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Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

Ficha:
  • Órgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE de
  • Vigencia desde 29 de Marzo de 1977
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
Afectaciones recientes
8/4/1981
Sentencia 11/1981 del TC, Sala Pleno, 8 Abr. (Rec. 192/1980)
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Apartado 7.º del artículo 6 declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 8 de abril de 1981, «en cuanto atribuye de manera exclusiva al empresario la facultad de designar los trabajadores que durante la huelga deban velar por el mantenimiento de los locales, maquinaria e instalaciones». Ir a Norma Párrafo 1.º del artículo 10 declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 8 de abril de 1981, «en cuanto faculta al Gobierno para imponer la reanudación del trabajo, pero no en cuanto le faculta para instituir un arbitraje obligatorio, siempre que en él se respete el requisito de imparcialidad de los árbitros». Ir a Norma Letra b) del artículo 25 declarada inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 8 de abril de 1981. Ir a Norma Artículo 26 declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 8 de abril de 1981. Ir a Norma La expresión «directamente» de la letra b) del artículo 11 declarada inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 8 de abril de 1981. Ir a Norma
Otras afectaciones anteriores
L 8/1980 de 10 Mar. (Estatuto de los Trabajadores)
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Título III derogado por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Título IV derogado por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Título V derogado por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Título VI derogado por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Disposición final segunda derogada por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Disposición final tercera derogada por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Disposición final cuarta derogada por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Disposición adicional tercera derogada por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Disposición transitoria primera derogada por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Disposición transitoria segunda derogada por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Disposición transitoria tercera derogada por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). Disposición transitoria cuarta derogada por el apartado 15 de la disposición final 3.ª de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo).
RDL 5/1979 de 26 Ene. (creación del IMAC)
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Artículo 35 derogado, en lo que se refiere a la supresión de la conciliación obligatoria, por R.D.-ley 5/1979, 26 enero («B.O.E.» 6 febrero), sobre creación del Instituto de mediación, Arbitraje y Conciliación.
RD 2209/1979 de 7 Sep. (transferencia de competencias de la administración del Estado al consejo general del País Vasco en materia de agricultura, sanidad y trabajo)
RD 2210/1979 de 7 Sep. (transferencia de competencias a la Generalidad de Cataluña en materia de agricultura, cultura, sanidad y trabajo)

Preámbulo

La regulación de las relaciones de trabajo en nuestro Derecho vigente, responde a una concepción política intervencionista que, evidentemente, ha propiciado toda una larga etapa de importantes avances sociales. El nuevo marco político hacia el que aceleradamente discurre la Nación, aconseja una profunda reforma normativa, inspirada en el principio de liberalización de las relaciones de trabajo, en consonancia con los sistemas jurídicos imperantes en los países de Europa Occidental de nuestro mismo contexto cultural. A ello obedece el conjunto de normas que integran el presente Real Decreto-ley, que aborda los aspectos institucionales de inaplazable actualización, sin desconocer la necesidad de completar su configuración en consonancia con el desarrollo del proceso de reforma de las estructuras sindicales.

I. La huelga.

El Decreto-ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo, supuso una etapa importante en la evolución histórica de la legislación laboral, en cuanto que consagró la legitimidad del recurso a la huelga, siempre que se observaran los requisitos de fondo y de forma que el propio texto legal contenía.

La huelga, como fenómeno social, que durante años había constituido delito, pasaba a una etapa de libertad. La trascendencia del nuevo sistema aconsejaba, por razones de elemental prudencia, tanto el establecimiento de un procedimiento riguroso para la legítima utilización de tal recurso, como la fijación de determinadas limitaciones. Así, la huelga ni podía exceder del ámbito de la empresa, ni podía tener lugar por razones de solidaridad, ni afectar a empresas encargadas de la prestación de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad.

Los presupuestos indicados y la dinámica social, acentuada como consecuencia de los cambios políticos últimamente experimentados, ponen de relieve la necesidad de sustitución de las normas vigentes por otras en las que quede consagrada la huelga como derecho, se aligere el procedimiento para su ejercicio y se fijen sus límites en las fronteras que marquen su salvaguardia de los intereses superiores de la comunidad.

Congruentemente con ello se suprime en la nueva regulación la fase previa de obligatoria y oficial negociación; son los trabajadores quienes podrán decidir, sin necesidad de apurar otras instancias, el cuándo de la cesación concertada de trabajo, subsistiendo, como es obvio, la necesidad del preaviso.

En el aspecto sustantivo se resaltan como modificaciones más trascendentes:

- El reconocimiento de la posibilidad de huelga de empresas encargadas de servicios públicos, lo que conlleva la necesaria modificación del artículo 222 del Código Penal.

- Al enunciar taxativamente los supuestos de ilicitud, se presupone, salvo en ellos, la licitud de la huelga.

- El reconocimiento del comité de huelga como órgano de representación de los trabajadores en conflicto.

- La regulación de los efectos de la huelga en la relación jurídica de la Seguridad Social.

- El cierre patronal, sólo válido el de respuesta, no precisa de autorización administrativa, lo que supone la atribución a la jurisdicción laboral del enjuiciamiento o licitud del mismo y de sus efectos.

II. Conflictos colectivos.

El reconocimiento del derecho de huelga y la agilización del procedimiento para su ejercicio, suprimiendo el trámite previo de oficial y necesaria negociación, conlleva la total derogación del Decreto-ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo, que contiene no sólo la normativa aplicable a la huelga laboral en el mismo consagrada, sino también el procedimiento de solución, por arbitraje estatal, de los conflictos colectivos de trabajo. Ello aconseja la autónoma regulación de este último procedimiento, el que debe mantenerse cuando las partes deseen utilizar tal medio de solución.

III. Convenios Colectivos de Trabajo.

El reconocimiento del derecho de huelga impone la aprobación simultánea de determinadas modificaciones en la vigente Ley 38/1973, de 19 de diciembre, de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo, con el fin de armonizar sus disposiciones con la nueva situación creada.

La legitimación de la huelga como acción de apoyo a reivindicaciones colectivas laborales y a la concepción del Convenio como auténtico instrumento de paz social, obliga, de una parte, a consagrar, con carácter general, la imposibilidad de establecer nuevo Convenio, vigente otro del mismo o distinto ámbito; así como a permitir la huelga, sin perjuicio de otros cauces de solución previstos en la presente disposición, durante la negociación; eliminar la Decisión Arbitral Obligatoria, liberalizando el marco de las relaciones colectivas laborales, y suprimir el incremento automático en las prórrogas por falta de denuncia.

Téngase en cuenta que el Título III «Convenios Colectivos de Trabajo» ha sido derogado por Ley 8/1980, 10 marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). En la actualidad, véase el Título III «De la negociación colectiva y de los convenios colectivos» del ET 1995. L 8/1980 de 10 Mar. (Estatuto de los Trabajadores) RDLeg. 1/1995 de 24 Mar. (TR Estatuto de los Trabajadores)

IV. Limitación de la regulación estatal por ramas de actividad de las condiciones mínimas de trabajo.

La necesidad, cada vez más ineludible, de agilizar el régimen de las relaciones plurales de trabajo y de potenciar la relación jurídica colectiva en cuanto fuente de producción del Derecho Laboral, aconseja suprimir el dualismo sobre fijación de condiciones mínimas de trabajo por actividades económicas o por Empresas, que se contiene en la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo y en la de Reglamentaciones Laborales, reduciendo por tanto la utilización del procedimiento de la Ley de 16 de octubre de 1942 a aquellos sectores de producción y demarcaciones territoriales en los que no existen Convenios Colectivos.

Es de señalar que este cambio en el sistema normativo de las condiciones mínimas de trabajo por ramas o sectores de actividad no comporta la derogación de las Reglamentaciones y Ordenanzas Laborales en vigor, que han de subsistir hasta que en los nuevos Convenios Colectivos que se concierten en el sector o rama de que se trate con posterioridad a la fecha de iniciación de los efectos de este Real Decreto-ley, se sustituya lo dispuesto en aquéllas.

Téngase en cuenta que el Título IV «Limitación de la regulación estatal por ramas de actividad de las condiciones mínimas de trabajo» ha sido derogado por Ley 8/1980, 10 marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). En la actualidad, véase el Título III «De la negociación colectiva y de los convenios colectivos» del ET 1995. L 8/1980 de 10 Mar. (Estatuto de los Trabajadores) RDLeg. 1/1995 de 24 Mar. (TR Estatuto de los Trabajadores)

V. El despido.

La necesidad de llevar a efecto una acomodación conjunta y corelativa del contenido de las normas sobre relaciones colectivas de trabajo que establece el presente Real Decreto-ley, con el despido individual, aconseja una nueva regulación del mismo, siguiendo los criterios señalados al respecto por la O.I.T. y teniendo en cuenta los imperantes en los países de la Comunidad Económica Europea.

Se contemplan dos tipos diferenciados del despido individual: El de carácter disciplinario y el derivado de la capacidad profesional del trabajador o de necesidades de funcionamiento de la Empresa. Con respecto al primero, se ha estimado oportuno mantener, en su actual redacción, las causas justas que enumera el artículo 77 de la Ley de Contrato de Trabajo, si bien excluyendo la ineptitud que, por no llevar aparejada culpabilidad, se incluye como causa suficiente del segundo. Se regula para éste la institución del preaviso y se consagra, para ambos, las garantías en favor de los representantes del personal, cuya readmisión, en el supuesto de improcedencia, se impone con carácter forzoso.

La nueva regulación del despido, consagra, en todo caso, el carácter causal del mismo, con rechazo, por tanto, del despido libre.

Téngase en cuenta que el Título V «El despido» ha sido derogado por Ley 8/1980, 10 marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). En la actualidad, véase la Sección 4.ª «Extinción del contrato» del Capítulo II, Título I, del ET 1995. L 8/1980 de 10 Mar. (Estatuto de los Trabajadores) RDLeg. 1/1995 de 24 Mar. (TR Estatuto de los Trabajadores)

VI. Reestructuración de plantillas.

La liberalización de las relaciones colectivas de trabajo, con la consiguiente potenciación de la negociación colectiva, hace conveniente permitir, como contenido de la misma, la fijación de nuevos procedimientos, cuantía de indemnización y prelaciones en la reestructuración de plantillas por causas económicas o tecnológicas y asimismo la agilización del procedimiento establecido reglamentariamente cuando exista acuerdo entre las partes.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 1977, en uso de la autorización que me confiere el artículo 13 de la Ley Constitutiva de las Cortes, texto refundido de las Leyes Fundamentales, aprobado por Decreto 779/1967, de 20 de abril, y oída la Comisión a que se refiere el apartado 1. del artículo 12 de la citada Ley, dispongo:

Téngase en cuenta que el Título VI de esta norma «Reestructuración de plantillas» ha sido derogado por Ley 8/1980, 10 marzo, del Estatuto de los Trabajadores («B.O.E.» 14 marzo). En la actualidad, véase la Sección 4.ª «Extinción del contrato» del Capítulo II, Título I, del ET 1995. L 8/1980 de 10 Mar. (Estatuto de los Trabajadores) RDLeg. 1/1995 de 24 Mar. (TR Estatuto de los Trabajadores)