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Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Ficha:
  • rgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 18 de Diciembre de 1997. Esta revisin vigente desde 15 de Octubre de 2003
Versiones/revisiones:

Sumario

Exposicin de Motivos

Desde la aprobacin de la Constitucin Espaola en 1978, puede observarse con satisfaccin como su espritu, principios y articulado han tenido el correspondiente desarrollo normativo en textos de rango legal, impulsando un perodo de fecunda produccin legislativa para incorporar plenamente los principios democrticos al funcionamiento de los poderes e instituciones que conforman el Estado Espaol.

En efecto, el conjunto de los poderes y rganos constitucionales han sido objeto de leyes que, con posterioridad a la Constitucin, establecen las pautas de su organizacin, competencia y normas de funcionamiento a la luz de la norma vrtice de nuestro ordenamiento democrtico.

Existe, sin embargo, un relevante mbito de los poderes constitucionales al que todava no ha llegado el desarrollo legal de la Constitucin. Tal es el caso del ncleo esencial de la configuracin del poder ejecutivo como es el propio Gobierno. En efecto, carece todava el Gobierno, como supremo rgano de la direccin de la poltica interior y exterior del Reino de Espaa, de texto legal que contemple su organizacin, competencia y funcionamiento en el espritu, principios y texto constitucional. Tal es el importante paso que se da con la presente Ley.

La Constitucin de 1978 establece los principios y criterios bsicos que deben presidir el rgimen jurdico del Gobierno, siendo su artculo 97 el precepto clave en la determinacin de la posicin constitucional del mismo.

Al propio tiempo, el artculo 98 contiene un mandato dirigido al legislador para que ste proceda al correspondiente desarrollo normativo del citado rgano constitucional en lo que se refiere a la determinacin de sus miembros y estatuto e incompatibilidades de los mismos.

Por otra parte, el Gobierno no puede ser privado de sus caractersticas propias de origen constitucional si no es a travs de una reforma de la Constitucin (garanta institucional). Ahora bien, la potestad legislativa puede y debe operar autnomamente siempre y cuando no lleguen a infringirse principios o normas constitucionales.

Por ello, en lo que se refiere a aspectos orgnicos, procedimentales o funcionales, la presente Ley aparece como conveniente; y, en cuanto se trate de precisar y desarrollar las previsiones concretas de remisin normativa contenida en la Constitucin, la Ley aparece como necesaria. Avala adems la pertinencia del presente texto el hecho de que la organizacin y el funcionamiento del Gobierno se encuentra en textos legales dispersos, algunos de ellos preconstitucionales, y, por tanto, no del todo coherentes con el contenido de nuestra Carta Magna.

Tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno: el principio de direccin presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices polticas que deber seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros; y, por ltimo, el principio departamental que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonoma y responsabilidad en el mbito de su respectiva gestin.

Desde estos planteamientos, en el Ttulo I se regula la posicin constitucional del Gobierno, as como su composicin, con la distincin entre rganos individuales y colegiados. Al propio tiempo, se destacan las funciones que, con especial relevancia, corresponden al Presidente y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creacin, composicin y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno, rganos con una aquilatada tradicin en nuestro Derecho.

En efecto, el artculo 98.1 de nuestra Carta Magna establece una composicin fija -an con elementos disponibles- del Gobierno, remitindose a la Ley para determinar el resto de sus componentes. En este sentido, se opta ahora por un desarrollo estricto del precepto constitucional, considerando como miembros del Gobierno al Presidente, a los Vicepresidentes cuando existan, y a los Ministros. En cuanto a la posicin relativa de los miembros del Gobierno, se destaca la importancia del Presidente, con fundamento en el principio de direccin presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia misma del Gobierno. El Derecho comparado es prcticamente unnime en consagrar la existencia de un evidente desequilibrio institucionalizado entre la posicin del Presidente, de supremaca, y la de los dems miembros del Gobierno. Nuestra Constitucin y, por tanto, tambin la Ley se adscriben decididamente a dicha tesis.

Se mantiene, como no poda ser de otra manera, el carcter disponible de los Vicepresidentes, cuya existencia real en cada formacin concreta del Gobierno depender de la decisin del Presidente. No se ha estimado conveniente, por otra parte, aumentar cualitativamente el nmero de categoras de quienes pueden ser miembros del Gobierno aun cuando esa posibilidad se encuentra permitida por el inciso final del artculo 98.1. En este sentido, si bien se contempla expresamente la figura de los Ministros sin cartera, no cabe duda de que su consideracin es precisamente la de Ministros. Y desde esa posicin, desempean una funcin poltica, encargndose de tareas que no corresponden, en principio ni en exclusiva, a uno de los Departamentos existentes. No son, en consecuencia, esos otros posibles miembros del Gobierno a que se refiere el artculo 98.1 de la Constitucin.

Por lo que respecta a los Secretarios de Estado, se opta por potenciar su status y su mbito funcional sin llegar a incluirlos en el Gobierno. Sern rganos de colaboracin muy cualificados del Gobierno, pero no miembros, si bien su importancia destaca sobre el resto de rganos de colaboracin y apoyo en virtud de su fundamental misin al frente de importantes parcelas de actividad poltica y administrativa, lo que les convierte, junto con los Ministros, en un engarce fundamental entre el Gobierno y la Administracin.

El texto regula, asimismo, la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, con funciones preparatorias del Consejo de Ministros, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes.

El Ttulo II se dedica a regular el estatuto de los miembros del Gobierno -cumpliendo el mandato contenido en el artculo 98.4 de la Constitucin- y, en especial, los requisitos de acceso al cargo, su nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el rgimen de incompatibilidades.

Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado; y el rgimen de nombramiento y cese de los Directores de Gabinete.

En el Ttulo III se pormenorizan, dentro de los lgicos lmites que impone el rango de la norma, las reglas de funcionamiento del Gobierno, con especial atencin al Consejo de Ministros y a los dems rganos del Gobierno y de colaboracin y apoyo al mismo. Tambin se incluye una referencia especial a la delegacin de competencias, fijando con claridad sus lmites, as como las materias que resultan indelegables.

El Ttulo IV se dedica exclusivamente a regular el Gobierno en funciones, una de las principales novedades de la Ley, con base en el principio de lealtad constitucional, delimitando su propia posicin constitucional y entendiendo que el objetivo ltimo de toda su actuacin radica en la consecucin de un normal desarrollo del proceso de formacin del nuevo Gobierno.

Por ltimo, en el Ttulo V se regula el procedimiento para el ejercicio por el Gobierno de la iniciativa legislativa que le corresponde, comprendiendo dos fases principales en las que interviene el Consejo de Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa, en un primer momento, y culminando con la aprobacin del proyecto de ley.

Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con especial referencia al procedimiento de elaboracin de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas. De este modo, el texto procede a una ordenacin de las normas reglamentarias con base en los principios de jerarqua y de competencia, criterio este ltimo que preside la relacin entre los Reales Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decretos del Presidente del Gobierno, cuya parcela propia se sita en la materia funcional y operativa del rgano complejo que es el Gobierno.

Finalmente, se regulan diversas formas de control de los actos del Gobierno, de conformidad con lo establecido por nuestra Constitucin y por nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria, con la finalidad de garantizar el control jurdico de toda la actividad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.