POLTICA DE PRIVACIDAD. PROTECCIN DE DATOS

EL GRUPO WOLTERS KLUWER ESPAA, S.A., (entendiendo como empresas del grupo a las siguientes entidades: Wolters Kluwer Espaa, S.A, Editorial Bosch S.A., Wolters Kluwer Formacin, S.A. Fundacin Wolters Kluwer y Praxis Sociedad Comercializadora, S.A.) como titular del sitio web, expone en esta seccin la Poltica de Privacidad corporativa, sobre la informacin de carcter personal que el usuario puede facilitar, cuando visite cualquier pgina web de Wolters Kluwer Espaa.

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2. Medidas de Seguridad

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3. Ejercicio de Derechos: Acceso, Rectificacin, Cancelacin y Oposicin

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El interesado podr ejercitar sus derechos mediante comunicacin por escrito dirigida a Wolters Kluwer Espaa en la siguiente direccin: C/ Collado Mediano, 9. 28230 Las Rozas (Madrid), con la referencia "Proteccin de datos / Determinar nombre de la empresa del Grupo Wolters Kluwer", especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud. Tambin podr ejercitar sus derechos a travs del correo electrnico: lopd@wke.es

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Sumario

Teniendo presente, lo dispuesto en la Ley sancionada en 11 de febrero de 1881 y promulgada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882, por la cual se autoriz a mi Gobierno para que, con sujecin a las reglas en la misma comprendidas, oyendo, como lo ha efectuado, a la Seccin correspondiente de la Comisin general de Codificacin, y tomando por base la Compilacin general de 16 de octubre de 1879, redactara y publicara una Ley de Enjuiciamiento Criminal; conformndose con lo propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artculo 1

Se aprueba el adjunto proyecto de Cdigo de Enjuiciamiento Criminal redactado con arreglo a la autorizacin concedida al Gobierno por la Ley sancionada en 11 de febrero de 1881 y publicada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882.

Artculo 2

El nuevo Cdigo de Enjuiciamiento Criminal comenzar a regir en el tiempo y de la manera que establecen las reglas siguientes:

  • 1. Se aplicar y regir en su totalidad desde el da siguiente al en que se constituyan los Tribunales de que habla la Ley sancionada en 15 de junio de 1882 y promulgada por virtud de Real Decreto de 22 de junio del propio ao.
  • 2. Se aplicar y regir desde 15 de octubre prximo en la parte referente a la formacin de los sumarios, comprendida desde el ttulo IV del libro II hasta el artculo 622 del ttulo XI del mismo libro.
  • 3. Las causas por delitos cometidos con anterioridad al 15 de octubre prximo continuarn sustancindose con arreglo a las disposiciones del procedimiento vigente en la actualidad.
  • 4. Si las causas a que se refiere la regla anterior no hubieren llegado al perodo de calificacin, podrn sustanciarse con arreglo a las disposiciones del nuevo Cdigo, si todos los procesados en cada una de ellas optan por el nuevo procedimiento.

    Para ello, el Juez que estuviese conociendo del sumario en 15 de octubre prximo har comparecer a su presencia a todos los procesados, acompaados de sus defensores. Si an no los tuvieren, se les nombrarn de oficio para la comparecencia. Esta se har constar en la causa por medio de acta.

  • 5. Cuando las causas por delitos cometidos con posterioridad al 15 de octubre prximo, y las a que se refiere la regla anterior, alcancen el estado de conclusin del sumario antes de que se hayan constituido las nuevas Audiencias de lo criminal, se suspendern en tal estado en los Juzgados que de ellas entiendan, debiendo remitirlas a dichas Audiencias en el mismo da en que stas se constituyan.
  • 6. Las Salas de lo Criminal de las actuales Audiencias conocern, en tanto que se constituyan las nuevas, de los recursos que se entablen en los sumarios instruidos o continuados con sujecin a los preceptos de la nueva Ley.

Artculo 3

Un Real Decreto fijar, con la debida anticipacin, el da en que han de constituirse los nuevos Tribunales.

Los Jueces de primera instancia se considerarn, desde luego, como Jueces instructores en las causas que se ajusten al nuevo procedimiento.

Artculo 4

Desde que cesen en sus cargos los actuales Promotores desempearn las funciones del Ministerio Pblico durante la primera instancia, en las causas que se sigan sustanciando con arreglo al procedimiento vigente en la actualidad, los Fiscales municipales que sean Letrados, y, a falta de stos, los que designen los Fiscales de las Audiencias Territoriales.

Artculo 5

Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y las de las Audiencias y, en su da, los nuevos Tribunales consultarn directamente con el Ministerio de Gracia y Justicia, para su resolucin, las dudas que puedan originarse en la inteligencia y aplicacin de este Real Decreto.