Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• Pre醡bulo
• T蚑ULO I.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto de la Ley
  • Art韈ulo 2燚efiniciones
  • Art韈ulo 3犃mbito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 4燫esponsables de la aplicaci髇 de la presente ley
• T蚑ULO II.�De la transparencia
  • CAP蚑ULO I.�Transparencia en la actividad p鷅lica
    • Art韈ulo 5燚isposiciones generales
    • Art韈ulo 6燨bligaciones de transparencia
    • Art韈ulo 7燣韒ites a las obligaciones de transparencia
  • CAP蚑ULO II.�Publicidad activa
    • Art韈ulo 8營nformaci髇 sujeta al r間imen de transparencia
    • Art韈ulo 9燭ransparencia en la organizaci髇 institucional y la estructura administrativa
    • Art韈ulo 10燭ransparencia en las decisiones y actuaciones de relevancia jur韉ica
    • Art韈ulo 11燭ransparencia en la gesti髇 econ髆ica, contable, presupuestaria y patrimonial
    • Art韈ulo 12燭ransparencia en materia de planificaci髇 y programaci髇
  • CAP蚑ULO III.�Transparencia en la gesti髇 administrativa
    • Art韈ulo 13燭ransparencia en la contrataci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 14燭ransparencia en los convenios de colaboraci髇
    • Art韈ulo 15燭ransparencia en la actividad subvencional
  • CAP蚑ULO IV.�Reutilizaci髇 de la informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 16燫eutilizaci髇 de la informaci髇
    • Art韈ulo 17燙ondiciones y modalidades para reutilizar la informaci髇
• T蚑ULO III.�De la informaci髇 p鷅lica
  • CAP蚑ULO I.�Acceso a la informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 18燚erecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 19營nformaci髇 p鷅lica
  • CAP蚑ULO II.�L韒ites y acceso parcial a la informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 20燩rincipios generales
    • Art韈ulo 21燣韒ites al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 22燩roporcionalidad y temporalidad
    • Art韈ulo 23燚atos personales especialmente protegidos
    • Art韈ulo 24燩rotecci髇 de datos personales
    • Art韈ulo 25燗cceso parcial a la informaci髇 y a la documentaci髇 p鷅licas
  • CAP蚑ULO III.�Ejercicio del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 26燫equisitos de las solicitudes de informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 27燩resentaci髇 de las solicitudes
    • Art韈ulo 28燬olicitudes imprecisas
    • Art韈ulo 29營nadmisi髇 de solicitudes
    • Art韈ulo 30燚erivaci髇 de las solicitudes
    • Art韈ulo 31燗fectaci髇 de derechos o intereses de terceros
    • Art韈ulo 32燙ompetencia para resolver
    • Art韈ulo 33燩lazo para resolver
    • Art韈ulo 34燫esoluci髇
    • Art韈ulo 35燬ilencio administrativo
    • Art韈ulo 36燗cceso a la informaci髇
    • Art韈ulo 37燝ratuidad y contraprestaciones
  • CAP蚑ULO IV.�Garant韆s del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 38燫ecurso administrativo
    • Art韈ulo 39燙omisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica
    • Art韈ulo 40燙omposici髇 y designaci髇
    • Art韈ulo 41燨rganizaci髇 y funcionamiento
    • Art韈ulo 42燩rocedimiento de reclamaci髇
    • Art韈ulo 43燛jecuci髇 de los acuerdos de mediaci髇 y de las resoluciones
    • Art韈ulo 44燩ublicidad de las resoluciones y memoria de la Comisi髇
• T蚑ULO IV.�Del registro de grupos de inter閟
  • Art韈ulo 45燙reaci髇 del registro
  • Art韈ulo 46燩rincipios generales
  • Art韈ulo 47燩ersonas y actividades incluidas en el registro
  • Art韈ulo 48燩ersonas y actividades excluidas del Registro
  • Art韈ulo 49燙ontenido del Registro
  • Art韈ulo 50燨bligaciones de los declarantes
  • Art韈ulo 51燙ontenido m韓imo del c骴igo de conducta
  • Art韈ulo 52燤edidas de aplicaci髇 en caso de incumplimiento
  • Art韈ulo 53燚esarrollo normativo de este t韙ulo
• T蚑ULO V.�Del buen gobierno
  • CAP蚑ULO I.�C骴igo de conducta de los altos cargos
    • Art韈ulo 54犃mbito de aplicaci髇
    • Art韈ulo 55燩rincipios de actuaci髇
    • Art韈ulo 56營ncompatibilidades y declaraciones
    • Art韈ulo 57燩ublicidad de las condiciones de acceso
  • CAP蚑ULO II.�Derecho a una buena administraci髇 y a unos servicios p鷅licos de calidad
    • Art韈ulo 58燩rincipios generales
    • Art韈ulo 59燬istemas de gesti髇 de la calidad de los servicios p鷅licos
    • Art韈ulo 60燛valuaci髇 permanente de los servicios p鷅licos
    • Art韈ulo 61燚erecho a formular propuestas y sugerencias
  • CAP蚑ULO III.�Mejora de la calidad normativa
    • Art韈ulo 62燩rincipios generales
    • Art韈ulo 63燬implificaci髇 y consolidaci髇 normativa
    • Art韈ulo 64燤ejora de la regulaci髇
• T蚑ULO VI.�Del gobierno abierto
  • CAP蚑ULO I.�Principios generales
    • Art韈ulo 65燩rincipios e impulso del gobierno abierto
    • Art韈ulo 66燤edidas de fomento del gobierno abierto
    • Art韈ulo 67燝arant韆s para la efectividad del gobierno abierto
    • Art韈ulo 68營nstrumentos de participaci髇 y colaboraci髇 ciudadanas
  • CAP蚑ULO II.�Participaci髇 ciudadana en la elaboraci髇 de disposiciones generales
    • Art韈ulo 69燩articipaci髇 ciudadana en la elaboraci髇 de las normas
    • Art韈ulo 70燚erecho a proponer iniciativas normativas
• T蚑ULO VII.�Sistema de garant韆s
  • CAP蚑ULO I.�Recursos y reclamaciones
    • Art韈ulo 71燫ecursos
    • Art韈ulo 72燫eclamaciones con relaci髇 al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
    • Art韈ulo 73燫eclamaciones contra actuaciones u omisiones de entidades de derecho p鷅lico, sociedades y fundaciones p鷅licas y consorcios
    • Art韈ulo 74燫eclamaciones contra actuaciones u omisiones de otros organismos p鷅licos
    • Art韈ulo 75燗ctuaci髇 del S韓dic de Greuges, de la Sindicatura de Cuentas y de la Oficina Antifraude de Catalu馻
  • CAP蚑ULO II.�R間imen sancionador
    • Art韈ulo 76燩rincipios generales
    • Art韈ulo 77營nfracciones muy graves
    • Art韈ulo 78營nfracciones graves
    • Art韈ulo 79營nfracciones leves
    • Art韈ulo 80燬ujetos responsables de las infracciones
    • Art韈ulo 81燬anciones aplicables a los altos cargos
    • Art韈ulo 82燬anciones aplicables al personal al servicio de las administraciones p鷅licas
    • Art韈ulo 83燫eg韒enes espec韋icos
    • Art韈ulo 84燬anciones aplicables a otras personas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley
    • Art韈ulo 85燩rocedimiento sancionador
    • Art韈ulo 86犛rganos competentes para ordenar la incoaci髇 del procedimiento sancionador
    • Art韈ulo 87營ncoaci髇 del procedimiento a instancia del S韓dic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el director de la Oficina Antifraude de Catalu馻
    • Art韈ulo 88燙ompetencia para instruir el procedimiento sancionador
    • Art韈ulo 89燙ompetencia para resolver el procedimiento sancionador
    • Art韈ulo 90燩rescripci髇 de las infracciones y sanciones
    • Art韈ulo 90 bis燩ublicidad de las infracciones y sanciones
• T蚑ULO VIII.�Evaluaci髇 de la aplicaci髇 de la ley
  • Art韈ulo 91燛valuaci髇 de la Ley
  • Art韈ulo 92燙ompetencia para evaluar
  • Art韈ulo 93營nformes de evaluaci髇
• T蚑ULO IX.�Aplicaci髇 de la ley
  • Art韈ulo 94燤edidas generales de aplicaci髇 de la Ley
  • Art韈ulo 95燩lan estrat間ico
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera燫egulaciones especiales del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
  • Segunda燩lan de formaci髇
  • Tercera燩ortal de la Transparencia
  • Cuarta燗daptaciones organizativas y de funcionamiento
  • Quinta燫間imen espec韋ico del Parlamento de Catalu馻
  • Sexta燙oordinaci髇 entre la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica, la Autoridad Catalana de Protecci髇 de Datos y la Comisi髇 de Acceso, Evaluaci髇 y Selecci髇 Documental
  • S閜tima燨bligaciones de publicidad activa de las fundaciones y asociaciones
  • Octava燭ransparencia en la actividad contractual
  • Novena燭ransparencia en los convenios
  • D閏ima燫eg韒enes jur韉icos singulares sobre sistemas de gesti髇 de la calidad de los servicios p鷅licos
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria燩rimera designaci髇 de los miembros de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera燦aturaleza de la Ley
  • Segunda燗daptaci髇 de la Ley 10/2001 al r間imen de acceso a la informaci髇 p鷅lica establecido por la presente ley
  • Tercera燚esarrollo y aplicaci髇 de la Ley
  • Cuarta燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto de la Ley

1. La presente ley tiene por objeto:

• a) Regular y garantizar la transparencia de la actividad p鷅lica.
• b) Regular y garantizar el derecho de acceso de las personas a la informaci髇 y documentaci髇 p鷅licas.
• c) Establecer los principios y obligaciones de buen gobierno de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos, el personal al servicio de la Administraci髇 y las dem醩 personas a las que es de aplicaci髇 esta ley.
• d) Aplicar el gobierno abierto y fomentar la participaci髇 y colaboraci髇 ciudadanas.
• e) Regular el r間imen de garant韆s y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley.

2. La finalidad de la presente ley es establecer un sistema de relaci髇 entre las personas y la Administraci髇 p鷅lica y dem醩 sujetos obligados, fundamentado en el conocimiento de la actividad p鷅lica, la incentivaci髇 de la participaci髇 ciudadana, la mejora de la calidad de la informaci髇 p鷅lica y de la gesti髇 administrativa y la garant韆 de la rendici髇 de cuentas y de la responsabilidad en la gesti髇 p鷅lica.

Art韈ulo 2 Definiciones

A los efectos de la presente ley, se entiende por:

• a) Transparencia: la acci髇 proactiva de la Administraci髇 de dar a conocer la informaci髇 relativa a sus 醡bitos de actuaci髇 y sus obligaciones, con car醕ter permanente y actualizado, de la forma que resulte m醩 comprensible para las personas y mediante los instrumentos de difusi髇 que les permitan un amplio y f醕il acceso a los datos y faciliten su participaci髇 en los asuntos p鷅licos.
• b) Informaci髇 p鷅lica: la informaci髇 elaborada por la Administraci髇 y la que esta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los dem醩 sujetos obligados de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
• c) Derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica: el derecho subjetivo que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la informaci髇 p鷅lica, en los t閞minos y condiciones regulados por la presente ley.
• d) Buen gobierno: los principios, obligaciones y reglas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administraci髇, y los principios 閠icos y buenas pr醕ticas de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos de la Administraci髇, los cargos directivos y dem醩 personal al servicio de la Administraci髇, con el objetivo de que esta funcione con la m醲ima transparencia, calidad y equidad, y con garant韆 de rendici髇 de cuentas.
• e) Gobierno abierto: las medidas para establecer una relaci髇 y un di醠ogo permanentes y bidireccionales entre la Administraci髇 y las personas al definir y aplicar las pol韙icas p鷅licas, y para introducir y desarrollar instrumentos de participaci髇 y colaboraci髇 ciudadana en los asuntos p鷅licos.
• f) Administraci髇 p鷅lica: las administraciones p鷅licas y los organismos, entes p鷅licos y entes instrumentales del sector p鷅lico y entidades vinculadas con la Administraci髇 a los que se refiere el art韈ulo 3.1.a, b, y c, y los otros organismos e instituciones p鷅licas comprendidos en el art韈ulo 3.1.b.
• g) Grupos de inter閟: las personas f韘icas o jur韉icas de car醕ter privado que realizan actuaciones de participaci髇 activa en pol韙icas p鷅licas o en procesos de toma de decisiones en Catalu馻 con la finalidad de influir en la orientaci髇 de dichas pol韙icas en defensa de un inter閟 propio o de terceros, o de un inter閟 general.
• h) Sujetos obligados: todas las personas f韘icas o jur韉icas respecto a las que la presente ley impone deberes y obligaciones.
• i) Publicidad activa: el deber de los sujetos obligados de hacer p鷅licos, de oficio, los contenidos de informaci髇 p鷅lica que determina el cap韙ulo II del t韙ulo II.

Art韈ulo 3 羗bito de aplicaci髇

1. La presente ley es de aplicaci髇:

• a) A la Administraci髇 de la Generalidad y los entes que integran la Administraci髇 local en Catalu馻.
• b) A los organismos y entes p鷅licos, las sociedades con participaci髇 mayoritaria o vinculadas, las fundaciones del sector p鷅lico, las entidades de derecho p鷅lico dependientes o vinculadas con las administraciones a las que se refiere la letra a, las entidades de derecho p鷅lico que act鷄n con independencia funcional o con una autonom韆 especial reconocida por ley que ejercen funciones de regulaci髇 o supervisi髇 externa sobre un determinado sector o actividad, las instituciones de la Generalidad a las que se refiere el cap韙ulo V del t韙ulo II del Estatuto de autonom韆, los colegios profesionales y las corporaciones de derecho p鷅lico en lo que afecta al ejercicio de sus funciones p鷅licas y los consorcios u otras formas asociativas y sus entes vinculados y sociedades mercantiles en que participa de forma mayoritaria alguna de estas administraciones.
• c) A las universidades p鷅licas de Catalu馻 y los entes que dependen de ellas o est醤 vinculados o participados, incluidas las sociedades mercantiles, fundaciones y otros entes instrumentales.
  V閍se D Ley [CATALU袮]�1/2017,�14爁ebrero, por el que se crea y se regula el Registro de grupos de inter閟 de Catalu馻 (獶.O.G.C.� 16 febrero).LE0000591402_20170216
• d) A las personas f韘icas o jur韉icas que ejercen funciones p鷅licas o potestades administrativas, que prestan servicios p鷅licos o que perciben fondos p鷅licos para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por cualquier t韙ulo jur韉ico.
• e) A las personas f韘icas o jur韉icas que realizan actividades calificadas legalmente como servicios de inter閟 general o universal.
• f) A los grupos de inter閟, en los t閞minos establecidos por el t韙ulo IV.

2. En los casos del apartado 1.d y e, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley debe hacerlo efectivo la Administraci髇 responsable. A tal efecto, las personas y entidades privadas deben informar a la Administraci髇 de las actividades directamente relacionadas con el ejercicio de funciones p鷅licas, la gesti髇 de servicios p鷅licos y la percepci髇 de fondos p鷅licos, y de las actividades que permanezcan dentro de la supervisi髇 y el control de la Administraci髇 en el caso de servicios de inter閟 general o universal. Tambi閚 deben informarla de las retribuciones percibidas por los cargos directivos si el volumen de negocio de la empresa vinculado a actividades realizadas por cuenta de las administraciones p鷅licas supera el veinticinco por ciento del volumen general de la empresa.

3. Los municipios pueden cumplir sus obligaciones de transparencia y las que derivan del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica, de forma asociada o mediante f髍mulas de cooperaci髇 establecidas con los entes locales supramunicipales o con la Administraci髇 de la Generalidad, si por razones de capacidad o eficacia no pueden cumplirlas directamente.

4. Las obligaciones de transparencia establecidas por el t韙ulo II tambi閚 son de aplicaci髇 a los partidos pol韙icos, a las asociaciones y fundaciones vinculadas, a las organizaciones sindicales y empresariales y a las entidades privadas en los siguientes supuestos:

• a) Si perciben subvenciones o ayudas p鷅licas de m醩 de 100.000 euros anuales.
• b) Si al menos el cuarenta por ciento de sus ingresos anuales procede de subvenciones o ayudas p鷅licas, siempre que esta cantidad sea de m醩 de 5.000 euros.

5. Los contratos del sector p鷅lico deben incluir las obligaciones de los adjudicatarios de facilitar informaci髇 establecidas por la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

6. Cada sujeto obligado es responsable de la informaci髇 que incluye en su portal de transparencia y de la que incorpora en el Portal de la Transparencia, en cumplimiento de lo establecido por la presente ley.

Art韈ulo 4 Responsables de la aplicaci髇 de la presente ley

1. Los responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la presente ley son los altos cargos al servicio de la Generalidad y de la Administraci髇 local de Catalu馻 y el personal al servicio de la Administraci髇 p鷅lica, en el 醡bito general, as� como las personas que determina la presente ley con relaci髇 a 醡bitos espec韋icos.

2. A los efectos de la presente ley, tienen la condici髇 de altos cargos:

• a) Al servicio de la Generalidad, los que establece la ley reguladora del r間imen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad.
• b) Al servicio de la Administraci髇 local, los representantes locales y los titulares de los 髍ganos superiores y directivos, de acuerdo con lo establecido por la legislaci髇 de r間imen local.
• c) Al servicio de los dem醩 organismos p鷅licos a los que se refiere el art韈ulo 3, los titulares o miembros de los 髍ganos de gobierno y los cargos directivos de dichos organismos.

3. Para los dem醩 responsables, la normativa reguladora de la organizaci髇 administrativa debe determinar con claridad y precisi髇 las autoridades y los 髍ganos responsables del cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la presente ley.

Art韈ulo 5 Disposiciones generales

1. Los sujetos obligados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar a las personas el conocimiento de la informaci髇 p鷅lica. La informaci髇 sujeta al r間imen de transparencia debe hacerse p鷅lica en las sedes electr髇icas y los sitios web de los sujetos obligados, de forma clara, estructurada y en formato reutilizable.

2. A los efectos de lo establecido por el apartado 1, los sujetos obligados deben garantizar la transparencia de la informaci髇 p鷅lica mediante un sistema integral de informaci髇 y conocimiento en formato electr髇ico, cuyo dise駉 debe fundamentarse en el uso preferente de los sistemas de gesti髇 de documentos p鷅licos, como facilitadores de datos y documentos aut閚ticos, en el marco de interoperabilidad del sector p鷅lico.

3. El sistema integral al que se refiere el apartado 2 debe permitir a las personas un acceso f醕il y gratuito a la informaci髇 p鷅lica, con el fin de fomentar su conocimiento y de facilitar la participaci髇 y colaboraci髇 responsable en los asuntos p鷅licos.

4. El sistema se fundamenta en el Portal de la Transparencia, que es el instrumento b醩ico y general de gesti髇 de documentos p鷅licos para dar cumplimiento y efectividad a las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley, y en las sedes electr髇icas o sitios web correspondientes. El Portal de la Transparencia debe incluir el Registro de grupos de inter閟, regulado por el t韙ulo IV, y los canales de participaci髇 y los procedimientos participativos en tr醡ite.

5. El Portal de la Transparencia est� organizado y gestionado por la Administraci髇 de la Generalidad, y tambi閚 integra la informaci髇 de las administraciones locales y de las administraciones y entidades incluidas en el art韈ulo 3.1.a, b, c, d y e. Las administraciones locales y el resto de administraciones y entidades pueden crear sus propios portales de transparencia, el acceso a cuyo contenido debe facilitarse desde el Portal de la Transparencia de la Generalidad, de forma interconectada y que facilite la integraci髇. Todos los portales deben disponer de un buscador que permita un acceso r醦ido, f醕il y comprensible a la informaci髇 y que incorpore mecanismos de alerta sobre los datos que se han actualizado.

6. El Portal de la Transparencia y los portales que eventualmente se creen de acuerdo con lo establecido por el apartado 5 deben configurarse como una plataforma electr髇ica de publicidad activa en internet, deben ser f醕ilmente identificables y deben contener el enlace de las sedes electr髇icas de las administraciones p鷅licas o entidades correspondientes. Tambi閚 deben cumplir las recomendaciones de la Iniciativa de Accesibilidad Web para facilitar su acceso a las personas con discapacidad.

7. Los sujetos a los que se refiere el art韈ulo 3.1.d y e deben cumplir sus obligaciones de transparencia en los t閞minos establecidos por el art韈ulo 3.2.

Art韈ulo 6 Obligaciones de transparencia

1. Para hacer efectivo el principio de transparencia, los sujetos obligados deben adoptar las siguientes actuaciones:

• a) Difundir la informaci髇 p鷅lica de inter閟 general de forma veraz y objetiva, para que las personas puedan conocer la actuaci髇 y el funcionamiento de la Administraci髇 p鷅lica y ejercer el control de dicha actuaci髇.
• b) Garantizar que la informaci髇 a la que se refiere la letra a se difunde de forma constante y se actualiza permanentemente, con la indicaci髇 expresa de la fecha en que se actualiz� por 鷏tima vez y, si es posible, de la fecha en que ha de volver a actualizarse.
• c) Organizar la informaci髇 de forma que sea f醕ilmente accesible y comprensible para las personas y que facilite una 醙il y r醦ida consulta mediante instrumentos de b鷖queda dotados de las caracter韘ticas t閏nicas que lo garanticen.
• d) Ordenar tem醫icamente la informaci髇 para que su localizaci髇 sea f醕il e intuitiva. Dicha ordenaci髇 debe realizarse, como m韓imo, con criterios tem醫icos y cronol骻icos, siguiendo el cuadro de clasificaci髇 documental corporativo –si se dispone de 閘– e incorporando 韓dices o gu韆s de consulta.
• e) Facilitar la consulta de la informaci髇 con el uso de medios inform醫icos en formatos f醕ilmente comprensibles y que permitan la interoperabilidad y la reutilizaci髇.

2. Las obligaciones de transparencia establecidas por la presente ley son m韓imas y generales, y se entienden sin perjuicio de las que pueda establecer de forma m醩 detallada y espec韋ica la legislaci髇 aplicable.

3. Los sujetos obligados deben establecer procedimientos basados en indicadores objetivos para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En los procedimientos de evaluaci髇 debe garantizarse la participaci髇 de expertos independientes y de los ciudadanos.

V閍se O [CATALU袮] JUS/152/2018, 12 septiembre, por la que se establece el nivel de sujeci髇 de las fundaciones y de las asociaciones declaradas de utilidad p鷅lica a los instrumentos de transparencia establecidos por la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificaci髇 de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad p鷅lica (獶.O.G.C.� 17 septiembre).LE0000628313_20181007

Art韈ulo 7 L韒ites a las obligaciones de transparencia

1. Los l韒ites aplicables a las obligaciones de transparencia son los mismos que el t韙ulo III establece para el derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica, especialmente los relativos a la protecci髇 de datos de car醕ter personal.

2. El principio de transparencia debe interpretarse y aplicarse en todos los casos de forma preferente. Cualquier limitaci髇 en la aplicaci髇 del principio de transparencia debe fundamentarse en un l韒ite o una excepci髇 expresamente establecidos por una norma con rango de ley.

Art韈ulo 8 Informaci髇 sujeta al r間imen de transparencia

1. La Administraci髇 p鷅lica, en aplicaci髇 del principio de transparencia, debe hacer p鷅lica la informaci髇 relativa a:

• a) La organizaci髇 institucional y la estructura administrativa.
• b) La gesti髇 econ髆ica, contable, presupuestaria y patrimonial.
• c) Las decisiones y actuaciones de especial relevancia jur韉ica.
• d) La plantilla, la relaci髇 de puestos de trabajo y el r間imen retributivo.
• e) Los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio de sus competencias.
• f) Los contratos y convenios.
• g) Las convocatorias y el otorgamiento de las subvenciones y ayudas p鷅licas.
• h) Los informes y estudios.
• i) Los planes, programas y memorias generales.
• j) La informaci髇 estad韘tica.
• k) La informaci髇 geogr醘ica.
• l) Las materias y actuaciones cuya publicidad se establezca por norma.
• m) Cualquier materia de inter閟 p鷅lico, y las informaciones solicitadas con m醩 frecuencia por v韆 del ejercicio del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica.

2. La informaci髇 p鷅lica relativa a las materias a las que se refiere el apartado 1 debe comprender todos los datos y documentos con el alcance y la precisi髇 que determinan los art韈ulos 9 a 15. La informaci髇 debe ser congruente con la finalidad de conocimiento prevista en cada caso y debe ser adecuada y completa en cuanto al contenido informativo que determina la Ley.

Art韈ulo 9 Transparencia en la organizaci髇 institucional y la estructura administrativa

1. La informaci髇 relativa a la organizaci髇 institucional y la estructura administrativa que la Administraci髇 debe hacer p鷅lica en aplicaci髇 del principio de transparencia debe incluir:

• a) La descripci髇 de la organizaci髇 de la Administraci髇 y de los organismos y entes p鷅licos vinculados o dependientes, as� como de las sociedades, fundaciones p鷅licas y consorcios de que forma parte la Administraci髇, con la inclusi髇 de un organigrama actualizado.
• b) La estructura organizativa interna de la Administraci髇 y de los organismos y entidades a los que se refiere la letra a, con la identificaci髇 de los responsables de los distintos 髍ganos y su perfil y trayectoria profesionales.
• c) Las funciones que tienen atribuidas la Administraci髇 y los organismos y entidades a los que se refiere la letra a, con indicaci髇 del ente, entidad u 髍gano que las ejerce en cada caso.
• d) La relaci髇 de puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual, y la plantilla y la relaci髇 de contratos temporales y de interinajes no vinculados a ning鷑 puesto de trabajo de dicha relaci髇 de puestos.
• e) Las convocatorias y los resultados de los procesos selectivos de provisi髇 y promoci髇 del personal.
• f) La relaci髇 de altos cargos.
• g) Las listas que eventualmente se creen para acceder a los procesos de formaci髇 y promoci髇.
• h) La relaci髇 de los puestos ocupados por personal adscrito por los adjudicatarios de contratos firmados con la Administraci髇 que, en virtud del contrato, realice una actividad, un servicio o una obra con car醕ter permanente en una dependencia o un establecimiento p鷅lico, as� como el r間imen de dedicaci髇 y el r間imen retributivo de dicho personal y las tareas que realiza.
• i) Los convenios, acuerdos y pactos de naturaleza funcionarial, laboral y sindical.
• j) El cat醠ogo de los servicios prestados, las cartas de servicios existentes y la informaci髇 sobre los resultados de las evaluaciones de calidad y de la incidencia social de las pol韙icas p鷅licas.
• k) Los acuerdos relativos a la creaci髇, la participaci髇 y el funcionamiento de los entes p鷅licos, las sociedades y fundaciones p鷅licas, los consorcios y dem醩 entidades vinculadas a la Administraci髇 p鷅lica.
• l) La informaci髇 relativa a los canales de participaci髇 y los procedimientos participativos en tr醡ite, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y la Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participaci髇 ciudadana, para hacer difusi髇 y facilitar la participaci髇 ciudadana.
• m) Las resoluciones dictadas por el 髍gano competente, en aplicaci髇 de la normativa sobre el r間imen de incompatibilidades de los altos cargos, con la forma y las condiciones que se determinen por reglamento.
• n) Las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas a los altos cargos de la Administraci髇 de la Generalidad y al personal directivo de su sector p鷅lico, en los t閞minos del art韈ulo 90 bis.
  LE0000715872_20240412Letra n) del n鷐ero 1 del art韈ulo 9 introducida por el n鷐ero 1 del art韈ulo 48 de la Ley 2/2021, 29 diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico (獶.O.G.C.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022

2. La informaci髇 organizativa debe incluir el n鷐ero de liberados sindicales que hay en el 醡bito de la Administraci髇 y los entes que dependen de ella, con la indicaci髇 de los sindicatos correspondientes, los costes que las liberaciones generan a la Administraci髇 y el n鷐ero de horas sindicales utilizadas.

Art韈ulo 10 Transparencia en las decisiones y actuaciones de relevancia jur韉ica

1. La informaci髇 relativa a las decisiones y actuaciones con relevancia jur韉ica que la Administraci髇 debe hacer p鷅lica en aplicaci髇 del principio de transparencia debe incluir:

• a) Las normas aprobadas por la Administraci髇 p鷅lica –de las cuales tienen que estar disponibles las versiones en el formato originario y, en el caso de las normas que hayan sido modificadas, las versiones consolidadas– y los datos relativos a la evaluaci髇 de la aplicaci髇 de las normas.
• b) Las directivas, instrucciones, circulares y respuestas anonimizadas a consultas planteadas que tengan especial incidencia sobre la interpretaci髇 y la aplicaci髇 de las normas.
• c) Los procedimientos normativos en curso de elaboraci髇, con la indicaci髇 del estado de tramitaci髇 en que se encuentran.
• d) Las memorias y los documentos justificativos de la tramitaci髇 de los proyectos o anteproyectos normativos, los distintos textos de las disposiciones y la relaci髇 y valoraci髇 de los documentos originados por los procedimientos de informaci髇 p鷅lica y participaci髇 ciudadana y por la intervenci髇 de los grupos de inter閟, en su caso.
• e) El cat醠ogo actualizado de todos los procedimientos administrativos, con la indicaci髇 de los que est醤 disponibles en formato electr髇ico, el sentido del silencio administrativo y los recursos que pueden interponerse con relaci髇 a las resoluciones que ponen fin a los mismos.
• f) Los actos administrativos, las declaraciones responsables y las comunicaciones previas que puedan tener incidencia sobre el dominio p鷅lico o la gesti髇 de los servicios p鷅licos, y aquellos otros en que lo aconsejen razones de especial inter閟 p鷅lico.
• g) Los actos que hayan sido objeto de un procedimiento de revisi髇 en v韆 administrativa.
• h) Las resoluciones administrativas y judiciales que puedan tener relevancia p鷅lica y las resoluciones judiciales definitivas que afecten a las personas obligadas al cumplimiento de la presente ley, por raz髇 del ejercicio de las funciones y responsabilidades que les atribuye.
• i) Los dict醡enes de la Comisi髇 Jur韉ica Asesora y de los dem醩 髍ganos consultivos.

2. En el caso de las letras c y d del apartado 1, la informaci髇 tambi閚 debe incluir los documentos que, de acuerdo con la normativa aplicable, deben ser sometidos a un per韔do de informaci髇 p鷅lica durante la tramitaci髇, y tambi閚 el contenido 韓tegro de los textos de los anteproyectos de ley y de los proyectos de reglamento.

3. En el caso de las letras f, g, h, e i del apartado 1, la informaci髇 no debe incluir datos o referencias personales.

Art韈ulo 11 Transparencia en la gesti髇 econ髆ica, contable, presupuestaria y patrimonial

1. La informaci髇 relativa a la gesti髇 econ髆ica y presupuestaria que la Administraci髇 debe hacer p鷅lica en aplicaci髇 del principio de transparencia debe incluir:

• a) El presupuesto, con la descripci髇 de las partidas presupuestarias anuales y los datos de su ejecuci髇 –de forma que pueda conocerse el grado de ejecuci髇 con car醕ter trimestral– y de su liquidaci髇, as� como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
• b) Las retribuciones, indemnizaciones y dietas, las actividades y los bienes de los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administraci髇 p鷅lica y del personal directivo de los entes p鷅licos, las sociedades, las fundaciones y los consorcios, y las indemnizaciones que han de percibir al dejar de ejercer su cargo.
• c) Las cuentas anuales completas preceptivas y los informes de auditor韆 de cuentas y de fiscalizaci髇 de los 髍ganos de control externo que las hayan emitido.
• d) Las resoluciones dictadas por el 髍gano competente para instruir y resolver los expedientes relativos a las declaraciones de actividades, patrimoniales y de intereses de los altos cargos y a la inscripci髇 en los registros correspondientes, en aplicaci髇 de la normativa sobre incompatibilidades de los altos cargos.
• e) La informaci髇 general sobre las retribuciones, indemnizaciones y dietas percibidas por los empleados p鷅licos, agrupada en funci髇 de los niveles y cuerpos.
• f) El coste de las campa馻s de publicidad institucional, desglosando los distintos conceptos de la campa馻 y el importe contratado a cada medio de comunicaci髇.

2. La informaci髇 relativa a la gesti髇 patrimonial debe incluir:

• a) La informaci髇 sobre los datos m醩 relevantes del inventario general del patrimonio en lo relativo a los bienes inmuebles de dominio p鷅lico y patrimoniales y a los bienes muebles de especial valor.
• b) La informaci髇 econ髆ica relativa a la gesti髇 del patrimonio.

Art韈ulo 12 Transparencia en materia de planificaci髇 y programaci髇

1. La Administraci髇 debe hacer p鷅licos, en aplicaci髇 del principio de transparencia, los planes y programas anuales y plurianuales, de car醕ter general o sectorial, que establecen las directrices estrat間icas de las pol韙icas p鷅licas. Asimismo, deben publicarse las auditor韆s internas y externas de evaluaci髇 de la calidad de los servicios p鷅licos.

2. La informaci髇 a la que se refiere el apartado 1 debe incluir, como m韓imo, las actuaciones que deben realizarse, los medios que deben utilizarse para ejecutar los planes y programas, sus plazos de cumplimiento, la memoria econ髆ica y los estudios e informes t閏nicos justificativos.

3. La informaci髇 p鷅lica a la que se refiere el apartado 1 debe incluir los criterios y la metodolog韆 para evaluar el cumplimiento de los planes y programas y el resultado de su evaluaci髇, una vez ejecutados.

4. La Administraci髇 debe hacer p鷅licos el plan territorial general, los planes territoriales parciales, los planes directores territoriales, los planes territoriales sectoriales, los planes directores urban韘ticos, los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal, el plan de espacios de inter閟 natural y los dem醩 planes y programas que deban elaborarse en cumplimiento de una norma con rango de ley y los planes que deben publicarse con car醕ter obligatorio.

5. La Administraci髇 debe hacer p鷅licas las modificaciones de los planes y programas y la informaci髇 econ髆ica, geogr醘ica y urban韘tica, de elaboraci髇 propia o externa, que haya utilizado para elaborarlos y para evaluar su ejecuci髇.

Art韈ulo 13 Transparencia en la contrataci髇 p鷅lica

1. La transparencia en el 醡bito de los contratos suscritos por los sujetos obligados es aplicable a todos los contratos, incluidos los patrimoniales y los menores. La informaci髇 p鷅lica relativa a los contratos debe incluir:

• a) La informaci髇 sobre las entidades y los 髍ganos de contrataci髇, con la indicaci髇 de su denominaci髇 exacta, el tel閒ono y las direcciones postales y electr髇icas.
• b) La informaci髇 sobre las licitaciones en tr醡ite, que debe comprender como m韓imo el tipo de contrato, su objeto, el contenido econ髆ico, los pliegos de cl醬sulas administrativas y las condiciones de ejecuci髇.
• c) La informaci髇 sobre los contratos programados.
• d) Los contratos suscritos, con la indicaci髇 de su objeto, el importe de la licitaci髇 y de adjudicaci髇, el procedimiento utilizado para contratar y la identidad del adjudicatario, la duraci髇, el n鷐ero de licitadores, los criterios de adjudicaci髇, el cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, as� como los acuerdos e informes t閏nicos del proceso de contrataci髇. Esta informaci髇 debe estar actualizada y referirse, como m韓imo, a los 鷏timos cinco a駉s.
• e) Las modificaciones contractuales, las pr髍rogas de los contratos, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas.
• f) Los datos del registro p鷅lico de contratos y del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas.
• g) Los acuerdos y criterios interpretativos de los 髍ganos consultivos de contrataci髇.
• h) Una relaci髇 anonimizada de las preguntas y respuestas m醩 frecuentes en las consultas en materia de contrataci髇.
• i) Las resoluciones de los recursos especiales, de las cuestiones de nulidad y de las resoluciones judiciales definitivas en materia de contrataci髇, as� como los actos de desistimiento, renuncia y resoluci髇 de contratos.

2. La informaci髇 en materia de contrataci髇 p鷅lica debe constar en un espacio diferenciado del Portal de la Transparencia, configurado como una plataforma electr髇ica de publicidad espec韋ica en este 醡bito.

3. La Administraci髇 p鷅lica debe dar publicidad de forma constante y actualizada a los datos estad韘ticos sobre los porcentajes y el volumen presupuestario de los contratos adjudicados de acuerdo con cada uno de los procedimientos establecidos por la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico. Tambi閚 debe dar publicidad al volumen presupuestario contratado por los distintos adjudicatarios en los 鷏timos cinco a駉s.

4. En los contratos de gesti髇 de servicios p鷅licos y de concesi髇 de obras p鷅licas, deben hacerse p鷅licos los siguientes datos para facilitar su conocimiento a los usuarios:

• a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relaci髇 a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestaci髇 del servicio.
• b) Los derechos y deberes de los usuarios.
• c) Las facultades de inspecci髇, control y sanci髇 que puede ejercer la Administraci髇 con relaci髇 a la prestaci髇 del servicio.
• d) El procedimiento para formular quejas o reclamaciones.

Art韈ulo 14 Transparencia en los convenios de colaboraci髇

1. La transparencia en el 醡bito de los convenios de colaboraci髇 es aplicable a todos los convenios y encargos de gesti髇 suscritos entre los sujetos obligados y las personas privadas y p鷅licas.

2. La informaci髇 p鷅lica relativa a los convenios de colaboraci髇 debe incluir, como m韓imo:

• a) La relaci髇 de los convenios vigentes, con la indicaci髇 de la fecha, las partes que los firman, el objeto, los derechos y las obligaciones de cualquier tipo que generen y el per韔do de vigencia.
• b) Las eventuales modificaciones de cualquiera de los par醡etros a los que se refiere la letra a, y la fecha y la forma en que se hayan producido.
• c) La informaci髇 relativa al cumplimiento y la ejecuci髇 de los convenios.

3. Las obligaciones de publicidad establecidas por el presente art韈ulo deben hacerse efectivas mediante el Registro de convenios de colaboraci髇 y cooperaci髇 de la Generalidad, que debe integrarse en el Portal de la Transparencia.

Art韈ulo 15 Transparencia en la actividad subvencional

1. La informaci髇 relativa a las subvenciones y ayudas p鷅licas que los sujetos obligados deben hacer p鷅lica en aplicaci髇 del principio de transparencia debe incluir:

• a) Una relaci髇 actualizada de las subvenciones y otras ayudas que los sujetos obligados tengan previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con la indicaci髇 de su objeto o finalidad y la descripci髇 de las condiciones para ser beneficiario de ellas.
• b) Los objetivos, a efectos de utilidad p鷅lica o social, que pretende alcanzar la subvenci髇 o la ayuda y los efectos que la medida de fomento puede producir en el mercado, en su caso.
• c) Las subvenciones y ayudas p鷅licas otorgadas, con la indicaci髇 de su importe, objeto y beneficiarios. Esta informaci髇 debe incluir las subvenciones y ayudas, debe estar actualizada y debe referirse a los 鷏timos cinco a駉s. Tambi閚 debe incluir las subvenciones y ayudas otorgadas sin publicidad y concurrencia si estos requisitos se han exceptuado, en los casos establecidos legalmente. En el caso de subvenciones y ayudas p鷅licas otorgadas por motivos de vulnerabilidad social, debe preservarse la identidad de los beneficiarios.
• d) La informaci髇 relativa al control financiero de las subvenciones y ayudas p鷅licas otorgadas.
• e) La justificaci髇 o rendici髇 de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvenci髇 o ayuda otorgada.

2. Las bases reguladoras de la concesi髇 de subvenciones y ayudas p鷅licas que puedan otorgarse por un importe superior a 10.000 euros deben incluir la obligaci髇 de los beneficiarios, si son personas jur韉icas, de comunicar a los sujetos obligados la informaci髇 relativa a las retribuciones de sus 髍ganos de direcci髇 o administraci髇, al efecto de hacerlas p鷅licas. En los supuestos legales en que no se aplique un proceso de concurrencia para otorgar las subvenciones o ayudas, esta obligaci髇 debe incluir el correspondiente acto o convenio.

Art韈ulo 16 Reutilizaci髇 de la informaci髇

1. Los sujetos obligados deben facilitar a las personas el acceso a la informaci髇 p鷅lica en formato reutilizable, para mejorar la transparencia, generar valor en la sociedad y promover la interoperabilidad entre las administraciones, dentro de los l韒ites establecidos por la normativa sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico.

2. La informaci髇 p鷅lica puede ser reutilizada con cualquier objetivo l韈ito, especialmente la reproducci髇 y divulgaci髇 por cualquier medio de los datos objeto de informaci髇 p鷅lica y la creaci髇 de productos o servicios de informaci髇 con valor a馻dido basados en estos datos.

Art韈ulo 17 Condiciones y modalidades para reutilizar la informaci髇

1. La reutilizaci髇 de la informaci髇 p鷅lica es libre y no est� sujeta a restricciones, excepto en los supuestos en que, por v韆 reglamentaria, se someta a la obtenci髇 de una licencia de reconocimiento de creative commons, por raz髇 de la tutela de otros derechos o bienes jur韉icos, o a la solicitud previa del interesado.

2. El Portal de la Transparencia debe especificar el tipo de reutilizaci髇 aplicable a la informaci髇 que contiene, y tambi閚 debe incluir un aviso legal sobre las condiciones de la reutilizaci髇.

3. Debe garantizarse que en el proceso de reutilizaci髇 no se altera el contenido de la informaci髇 reutilizada ni se desnaturaliza su sentido, y tambi閚 debe citarse la fuente de los datos e indicar la fecha de la 鷏tima actualizaci髇.

Art韈ulo 18 Derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica

1. Las personas tienen el derecho a acceder a la informaci髇 p鷅lica, a la que se refiere el art韈ulo 2.b, a t韙ulo individual o en nombre y representaci髇 de cualquier persona jur韉ica legalmente constituida.

2. El ejercicio de este derecho no est� condicionado a la concurrencia de un inter閟 personal, no queda sujeto a motivaci髇 y no requiere la invocaci髇 de ninguna norma.

3. El derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica puede ejercerse a partir de los diecis閕s a駉s.

Art韈ulo 19 Informaci髇 p鷅lica

1. El derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica incluye cualquier forma o soporte en que esta informaci髇 haya sido elaborada o en que se conserve.

2. Las administraciones p鷅licas deben adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica, de acuerdo con lo establecido por el presente t韙ulo.

3. Las administraciones p鷅licas, con el mismo fin al que se refiere el apartado 2, deben establecer un sistema de gesti髇 de documentos, informaci髇 y datos integrado que permita la interoperatividad entre las administraciones, la localizaci髇 de cualquier documento o informaci髇 y la vinculaci髇 autom醫ica de cada documento o conjunto de datos a su r間imen de acceso y publicidad.

Art韈ulo 20 Principios generales

1. El derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica se garantiza a todas las personas, de acuerdo con lo establecido por la presente ley. El derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica solamente puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes.

2. Las limitaciones legales al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica deben ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, deben interpretarse siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no pueden ampliarse por analog韆.

3. Para aplicar l韒ites al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica, la Administraci髇 no dispone de potestad discrecional y debe indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivaci髇 debe explicitarse el l韒ite aplicado y razonar debidamente las causas que fundamentan su aplicaci髇.

4. Los l韒ites al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica deben aplicarse de acuerdo con los principios de igualdad y de interdicci髇 de la arbitrariedad.

5. El derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica se garantiza de acuerdo con lo establecido por la presente ley, y espec韋icamente mediante los instrumentos establecidos por el cap韙ulo IV de este t韙ulo.

Art韈ulo 21 L韒ites al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica

1. El derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica puede ser denegado o restringido si el conocimiento o divulgaci髇 de la informaci髇 conlleva un perjuicio para:

• a) La seguridad p鷅lica.
• b) La investigaci髇 o la sanci髇 de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.
• c) El secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administraci髇 p鷅lica, si el secreto o la confidencialidad est醤 establecidos por una norma con rango de ley.
• d) El principio de igualdad de las partes en los procesos judiciales o la tutela judicial efectiva.
• e) Los derechos de los menores de edad.
• f) La intimidad y los dem醩 derechos privados leg韙imos.
• g) El secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial.

2. El derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica tambi閚 puede ser denegado o restringido si la informaci髇 tiene la condici髇 de protegida y as� lo establece expresamente una norma con rango de ley.

3. Tiene la condici髇 de protegida, en todos los casos, la informaci髇 relativa a los menores de edad cuyo conocimiento o divulgaci髇 puede condicionar el libre desarrollo de su personalidad en el futuro. El acceso a la informaci髇 puede ser denegada en este supuesto, salvo que pueda garantizarse su car醕ter an髇imo, y sin perjuicio de lo que establecen los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo 22 Proporcionalidad y temporalidad

1. Los l韒ites aplicados al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica deben ser proporcionales al objeto y la finalidad de protecci髇. La aplicaci髇 de dichos l韒ites debe atender a las circunstancias de cada caso concreto, especialmente la concurrencia de un inter閟 p鷅lico o privado superior que justifique el acceso a la informaci髇.

2. Los l韒ites del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica son temporales si as� lo establece la ley que los regula, y se mantienen mientras perduran las razones que justifican su aplicaci髇.

Art韈ulo 23 Datos personales especialmente protegidos

Las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica deben ser denegadas si la informaci髇 que se desea obtener contiene datos personales especialmente protegidos, como los relativos a la ideolog韆, la afiliaci髇 sindical, la religi髇, las creencias, el origen racial, la salud y la vida sexual, as� como los relativos a la comisi髇 de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestaci髇 p鷅lica al infractor, salvo que el afectado lo consienta expresamente mediante un escrito que debe acompa馻r la solicitud.

Art韈ulo 24 Protecci髇 de datos personales

1. Se debe dar acceso a la informaci髇 p鷅lica si se trata de informaci髇 directamente relacionada con la organizaci髇, el funcionamiento o la actividad p鷅lica de la Administraci髇 que contenga datos personales meramente identificativos salvo que, excepcionalmente, en el caso concreto tenga que prevalecer la protecci髇 de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos.

2. Si se trata de otra informaci髇 que contiene datos personales no incluidos en el art韈ulo 23, se puede dar acceso a la informaci髇, previa ponderaci髇 razonada del inter閟 p鷅lico en la divulgaci髇 y los derechos de las personas afectadas. Para realizar dicha ponderaci髇 deben tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

• a) El tiempo transcurrido.
• b) La finalidad del acceso, especialmente si tiene una finalidad hist髍ica, estad韘tica o cient韋ica, y las garant韆s que se ofrezcan.
• c) El hecho de que se trate de datos relativos a menores de edad.
• d) El hecho de que pueda afectar a la seguridad de las personas.

3. Las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica que se refieran solamente a datos personales del solicitante deben resolverse de acuerdo con la regulaci髇 del derecho de acceso establecido por la legislaci髇 de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Art韈ulo 25 Acceso parcial a la informaci髇 y a la documentaci髇 p鷅licas

1. Si es de aplicaci髇 alguno de los l韒ites de acceso a la informaci髇 p鷅lica establecidos por los art韈ulos anteriores, la denegaci髇 de acceso solamente afecta a la parte correspondiente de la documentaci髇, y debe autorizarse el acceso restringido al resto de los datos.

2. Si la restricci髇 de acceso o la ocultaci髇 parcial de datos dificulta la comprensi髇 de la informaci髇, el interesado puede solicitar audiencia a la Administraci髇 para aclarar su interpretaci髇. La Administraci髇 puede aportar las aclaraciones contextuales necesarias siempre que no revelen la informaci髇 que ha sido legalmente ocultada.

3. En el caso de acceso parcial a la informaci髇 p鷅lica, la Administraci髇 debe garantizar, por los medios m醩 adecuados, la reserva de la informaci髇 afectada por las limitaciones legales.

Art韈ulo 26 Requisitos de las solicitudes de informaci髇 p鷅lica

1. Las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica pueden realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

• a) La identidad del solicitante.
• b) La informaci髇 precisa a la que se desea tener acceso, sin necesidad de indicar un documento o expediente concretos.
• c) La forma o el formato en que se prefiere tener acceso a la informaci髇.
• d) Una direcci髇 de contacto, preferentemente electr髇ica, que sirva para las comunicaciones entre el solicitante y la Administraci髇.

2. El solicitante puede exponer, con car醕ter potestativo, los motivos que justifican el ejercicio del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica. La ausencia de motivaci髇 en ning鷑 caso puede ser causa de denegaci髇 de la solicitud.

Art韈ulo 27 Presentaci髇 de las solicitudes

1. Las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica pueden presentarse por cualquier medio, incluidos los electr髇icos, siempre que permitan dejar constancia de los requisitos a los que se refiere el art韈ulo 26.

2. Las solicitudes presentadas por medios electr髇icos deben poder tramitarse con la utilizaci髇 de la firma electr髇ica, mediante un formulario electr髇ico sencillo y f醕ilmente accesible que el Portal de la Transparencia debe poner a disposici髇 de los ciudadanos, o por cualquier otro medio que se establezca por reglamento.

3. Las solicitudes deben dirigirse a la entidad o el 髍gano administrativo que disponga de la informaci髇. Si la solicitud de informaci髇 se dirige a un 髍gano que no la tiene a su disposici髇 o se dirige gen閞icamente a una administraci髇, es aplicable lo establecido por el art韈ulo 30.

4. La Administraci髇 debe establecer sistemas para integrar la gesti髇 de las solicitudes de informaci髇 en el 醡bito de su organizaci髇 interna.

5. Una vez presentada la solicitud, debe notificarse al solicitante la recepci髇 de la misma indicando el d韆 de la recepci髇, el 髍gano responsable de resolverla, la fecha m醲ima para resolver y la persona responsable de la tramitaci髇.

Art韈ulo 28 Solicitudes imprecisas

1. Si una solicitud de acceso a la informaci髇 p鷅lica se ha formulado en t閞minos imprecisos o demasiado gen閞icos, la Administraci髇 debe comunicarlo al solicitante y pedirle que concrete la informaci髇 a la que desea tener acceso. Este tr醡ite suspende el plazo para resolver.

2. La Administraci髇 debe prestar asesoramiento y asistencia al solicitante para que pueda concretar la petici髇 a la que se refiere el apartado 1.

3. Si el solicitante no cumple el tr醡ite al que se refiere el apartado 1 dentro del plazo establecido, que no puede ser inferior a diez d韆s, se considera que ha desistido del procedimiento y tiene que archivarse el expediente, siempre que la Administraci髇 haya puesto a disposici髇 de los ciudadanos los instrumentos adecuados para la b鷖queda de la informaci髇.

4. El archivo del expediente de solicitud de acceso a la informaci髇 p鷅lica no excluye el derecho a presentar una nueva solicitud que cumpla los requisitos establecidos por la presente ley.

Art韈ulo 29 Inadmisi髇 de solicitudes

1. Son inadmitidas a tr醡ite las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica en los siguientes supuestos:

• a) Si solicitan notas, borradores, res鷐enes, opiniones o cualquier documento de trabajo interno sin relevancia o inter閟 p鷅lico.
• b) Si para obtener la informaci髇 que solicitan es necesaria una tarea compleja de elaboraci髇 o reelaboraci髇. En tal caso, se puede dar la informaci髇 de forma desglosada, previa audiencia del solicitante.
• c) Si la informaci髇 que solicitan est� en fase de elaboraci髇 y debe hacerse p鷅lica, de acuerdo con las obligaciones de transparencia del t韙ulo II, dentro del plazo de tres meses.

2. Son inadmitidas a tr醡ite las solicitudes de informaci髇 consistentes en consultas jur韉icas o peticiones de informes o dict醡enes, sin perjuicio de los supuestos de consulta u orientaci髇 establecidos por la legislaci髇 general de procedimiento administrativo y por las leyes sectoriales que se soliciten de acuerdo con la normativa correspondiente.

3. La inadmisi髇 de solicitudes debe ser motivada y comunicada al solicitante.

Art韈ulo 30 Derivaci髇 de las solicitudes

1. En el supuesto de que la solicitud de acceso a la informaci髇 se dirija a una entidad u 髍gano administrativo que no disponga de la informaci髇, este debe derivarla a la entidad o al 髍gano que disponga de ella, si lo conoce, o a la oficina responsable de la informaci髇 p鷅lica que corresponda, en un plazo de quince d韆s naturales, y comunicar al solicitante a qu� 髍gano se ha derivado la solicitud y los datos para contactar con 閘.

2. Si la entidad o el 髍gano administrativo competente pertenece o depende de una administraci髇 distinta a la que se ha dirigido la solicitud, debe informarse de ello al solicitante, por v韆 electr髇ica si es posible, e indicarle cu醠 es la Administraci髇 a la que se ha derivado su solicitud para que pueda ejercer el derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica.

Art韈ulo 31 Afectaci髇 de derechos o intereses de terceros

1. Si la solicitud de informaci髇 p鷅lica puede afectar a derechos o intereses de terceros, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, en caso de que los posibles afectados est閚 identificados o sean f醕ilmente identificables se les debe dar traslado de la solicitud, y tienen un plazo de diez d韆s para presentar alegaciones si estas pueden resultar determinantes del sentido de la resoluci髇.

2. El tr醡ite de alegaciones al que se refiere el apartado 1 suspende el plazo para resolver.

3. El traslado de la solicitud debe indicar los motivos de la solicitud, si se han expresado, pero no es obligatorio revelar la identidad del solicitante.

4. Se debe informar al solicitante del traslado de la solicitud a terceros y de la suspensi髇 del plazo para dictar resoluci髇 hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para presentarlas.

Art韈ulo 32 Competencia para resolver

La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica corresponde:

• a) En el caso de las solicitudes dirigidas a la Administraci髇 de la Generalidad, a los 髍ganos superiores jer醨quicos de los servicios o unidades que disponen de la informaci髇, de acuerdo con lo establecido por las normas reguladoras de la organizaci髇 administrativa.
  V閍se Res [CATALU袮]燛MC/1590/2018,�6爅ulio, de delegaci髇 de competencia de la persona titular del Departamento de Empresa y Conocimiento a favor de las personas titulares de la Secretar韆 General, de las secretar韆s sectoriales y de las direcciones generales del Departamento de Empresa y Conocimiento, para resolver las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica presentadas al amparo de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno (DOGC n鷐. 6780, de 31.12.2014) (獶.O.G.C.� 11 julio).LE0000624954_20180711
• b) En el caso de las solicitudes dirigidas a la Administraci髇 local, a los 髍ganos que determinan las normas organizativas propias y, en su defecto, al alcalde o el presidente, o el 髍gano en que estos deleguen.
• c) En el caso de las solicitudes dirigidas a organismos aut髇omos, entidades de derecho p鷅lico, sociedades y fundaciones p鷅licas, consorcios y universidades p鷅licas, a su 髍gano de direcci髇 y de gobierno.
• d) En el caso de las solicitudes dirigidas a otras instituciones y organismos a los que se refiere el art韈ulo 3.1, a sus 髍ganos de representaci髇 o direcci髇.

Art韈ulo 33 Plazo para resolver

1. Las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica deben resolverse en el plazo de un mes, a contar desde el d韆 siguiente al de la recepci髇 de la solicitud.

2. El plazo al que se refiere el apartado 1 puede prorrogarse, si lo justifican el volumen o la complejidad de la informaci髇 requerida, hasta un plazo igual a la mitad del inicial. La pr髍roga y las causas que la motivan deben ser comunicadas al interesado.

3. En el plazo al que se refiere el presente art韈ulo debe resolverse la solicitud y notificar la resoluci髇 al interesado.

4. El plazo al que se refiere este art韈ulo solamente puede quedar en suspenso en los casos establecidos expresamente por la presente ley y por la legislaci髇 general sobre r間imen jur韉ico y procedimiento administrativo.

Art韈ulo 34 Resoluci髇

1. La resoluci髇 debe formalizarse por escrito y debe notificarse al solicitante y, en su caso, a los terceros afectados que hayan comparecido en el expediente. Si la solicitud de informaci髇 se ha realizado por v韆 electr髇ica, la notificaci髇 de la resoluci髇 tambi閚 puede realizarse por medios electr髇icos.

2. La resoluci髇 debe ser estimatoria de la solicitud, salvo que sea de aplicaci髇 alguno de los l韒ites establecidos por la presente ley. En este 鷏timo caso, debe estimar parcialmente la solicitud, a ser posible, o desestimarla 韓tegramente.

3. Si la resoluci髇 es estimatoriade la solicitud y ha existido oposici髇 de terceros, el acceso a la informaci髇 solamente puede hacerse efectivo una vez ha transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o, en el supuesto de que se haya presentado este recurso, si no se ha acompa馻do de petici髇 de medidas cautelares de suspensi髇 o se ha resuelto este incidente manteniendo la ejecutividad del acto administrativo.

4. Deben ser motivadas las siguientes resoluciones:

• a) Las que desestiman total o parcialmente la solicitud.
• b) Las que estiman la solicitud pese a la oposici髇 de terceros.
• c) Las que establecen como forma de acceso a la informaci髇 un formato diferente al solicitado.

5. Excepcionalmente no es obligatorio que las resoluciones sean motivadas si la mera indicaci髇 de la existencia o no de los datos puede conllevar incurrir en alguna de las limitaciones del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica. En tal caso, la resoluci髇 debe hacer constar esta circunstancia.

6. Si el acceso a la informaci髇 p鷅lica es denegado como consecuencia de la aplicaci髇 de los l韒ites derivados de la protecci髇 de los derechos de propiedad intelectual o industrial, la motivaci髇 de la resoluci髇 debe incluir la referencia a la persona titular de estos derechos, si es conocida.

7. La notificaci髇 de la resoluci髇 debe indicar las v韆s espec韋icas de recurso y reclamaci髇 establecidas por la presente ley.

8. Si se estima la solicitud y no se ha producido oposici髇 de terceros, la resoluci髇 puede ser sustituida por una comunicaci髇 por la que se indica al interesado que puede acceder a la informaci髇, o bien se le pueden facilitar los datos directamente.

Art韈ulo 35 Silencio administrativo

1. Si la Administraci髇 no resuelve y notifica dentro del plazo establecido, la solicitud se entiende estimada, salvo que una norma con rango de ley establezca expresamente un efecto desestimatorio, total o parcial, con relaci髇 a una determinada informaci髇.

2. No se puede adquirir por silencio administrativo el derecho de acceso si concurre alguno de los l韒ites establecidos por esta u otras leyes para tener acceso a la informaci髇 p鷅lica.

3. En el caso de silencio administrativo estimatorio, la Administraci髇 est� obligada a facilitar el acceso a la informaci髇 p鷅lica en el plazo establecido por el art韈ulo 36, a contar desde el momento en que el solicitante lo pide.

4. La denegaci髇 de acceso a la informaci髇 habi閚dose producido silencio administrativo estimatorio puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido por el t韙ulo VII.

Art韈ulo 36 Acceso a la informaci髇

1. Si una solicitud es estimada total o parcialmente, el 髍gano competente debe suministrar la informaci髇 al interesado, en el formato en que la haya solicitado, en el plazo de treinta d韆s.

2. La Administraci髇 puede suministrar la informaci髇 en un formato distinto al solicitado en los siguientes casos:

• a) Si existe una alternativa m醩 econ髆ica, siempre que no dificulte al solicitante el acceso a los datos.
• b) Si la informaci髇 ya ha sido difundida o publicada provisionalmente en otro formato y se puede acceder f醕ilmente a ella. En tal caso, debe indicarse al solicitante la fuente de informaci髇.
• c) Si se considera razonable utilizar un formato distinto al solicitado, siempre que se justifique.
• d) Si el formato en el que se ha solicitado la informaci髇 puede conllevar la p閞dida del soporte que la contiene o puede da馻rlo.
• e) Si t閏nicamente no es posible realizar una copia en el formato en que se ha solicitado la informaci髇.
• f) Si el formato en que se ha solicitado la informaci髇 puede afectar los derechos de propiedad intelectual.

3. Las resoluciones estimatorias deben incluir la consideraci髇 de que la informaci髇 puede ser suministrada en un formato distinto al solicitado, de acuerdo con lo establecido por el apartado 2, e indicar los formatos alternativos posibles.

Art韈ulo 37 Gratuidad y contraprestaciones

1. El acceso a la informaci髇 p鷅lica es gratuito si los datos son consultados en el lugar donde se encuentran depositados, o bien si existen en formato electr髇ico, en cuyo caso deben ser entregados por correo electr髇ico.

2. La expedici髇 de copias y la transposici髇 a formatos distintos al original pueden quedar sujetos a contraprestaci髇 econ髆ica, la cual no puede exceder el coste de la operaci髇.

Art韈ulo 38 Recurso administrativo

Las resoluciones expresas o presuntas dictadas de acuerdo con lo dispuesto por el presente t韙ulo pueden ser objeto de recurso potestativo de reposici髇 ante el 髍gano que las ha dictado.

Art韈ulo 39 Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica

1. Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la informaci髇 p鷅lica y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposici髇 pueden ser objeto de reclamaci髇 gratuita y voluntaria ante la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica, encargada de velar por el cumplimiento y las garant韆s del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica que regula el presente t韙ulo.

2. La Comisi髇 debe cumplir sus funciones con plena independencia org醤ica y funcional, sin sumisi髇 a instrucciones jer醨quicas de ning鷑 tipo.

3. La Comisi髇 debe ejercer sus funciones mediante actos y acuerdos de car醕ter t閏nico-jur韉ico, que en ning鷑 caso pueden ser motivados por criterios de oportunidad o de conveniencia.

V閍se D [CATALU袮] 111/2017, 18 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica (獶.O.G.C.� 20 julio).LE0000602043_20170720

Art韈ulo 40 Composici髇 y designaci髇

1. La Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica est� integrada por un m韓imo de tres miembros y un m醲imo de cinco, designados por mayor韆 de tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Catalu馻, entre personas que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por el presente art韈ulo.

2. Al efecto de lo establecido por el apartado 1, previamente a su designaci髇 los candidatos deben comparecer ante la comisi髇 parlamentaria correspondiente para ser evaluados con relaci髇 a las condiciones requeridas para el cargo.

3. Los miembros de la Comisi髇 deben ser juristas especialistas en derecho p鷅lico y t閏nicos en materia de archivos o gesti髇 documental, elegidos entre expertos de reconocida competencia y prestigio y con m醩 de diez a駉s de experiencia profesional.

4. Los miembros de la Comisi髇 deben ejercer su cargo bajo el r間imen de dedicaci髇 exclusiva y les son aplicables las normas sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones p鷅licas. Sus retribuciones deben fijarse anualmente en la Ley de presupuestos de Catalu馻.

V閍se D [CATALU袮] 111/2017, 18 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica (獶.O.G.C.� 20 julio).LE0000602043_20170720

Art韈ulo 41 Organizaci髇 y funcionamiento

1. La Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica debe ser adscrita al departamento de la Generalidad que el Gobierno determine por decreto. El Gobierno debe dotar la Comisi髇 de los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, siempre respetando su independencia org醤ica y funcional.

2. La organizaci髇 y el funcionamiento de la Comisi髇 deben establecerse por reglamento. El Gobierno debe remitir el proyecto al Parlamento antes de su aprobaci髇 por decreto, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 149 del Reglamento del Parlamento. El Parlamento debe pronunciarse sobre la propuesta presentada por el Gobierno y, en su caso, puede formular recomendaciones con relaci髇 al texto. Las recomendaciones relativas a la garant韆 de la independencia org醤ica y funcional de la Comisi髇 son vinculantes para el Gobierno.

V閍se D [CATALU袮] 111/2017, 18 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica (獶.O.G.C.� 20 julio).LE0000602043_20170720

Art韈ulo 42 Procedimiento de reclamaci髇

1. Las reclamaciones a las que se refiere el art韈ulo 39.1 deben interponerse en el plazo de un mes a contar desde la notificaci髇 de la resoluci髇, desde el momento en que ha finalizado el plazo para resolver en el supuesto del art韈ulo 35.2 o, en su caso, desde la desestimaci髇 del recurso de reposici髇.

2. Las reclamaciones pueden tramitarse mediante un procedimiento de mediaci髇 o un procedimiento ordinario con resoluci髇.

3. En caso de reclamaciones en que la denegaci髇 del acceso a la informaci髇 p鷅lica se ha producido por motivos derivados de derechos de terceros, debe darse traslado de la correspondiente reclamaci髇 a los terceros para que puedan participar en el procedimiento.

4. La Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica debe informar a las partes afectadas sobre el procedimiento de mediaci髇. La Administraci髇 no puede oponerse a aplicar este procedimiento si las dem醩 partes lo aceptan. El procedimiento de mediaci髇 suspende el plazo para resolver.

5. El acuerdo fruto de la mediaci髇 debe ser aprobado por el reclamante, por la Administraci髇 afectada y, en su caso, por los terceros que hayan comparecido en el procedimiento. Este acuerdo pone fin al procedimiento y en ning鷑 caso puede ser contrario al ordenamiento jur韉ico.

6. Si no se acepta la mediaci髇 o no se alcanza un acuerdo en el plazo de un mes desde su aceptaci髇, la reclamaci髇 debe tramitarse mediante un procedimiento con resoluci髇 de la Comisi髇, de acuerdo con las normas reguladoras de los recursos administrativos.

7. La Comisi髇, de oficio o a instancia de parte, puede solicitar los informes o los datos que considere necesarios para facilitar el procedimiento de mediaci髇 o para fundamentar la resoluci髇.

8. Si la denegaci髇 se ha fundamentado en la protecci髇 de datos personales, la Comisi髇 debe solicitar informe a la Autoridad Catalana de Protecci髇 de Datos, el cual debe ser emitido en el plazo de quince d韆s.

9. Si en el plazo de dos meses desde la presentaci髇 de la reclamaci髇 no se ha dictado y notificado la resoluci髇, esta puede entenderse desestimada. Este plazo puede ser ampliado por la Comisi髇 hasta un m醲imo de quince d韆s m醩, en el caso de que se haya hecho uso de lo que establecen los apartados 7 y 8, lo cual debe ser notificado a todas las partes antes de que concluya el plazo para resolver.

10. Las resoluciones de la Comisi髇 ponen fin a la v韆 administrativa y se pueden impugnar ante la jurisdicci髇 contenciosa-administrativa.

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Art韈ulo 43 Ejecuci髇 de los acuerdos de mediaci髇 y de las resoluciones

1. Si se alcanza un acuerdo en el procedimiento de mediaci髇, este debe establecer el plazo de cumplimiento y, en su caso, las condiciones en que debe hacerse efectivo el acceso a la informaci髇 p鷅lica.

2. Si la Administraci髇 no cumple el acuerdo al que se refiere el apartado 1 en el plazo establecido, el interesado puede comunicarlo a la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica para que esta requiera su cumplimiento.

3. La desatenci髇 del requerimiento al que se refiere el apartado 2 puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido por el t韙ulo VII.

4. Las disposiciones establecidas por los apartados anteriores tambi閚 son de aplicaci髇 a las resoluciones dictadas por la Comisi髇 que reconozcan el derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica.

5. La Administraci髇 debe comunicar a la Comisi髇 las actuaciones realizadas para ejecutar los acuerdos de mediaci髇 y para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por la Comisi髇.

V閍se D [CATALU袮] 111/2017, 18 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica (獶.O.G.C.� 20 julio).LE0000602043_20170720

Art韈ulo 44 Publicidad de las resoluciones y memoria de la Comisi髇

1. Las resoluciones de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica deben publicarse en el portal de la Comisi髇, previa disociaci髇 de los datos personales, y se馻lar las resoluciones que establecen criterios generales para la resoluci髇 de futuras solicitudes.

2. La Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica debe elaborar una memoria anual de sus actividades, que debe ser presentada al Parlamento y al organismo evaluador al que se refiere el t韙ulo VIII.

V閍se D [CATALU袮] 111/2017, 18 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica (獶.O.G.C.� 20 julio).LE0000602043_20170720

Art韈ulo 45 Creaci髇 del registro

...

Art韈ulo 46 Principios generales

1. El Registro de grupos de inter閟 debe ser p鷅lico, y los datos que contenga deben estar disponibles mediante el r間imen de transparencia establecido por la presente ley.

2. El establecimiento y el funcionamiento del Registro deben respetar los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminaci髇.

3. La creaci髇 del Registro no puede impedir ni restringir el ejercicio de los derechos que legalmente corresponden a las autoridades o a los cargos p鷅licos o a los que son inherentes al mandato parlamentario o de los cargos electos.

Art韈ulo 47 Personas y actividades incluidas en el registro

1. Deben inscribirse en el registro de grupos de inter閟:

• a) Las personas y organizaciones que, independientemente de su forma o estatuto jur韉ico, en inter閟 propio, de otras personas o de organizaciones realizan actividades susceptibles de influir en la elaboraci髇 de leyes, normas con rango de ley o disposiciones generales o en la elaboraci髇 y aplicaci髇 de las pol韙icas p鷅licas.
• b) […]

Art韈ulo 48 Personas y actividades excluidas del Registro

Quedan excluidas del Registro de grupos de inter閟 las actividades relativas a la prestaci髇 de asesoramiento jur韉ico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses afectados por procedimientos administrativos, las destinadas a informar a un cliente sobre una situaci髇 jur韉ica general, las actividades de conciliaci髇 o mediaci髇 realizadas en el marco de la ley, o las actividades de asesoramiento realizadas con finalidades informativas para el ejercicio de derechos o iniciativas establecidos por el ordenamiento jur韉ico.

Art韈ulo 49 Contenido del Registro

1. El Registro de grupos de inter閟 debe incluir:

• a) Una relaci髇, ordenada por categor韆s, de personas y organizaciones que act鷄n con el fin de influir en la elaboraci髇 y aplicaci髇 de las pol韙icas p鷅licas, y la sede de su organizaci髇.
• b) La informaci髇 que deben suministrar las personas y organizaciones a las que se refiere la letra a, especialmente con relaci髇 a las actividades que realizan, a su 醡bito de inter閟 y a su financiaci髇.
• c) Un c骴igo de conducta com鷑.
• d) El sistema de control y fiscalizaci髇, que debe establecer los mecanismos de denuncia de aplicaci髇 en el caso de incumplimiento de lo establecido por la presente ley o el c骴igo de conducta al que se refiere la letra c.

2. El Registro debe dar publicidad de las actuaciones de los grupos de inter閟, especialmente de las reuniones y audiencias celebradas con autoridades, cargos p鷅licos, miembros electos o diputados, y de las comunicaciones, los informes y otras contribuciones con relaci髇 a las materias tratadas.

Art韈ulo 50 Obligaciones de los declarantes

1. La inscripci髇 en el Registro de grupos de inter閟 conlleva las siguientes obligaciones:

• a) Aceptar que la informaci髇 proporcionada se haga p鷅lica.
• b) Garantizar que la informaci髇 proporcionada es completa, correcta y fidedigna.
• c) Cumplir el c骴igo de conducta.
• d) Aceptar la aplicaci髇 del r間imen de control y fiscalizaci髇 y las medidas correspondientes, en caso de incumplimiento del c骴igo de conducta o de lo establecido por la presente ley.

2. Los declarantes deben informar a las instituciones de las actividades que realizan, de los clientes, personas u organizaciones para los que trabajan y de las cantidades econ髆icas que reciben, en su caso, y los gastos relacionados con su actividad como grupo de inter閟.

Art韈ulo 51 Contenido m韓imo del c骴igo de conducta

El c骴igo de conducta al que se refiere el art韈ulo 49.1.c debe incluir, como m韓imo:

• a) El nombre y los datos del declarante que lo suscribe.
• b) La entidad u organizaci髇 que representa o por la que trabaja el declarante, y los intereses, objetivos o finalidades que persiguen sus clientes.
• c) El compromiso del declarante de no obtener ni tratar de obtener la informaci髇 o influir en la toma de decisiones de forma deshonesta.
• d) El compromiso del declarante de proporcionar informaci髇 actualizada y no enga駉sa en el momento de la inscripci髇 en el Registro y de mantenerla actualizada posteriormente.
• e) El compromiso de no incitar, por ning鷑 medio, a autoridades, cargos p鷅licos, diputados o funcionarios a infringir la ley o las reglas de comportamiento establecidas por el c骴igo de conducta.
• f) El compromiso de aceptar y cumplir las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley o por el c骴igo de conducta.

Art韈ulo 52 Medidas de aplicaci髇 en caso de incumplimiento

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley o por el c骴igo de conducta puede dar lugar a la suspensi髇 temporal de la inscripci髇 en el Registro de grupos de inter閟 o, si el incumplimiento es grave, a la cancelaci髇 de la inscripci髇.

2. La suspensi髇 y la cancelaci髇 de la inscripci髇 en el Registro conllevan la denegaci髇 de acceso a las oficinas y los servicios de las instituciones y los organismos p鷅licos de las personas afectadas y, en su caso, de las organizaciones a las que pertenecen y la publicaci髇 de la sanci髇 en el Registro.

3. Cualquier persona est� legitimada para presentar una denuncia fundamentada en hechos materiales, si sospecha que las personas o las organizaciones comprendidas en este t韙ulo incumplen las obligaciones establecidas por la Ley o por el c骴igo de conducta.

4. El procedimiento de tramitaci髇 de las denuncias y de investigaci髇 debe ser realizado por los responsables del Registro y debe garantizar la audiencia del afectado.

Art韈ulo 53 Desarrollo normativo de este t韙ulo

La clasificaci髇 de las personas y las organizaciones que deben inscribirse en el Registro de grupos de inter閟, la informaci髇 requerida a los declarantes, el contenido detallado del c骴igo de conducta y el procedimiento de investigaci髇 y tramitaci髇 de las denuncias debe ser regulado por reglamento.

Art韈ulo 54 羗bito de aplicaci髇

1. Las disposiciones del presente cap韙ulo son aplicables a los altos cargos de la Administraci髇 de la Generalidad, de la Administraci髇 local y de los dem醩 organismos e instituciones p鷅licas incluidos en el art韈ulo 3.1.

2. A los efectos del presente t韙ulo, tienen la consideraci髇 de altos cargos las personas que determina el art韈ulo 4.2.

Art韈ulo 55 Principios de actuaci髇

1. Los altos cargos deben actuar de acuerdo con los siguientes principios 閠icos y reglas de conducta:

• a) El respeto a la Constituci髇, el Estatuto de autonom韆 y el principio de legalidad.
• b) El respeto y la protecci髇 a los derechos fundamentales y las libertades p鷅licas y a los derechos estatutarios.
• c) La transparencia de las actividades oficiales, de los actos y decisiones relacionados con la gesti髇 de los asuntos p鷅licos que tienen encomendados y de su agenda oficial, a efectos de publicidad del Registro de grupos de inter閟, establecido por el t韙ulo IV.
• d) La imparcialidad en la toma de decisiones, con garant韆 de las condiciones necesarias para una actuaci髇 independiente y no condicionada por conflictos de intereses.
• e) La igualdad de trato de todas las personas, evitando cualquier tipo de discriminaci髇 y arbitrariedad en la toma de decisiones.
• f) El ajuste de la gesti髇 y la aplicaci髇 de los recursos p鷅licos a la legalidad presupuestaria y a los fines para los que se han concebido.
• g) La rendici髇 de cuentas y la responsabilidad por las actuaciones propias y de los 髍ganos que dirigen.
• h) El ejercicio del cargo con dedicaci髇 absoluta, de acuerdo con lo establecido por la legislaci髇 sobre incompatibilidades.
• i) El ejercicio del cargo en beneficio exclusivo de los intereses p鷅licos, sin realizar ninguna actividad que pueda entrar en conflicto.
• j) La utilizaci髇 de la informaci髇 a la que tienen acceso por raz髇 del cargo en beneficio del inter閟 p鷅lico, sin obtener ninguna ventaja propia ni ajena.
• k) El compromiso general y directo por la calidad de los servicios bajo su responsabilidad y el cumplimiento de los derechos de los usuarios.
• l) La buena fe.
• m) La exclusi髇 de cualquier obsequio de valor, favor o servicio que se les pueda ofrecer por raz髇 de su cargo o que pueda comprometer la ejecuci髇 de sus funciones.
• n) El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de su competencia cuando concurra alguno de los supuestos de abstenci髇 que establece la Ley.
• o) Mantener la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos por raz髇 del ejercicio de sus competencias.

2. Las administraciones y los organismos comprendidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley deben incluir, en los pliegos de cl醬sulas contractuales y en las bases de convocatoria de subvenciones o ayudas, los principios 閠icos y las reglas de conducta a los que deben adecuar su actividad los contratistas y las personas beneficiarias, y deben determinar los efectos de un eventual incumplimiento de dichos principios.

3. El Gobierno, los entes locales y los dem醩 organismos e instituciones p鷅licas incluidos en el art韈ulo 3.1 deben elaborar un c骴igo de conducta de sus altos cargos que concrete y desarrolle los principios de actuaci髇 a los que se refiere el apartado 1, establezca otros adicionales, en su caso, y determine las consecuencias de incumplirlos, sin perjuicio del r間imen sancionador establecido por la presente ley.

V閍se Acuerdo [CATALU袮] GOV/82/2016, 21 junio, por el que se aprueba el C骴igo de conducta de los altos cargos y personal directivo de la Administraci髇 de la Generalidad y de las entidades de su sector p鷅lico, y otras medidas en materia de transparencia, grupos de inter閟 y 閠ica p鷅lica (獶.O.G.C.� 23 junio).LE0000577708_20211223

Art韈ulo 56 Incompatibilidades y declaraciones

1. Los altos cargos est醤 sujetos al r間imen de incompatibilidades y a las obligaciones de declaraci髇 de actividades, de bienes patrimoniales y de intereses establecidos por la legislaci髇 espec韋ica.

2. El Registro de declaraciones de actividades es p鷅lico. El acceso a los registros de las declaraciones de los bienes patrimoniales y de intereses se rige por su normativa espec韋ica, sin cuyo perjuicio debe hacerse p鷅lica una declaraci髇 que indique la situaci髇 patrimonial de los altos cargos, que no debe incluir los datos de localizaci髇 ni los que sean necesarios para salvaguardar la privacidad y seguridad de los titulares.

Art韈ulo 57 Publicidad de las condiciones de acceso

1. La Administraci髇, las instituciones p鷅licas y los organismos incluidos en el art韈ulo 3.1 deben dar a conocer los criterios de acuerdo con los que se designa a una persona para que ocupe un alto cargo. A tal efecto, deben hacer p鷅lico el curr韈ulum con los m閞itos profesionales y t閏nicos de la persona nombrada.

2. Los nombramientos de altos cargos deben realizarse atendiendo a criterios de competencia profesional, entre personas con cualificaci髇 y experiencia en puestos de responsabilidad en la gesti髇 p鷅lica o privada.

Art韈ulo 58 Principios generales

Las personas tienen derecho a una buena Administraci髇, y al acceso y uso de unos servicios p鷅licos de calidad reconocidos, con car醕ter general, por la legislaci髇 de r間imen jur韉ico y procedimiento de las administraciones p鷅licas de Catalu馻 y, espec韋icamente, por las leyes reguladoras de las distintas actividades p鷅licas.

Art韈ulo 59 Sistemas de gesti髇 de la calidad de los servicios p鷅licos

1. La Administraci髇 p鷅lica debe garantizar que los servicios de su competencia se prestan en condiciones m韓imas y razonables de calidad, y debe incluir cartas de servicio en el marco regulador de los servicios p鷅licos finalistas que gestiona directamente.

V閍se Res. 4 noviembre 2024, por la que se aprueba la Carta de servicios de la Autoridad Catalana de Protecci髇 de Datos (獶.O.G.C.� 12 noviembre).LE0000937279_20241112

V閍se Res. IFE/2543/2024, 3 julio, por la que se aprueba la Carta de servicios de la Direcci髇 General de Cuidados, Ordenaci髇 del Tiempo y Equidad en los Trabajos del Departamento de Igualdad y Feminismos (獶.O.G.C.� 12 julio).LE0000928518_20240801

V閍se Res. IFE/1749/2024, 15 mayo, por la que se aprueba la Carta de servicios del servicio de denuncias por discriminaci髇 de la Oficina de Igualdad de Trato y No discriminaci髇 del Departamento de Igualdad y Feminismos (獶.O.G.C.� 22 mayo).LE0000920892_20240611

2. En el caso de los servicios que se prestan a trav閟 de redes, pueden aprobarse cartas base de los servicios que fijen los est醤dares m韓imos de calidad de servicio comunes a todos los centros que la integran. A los efectos de esta ley se entiende por red el conjunto de dos o m醩 unidades que prestan un mismo servicio en r間imen de descentralizaci髇 funcional o desconcentraci髇.

3. La existencia de cartas base no excluye que puedan aprobarse cartas propias de uno o algunos centros de la red a fin de declarar est醤dares de calidad m醩 exigentes que los establecidos en la carta base.

4. Las cartas de servicio deben tener, como m韓imo, el siguiente contenido:

• a) La organizaci髇 del servicio.
• b) La identificaci髇 de los responsables de la gesti髇.
• c) La relaci髇 de servicios que se prestan.
• d) Los est醤dares m韓imos de calidad del servicio desglosados, en su caso, por categor韆s de prestaciones, y los indicadores para evaluar su aplicaci髇.
• e) Las condiciones de acceso a los servicios.
• f) Las medidas de reparaci髇 o correcci髇 en caso de incumplimiento de los est醤dares m韓imos establecidos en las cartas.
• g) Los derechos y deberes de los usuarios.
• h) El r間imen econ髆ico aplicable, con indicaci髇 de las tasas y los precios p鷅licos que sean aplicables, en su caso.
• i) La forma que tienen los usuarios de los servicios de presentar quejas y sugerencias.
• j) Las v韆s que pueden utilizar los usuarios para obtener informaci髇 y orientaci髇 con relaci髇 al servicio p鷅lico.

5. Los est醤dares m韓imos de calidad declarados en las cartas de servicio son exigibles para la Administraci髇 cuando el servicio se presta en las condiciones normales para las que se establecieron y sin perturbaciones ajenas que alteren su funcionamiento. Si concurren razones excepcionales sobrevenidas que afecten a su funcionamiento de manera extraordinaria, pueden suspenderse temporalmente uno o algunos de los est醤dares m韓imos de calidad declarados en la carta y los derechos directamente derivados de esta. En el 醡bito de la Administraci髇 de la Generalidad, la suspensi髇 se hace efectiva mediante resoluci髇 motivada del titular del departamento o departamentos que aprobaron la carta. La resoluci髇 de suspensi髇 debe determinar la causa que la motiva, el alcance y las consecuencias de la suspensi髇. La duraci髇 de la suspensi髇 en ning鷑 caso puede extenderse m醩 all� de la causa excepcional que la motiva y, en su caso, del plazo estrictamente necesario para remover los obst醕ulos o afectaciones ocasionados.

6. En el 醡bito de la Administraci髇 de la Generalidad y su sector p鷅lico institucional, las cartas de servicios se aprueban por resoluci髇 de los titulares de los departamentos competentes de los servicios objeto de las cartas, previo informe favorable de la unidad departamental competente en materia de calidad. Los consejos comarcales, los municipios de gran poblaci髇 y los consejos de veguer韆 deben aprobar las cartas de los servicios de competencia municipal que gestionen, de acuerdo con lo que determina la legislaci髇 de r間imen local. Las cartas de servicio y sus actualizaciones entran en vigor a partir de su publicaci髇 en los correspondientes diarios oficiales.

7. En el 醡bito de los servicios p鷅licos prestados mediante gesti髇 indirecta, el aseguramiento de la calidad del servicio se hace efectivo a trav閟 de los mecanismos concretos de control de la ejecuci髇 que establece la legislaci髇 aplicable con relaci髇 a los medios de control y garant韆 de la calidad.

LE0000664459_20240315Art韈ulo 59 redactado por el n鷐ero 1 del art韈ulo 179 de la Ley 5/2020, 29 abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico y de creaci髇 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (獶.O.G.C.� 30 abril); Correcci髇 de erratas (獶.O.G.C.� 18 mayo 2020).Vigencia: 1 mayo 2020

V閍se Res. ECO/3432/2023, 10 octubre, por la que se aprueba la Carta de servicios del servicio de informaci髇, soporte y asistencia a la ciudadan韆 de la Agencia Tributaria de Catalu馻 (獶.O.G.C.� 17 octubre).LE0000774457_20231017

V閍se Acuerdo GOV/174/2023,�29燼gosto, por el que se aprueba el Marco corporativo de gesti髇 de la calidad de los servicios p鷅licos de la competencia de la Administraci髇 de la Generalitat de Catalunya y su sector p鷅lico institucional (獶.O.G.C.� 31 agosto).LE0000771006_20230920

Art韈ulo 60 Evaluaci髇 permanente de los servicios p鷅licos

1. Los usuarios tienen el derecho a ser consultados peri骴icamente y de forma regular sobre su grado de satisfacci髇 en cuanto a los servicios p鷅licos y las actividades gestionadas por la Administraci髇 p鷅lica.

2. La Administraci髇 responsable del servicio objeto de consulta debe establecer los indicadores de acuerdo con los que deben elaborarse las encuestas y la periodicidad de las consultas.

3. Las consultas a las que se refiere el presente art韈ulo deben realizarse preferentemente a los usuarios del servicio, sin perjuicio de que puedan tener alcance general en el caso de los servicios b醩icos, garantizando siempre el anonimato de los participantes.

4. El instrumento que debe utilizarse con car醕ter general para realizar la encuesta a la que se refiere el presente art韈ulo y para recibir las opiniones de los usuarios es el Portal de la Transparencia. A tal efecto, el Portal debe contener un espacio espec韋ico, al que debe darse publicidad en general y, espec韋icamente, en los centros y espacios donde se presta el servicio. El Portal de la Transparencia debe publicar el resultado de las encuestas.

Art韈ulo 61 Derecho a formular propuestas y sugerencias

1. Los ciudadanos tienen el derecho a realizar propuestas de actuaci髇 o mejora y sugerencias con relaci髇 al funcionamiento de los servicios p鷅licos.

2. Las propuestas y sugerencias pueden formularse mediante el Portal de la Transparencia, con el correspondiente mecanismo de interacci髇 vinculado al cat醠ogo de los servicios p鷅licos al que se refiere el art韈ulo 9.1.j, o por cualquier otro medio que escojan los ciudadanos.

3. La Administraci髇 p鷅lica debe dar a conocer de forma anonimizada las propuestas y sugerencias recibidas, y debe reconocer y hacer p鷅licas las iniciativas ciudadanas cuya aplicaci髇 conlleve una mejora sustancial de los servicios p鷅licos.

Art韈ulo 62 Principios generales

1. La Administraci髇 p鷅lica debe ejercer la iniciativa normativa de forma que el marco normativo resultante sea previsible, lo m醩 estable posible y f醕il de conocer y comprender para los ciudadanos y los agentes sociales.

2. La iniciativa normativa solamente debe promoverse si existe una causa de inter閟 general que lo justifique.

3. Las iniciativas normativas deben referirse a finalidades o sectores materiales homog閚eos, y deben ser claras y coherentes con el resto del ordenamiento jur韉ico.

4. Las iniciativas normativas deben dar prioridad a las medidas menos restrictivas para los derechos de las personas, siempre que permitan obtener el mismo resultado para el inter閟 general.

5. Los principios regulados por el presente art韈ulo son aplicables al ejercicio de la potestad reglamentaria, a las normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno y a la elaboraci髇 de proyectos de ley.

Art韈ulo 63 Simplificaci髇 y consolidaci髇 normativa

1. La Administraci髇 p鷅lica debe ejercer la iniciativa legislativa de forma que la aprobaci髇 de una nueva norma conlleve, como regla general, una simplificaci髇 del ordenamiento jur韉ico vigente.

V閍se Acuerdo [CATALU袮] GOV/114/2016, 2 agosto, por el que se aprueba el Plan de simplificaci髇 normativa 2016-2017 (獶.O.G.C.� 5 agosto).LE0000580479_20160806

2. La Administraci髇, para facilitar el conocimiento del derecho vigente, debe elaborar textos consolidados de las normas cuando se hayan modificado. Los textos consolidados tienen valor informativo y deben indicar claramente su naturaleza y qu� normas consolidan.

Art韈ulo 64 Mejora de la regulaci髇

1. La Administraci髇 p鷅lica, para la elaboraci髇 de las memorias de evaluaci髇 e impacto que pueden producir las normas, debe utilizar los instrumentos de an醠isis m醩 adecuados para evaluar los efectos de la nueva regulaci髇 y evitar que se generen obligaciones o gastos innecesarios o desproporcionados con respecto a los objetivos de inter閟 general que se pretenden alcanzar.

2. La Administraci髇 p鷅lica debe desarrollar mecanismos para evaluar la aplicaci髇 de las normas, para verificar su grado de cumplimiento, su necesidad y su actualidad y, en su caso, la conveniencia de modificarlas por raz髇 de nuevas necesidades econ髆icas o sociales sobrevenidas.

3. Debe garantizarse la participaci髇 de los ciudadanos en la elaboraci髇 de las memorias de evaluaci髇 e impacto, as� como en el proceso para evaluar la aplicaci髇 de las normas.

4. La Administraci髇 p鷅lica puede promover pruebas piloto previas a la aprobaci髇 de las nuevas medidas reguladoras para verificar su idoneidad. Estas pruebas piloto deben aplicarse mediante convenios suscritos con las entidades representativas de los sectores afectados, con los efectos y condiciones que determine el convenio.

Art韈ulo 65 Principios e impulso del gobierno abierto

1. El gobierno abierto se fundamenta en los siguientes principios:

• a) El di醠ogo permanente entre la Administraci髇 p鷅lica y los ciudadanos.
• b) La toma de decisiones p鷅licas teniendo en cuenta las necesidades y preferencias manifestadas por los ciudadanos.
• c) La participaci髇 y colaboraci髇 ciudadana en la definici髇 de las pol韙icas p鷅licas m醩 relevantes, de car醕ter general y sectorial.
• d) La transparencia y la informaci髇 p鷅lica como marco de referencia para hacer posible la efectividad del gobierno abierto.
• e) La mejora continua de la calidad de los servicios.
• f) La evaluaci髇 permanente de la gesti髇 administrativa y de los procesos de participaci髇, mediante indicadores objetivos en cuyo establecimiento es necesario garantizar la participaci髇 de expertos independientes y de los ciudadanos.
• g) La rendici髇 de cuentas y la asunci髇 de responsabilidad ante los ciudadanos derivada de las decisiones adoptadas.

2. La Administraci髇 p鷅lica debe impulsar el gobierno abierto mediante mecanismos e instrumentos que permitan la interrelaci髇 con los ciudadanos, preferentemente con el uso de medios electr髇icos y las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇.

Art韈ulo 66 Medidas de fomento del gobierno abierto

1. Los ciudadanos pueden intervenir, de forma individual o colectiva, mediante entidades de car醕ter representativo, en la definici髇 y la aplicaci髇 de las pol韙icas p鷅licas.

2. La Administraci髇 p鷅lica debe fomentar la participaci髇 y colaboraci髇 ciudadanas en la toma de decisiones p鷅licas y en el seguimiento y la evaluaci髇 de la aplicaci髇 de dichas decisiones.

3. Los instrumentos y formas de participaci髇 y colaboraci髇 ciudadanas deben darse a conocer mediante el Portal de la Transparencia y los dem醩 canales de difusi髇 para permitir que su conocimiento sea lo m醩 generalizado posible.

4. Los instrumentos de participaci髇 y colaboraci髇 deben dirigirse al conjunto de la ciudadan韆, y la Administraci髇 debe poner a su disposici髇 las herramientas de formaci髇 pertinentes para que pueda dominar su uso. Tambi閚 pueden destinarse a los sectores de la ciudadan韆 y de entidades directamente afectados por las pol韙icas p鷅licas.

Art韈ulo 67 Garant韆s para la efectividad del gobierno abierto

1. El gobierno abierto permite a los ciudadanos y a las entidades, con car醕ter general, hacer llegar a la Administraci髇 p鷅lica propuestas, sugerencias y opiniones sobre cualquier asunto de su competencia. La Administraci髇 tiene la obligaci髇 de darles una respuesta motivada.

2. La Administraci髇 p鷅lica debe establecer procedimientos de participaci髇 y colaboraci髇 ciudadana en la elaboraci髇 de planes y programas de car醕ter general y en la definici髇 de las pol韙icas p鷅licas m醩 relevantes.

3. En los supuestos a los que se refiere el apartado 2, la Administraci髇 debe cumplir las siguientes obligaciones:

• a) Dar informaci髇, con suficiente antelaci髇, sobre las propuestas sometidas a la consideraci髇 de los ciudadanos.
• b) Suministrar de forma adecuada, sistem醫ica y comprensible la informaci髇 relativa a las propuestas que sea necesaria para poderlas valorar adecuadamente.
• c) Valorar el resultado del proceso participativo en el momento de la toma de decisi髇.
• d) Informar a los ciudadanos que han participado en el proceso sobre las decisiones adoptadas y los motivos que las justifican.

4. Quedan excluidas del 醡bito de aplicaci髇 de los apartados 2 y 3 las siguientes actuaciones:

• a) Las que se tramitan o se aprueban con car醕ter de urgencia.
• b) Las que tienen como 鷑ico objetivo la seguridad p鷅lica.
• c) Las que pueden dar lugar a la aplicaci髇 de los l韒ites de acceso a la informaci髇 p鷅lica establecidos por la presente ley.

Art韈ulo 68 Instrumentos de participaci髇 y colaboraci髇 ciudadanas

Los procedimientos de participaci髇 y colaboraci髇 ciudadanas son los establecidos, con car醕ter general, por la legislaci髇 de r間imen jur韉ico y procedimiento administrativo, por la legislaci髇 de r間imen local y por la normativa sobre participaci髇 ciudadana, sin perjuicio de los que puedan establecerse por ley, con car醕ter espec韋ico, con relaci髇 a una determinada actuaci髇 o decisi髇 pol韙ica.

Art韈ulo 69 Participaci髇 ciudadana en la elaboraci髇 de las normas

1. Las personas tienen el derecho a participar, mediante la presentaci髇 de propuestas y sugerencias, en las iniciativas normativas que promueve la Administraci髇 p鷅lica. Este derecho puede ejercerse con relaci髇 a las iniciativas normativas en que, por su importancia o por la materia que regulan, la Administraci髇 p鷅lica considera pertinente abrir este proceso participativo desde el inicio de la tramitaci髇 del procedimiento administrativo.

2. Los 髍ganos encargados de tramitar el procedimiento administrativo, para facilitar la participaci髇 ciudadana, deben publicar en el Portal de la Transparencia la iniciaci髇 de la tramitaci髇, la versi髇 inicial del proyecto normativo y la documentaci髇 complementaria que la acompa馻, y deben dar informaci髇 sobre el estado de la tramitaci髇. Siempre que sea posible debe incentivarse la participaci髇 ciudadana mediante la comunicaci髇 a las entidades representativas de los colectivos directamente afectados por la iniciativa.

3. Las personas pueden remitir sus propuestas y sugerencias con relaci髇 a las iniciativas normativas que corresponda antes del tr醡ite de audiencia e informaci髇 p鷅lica. El solo hecho de participar en una iniciativa normativa no atribuye a los ciudadanos la condici髇 de interesados, pero la Administraci髇 debe realizar una valoraci髇 general de las contribuciones, que debe publicarse en el Portal de la Transparencia.

4. Lo establecido por el presente art韈ulo se entiende sin perjuicio de los tr醡ites de audiencia y de informaci髇 p鷅lica determinados por la legislaci髇 de r間imen jur韉ico y de procedimiento administrativo y la legislaci髇 de r間imen local.

Art韈ulo 70 Derecho a proponer iniciativas normativas

1. Las personas legitimadas para promover la iniciativa legislativa popular tienen el derecho a presentar a la Administraci髇 p鷅lica propuestas de iniciativa normativa de car醕ter reglamentario.

2. Las propuestas deben referirse 韓tegramente a competencias de la Administraci髇 p鷅lica a la que se dirigen, y no pueden corresponder a materias excluidas por la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular.

3. Las propuestas deben cumplir los requisitos que se establezcan por reglamento y tener el apoyo de, como m韓imo, quince mil firmas para las iniciativas que se presentan ante la Administraci髇 de la Generalidad. Las que se presentan ante la Administraci髇 local se rigen por su legislaci髇 espec韋ica.

4. El 髍gano competente para iniciar el procedimiento administrativo debe valorar la propuesta en lo que se refiere a la necesidad de la norma, los costes que conllevar韆, la oportunidad de la regulaci髇 para el inter閟 p鷅lico y los efectos que producir韆 sobre el sector y los intereses concernidos, y debe adoptar una decisi髇 en el plazo de tres meses. Si en este plazo no se adopta y notifica la resoluci髇, la propuesta debe entenderse desestimada por silencio administrativo.

5. La resoluci髇 debe exponer los motivos por los que la propuesta es aceptada o rechazada, y debe ser comunicada a los proponentes.

6. La decisi髇 sobre la propuesta solamente puede ser objeto de recurso fundamentado en la vulneraci髇 de los elementos reglados aplicables al ejercicio del derecho, pero no en lo que concierne a la oportunidad de la decisi髇 de iniciar o no la tramitaci髇 de la iniciativa.

Art韈ulo 71 Recursos

1. Contra los actos de la Administraci髇 p鷅lica que vulneran los derechos reconocidos por la presente ley pueden interponerse los recursos administrativos establecidos por la legislaci髇 de Catalu馻 sobre r間imen jur韉ico y procedimiento administrativo y por la legislaci髇 local aplicable a los entes locales.

2. Tambi閚 pueden interponerse recursos contra las omisiones imputables a la Administraci髇 p鷅lica que conllevan el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley. Al efecto de recurso, la omisi髇 se imputa al 髍gano responsable del cumplimiento de la obligaci髇.

3. Los recursos de alzada, en el caso de actos u omisiones imputables a 髍ganos que, por su naturaleza, no ponen fin a la v韆 administrativa, deben interponerse ante el titular del departamento competente en materia de Administraci髇 p鷅lica.

4. Contra los actos que ponen fin a la v韆 administrativa o que resuelven los recursos administrativos puede interponerse recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo establecido por la legislaci髇 reguladora de la jurisdicci髇 contenciosa-administrativa.

Art韈ulo 72 Reclamaciones con relaci髇 al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica

1. Las resoluciones expresas o presuntas dictadas con relaci髇 al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica pueden ser objeto de reclamaci髇, en los t閞minos que establece el cap韙ulo IV del t韙ulo III.

2. Los actos dictados por la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica son impugnables en v韆 contenciosa-administrativa.

Art韈ulo 73 Reclamaciones contra actuaciones u omisiones de entidades de derecho p鷅lico, sociedades y fundaciones p鷅licas y consorcios

1. Contra los actos y omisiones de las entidades y organismos de derecho p鷅lico, las sociedades y fundaciones p鷅licas y los consorcios a los que se refiere el art韈ulo 3.1.b realizados en el ejercicio de funciones p鷅licas o sometidos a tutela administrativa, puede formularse una reclamaci髇 directamente ante el 髍gano competente bajo cuya autoridad se ejerce la actividad.

2. La reclamaci髇 se debe resolver y notificar en el plazo de tres meses, y la resoluci髇 agota la v韆 administrativa.

3. En el caso de actos u omisiones que afectan al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica, debe aplicarse lo establecido por el cap韙ulo IV del t韙ulo III.

Art韈ulo 74 Reclamaciones contra actuaciones u omisiones de otros organismos p鷅licos

1. Contra los actos y omisiones de las instituciones y organismos incluidos en el art韈ulo 3.1.b y c, salvo a los que se refiere el art韈ulo 73, pueden interponerse los recursos o las reclamaciones que determinan sus respectivas normas reguladoras.

2. Si la normativa a la que se refiere el apartado 1 no lo determina, puede formularse una reclamaci髇 ante el 髍gano superior responsable de la instituci髇 o el organismo y, una vez agotada esta v韆, un recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo establecido por la ley reguladora de la jurisdicci髇 contenciosa-administrativa. El plazo para formular la reclamaci髇 inicial y para resolverla es el establecido por la legislaci髇 de r間imen jur韉ico y de procedimiento administrativo para el recurso de alzada.

3. En el caso de actos u omisiones que afectan el derecho de acceso a la informaci� p鷅lica, puede aplicarse el sistema de garant韆s establecido por el cap韙ulo IV del t韙ulo III si las instituciones y los organismos a los que se refiere el presente art韈ulo y la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica lo establecen por convenio.

Art韈ulo 75 Actuaci髇 del S韓dic de Greuges, de la Sindicatura de Cuentas y de la Oficina Antifraude de Catalu馻

1. El S韓dic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Catalu馻 deben velar por el cumplimiento de las obligaciones y los derechos establecidos por la presente ley, de acuerdo con las funciones que tienen atribuidas.

2. Sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos expresos o presuntos que impidan o limiten, total o parcialmente, los derechos reconocidos por la presente ley o las omisiones producidas derivadas de obligaciones establecidas por la Administraci髇 p鷅lica, las personas afectadas pueden dirigir una queja al S韓dic de Greuges o dirigirse a la Oficina Antifraude de Catalu馻, de acuerdo con lo que determinan las leyes reguladoras de dichas instituciones.

3. La intervenci髇 del S韓dic de Greuges o de la Oficina Antifraude no suspende los plazos para la interposici髇 de los recursos o reclamaciones administrativos o contencioso-administrativos procedentes.

Art韈ulo 76 Principios generales

1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por la presente ley por parte de las personas responsables conlleva la aplicaci髇 del r間imen sancionador regulado por este cap韙ulo.

2. El r間imen sancionador del presente cap韙ulo no se aplica si los hechos pueden ser constitutivos de infracci髇 penal y tampoco si, de acuerdo con la ley, puede ser aplicable otro r間imen de responsabilidad administrativa o de naturaleza jurisdiccional, siempre que se d� tambi閚 identidad de sujeto y fundamento.

3. En todo aquello no determinado por el presente cap韙ulo son de aplicaci髇 los principios y reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador, establecidos por la legislaci髇 b醩ica y por la legislaci髇 de la Generalidad en materia de r間imen jur韉ico y procedimiento administrativo com鷑.

Art韈ulo 77 Infracciones muy graves

1. Son infracciones muy graves en materia de transparencia:

• a) Incumplir las obligaciones y los deberes de publicidad establecidos por los cap韙ulos II y III del t韙ulo II aplicando de forma manifiestamente injustificada los l韒ites a los que se refiere el art韈ulo 7.
• b) Incumplir, las personas f韘icas o jur韉icas, las obligaciones a las que quedan sujetas de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 3.2 y 4.

2. Son infracciones muy graves con relaci髇 al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica:

• a) Dar informaci髇 parcial, u omitir o manipular informaci髇 relevante con el objetivo de influir en la formaci髇 de la opini髇 ciudadana.
• b) Impedir u obstaculizar deliberadamente el acceso a la informaci髇 en el caso de resoluci髇 estimatoria y en los casos establecidos por los art韈ulos 35.1 y 43.
• c) Facilitar informaci髇 relativa a los datos personales comprendidos en el art韈ulo 23 sin el consentimiento, expreso y por escrito, de las personas afectadas.
• d) Ocultar la existencia de informaci髇 p鷅lica para impedir su conocimiento y acceso.

3. Son infracciones muy graves en materia de buen gobierno:

• a) Tomar decisiones o adoptar medidas manifiestamente contrarias a la Constituci髇 o al Estatuto de autonom韆.
• b) Cometer actos u omisiones que vulneren el contenido esencial de los derechos y las libertades p鷅licas.
• c) Tomar decisiones, llevar a cabo actuaciones o cometer omisiones con finalidad discriminatoria, por raz髇 de cualquier circunstancia personal o social.
• d) Incumplir de forma p鷅lica y manifiesta las funciones inherentes al cargo.
• e) Incumplir los principios 閠icos y reglas de conducta a los que se refiere el art韈ulo 55.2.
• f) Incumplir, las personas y organizaciones que tienen la condici髇 de grupos de inter閟, las obligaciones establecidas por la presente ley o por el c骴igo de conducta que les sea de aplicaci髇, de acuerdo con lo que determina el t韙ulo IV.

Art韈ulo 78 Infracciones graves

1. Es una infracci髇 grave en materia de transparencia incumplir, total o parcialmente, los deberes y obligaciones establecidos por el t韙ulo II y los que establecen expresamente otras leyes, siempre que el incumplimiento no sea una infracci髇 muy grave.

2. Son infracciones graves con relaci髇 al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica:

• a) Dar informaci髇 incompleta o parcial, siempre que no est� justificado con el objeto de hacer compatible el derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica con otros derechos.
• b) Facilitar intencionadamente informaci髇 sometida a la aplicaci髇 de los l韒ites establecidos por la presente ley, salvo los mencionados por el art韈ulo 77.2.c, en perjuicio de terceros.
• c) Omitir el tr醡ite de audiencia de los terceros afectados por las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica, si los terceros est醤 claramente identificados.
• d) Desestimar sin motivaci髇 las solicitudes de acceso a la informaci髇 p鷅lica.
• e) Facilitar deliberadamente la informaci髇 en un formato o unas condiciones que impidan o dificulten manifiestamente su comprensi髇.
• f) Condicionar el acceso a la informaci髇 al pago de una contraprestaci髇 en los supuestos de acceso gratuito.
• g) Exigir una solicitud previa o la obtenci髇 de una licencia tipo para reutilizar la informaci髇 p鷅lica si este requisito no es exigible.
• h) Incumplir los plazos establecidos para facilitar la informaci髇 solicitada sin que exista una causa legal que lo justifique.
• i) No resolver las solicitudes de acceso a la informaci髇 de forma expresa y motivada dentro del plazo preceptivo.

3. Son infracciones graves en materia de buen gobierno:

• a) Adoptar acuerdos manifiestamente contrarios al ordenamiento jur韉ico con perjuicio grave para la Administraci髇, los interesados o los ciudadanos.
• b) Adoptar decisiones o intervenir en asuntos si existe el deber de abstenerse o si se dan las circunstancias legales de conflicto de intereses.
• c) No informar sobre los criterios seguidos para la designaci髇 de los altos cargos.
• d) Incumplir los requisitos establecidos por la ley para el nombramiento de los altos cargos.
• e) Rechazar sin motivaci髇 las propuestas de iniciativa normativa que cumplen los requisitos legales.
• f) Cometer actos u omisiones que vulneren los derechos y las libertades fundamentales y los derechos estatutarios, siempre que no constituyan una infracci髇 muy grave de acuerdo con el art韈ulo 77.3.b.
• g) Incumplir los principios de buena conducta establecidos por las leyes y los c骴igos de conducta, siempre que no constituyan una infracci髇 muy grave.

4. Son infracciones graves en materia de gobierno abierto:

• a) Suministrar informaci髇 parcial o incompleta sobre las propuestas sometidas a la consideraci髇 de los ciudadanos, de forma que ello pueda alterar el sentido o el resultado del proceso participativo.
• b) Suministrar la informaci髇 con la voluntad de dificultar su comprensi髇 o valoraci髇.
• c) No valorar el resultado del proceso participativo en la toma de la decisi髇 final.
• d) No aplicar mecanismos e instrumentos de gobierno abierto si son preceptivos por ley.

5. Es una infracci髇 grave no facilitar al S韓dic de Greuges la informaci髇 que ha solicitado de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 93.3. Se entiende que no se ha facilitado la informaci髇 si esta no se ha entregado en el plazo de seis meses desde la petici髇 formulada por el S韓dic de Greuges.

Art韈ulo 79 Infracciones leves

1. Son infracciones leves los actos y omisiones que constituyen descuido o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley y en la atenci髇 a los ciudadanos cuando ejercen los derechos que les garantiza la norma.

2. La reincidencia en la comisi髇 de infracciones leves en el plazo de dos a駉s conlleva la aplicaci髇 de las sanciones establecidas para las infracciones graves.

3. Es una infracci髇 leve demorar el env韔 de la informaci髇 solicitada por el S韓dic de Greuges de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 93.3. Se entiende que existe demora si la informaci髇 no se ha entregado en el plazo de tres meses desde la petici髇 formulada por el S韓dic de Greuges.

Art韈ulo 80 Sujetos responsables de las infracciones

1. Son responsables de las infracciones tipificadas por este cap韙ulo:

• a) Los altos cargos y el personal al servicio de la Administraci髇 y de las instituciones y los organismos p鷅licos a los que es aplicable la presente ley a los que es imputable una acci髇 u omisi髇 tipificada como infracci髇, de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
• b) Las personas f韘icas y jur韉icas a las que se refiere el art韈ulo 77.1.b y 3.e y f.

2. La Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica puede emitir informes con relaci髇 a los conflictos de atribuciones que puedan suscitarse a los efectos establecidos por el apartado 1, de acuerdo con el procedimiento que establece el reglamento de dicho 髍gano.

Art韈ulo 81 Sanciones aplicables a los altos cargos

1. Las sanciones que pueden aplicarse a los altos cargos son las siguientes:

• a) Por la comisi髇 de infracciones muy graves:
  • 1�. La destituci髇 del cargo.
  • 2�. Una multa entre 6.001 y 12.000 euros.
  • 3�. La p閞dida de la pensi髇 indemnizatoria a la que tengan derecho en el momento de cesar en el cargo.
  • 4�. La inhabilitaci髇 para ocupar un alto cargo durante un per韔do entre un a駉 y cinco a駉s.
• b) Por la comisi髇 de infracciones graves:
  • 1�. La suspensi髇 del ejercicio del cargo entre tres y seis meses.
  • 2�. Una multa entre 600 y 6.000 euros.
  • 3�. La p閞dida o reducci髇 de hasta el cincuenta por ciento de la pensi髇 indemnizatoria a la que puedan tener derecho en el momento de cesar en el cargo.
  • 4�. La inhabilitaci髇 para ocupar un alto cargo durante un per韔do m醲imo de un a駉.
• c) Por la comisi髇 de infracciones leves:
  • 1�. La amonestaci髇.
  • 2�. La declaraci髇 de incumplimiento con publicidad.

2. Para cada supuesto de infracci髇 puede imponerse una o m醩 de las sanciones establecidas por las letras correspondientes del apartado 1. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sanci髇 son los establecidos por la legislaci髇 de r間imen jur韉ico y procedimiento administrativo. Tambi閚 se valora la existencia de perjuicios para el inter閟 p鷅lico, la repercusi髇 de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, los da駉s econ髆icos o patrimoniales producidos.

3. No son aplicables a los altos cargos electos las sanciones establecidas por los apartados 1� y 4� de las letras a y b del apartado 1.

Art韈ulo 82 Sanciones aplicables al personal al servicio de las administraciones p鷅licas

1. Las sanciones aplicables al personal al servicio de las administraciones p鷅licas por la comisi髇 de infracciones tipificadas por la presente ley son las establecidas por la legislaci髇 de la funci髇 p鷅lica con relaci髇 a las faltas disciplinarias.

2. Si el supuesto de infracci髇 puede quedar incluido en alguna de las infracciones disciplinarias establecidas por la legislaci髇 de la funci髇 p鷅lica, se aplica esta 鷏tima legislaci髇.

Art韈ulo 83 Reg韒enes espec韋icos

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el art韈ulo 55.1.f, relativas a la gesti髇 y aplicaci髇 de los recursos p鷅licos, es de aplicaci髇 la normativa reguladora de la responsabilidad contable y, en su caso, la legislaci髇 espec韋ica reguladora de esta materia.

2. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades o declaraciones que deben realizar los altos cargos al servicio de la Generalidad es sancionado de acuerdo con el r間imen espec韋ico establecido por la legislaci髇 sobre el r間imen de incompatibilidades de los altos cargos.

Art韈ulo 84 Sanciones aplicables a otras personas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley

1. Las sanciones que pueden aplicarse a las personas f韘icas o jur韉icas que no tienen la condici髇 de altos cargos o de personal al servicio de las administraciones p鷅licas son las siguientes:

• a) Por la comisi髇 de infracciones muy graves:
  • 1�. Una multa entre 6.001 y 12.000 euros.
  • 2�. La suspensi髇 para poder contratar con la Administraci髇, durante un per韔do m醲imo de seis meses.
  • 3�. La inhabilitaci髇 para ser beneficiarios de ayudas p鷅licas, durante un per韔do entre un a駉 y cinco a駉s.
  • 4�. La cancelaci髇 definitiva de la inscripci髇 en el Registro de grupos de inter閟.
• b) Por la comisi髇 de infracciones graves:
  • 1�. Una multa entre 600 y 6.000 euros.
  • 2�. La inhabilitaci髇 para ser beneficiarios de ayudas p鷅licas, durante un per韔do m醲imo de un a駉.
  • 3�. La suspensi髇, durante un per韔do m醲imo de un a駉, de la inscripci髇 en el Registro de grupos de inter閟.
• c) Por la comisi髇 de infracciones leves:
  • 1�. La amonestaci髇.
  • 2�. La declaraci髇 de incumplimiento con publicidad.

2. Los criterios aplicables para determinar el alcance de la sanci髇 son los establecidos por la legislaci髇 de r間imen jur韉ico y procedimiento administrativo. Tambi閚 se valora la existencia de perjuicios para el inter閟 p鷅lico, la repercusi髇 de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, los da駉s econ髆icos o patrimoniales producidos.

3. La competencia para incoar, instruir y resolver el expediente sancionador corresponde al titular del departamento de la Generalidad competente en materia de Administraci髇 p鷅lica, al alcalde o presidente del ente local o a los cargos a los que se refiere el art韈ulo 86.e y f.

Art韈ulo 85 Procedimiento sancionador

1. El procedimiento sancionador de aplicaci髇 es el establecido por la legislaci髇 de r間imen jur韉ico y procedimiento aplicable a las administraciones p鷅licas.

2. El procedimiento sancionador por las infracciones tipificadas por la presente ley puede iniciarse de acuerdo con lo establecido por la normativa a la que se refiere el apartado 1.

3. En caso de denuncia, el 髍gano competente debe incoar el procedimiento sancionador si los hechos denunciados presentan indicios m韓imamente consistentes o cre韇les de infracci髇.

Art韈ulo 86 觬ganos competentes para ordenar la incoaci髇 del procedimiento sancionador

Son competentes para ordenar la incoaci髇 del procedimiento sancionador:

• a) El Gobierno, en el caso de altos cargos con la condici髇 de miembros del Gobierno, del secretario del Gobierno, del portavoz del Gobierno y de los secretarios generales.
• b) El titular del departamento competente en materia de Administraci髇 p鷅lica, en el caso de otros altos cargos.
• c) El alcalde o el presidente de los entes locales o el pleno, en el caso de altos cargos al servicio de la Administraci髇 local.
• d) Los 髍ganos competentes en materia de funci髇 p鷅lica, en el caso del personal al servicio de la Administraci髇.
• e) El rector, en el caso de las universidades p鷅licas.
• f) Los titulares o los 髍ganos rectores colegiados, en el caso de las instituciones y los organismos a los que se refiere el art韈ulo 3.1.b.

Art韈ulo 87 Incoaci髇 del procedimiento a instancia del S韓dic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el director de la Oficina Antifraude de Catalu馻

1. Si, en el ejercicio de sus funciones, el S韓dic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas o la Oficina Antifraude de Catalu馻 tienen conocimiento de hechos que pueden constituir una infracci髇 tipificada como muy grave o como grave por la presente ley, pueden instar a los 髍ganos competentes a los que se refiere el art韈ulo 86 a incoar el procedimiento sancionador.

2. Si el 髍gano competente decide no incoar el procedimiento, la resoluci髇 debe ser expresa y motivada.

Art韈ulo 88 Competencia para instruir el procedimiento sancionador

La competencia para instruir el procedimiento sancionador corresponde a los siguientes 髍ganos:

• a) El 髍gano del departamento competente en materia de Administraci髇 p鷅lica que se determine por reglamento, en caso de que el responsable de la infracci髇 sea un alto cargo.
• b) Los 髍ganos que determina la legislaci髇 de la funci髇 p鷅lica, en caso de que el responsable de la infracci髇 sea personal al servicio de la Administraci髇.
• c) El 髍gano que corresponda de acuerdo con la normativa de r間imen local, en el caso de infracciones cometidas en el 醡bito de la Administraci髇 local.
• d) Los 髍ganos correspondientes que se determine en el caso de las instituciones y organismos a los que se refiere el art韈ulo 3.1.b y c.

Art韈ulo 89 Competencia para resolver el procedimiento sancionador

1. El 髍gano competente para resolver los procedimientos sancionadores que afectan a los altos cargos a los que se refiere el art韈ulo 86.a es el Gobierno.

2. En el caso de los dem醩 altos cargos al servicio de la Generalidad, la resoluci髇 del expediente corresponde a un 髍gano colegiado integrado por la persona titular del departamento competente en materia de Administraci髇 p鷅lica, un representante de la Comisi髇 Jur韉ica Asesora y dos juristas de reconocido prestigio designados por el Parlamento de Catalu馻, no vinculados a ninguna Administraci髇 ni instituci髇 p鷅lica, salvo las universidades. Este 髍gano colegiado es designado al inicio de cada legislatura, ejerce sus funciones durante la misma y hasta nueva designaci髇, y puede solicitar informes a la Comisi髇 Jur韉ica Asesora.

3. Si el responsable de la infracci髇 es personal al servicio de la Administraci髇, se aplica lo establecido por la legislaci髇 de la funci髇 p鷅lica.

4. La competencia para resolver el procedimiento sancionador en el 醡bito local corresponde al pleno si se trata de altos cargos, y al 髍gano que corresponda de acuerdo con la legislaci髇 aplicable a los entes locales si se trata de personal al servicio de la Administraci髇 local.

5. En el caso de los altos cargos a los que se refiere el art韈ulo 86.a y de los cargos electos locales, la propuesta de sanci髇 o, en su caso, el archivo del expediente debe ser informado previamente por el 髍gano al que se refiere el apartado 2.

6. En el caso de las universidades p鷅licas, el 髍gano competente para resolver el procedimiento sancionador es el rector.

7. En el caso de las instituciones y organismos a los que se refiere el art韈ulo 3.1.b, el 髍gano competente para resolver el procedimiento sancionador es su titular o el 髍gano rector colegiado.

Art韈ulo 90 Prescripci髇 de las infracciones y sanciones

1. Las infracciones muy graves prescriben al cabo de tres a駉s; las infracciones graves, al cabo de dos a駉s, y las infracciones leves, al cabo de un a駉.

2. Las sanciones por la comisi髇 de infracciones muy graves prescriben al cabo de tres a駉s; por la comisi髇 de infracciones graves, al cabo de dos a駉s, y por la comisi髇 de infracciones leves, al cabo de un a駉.

Art韈ulo 90 bis Publicidad de las infracciones y sanciones

1. Las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas a los altos cargos de la Administraci髇 de la Generalidad y al personal directivo de su sector p鷅lico son p鷅licas.

2. A efectos de lo establecido por el apartado 1, la Administraci髇 de la Generalidad y las entidades de su sector p鷅lico deben publicar en el Portal de la Transparencia la parte dispositiva de las resoluciones firmes que ponen fin a los expedientes sancionadores incoados contra altos cargos de la Administraci髇 de la Generalidad y personal directivo de su sector p鷅lico con motivo de las infracciones cometidas reguladas por este cap韙ulo.

LE0000715872_20240412Art韈ulo 90 bis introducido por el n鷐ero�2 del art韈ulo 48 de la Ley 2/2021, 29 diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico (獶.O.G.C.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022

Art韈ulo 91 Evaluaci髇 de la Ley

Quedan sujetas a evaluaci髇 el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por el t韙ulo II, las disposiciones relativas al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica establecidas por el t韙ulo III, los deberes derivados del Registro de grupos de inter閟 regulado por el t韙ulo IV, las obligaciones y medidas de buen gobierno y gobierno abierto establecidas por los t韙ulos V y VI y la aplicaci髇 del sistema de garant韆s establecido por el t韙ulo VII.

Art韈ulo 92 Competencia para evaluar

1. La competencia para evaluar el cumplimiento de la presente ley, de acuerdo con lo que determina el art韈ulo 91, corresponde al S韓dic de Greuges.

2. El organismo evaluador debe establecer los indicadores objetivos que han de servir como referencia para realizar la tarea evaluadora.

3. La evaluaci髇 establecida por el presente art韈ulo se entiende sin perjuicio de la evaluaci髇 interna de la aplicaci髇 de las reglas sobre la transparencia a las que se refiere el art韈ulo 6.3.

Art韈ulo 93 Informes de evaluaci髇

1. El S韓dic de Greuges debe elaborar anualmente y presentar al Parlamento un informe general de evaluaci髇 de la aplicaci髇 de la presente ley. En el informe debe evaluarse de forma espec韋ica la aplicaci髇 del r間imen sancionador establecido por el cap韙ulo II del t韙ulo VII.

2. El S韓dic de Greuges puede elaborar informes espec韋icos de evaluaci髇 con relaci髇 a las entidades y los organismos incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley o en 醡bitos materiales concretos. Los informes espec韋icos deben ser entregados al Parlamento y, mientras se elaboren, debe darse audiencia a la entidad o el organismo afectado para que pueda presentar alegaciones, las cuales deben incorporarse al informe.

3. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones, las entidades y los organismos comprendidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley tienen el deber de colaborar con el S韓dic de Greuges en la elaboraci髇 de los informes de evaluaci髇.

4. La elaboraci髇 de los informes de evaluaci髇 debe realizarse, en su caso, de acuerdo con las directrices o el plan de trabajo que determine el Parlamento.

Art韈ulo 94 Medidas generales de aplicaci髇 de la Ley

1. La Administraci髇 de la Generalidad debe establecer un programa de apoyo a las entidades locales, especialmente a las que dispongan de menos recursos y capacidad t閏nica y operativa, para aplicar la presente ley. Este programa debe incluir apoyo econ髆ico y financiero, que debe consignarse anualmente a los Presupuestos de la Generalidad de Catalu馻, y asesoramiento tecnol骻ico y jur韉ico. La Administraci髇 de la Generalidad puede suscribir convenios de colaboraci髇 con las entidades locales de 醡bito supralocal y con las asociaciones representativas de los municipios para alcanzar la aplicaci髇 de la Ley en el 醡bito de los entes locales.

2. La Administraci髇 de la Generalidad debe prestar asesoramiento jur韉ico y tecnol骻ico a las entidades para las que la Ley establece unas obligaciones espec韋icas de transparencia para la percepci髇 de fondos p鷅licos. La Generalidad debe facilitar a estas entidades protocolos para el cumplimiento de dichas obligaciones. En las convocatorias de subvenciones o en los convenios suscritos pueden preverse medidas espec韋icas de apoyo econ髆ico o t閏nico para poder hacer efectivas estas obligaciones.

3. La Administraci髇 de la Generalidad debe prestar asesoramiento jur韉ico y tecnol骻ico al resto de instituciones y entidades obligadas por la presente Ley.

Art韈ulo 95 Plan estrat間ico

El Gobierno debe aprobar un plan estrat間ico para la aplicaci髇 de la presente ley y debe evaluar anualmente su grado de cumplimiento. Debe especificarse el calendario y el presupuesto que se imputa a cada objetivo a cumplir. Tanto el plan como la evaluaci髇 del grado de cumplimiento deben publicarse en el Portal de la Transparencia.

Primera Regulaciones especiales del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica

1. El acceso de los interesados a los documentos de los procedimientos administrativos en tr醡ite se rige por lo que determina la legislaci髇 sobre r間imen jur韉ico y procedimiento administrativo.

2. El acceso a la informaci髇 p鷅lica en las materias que tienen establecido un r間imen de acceso especial es regulado por su normativa espec韋ica y, con car醕ter supletorio, por la presente ley.

Segunda Plan de formaci髇

1. La Administraci髇 de la Generalidad debe elaborar y aprobar, en el plazo de tres meses desde la publicaci髇 de la presente ley, un programa espec韋ico de formaci髇 para los altos cargos y los dem醩 servidores p鷅licos y personas obligadas por esta ley, con relaci髇 a los derechos y las obligaciones establecidos por la misma.

2. La elaboraci髇 del programa al que se refiere el apartado 1 debe realizarse en colaboraci髇 con las entidades asociativas de los entes locales. El programa espec韋ico para las entidades no lucrativas debe realizarse en colaboraci髇 con las entidades de segundo y tercer nivel m醩 representativas del sector.

Tercera Portal de la Transparencia

El Portal de la Transparencia debe entrar en funcionamiento y estar en condiciones de plena operatividad en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

Cuarta Adaptaciones organizativas y de funcionamiento

Las administraciones, instituciones, entidades y organismos incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley deben promover y realizar las adaptaciones organizativas, procedimentales y de r間imen interno que sean necesarias para ajustar su actividad y cumplir lo establecido por la presente ley antes de que dicha norma entre en vigor.

Quinta R間imen espec韋ico del Parlamento de Catalu馻

1. El Parlamento de Catalu馻, de acuerdo con el principio de autonom韆 parlamentaria que le reconoce el art韈ulo 58.1 del Estatuto de autonom韆, debe realizar las modificaciones del Reglamento del Parlamento y de sus normas de r間imen y gobierno interiores que sean necesarias para cumplir los requerimientos establecidos por la presente ley.

2. Con la finalidad a la que se refiere el apartado 1, el Parlamento debe:

• a) Actualizar y ampliar los procedimientos de participaci髇 de los ciudadanos en el proceso de elaboraci髇 de las leyes, especialmente con la utizaci髇 de medios electr髇icos, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 29.4 del Estatuto.
• b) Establecer y regular un portal de transparencia propio.
• c) Facilitar el acceso a la documentaci髇 y la informaci髇 parlamentarias.
• d) Facilitar informaci髇 relativa al cumplimiento de las obligaciones de los diputados y de los altos cargos en materia de incompatibilidades, declaraciones de actividades y bienes y otras obligaciones y deberes relativos a su estatuto, as� como sobre sus retribuciones.
• e) Facilitar el acceso p鷅lico a los curr韈ulums de las personas propuestas para ocupar cargos p鷅licos cuyo nombramiento es competencia del Parlamento.
• f) Definir y desarrollar las reglas de buen gobierno y de gobierno abierto en el 醡bito parlamentario.
• g) Crear un registro de grupos de inter閟 propio.
• h) Establecer un sistema de garant韆s propio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este apartado, el cual debe incluir como m韓imo la creaci髇 de un 髍gano de reclamaci髇 inspirado en los principios establecidos por el cap韙ulo IV del t韙ulo III.

3. El Parlamento debe realizar las adaptaciones normativas pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido por el apartado 2 antes de la entrada en vigor de la presente ley. La regulaci髇 establecida por el Parlamento debe determinar las adaptaciones que sean necesarias derivadas de la naturaleza institucional del Parlamento, que en ning鷑 caso pueden conllevar un r間imen de garant韆 inferior a lo establecido por la presente ley.

4. El Parlamento debe establecer un procedimiento para consolidar las leyes que sean objeto de modificaciones parciales con el fin de simplificar el ordenamiento, mejorar su calidad y contribuir a la garant韆 de la seguridad jur韉ica. El procedimiento de consolidaci髇 debe dar lugar a textos con valor jur韉ico que sustituyan y deroguen las leyes objeto de la consolidaci髇.

V閍se C骴igo de conducta de los miembros del Parlamento de Catalu馻 (獶.O.G.C.� 4 agosto 2016).LE0000580401_20160824

Sexta Coordinaci髇 entre la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica, la Autoridad Catalana de Protecci髇 de Datos y la Comisi髇 de Acceso, Evaluaci髇 y Selecci髇 Documental

La Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica, la Autoridad Catalana de Protecci髇 de Datos y la Comisi髇 de Acceso, Evaluaci髇 y Selecci髇 Documental deben adoptar las medidas de coordinaci髇 necesarias para garantizar una aplicaci髇 homog閚ea, en sus respectivos 醡bitos de actuaci髇, de los principios y reglas sobre la protecci髇 de datos personales y el acceso a la informaci髇. A tal efecto, pueden establecer criterios y reglas de aplicaci髇.

S閜tima Obligaciones de publicidad activa de las fundaciones y asociaciones

El titular del departamento competente en materia de justicia debe determinar por resoluci髇, en el plazo de seis meses, las obligaciones de transparencia establecidas por la presente ley que las fundaciones y asociaciones ya est醤 cumpliendo en virtud de su legislaci髇 espec韋ica. Dicha informaci髇 debe incorporarse en el Portal de la Transparencia, y las fundaciones y asociaciones solamente tienen la obligaci髇 de hacer constar que esta informaci髇 puede consultarse en 閘.

Octava Transparencia en la actividad contractual

A efectos de facilitar la consulta a la informaci髇 sobre la contrataci髇 p鷅lica, las administraciones locales deben informar al Registro P鷅lico de Contratos y a la Plataforma de Servicios de Contrataci髇 P鷅lica de los contratos formalizados y los que est醤 en licitaci髇 o en otras fases contractuales. El Portal de la Transparencia debe facilitar la consulta directa y din醡ica del Registro y la Plataforma.

Novena Transparencia en los convenios

La Generalidad y las administraciones locales deben informar al Registro de Convenios de la Generalidad de todos los convenios que suscriban con personas p鷅licas y privadas. El Portal de la Transparencia debe facilitar la consulta directa y din醡ica de este registro.

D閏ima Reg韒enes jur韉icos singulares sobre sistemas de gesti髇 de la calidad de los servicios p鷅licos

1. Las cartas de servicio a que se refiere el art韈ulo 59.1, con relaci髇 a los servicios que gestionan directamente las administraciones p鷅licas de Catalu馻, pueden ser sustituidas por otros sistemas de gesti髇 de la calidad respecto de los servicios de salud asistencial, servicios sociales, penitenciarios y de educaci髇 reglada. Dicha previsi髇 tambi閚 es aplicable a los servicios cuya normativa sectorial espec韋ica haya previsto sistemas propios de gesti髇 de la calidad diferentes a las cartas de servicio.

2. Los sistemas alternativos de gesti髇 de la calidad a que se refiere el apartado 1 deben publicarse en el espacio web de la administraci髇 titular del servicio o entidad prestadora de este; junto con los indicadores de calidad del servicio, y los correspondientes informes de evaluaci髇.

3. En todo lo no establecido por la normativa sectorial espec韋ica, a los sistemas de gesti髇 de calidad alternativos se aplican supletoriamente las disposiciones contenidas en los cap韙ulos I y II del t韙ulo V.

LE0000664459_20240315Disposici髇 adicional燿閏ima introducida por el n鷐ero 2 del art韈ulo 179 de la Ley 5/2020, 29 abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector p鷅lico y de creaci髇 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (獶.O.G.C.� 30 abril).Vigencia: 1 mayo 2020

Disposici髇 transitoria Primera designaci髇 de los miembros de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica

En el acuerdo del Parlamento por el que se nombre por primera vez a los miembros de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica deben fijarse sus retribuciones, hasta que se apruebe la Ley de presupuestos de la Generalidad de Catalu馻.

Disposici髇 derogatoria

1. Se derogan:

• a) Los art韈ulos 27 y 28 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de r間imen jur韉ico y de procedimiento de las administraciones p鷅licas de Catalu馻.LE0000424293_20200501
• b) Los art韈ulos 19.2.a segunda y tercera, 34.1, 2 y 3, y 35.1 y 3 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos.LE0000155140_20150824

2. Quedan derogadas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido por la presente ley.

Primera Naturaleza de la Ley

1. La presente ley tiene la condici髇 de norma reguladora de los derechos, obligaciones y garant韆s esenciales en las materias que regula, que son de aplicaci髇 con car醕ter general a la actuaci髇 y el funcionamiento de la Administraci髇.

2. Las leyes sectoriales deben interpretarse de acuerdo con lo establecido por la presente ley. En el caso de que establezcan excepciones respecto al r間imen general, deben ser expl韈itas y responder a una causa que las justifique.

Segunda Adaptaci髇 de la Ley 10/2001 al r間imen de acceso a la informaci髇 p鷅lica establecido por la presente ley

El Gobierno debe elaborar y presentar al Parlamento, en el plazo de seis meses a contar desde la publicaci髇 de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un proyecto de ley de modificaci髇 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, con el fin de adaptar su contenido al r間imen de acceso a la informaci髇 y documentaci髇 p鷅licas establecido por la presente ley.

Tercera Desarrollo y aplicaci髇 de la Ley

1. Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar la presente ley, sin perjuicio de lo establecido por los apartados 2 y 3.

2. Los entes locales deben adoptar las medidas normativas y ejecutivas que sean necesarias para desarrollar la presente ley de acuerdo con el principio de autonom韆 organizativa.

3. Las universidades p鷅licas y las instituciones y los organismos a los que se refiere el art韈ulo 3.1.b deben adoptar las medidas organizativas y de funcionamiento que sean necesarias para aplicar la presente ley en los 醡bitos en que les afecta, de acuerdo con lo establecido por la disposici髇 adicional cuarta, sin perjuicio de lo que determina la disposici髇 adicional quinta respecto al Parlamento de Catalu馻.

4. El Gobierno, en el plazo de seis meses, debe aprobar el reglamento de organizaci髇 y funcionamiento de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 41.2. Hasta que no se apruebe el reglamento, se aplicar� la normativa general sobre los 髍ganos colegiados vigente en Catalu馻.

V閍se D [CATALU袮]�111/2017,�18爅ulio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi髇 de Garant韆 del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica (獶.O.G.C.� 20 julio).LE0000602043_20170720

Cuarta Entrada en vigor

1. La presente ley entra en vigor a los seis meses de su publicaci髇 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, salvo lo que determinan los apartados 2 y 3.

2. El t韙ulo II entra en vigor al cabo de un a駉 de que la Ley haya sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en lo referente a los entes que integran la Administraci髇 local.

3. La Comisi髇 de Garant韆s del Derecho de Acceso a la Informaci髇 P鷅lica debe ser designada dentro del plazo de cuatro meses a contar desde la publicaci髇 de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.