplido sus obligaciones legales y contractuales, no disponga del importe debido en la fecha prevista.
• (18) Las facturas equivalen a solicitudes de pago y constituyen documentos relevantes en la cadena de operaciones para el suministro de bienes y servicios, en particular, para determinar el plazo l韒ite de pago. A efectos de la presente Directiva, conviene que los Estados miembros promuevan sistemas que generen seguridad jur韉ica respecto a la fecha exacta de recepci髇 de las facturas por el deudor, incluido el 醡bito de la facturaci髇 electr髇ica donde cabe generar constancia electr髇ica de la recepci髇 de las facturas, y que est� regulado parcialmente por las disposiciones sobre facturaci髇 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema com鷑 del impuesto sobre el valor a馻dido (12) .
• (19) Es necesario compensar adecuadamente a los acreedores por los costes de cobro debidos a la morosidad para desalentar esta pr醕tica. Los costes de cobro deben incluir los costes administrativos y una compensaci髇 por los gastos internos derivados de la morosidad, para los que la presente Directiva debe establecer una cantidad fija m韓ima acumulable con el inter閟 de demora. La compensaci髇 en forma de una cantidad fija debe tener como objetivo limitar los costes administrativos e internos ligados al cobro. La compensaci髇 por los costes de cobro debe fijarse sin perjuicio de las disposiciones nacionales en virtud de las cuales un tribunal nacional pueda reconocer el derecho del acreedor a una indemnizaci髇 adicional por los da駉s y perjuicios relacionados con la morosidad del deudor.
• (20) Adem醩 del derecho al pago de una cantidad fija para cubrir los costes internos relacionados con el cobro, los acreedores deben tener igualmente derecho al reembolso de los dem醩 gastos de cobro ocasionados por el retraso en el pago por parte del deudor. Entre estos costes deben figurar, en particular, los gastos en los que haya incurrido el acreedor para la contrataci髇 de un abogado o de una agencia para la gesti髇 de cobros.
• (21) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer cantidades fijas m醩 elevadas como compensaci髇 por los costes de cobro y, por consiguiente, m醩 favorables al acreedor, o a aumentar estas cantidades, entre otros aspectos para tener en cuenta la tasa de inflaci髇.
• (22) La presente Directiva no debe impedir los pagos a plazos ni los pagos escalonados. No obstante, cada plazo o pago debe realizarse de conformidad con los t閞minos acordados y debe estar sometido a las normas relativas a la morosidad recogidas en la presente Directiva.
• (23) En general, los poderes p鷅licos disponen de fuentes de ingresos m醩 seguras, previsibles y continuas que las empresas. Adem醩, muchos poderes p鷅licos pueden obtener financiaci髇 a unas condiciones m醩 ventajosas que las empresas. Por otra parte, dependen menos que las empresas privadas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus objetivos. Los plazos de pago dilatados y la morosidad de los poderes p鷅licos respecto a los bienes y servicios conllevan costes injustificados a las empresas. Procede, por tanto, introducir normas espec韋icas con respecto a las operaciones comerciales en lo que se refiere al suministro de bienes y la prestaci髇 de servicios por parte de empresas a los poderes p鷅licos que prevean, en particular, per韔dos de pago que, como regla general, no superen los 30 d韆s naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que est� objetivamente justificado a la luz de la naturaleza o las caracter韘ticas particulares del contrato, y que en ning鷑 caso superen los 60 d韆s naturales.
• (24) No obstante, debe tenerse en cuenta la situaci髇 espec韋ica de los poderes p鷅licos que, en calidad de empresas p鷅licas, realizan actividades econ髆icas de car醕ter industrial o mercantil consistentes en ofrecer bienes o servicios en el mercado. En este contexto, los Estados miembros deben tener la posibilidad, en determinadas condiciones, de ampliar el plazo legal de pago recogido en el contrato hasta un m醲imo de 60 d韆s naturales.
• (25) En lo que a la morosidad se refiere, la situaci髇 de los servicios sanitarios en numerosos Estados miembros resulta particularmente preocupante. Los sistemas de asistencia sanitaria, en cuanto constituyen una parte esencial de la infraestructura social de Europa, se ven obligados frecuentemente a conciliar las necesidades individuales con los recursos financieros existentes, teniendo en cuenta el envejecimiento de la poblaci髇 europea, el aumento de la esperanza de vida y los avances m閐icos. Todos los sistemas deben abordar el reto de establecer las prioridades en el 醡bito sanitario de forma que se alcance un equilibrio entre las necesidades de cada paciente y los recursos financieros disponibles. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de conceder a las entidades p鷅licas que prestan servicios de asistencia sanitaria un cierto grado de flexibilidad en el cumplimiento de sus compromisos. En este contexto, los Estados miembros deben tener la posibilidad, en determinadas condiciones, de ampliar el plazo legal de pago recogido hasta un m醲imo de 60 d韆s naturales. Los Estados miembros, deben, no obstante, hacer todo lo posible para que los pagos en el sector de la asistencia sanitaria se realicen de acuerdo con los plazos legales de pago.
• (26) Para asegurar el cumplimiento del objetivo perseguido con la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que en las operaciones comerciales la duraci髇 m醲ima de un procedimiento de aceptaci髇 o de verificaci髇 no supere, como regla general, los 30 d韆s naturales. No obstante, un procedimiento de verificaci髇 podr韆 superar los 30 d韆s naturales, por ejemplo, en caso de contratos particularmente complejos, cuando se haya acordado expresamente en el contrato y en alguno de los documentos de licitaci髇, y si no resulta manifiestamente abusivo para el acreedor.
