Sumario

Hasta que se dicten las disposiciones reglamentarias de desarrollo de Ley 20/2015, de 14 de julio, mantendr醤 su vigencia el Reglamento de ordenaci髇 y supervisi髇 de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 diciembre; el Reglamento de mutualidades de previsi髇 social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre; el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio; y las dem醩 disposiciones de car醕ter general dictadas en desarrollo del texto refundido de la Ley de ordenaci髇 y supervisi髇 de los seguros privados, en todo lo que no se opongan a la misma, conforme establece la disposici髇 transitoria duod閏ima de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenaci髇, supervisi髇 y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (獴.O.E.� 15 julio). El presente Real Decreto se mantiene vigente conforme establece la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenaci髇, supervisi髇 y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (獴.O.E.� 2 diciembre), en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la ley.

Las entidades de previsi髇 social estaban reguladas por una normativa sectorial, como era la Ley de 6 de diciembre de 1941, diferente de la normativa que regulaba la actividad aseguradora. La Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordenaci髇 del Seguro Privado, someti� por primera vez a las mutualidades de previsi髇 social a las disposiciones generales aplicables a las entidades aseguradoras.

La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados, ha supuesto la plena incorporaci髇 de las mutualidades de previsi髇 social al r間imen de entidades aseguradoras, consagrando su objeto social como exclusivamente asegurador junto con la posibilidad de otorgar prestaciones sociales, atendiendo a la especial naturaleza de estas entidades.

La Ley 30/1995 contiene la regulaci髇 aplicable a las mutualidades de previsi髇 social, dedicando el cap韙ulo VII del T韙ulo II, art韈ulos 64 a 68, a estas entidades aseguradoras, as� como el art韈ulo 69, disposici髇 adicional decimoquinta, disposici髇 transitoria quinta y disposiciones finales primera y segunda.

En concreto, el p醨rafo tercero de la disposici髇 final segunda de la misma Ley contempla la necesidad de desarrollar reglamentariamente todos estos preceptos en una norma que regule espec韋icamente las mutualidades de previsi髇 social.

Dicho desarrollo reglamentario tiene por objeto recoger aquellos aspectos espec韋icos de las mutualidades de previsi髇 social en los que se considera necesario introducir alguna singularidad derivada de las caracter韘ticas propias de este tipo de entidades, remiti閚dose en los aspectos comunes al Reglamento de Ordenaci髇 y Supervisi髇 de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, para evitar reiteraciones innecesarias.

Adem醩, teniendo en cuenta el car醕ter mercantil de estas mutualidades, el Reglamento reproduce y se remite a algunos preceptos de la normativa general mercantil, que se consideran aplicables a las mismas, en particular en relaci髇 con los procesos de constituci髇 de este tipo de entidades y r間imen de funcionamiento de los 髍ganos sociales.

Uno de los principios b醩icos de la regulaci髇 reglamentaria, ya establecido en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, es el car醕ter voluntario, independiente y complementario a la Seguridad Social obligatoria de este instrumento de previsi髇 social, sin perjuicio de que, en los supuestos previstos en la disposici髇 adicional decimoquinta de la Ley, se establezca la posibilidad de acudir a las mutualidades de previsi髇 social que tengan establecidas los colegios profesionales como alternativas al r間imen especial de trabajadores por cuenta propia o aut髇omos.

El Reglamento ha optado por introducir 鷑icamente una referencia expresa a los procedimientos espec韋icos de incorporaci髇 general que se contemplan en la Ley, completando la regulaci髇 contenida en la misma, con el objeto de permitir una m醩 f醕il aplicaci髇 de dichos procedimientos. Ahora bien, esta opci髇 no supone, en ning鷑 caso, el establecimiento de una enumeraci髇 taxativa de los procedimientos voluntarios de incorporaci髇 general.

El Reglamento regula los requisitos fundacionales de las mutualidades de previsi髇 social, en particular, los procesos de constituci髇 y contenido m韓imo de los estatutos, desarrollando asimismo el procedimiento de acceso a la actividad aseguradora, las especialidades propias de estas entidades aseguradoras, y ello con la finalidad de clarificar el r間imen de acceso aplicable a las mismas.

Como procedimiento propio de las mutualidades de previsi髇 social, se regulan las condiciones aplicables a las entidades que pretendan acogerse al r間imen de ampliaci髇 de prestaciones.

Dentro de las condiciones exigibles durante el ejercicio de la actividad aseguradora, se establecen las mismas garant韆s de solvencia requeridas para las dem醩 entidades aseguradoras, previ閚dose un r間imen especial 鷑icamente para aquellas mutualidades que, atendiendo a su especial naturaleza o a la limitaci髇 de los riesgos que pueden asumir, no requieren el mismo nivel de exigencia para garantizar su estabilidad patrimonial. Asimismo, se hace una remisi髇 al r間imen general aplicable a las entidades aseguradoras en relaci髇 con las p髄izas, bases t閏nicas, informaci髇 al tomador y protecci髇 al asegurado, destac醤dose como peculiaridad propia de este tipo de entidades la posibilidad de consignar en reglamentos de prestaciones las normas contractuales que rigen la cobertura de los riesgos que garantizan.

Se concretan, asimismo, los requisitos exigibles para que las federaciones y la Confederaci髇 Nacional de Mutualidades de Previsi髇 Social puedan desarrollar la actividad de prestaci髇 de servicios comunes relacionados con la actividad de las mutualidades de previsi髇 social.

El Reglamento regula detalladamente los derechos y obligaciones de los mutualistas, con la finalidad de dotar de mayor seguridad jur韉ica la relaci髇 existente entre la mutualidad y sus asociados, destac醤dose el principio de igualdad que rige en el reconocimiento de sus derechos pol韙icos, econ髆icos y de informaci髇. Se define igualmente el concepto de entidades o socios protectores, con un r間imen jur韉ico diferente de los mutualistas, estableci閚dose el principio de que el socio protector no puede detentar el control efectivo de los 髍ganos sociales.

En cuanto a los 髍ganos sociales de las mutualidades, se establecen una serie de principios generales que persiguen la participaci髇 efectiva de los mutualistas en dichos 髍ganos de gobierno y una gesti髇 transparente y solvente de las mutualidades, debiendo ser aplicada con car醕ter general la legislaci髇 mercantil en lo no previsto expresamente en el Reglamento.

Se regulan las competencias de supervisi髇 de acuerdo con la distribuci髇 de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas fijada en los art韈ulos 68, 69 y disposici髇 final primera de la Ley 30/1995.

Asimismo, se ha considerado necesario ampliar los actos inscribibles en los registros administrativos en relaci髇 con las mutualidades de previsi髇 social, incorpor醤dose, respecto a la legislaci髇 anterior, aquellos datos que se consideran significativos y que, dado el car醕ter p鷅lico del registro, permitan documentar las vicisitudes de la entidad, para todos aquellos que muestren un inter閟 en su conocimiento. Tambi閚 se regula el r間imen aplicable a la inspecci髇, medidas de control especial, infracciones y sanciones, as� como la revocaci髇, disoluci髇 y liquidaci髇 de este tipo de entidades.

Finalmente, en el r間imen transitorio, se establece el mecanismo de adaptaci髇 de las mutualidades de previsi髇 social al sistema de capitalizaci髇 individual e importe de las garant韆s financieras establecidas en este Reglamento fijando, dadas las implicaciones patrimoniales que tales medidas pueden suponer en las referidas entidades, un plazo adecuado que permita llevar a cabo las mismas. Asimismo, se concretan los requisitos exigibles a las Federaciones de Mutualidades de Previsi髇 Social, que, de acuerdo con lo previsto en la disposici髇 transitoria quinta de la Ley 30/1995, puedan seguir desarrollando su actividad reaseguradora.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Econom韆, previa aprobaci髇 del Ministro de Administraciones P鷅licas y dem醩 informes y tr醡ites preceptivos, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 27 de diciembre de 2002,

DISPONGO: