Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicaci髇 Audiovisual

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Sumario

LE0000733294 Ley 7/2010, 31 marzo, derogada por la letra b) del n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicaci髇 Audiovisual (獴.O.E.� 8 julio) el 9 de julio de 2022.

V閍se la Res. 23 junio 2010, de la Secretar韆 de Estado de Cooperaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicaci髇 Audiovisual (獴.O.E.� 19 julio).LE0000422915

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PRE罬BULO

La industria audiovisual se ha convertido en los 鷏timos a駉s en un sector cada vez con mayor peso y trascendencia para la econom韆. Los contenidos audiovisuales y su demanda forman parte de la vida cotidiana del ciudadano actual. No se concibe el mundo, el ocio, el trabajo o cualquier otra actividad sin lo audiovisual.

En los 鷏timos a駉s la comunicaci髇 audiovisual se ha basado en la explotaci髇 tradicional de la radio y televisi髇 anal骻ica condicionada por la escasez de espectro radioel閏trico y, por tanto, por una oferta p鷅lica y privada reducida y con un modelo de explotaci髇 muy asentado pero comercialmente poco sostenible.

La tecnolog韆 digital viene a romper con este modelo y plantea un aumento exponencial de la se馻les de radio y televisi髇 gracias a la capacidad de compresi髇 de la se馻l que se incrementa aumentando la calidad de la se馻l audiovisual. Aumenta el acceso a los medios audiovisuales y se multiplican las audiencias, pero, por esta misma raz髇, se fragmentan. Irrumpe Internet como competidora de contenidos. Los modelos de negocio evolucionan y se desplazan. Como consecuencia de todo ello, la normativa tiene que evolucionar con los tiempos y debe adaptarse a los nuevos desarrollos tecnol骻icos.

Se hace necesario por tanto, regular, ordenar con visi髇 de medio y largo plazo, con criterios que despejen incertidumbres y den seguridad a las empresas y con la intenci髇 de proteger al ciudadano de posiciones dominantes de opini髇 o de restricci髇 de acceso a contenidos universales de gran inter閟 o valor.

As� lo han entendido los pa韘es m醩 avanzados y la propia Uni髇 Europea que a trav閟 de Directivas ha establecido y perfecciona peri骴icamente normas que configuran un r間imen b醩ico com鷑 que garantice el pluralismo y los derechos de los consumidores.

Directivas que obligatoriamente deben transponerse a la legislaci髇 espa駉la. Esa es una de las funciones de esta Ley, la transposici髇 de la Directiva 2007/65/CE de Servicios de Comunicaci髇 Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre del 2007.

Pero no es s髄o este el objetivo de la Ley General de la Comunicaci髇 Audiovisual. Hoy Espa馻 dispone de una legislaci髇 audiovisual dispersa, incompleta, a veces desfasada y obsoleta, con grandes carencias para adaptarse a los tiempos y, por tanto, permanentemente sometida a cambios frecuentes, v韆 decreto o subsumida en otras leyes de tem醫ica diversa. Nos encontramos pues ante una normativa vigente, alejada de la realidad, y limitativa que en su origen, naci� con vocaci髇 de transitoriedad pero que se ha perpetuado m醩 tiempo del inicialmente previsto.

Consecuentemente, esta Ley pretende compendiar la normativa vigente a鷑 v醠ida, actualizar aquellos aspectos que han sufrido importantes modificaciones y regular las nuevas situaciones carentes de marco legal. Y todo ello con la misi髇 de dar seguridad jur韉ica a la industria y posibilitar la creaci髇 de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo y la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como son la TDT de pago, la Alta Definici髇 y la TV en Movilidad; y hacerlo garantizando tambi閚, el pluralismo y la protecci髇 de los derechos ciudadanos; al mismo tiempo que se fijan unas reglas de transparencia y competencia claras en un contexto de convivencia del sector p鷅lico con el privado y de liberalizaci髇 de la actividad audiovisual.

Esta normativa general de referencia ha sido una demanda del sector audiovisual en su conjunto y de los consumidores desde hace a駉s. Esta Ley por tanto nace con la vocaci髇 de aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia, superar el disenso y alcanzar un acuerdo para una reforma que quiere ver la luz con voluntad de permanencia. Una ley que codifique, liberalice y modernice la vieja y dispersa normativa espa駉la actual, otorgue seguridad y estabilidad al sector p鷅lico y privado, a corto y medio plazo, mediante un marco jur韉ico b醩ico suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo que por definici髇 tienen este sector ante la vertiginosa y continua evoluci髇 tecnol骻ica.

Esta ley debe entenderse tambi閚, inmersa en el proyecto de reforma audiovisual del Gobierno emprendida en la legislatura anterior con la aprobaci髇 de la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisi髇 de Titularidad Estatal y complementada con la Ley de Financiaci髇 de la Corporaci髇 RTVE.

Y es que la Ley General de la Comunicaci髇 Audiovisual se presenta como norma b醩ica no s髄o para el sector privado sino tambi閚 para el p鷅lico fijando, con el m醩 absoluto respeto competencial que marca nuestra Constituci髇, los principios m韓imos que deben inspirar la presencia en el sector audiovisual de organismos p鷅licos prestadores del servicio p鷅lico de radio, televisi髇 y servicios interactivos. Principios inspirados en la normativa y recomendaciones comunitarias sobre financiaci髇 p鷅lica compatible con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, control independiente a trav閟 de organismos reguladores y garant韆 y protecci髇 de derechos.

En este sentido, la norma aspira a promover una sociedad m醩 incluyente y equitativa y, espec韋icamente en lo referente a la prevenci髇 y eliminaci髇 de discriminaciones de g閚ero, en el marco de lo establecido en materia de publicidad y medios de comunicaci髇 en la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protecci髇 integral contra la violencia de g閚ero y la Ley Org醤ica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Estos son los principios que inspiran el articulado de esta ley que regula la comunicaci髇 audiovisual de cobertura estatal y que en su sistem醫ica ha colocado en primer lugar, tras los art韈ulos de Objetivos, Definiciones y 羗bito de Aplicaci髇, el reconocimiento de derechos. As� el Cap韙ulo I del T韙ulo II esta consagrado 韓tegramente a la garant韆 de los derechos de los ciudadanos a recibir comunicaci髇 audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingstico -lo que implica la protecci髇 de las obras audiovisuales europeas y espa駉las en sus distintas lenguas-, as� como a exigir ante las autoridades la adecuaci髇 de los contenidos al ordenamiento constitucional vigente. Este cap韙ulo trata de forma individualizada las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicaci髇 audiovisual en relaci髇 a los menores y personas con discapacidad que merecen a juicio del legislador y de las instituciones europeas una protecci髇 especial.

En el Cap韙ulo II de este T韙ulo II se incluyen los derechos de los prestadores del servicio de comunicaci髇 audiovisual que b醩icamente son el de prestar ese servicio en condiciones de libertad en cuanto a selecci髇 de contenidos, l韓ea editorial y emisi髇 de canales. Libertad absoluta en el caso de las comunicaciones electr髇icas. La posibilidad y condiciones de autorregulaci髇 y de emisi髇 de contenidos publicitarios constituyen otros dos grandes apartados de derechos que se consagran en esta ley.

La regulaci髇 de la publicidad, conforme a los criterios establecidos por la Directiva Comunitaria ya citada, ocupa una parte importante de esta Ley. Est� concebida como un instrumento de protecci髇 del consumidor frente a la emisi髇 de mensajes publicitarios en todas sus formas en cuanto a tiempo y contenidos pero tambi閚 con una normativa reguladora b醩ica para impedir abusos e interpretaciones divergentes que han llevado, en el pasado, a la apertura de expedientes y discrepancias serias a la hora de interpretar los preceptos europeos. Y que, con esta Ley se pretende acabar al plantear un escenario claro e inequ韛oco alineado con la terminolog韆 y los postulados de la Comisi髇 y el Parlamento Europeo.

Finalmente este T韙ulo II dedica un cap韙ulo a la regulaci髇 de los derechos sobre contenidos en r間imen de exclusividad en la que se protege el derecho a la informaci髇 de todos los ciudadanos como derecho prioritario y se fijan l韒ites a la exclusividad en funci髇 de criterios de inter閟 general que aseguran la emisi髇 en abierto de una serie de acontecimientos relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran audiencia y valor. Para ello, se incluye una referencia normativa b醩ica siguiendo los criterios, resoluciones y recomendaciones de las autoridades y organismos de vigilancia de la competencia espa駉les y europeos.

El T韙ulo III parte del principio de libertad de empresa y establece el r間imen jur韉ico b醩ico para la prestaci髇 de un servicio de comunicaci髇 audiovisual, diferenciando aquellos que s髄o precisan de comunicaci髇 previa por estar su segmento liberalizado, de aquellos otros que por utilizar espacio radioel閏trico p鷅lico a trav閟 de ondas hertzianas y tener capacidad limitada necesitan de licencia previa otorgada en concurso p鷅lico celebrado en las condiciones que fija esta misma Ley.

Los principios de titularidad europea y de reciprocidad, que se incorporan a la legislaci髇 espa駉la en este sector, presiden este r間imen jur韉ico. Con el objetivo de reforzar la seguridad se ampl韆 hasta 15 a駉s el per韔do de concesi髇 de licencia, actualmente en diez y, como novedades, se establece la renovaci髇 autom醫ica si se cumplen determinados requisitos y se reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias en determinadas condiciones. Tambi閚 como un derecho de los titulares de las licencias se regula el acceso condicional o de pago, limit醤dolo a un 50% de los canales concedidos a cada licencia para garantizar una extensa oferta de televisi髇 en abierto.

Otra de las novedades de esta Ley es el reconocimiento del derecho de acceso a los servicios de comunicaci髇 electr髇ica en condiciones plenas de interactividad, las emisiones en cadena de los servicios de comunicaci髇 radiof髇icos y los servicios de comunicaci髇 audiovisual comunitarios concebidos 鷑icamente sin finalidad comercial.

El T韙ulo III dedica una secci髇 a los denominados 玁uevos entrantes tecnol骻icos� o nuevas formas de comunicaci髇 audiovisual. Esencialmente TV en Movilidad, Alta Definici髇 e Interactividad, permitiendo la posibilidad de decodificadores 鷑icos que permitan acceder a los servicios interactivos de todas las ofertas.

El T韙ulo III finaliza con un conjunto de art韈ulos destinados a garantizar el pluralismo y la libre competencia en el mercado radiof髇ico y televisivo dada la importancia que tienen estos medios en la formaci髇 de la opini髇 p鷅lica. Se reconoce el derecho a poseer participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicaci髇, pero se limita ese derecho si en el momento de la fusi髇 o compra de acciones se acumula m醩 del 27% de la audiencia. Se ha optado por el criterio de audiencias a la hora de evaluar posiciones de dominio en el mercado siguiendo las soluciones recogidas por la m醩 reciente legislaci髇 de los pa韘es europeos en la materia.

Asimismo, un solo titular no podr� tener participaciones significativas en prestadores de servicios de comunicaci髇 audiovisual que acumulen m醩 de dos m鷏tiplex -ocho canales- y en todo caso deben garantizarse un m韓imo de tres operadores privados estatales.

El T韙ulo IV se ocupa 韓tegramente de la normativa b醩ica del Servicio P鷅lico de radio, televisi髇 y oferta interactiva, respetando el sistema competencial fijado en la Constituci髇 Espa駉la. En concreto, se refiere a los objetivos generales que debe buscar este servicio p鷅lico como son: difundir contenidos que fomenten los valores constitucionales, la formaci髇 de opini髇 p鷅lica plural, la diversidad lingstica y cultural y la difusi髇 del conocimiento y las artes, as� como la atenci髇 a las minor韆s. Los objetivos deber醤 concretarse cada nueve a駉s por los Parlamentos u 髍ganos similares a nivel auton髆ico y local.

Asimismo, esta Ley supone un alineamiento con las Directivas, Comunicaciones, Decisiones y Recomendaciones de las instituciones europeas sobre los servicios p鷅licos de radiodifusi髇 en relaci髇 a la compatibilidad de su financiaci髇 con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en lo relativo a ayudas estatales y a la contabilizaci髇 del coste neto del servicio p鷅lico as� como a la posibilidad de crear fondos de reserva; a la necesidad de evaluaci髇 previa sobre incidencia en el mercado audiovisual nacional ante la introducci髇 de nuevos servicios y, finalmente al control por organismos reguladores independientes del cumplimiento de la misi髇 de servicio p鷅lico encomendado.

Y es precisamente, la creaci髇 y regulaci髇 de la Autoridad Audiovisual estatal la que ocupa el T韙ulo V de esta Ley. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) ser� el 髍gano regulador y supervisor del sector que ejercer� sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes pol韙icos y econ髆icos.

Tendr� poder sancionador y sus miembros ser醤 elegidos por mayor韆 cualificada de tres quintos del Congreso de los Diputados. Ser醤 sus funciones principales garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector y la independencia e imparcialidad de los medios p鷅licos as� como del cumplimiento de su funci髇 de servicio p鷅lico. Se crea, asimismo, un Comit� Consultivo de apoyo que garantice la participaci髇 de colectivos y asociaciones ciudadanas. Cierra el articulado el T韙ulo VI que contempla el r間imen sancionador.

En las Disposiciones Transitorias se abordan las cuestiones relativas a la transici髇 de modelos, los servicios de apoyo para las personas con discapacidad, los plazos de reserva para cuestiones como la obra europea o la producci髇 independiente. Se garantiza la continuidad de un Cat醠ogo de acontecimientos de inter閟 general para la sociedad hasta la aprobaci髇 de un nuevo marco y se define el marco transitorio hasta la constituci髇 del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Finalmente en la Disposici髇 Transitoria Novena, se establecen l韒ites al aprovechamiento del dominio p鷅lico radioel閏trico sobrevenido por la mejora tecnol骻ica.

La Ley General de la Comunicaci髇 Audiovisual deroga en su totalidad doce Leyes y parcialmente otras seis y cuenta con ocho Disposiciones Finales.

En definitiva, la Ley General de la Comunicaci髇 Audiovisual articula la reforma del sector y dota a Espa馻 de una normativa audiovisual acorde con los tiempos, coherente, din醡ica, liberalizadora y con garant韆s de control democr醫ico y respeto y refuerzo de los derechos de los ciudadanos, de los prestadores y del inter閟 general.