• (27) Las instituciones de la Uni髇 se encuentran en una situaci髇 comparable a la de los poderes p鷅licos de los Estados miembros en lo que respecta a su financiaci髇 y relaciones comerciales. El Reglamento (CE, Euratom) n� 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (13) , precisa que las operaciones de liquidaci髇, ordenaci髇 de pagos y libramiento de pago habr醤 de realizarse en un plazo determinado que se fijar� en las normas de desarrollo. Estas normas de desarrollo las fijan en la actualidad el Reglamento (CE, Euratom) n� 2342/2002 de la Comisi髇, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) n� 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (14) , y especifican las circunstancias en las que los acreedores a los que se les ha pagado con retraso tienen derecho a recibir intereses de demora. En el contexto de la revisi髇 que se est� llevando a cabo en la actualidad de estos Reglamentos, habr韆 que velar por que los plazos l韒ite para que las instituciones de la Uni髇 realicen los pagos est閚 armonizados con los per韔dos legales aplicables a los poderes p鷅licos de conformidad con la presente Directiva.
• (28) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contrataci髇 en perjuicio del acreedor. En consecuencia, cuando una cl醬sula contractual o una pr醕tica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de inter閟 de demora o la compensaci髇 por los costes de cobro no est� justificada sobre la base de las condiciones acordadas al deudor o cuando sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, podr醤 considerarse factores constitutivos de dicho abuso. Por consiguiente, y de conformidad con el proyecto acad閙ico 玀arco Com鷑 de Referencia�, debe considerarse abusiva para el acreedor toda cl醬sula contractual o pr醕tica que se desv韊 manifiestamente de las buenas pr醕ticas comerciales, que sea contraria a la buena fe y a la lealtad contractual. En particular, la exclusi髇 de principio del derecho a cobrar intereses debe considerarse siempre manifiestamente abusiva, mientras que la exclusi髇 del derecho a una compensaci髇 por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva. La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales abusivas para el deudor.
• (29) En el marco de un mayor esfuerzo por evitar el abuso de la libertad de contrataci髇 en perjuicio de los acreedores, las organizaciones oficialmente reconocidas como representantes de las empresas y las que tienen un inter閟 leg韙imo en representarlas deben poder ejercer acciones ante los tribunales nacionales o los 髍ganos administrativos para evitar que sigan aplic醤dose cl醬sulas contractuales o pr醕ticas que resulten manifiestamente abusivas para el acreedor.
• (30) Para contribuir a alcanzar el objetivo de la presente Directiva, los Estados miembros deben reforzar la difusi髇 de las buenas pr醕ticas, incluida la promoci髇 de la publicaci髇 de una lista de pagadores puntuales.
• (31) Conviene garantizar que los acreedores puedan hacer uso de la cl醬sula de reserva de dominio con car醕ter no discriminatorio en toda la Uni髇, si la cl醬sula de reserva de dominio es v醠ida con arreglo a las disposiciones nacionales aplicables de conformidad con el Derecho internacional privado.
• (32) La presente Directiva 鷑icamente define el t閞mino 玹韙ulo ejecutivo�, pero no debe regular los diferentes procedimientos para la ejecuci髇 forzosa de dicho t韙ulo ni las condiciones bajo las cuales se puede detener o suspender la ejecuci髇 forzosa del mismo.
• (33) Las consecuencias de la morosidad solo pueden ser disuasorias si van acompa馻das de procedimientos de recurso r醦idos y eficaces para el acreedor. De conformidad con el principio de no discriminaci髇 establecido en el art韈ulo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, tales procedimientos deben estar a disposici髇 de todos los acreedores establecidos en la Uni髇.
• (34) Con objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros deben fomentar el recurso a la mediaci髇 o a otros medios alternativos de soluci髇 de conflictos. La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediaci髇 en asuntos civiles y mercantiles (15) , establece un marco por lo que respecta a los sistemas de mediaci髇 en el 醡bito de la Uni髇, en particular en lo que se refiere a las disputas transfronterizas, sin que ello impida su aplicaci髇 a los sistemas internos de mediaci髇. Los Estados miembros tambi閚 deben animar a las partes interesadas a elaborar c骴igos voluntarios de conducta cuyo objetivo sea, en particular, contribuir a la aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (35) Es necesario garantizar que los procedimientos de cobro de cr閐itos no impugnados en caso de morosidad en las operaciones comerciales concluyan en breve plazo, incluso mediante un procedimiento acelerado e independientemente del importe de la deuda.
• (36) Dado que el objetivo de la presente Directiva, en concreto, la lucha contra la morosidad en el mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art韈ulo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.
• (37) La obligaci髇 de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificaci髇 sustantiva respecto a la Directiva 2000/35/CE. La obligaci髇 de transponer las disposiciones inalteradas emana de dicha Directiva.
• (38) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposici髇 al Derecho nacional y a la aplicaci髇 de la Directiva 2000/35/CE.
• (39) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional 獿egislar mejor� (16) , se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio inter閟 y en el de la Uni髇, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y sus medidas de transposici髇 a nivel nacional, y a hacerlos p鷅licos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: