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• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• Artículo primero  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• Artículo segundo  Modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria
• Artículo tercero  Modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional única  Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera  Carácter de la ley
  • Disposición final segunda  Entrada en vigor

Artículo primero Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Se modifican los artículos 65, 82, 94 y la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los siguientes términos:

• Uno. Se modifica la redacción originaria del artículo 65, introduciéndose un nuevo apartado 6.º y pasando el actual apartado 6.º a ser el apartado 7.º, quedando redactado de la siguiente forma:
  • «6.º De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.»
  
• Dos. El párrafo 3.º del apartado 1 del artículo 82 queda redactado de la forma siguiente:
  • «3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.»
  
• Tres. Se modifica la redacción originaria del artículo 94, introduciéndose un nuevo apartado que será el 4, pasando el actual apartado 4 a ser el apartado 5, con el contenido que a continuación se recoge:

  «4. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, descritas en el apartado 1 de este artículo, y demás que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.»

  
• Cuatro. La disposición adicional quinta tendrá la siguiente redacción:

  «Disposición adicional quinta

  1. El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

  2. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas serán recurribles en apelación y queja ante el tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del penado.

  En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la competencia para resolver el recurso corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad más grave, y en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribunales hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al que de ellos la hubiera impuesto en último lugar.

  3. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en lo referente al régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el apartado anterior serán recurribles en apelación o queja siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa. Conocerá de la apelación o de la queja la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario.

  4. El recurso de queja a que se refieren los apartados anteriores sólo podrá interponerse contra las resoluciones en que se deniegue la admisión de un recurso de apelación.

  5. Cuando quien haya dictado la resolución recurrida sea un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias, la competencia para conocer del recurso de apelación y queja, siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

  6. Contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento o se deniegue su fijación, cabrá recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  7. Contra los autos de las Audiencias Provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación, que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el letrado del penado, recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el recurso de casación ordinario, con las particularidades que de su finalidad se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada.

  8. El recurso de apelación a que se refiere esta disposición se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado. Estarán legitimados para interponerlo el Ministerio Fiscal y el interno o liberado condicional. En el recurso de apelación será necesaria la defensa de letrado y, si no se designa procurador, el abogado tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido. En todo caso, debe quedar garantizado siempre el derecho a la defensa de los internos en sus reclamaciones judiciales.

  9. En aquellas Audiencias donde haya más de una sección, mediante las normas de reparto, se atribuirá el conocimiento de los recursos que les correspondan según esta disposición, con carácter exclusivo, a una o dos secciones.»

  

Artículo segundo Modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria

Se modifica la redacción originaria del artículo 76, apartado 2, párrafo h), en los siguientes términos:

Artículo tercero Modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial

Se modifica la redacción originaria de los artículos 1, 6 y 18 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en los siguientes términos:

• Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado de la siguiente manera:

  «El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucción, los Juzgados Centrales de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado Central de Menores tienen jurisdicción en toda España.»

  
• Dos. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguiente manera:

  «El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucción, los Juzgados Centrales de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado Central de Menores tienen su sede en la villa de Madrid.»

  
• Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado de la siguiente manera:

  «1. La planta de los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, en régimen de exclusividad de funciones, o compatibilizando con las del orden de jurisdicción penal, es la establecida en el anexo X de esta ley.»

  
• Cuatro. Se modifica, parcialmente, el anexo X de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, en los siguientes términos:

  «ANEXO X
  
  Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

  	Número Juzgados Vigilancia Penitenciaria	Número Juzgado Penal Ordinario	Con jurisdicción en las provincias
  Andalucía	2	-	Cádiz.
  	4	-	Málaga, Granada, Jaén y Almería.
  	3	-	Sevilla, Huelva y Córdoba.
  Aragón	1	-	Zaragoza, Huesca y Teruel.
  Principado de Asturias	1	-	Ámbito de la provincia.
  Illes Balears	1	-	Ámbito de la provincia.
  Canarias	1	-	Las Palmas.
  	1	-	Santa Cruz de Tenerife.
  Cantabria	-	1	Ámbito de la provincia.
  Castilla y León	1	-	Burgos, Soria y Palencia.
  	2	-	Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, León y Salamanca.
  Castilla-La Mancha	1	-	Ciudad Real y Albacete.
  	1	-	Toledo, Cuenca y Guadalajara.
  Cataluña	3	-	Barcelona y Girona.
  	1	-	Lleida y Tarragona.
  Comunidad Valenciana	1	-	Alicante/Alacant.
  	1	-	Valencia/València y Castellón/Castelló.
  Extremadura	1	-	Cáceres y Badajoz.
  Galicia	2	-	A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
  Madrid	3	-	Ámbito de la provincia.
  Murcia	1	-	Ámbito de la provincia.
  Navarra	-	1	Ámbito de la provincia.
  País Vasco	1	-	Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
  La Rioja	-	1	Ámbito de la provincia.
  Ciudad de Ceuta	1	-	Ámbito de la ciudad.
  Ciudad de Melilla	-	1	Ámbito de la ciudad.
  Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria	-	1	Ámbito nacional.
  Total	34	5»

  

Disposición adicional única Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado en los siguientes términos:

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado en los siguientes términos:

Tres. Se suprime el apartado 2 del artículo 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pasando el apartado 3 de este mismo precepto a constituir el apartado 2.

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado en los siguientes términos.

Disposición final primera Carácter de la ley

El artículo tercero y la disposición adicional única de esta ley orgánica tienen carácter de ley ordinaria.

Disposición final segunda Entrada en vigor

La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».