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• PREÁMBULO
• TÍTULO I.  Disposiciones de carácter general
  • Artículo 1  Aprobación, naturaleza y ámbito del plan
  • Artículo 2  Objetivos y principios del plan
  • Artículo 3  Obligatoriedad, documentación e interpretación del plan
  • Artículo 4  Vigencia, ejecutividad y publicidad del plan
  • Artículo 5  Revisión del plan
  • Artículo 6  Modificación del plan
  • Artículo 7  Relación entre cartografías de peligrosidad y riesgo de inundación
• TÍTULO II.  De la peligrosidad y del riesgo de inundación
  • Artículo 8  Niveles de peligrosidad de inundación
  • Artículo 9  Zona de peligrosidad de inundación e incremento significativo de la peligrosidad
  • Artículo 10  Determinación del riesgo de inundación
  • Artículo 11  Estudios de inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación
  • Artículo 12  Documentación de los estudios de inundabilidad
  • Artículo 13  Tramitación de los estudios de inundabilidad
• TÍTULO III.  Riesgo de inundación y planificación territorial y urbanística
  • CAPÍTULO I.  Limitaciones al uso del suelo por el riesgo de inundación
    • Artículo 14  La peligrosidad de inundación y la Infraestructura Verde del territorio
    • Artículo 15  Municipios con elevada peligrosidad de inundación
    • Artículo 16  Análisis del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico
    • Artículo 17  Tratamiento del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico
    • Artículo 18  Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación
    • Artículo 19  Limitaciones en suelo urbanizable sin programa de actuación integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación
    • Artículo 20  Condicionantes en suelo urbano y suelo urbanizable con programa de actuación aprobado, afectado por peligrosidad de inundación
  • CAPÍTULO II.  Adecuación de las infraestructuras en zonas inundables
    • Artículo 21  Condiciones generales de adecuación de las infraestructuras
    • Artículo 22  Señalización de zonas inundables
• TÍTULO IV.  De las actuaciones de defensa
  • Artículo 23  La gestión de la Infraestructura Verde frente al riesgo de inundación
  • Artículo 24  Medidas de defensa en los planes generales estructurales
  • Artículo 25  Actuaciones estructurales
  • Artículo 26  Otros tipos de actuaciones de defensa
  • Artículo 27  Supervisión y coordinación de las actuaciones
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera  Municipios con elevada peligrosidad de inundación
  • Segunda  Condiciones establecidas en los municipios con elevada peligrosidad de inundación
  • Tercera  No incremento de gasto
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  • Única  Derogación Normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Primera  Normas de desarrollo
  • Segunda  Entrada en vigor
• ANEXO I . Condiciones de adecuación de las edificaciones y la urbanización
  • A. Condiciones generales de adecuación de las edificaciones.
  • B. Adecuación adicional en zonas de peligrosidad de niveles 3, 4 y 6.
  • C. Drenaje de aguas pluviales.
• ANEXO II . Criterios para la cartografía de peligrosidad de inundación

Artículo 1 Aprobación, naturaleza y ámbito del plan

1. Se aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 y siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación del territorio y protección del paisaje, para los planes de acción territorial, en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana.

2. El PATRICOVA es un Plan de acción territorial de los regulados en el artículo 16 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, y viene expresamente previsto en la Directriz 66 de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell. Es fruto de la revisión del PATRICOVA aprobado mediante Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell.

3. La problemática sobre la que actúa el PATRICOVA es el riesgo de inundación a escala regional en la Comunitat Valenciana.

4. Las disposiciones contenidas en esta normativa y en los demás documentos del PATRICOVA son de aplicación en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Artículo 2 Objetivos y principios del plan

1. Los objetivos del PATRICOVA son los siguientes:

• a) Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación en el territorio de la Comunitat Valenciana.
• b) Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable inundabilidad a los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el territorio.
• c) Lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y los agentes sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica y los equipamientos e infraestructuras.
• d) Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes.
• e) Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora de los paisajes naturales y culturales en torno al agua.

2. El plan establece los siguientes principios:

• a) Principio de cautela y acción preventiva.
• b) Protección y mejora del medio ambiente y del paisaje.
• c) Internalización del riesgo de inundación por parte de las actuaciones.
• d) Integración del desarrollo sostenible en la toma de decisiones.
• e) Cooperación y coordinación entre las Administraciones Públicas.
• f) Racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos.
• g) Proporcionalidad entre las medidas y los efectos.
• h) Participación pública.
• i) Planteamiento estratégico fijando objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

Artículo 3 Obligatoriedad, documentación e interpretación del plan

1. Los particulares, al igual que la Administración, están obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente plan de acción territorial, así como en todos los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial que se aprueben en complemento o desarrollo del mismo.

2. Integran el PATRICOVA los siguientes documentos: memoria, catálogo de actuaciones, planos de información, planos de ordenación y normativa, teniendo carácter vinculante los dos últimos. Los catálogos de actuaciones estructurales y de restauración hidrológico forestal se incluyen únicamente con carácter orientativo, sin que supongan compromiso final en cuanto a las soluciones a desarrollar, agentes encargados o compromiso inversor y, en su caso, estas actuaciones deberán someterse a la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Dicha documentación se pondrá a disposición del público en la página web de la Generalitat.

3. En caso de discrepancia entre las determinaciones contenidas en los distintos documentos del PATRICOVA, se resolverán teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos perseguidos por este y que se encuentran plasmados en la presente normativa. Las posibles contradicciones internas que existan se sustanciarán de acuerdo con el criterio expuesto y con el principio general de prevalencia del texto escrito sobre los documentos gráficos. Si, pese a los criterios indicados, subsistieran imprecisiones o contradicciones en las determinaciones del plan, prevalecerá aquella determinación más favorable al cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la normativa del plan.

Artículo 4 Vigencia, ejecutividad y publicidad del plan

1. La vigencia del presente plan de acción territorial es indefinida, en tanto no se revise.

2. El PATRICOVA, incluidas sus revisiones y modificaciones, será inmediatamente ejecutivo desde su entrada en vigor. La publicación del presente decreto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana incorporará la transcripción de la normativa del PATRICOVA, que entrará en vigor a los quince días de su publicación.

3. El PATRICOVA, una vez aprobado, será público, y cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlo e informarse a través de la web en la conselleria competente en materia de ordenación del territorio, así como a través de los medios de difusión que se dispongan.

Artículo 5 Revisión del plan

1. Se entiende por revisión del plan los cambios en los objetivos o los principios para la determinación de los niveles de peligrosidad de inundación. La revisión deberá justificarse en el informe de seguimiento del desarrollo y ejecución del plan, que se regula en el apartado siguiente, y deberá analizarse la conveniencia de la revisión en el momento en el que se realice la actualización de los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación en aplicación de la normativa vigente. La revisión del PATRICOVA se llevará a cabo, cuando proceda, siguiendo el mismo procedimiento que para su aprobación.

2. Se realizará un informe de seguimiento del desarrollo y ejecución del PATRICOVA con una periodicidad máxima de dos años. Este informe será elaborado por el organismo competente en la tramitación de los estudios de inundabilidad y en la emisión de los informes sobre riesgo de inundación, y se dará cuenta del mismo en las comisiones territoriales de urbanismo, en la Comisión de Evaluación Ambiental y en el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente. Mediante instrumentos de desarrollo de la presente normativa, se definirán los indicadores de seguimiento del PATRICOVA, que reflejarán el análisis de los informes sobre riesgo de inundación emitidos y de los estudios de inundabilidad tramitados.

Artículo 6 Modificación del plan

1. La conselleria competente en materia de ordenación del territorio, de oficio o a instancia de los municipios afectados, podrá modificar puntualmente el PATRICOVA tras la ejecución de alguna de sus actuaciones estructurales especialmente importantes, para determinar la nueva delimitación y niveles de peligrosidad de inundación asociados a las zonas de inundación resultantes.

2. Las modificaciones del PATRICOVA que comporten una nueva delimitación o cambio del nivel de peligrosidad de inundación asociado a una zona de inundación se someterán al mismo procedimiento legal previsto para su aprobación.

3. Las modificaciones propuestas por los organismos de cuenca, debidamente aprobadas por la Administración General del Estado e informadas por la administración autonómica con competencias en ordenación del territorio, no se someterán al procedimiento de aprobación de los estudios de inundabilidad previsto en esta normativa. No obstante, las modificaciones en el PATRICOVA se introducirán previa resolución de la Generalitat.

Artículo 7 Relación entre cartografías de peligrosidad y riesgo de inundación

Las cartografías de peligrosidad y riesgo de inundación elaboradas por las demarcaciones hidrográficas y las elaboradas por la Generalitat serán complementarias, en consideración a las diferentes metodologías empleadas en su elaboración, siendo elementos esenciales para la determinación de la problemática de inundación en el territorio.

Artículo 8 Niveles de peligrosidad de inundación

1. A los efectos de esta normativa, se establecen seis niveles de peligrosidad de inundación de origen hidrológico-hidráulico y un nivel geomorfológico, que, de mayor a menor, son:

• a) Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).
• b) Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).
• c) Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).
• d) Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).
• e) Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).
• f) Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).
• g) Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han identificado diferentes procesos geomorfológicos que, por sus características, actúan como un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse.

2. La delimitación concreta de las zonas inundables y niveles de peligrosidad de inundación a ellas asociados es la que se contiene en los Planos de Ordenación del PATRICOVA; no obstante, esta delimitación puede modificarse en los términos establecidos en la presente normativa.

Artículo 9 Zona de peligrosidad de inundación e incremento significativo de la peligrosidad

1. Zona de peligrosidad de inundación es aquella parte del territorio que tiene el mismo nivel de peligrosidad de inundación y se encuentra en la misma zona inundable.

2. Se considera que existe un incremento significativo de la peligrosidad de inundación en la zona de peligrosidad de inundación cuando se produce un aumento del calado máximo o de la velocidad de más de un diez por ciento (10 %) y de más de diez centímetros (10 cm) para cualquier período de retorno entre 25 y 500 años, provocado por cualquier nuevo elemento artificial situado en la zona inundable.

3. Aquellas actuaciones que justificadamente planteen un crecimiento de suelo sellado por encima de lo previsto en la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana habrán de efectuar un estudio que garantice que se cumple el criterio de internalización del incremento de peligrosidad de inundación en la cuenca.

Artículo 10 Determinación del riesgo de inundación

1. La determinación del riesgo de inundación resulta de la consideración conjunta de la peligrosidad de inundación y la vulnerabilidad del uso del suelo frente a las inundaciones. La peligrosidad de inundación de cualquier punto de la Comunitat Valenciana se determinará a partir de:

• a) Los estudios oficiales y planes, que hayan sido aprobados por la Generalitat o por un organismo de cuenca.
• b) Los estudios de inundabilidad que se aprueben al efecto.

2. Para determinar la equivalencia entre los mapas de peligrosidad de inundación, de las demarcaciones hidrográficas, y los niveles de peligrosidad de inundación definidos en el artículo 8, en primera instancia se recabarán de las Demarcaciones Hidrográficas los parámetros que permitan efectuar esa equivalencia y, a falta de ellos, se adoptarán los criterios de equivalencia más conformes con el principio de precaución: intervalos de calados más desfavorables o períodos de retorno más largos.

3. En caso de contradicción entre estudios, prevalecerá lo señalado en los desarrollados a mayor escala, siempre que los mismos se hubiesen realizado con similar nivel de rigurosidad.

4. La vulnerabilidad frente a la inundación debe determinarse como mínimo a escala municipal, pudiéndose concretar para ámbitos de estudio menores, teniendo en consideración la cartografía de usos del suelo de mayor actualización. La metodología utilizada a escala municipal será la prevista en la memoria del PATRICOVA, siendo aceptables metodologías de mayor detalle para ámbitos más concretos, debidamente justificadas.

Artículo 11 Estudios de inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación

1. El PATRICOVA, al tratarse de un estudio regional realizado en origen a escala 1:25.000, es susceptible de ser concretado, ampliado e incluso modificado mediante estudios de inundabilidad más precisos, que, en todo caso, se realizarán de acuerdo con lo establecido en esta Normativa.

2. Los estudios de inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación, realizados a la escala adecuada y elaborados por técnico competente, son imprescindibles para admitir decisiones de planeamiento que se aparten de las determinaciones contenidas en los documentos de carácter vinculante del PATRICOVA.

3. En las zonas afectadas por peligrosidad geomorfológica se podrá formular una consulta a la conselleria competente en materia de ordenación del territorio sobre la necesidad de realizar un estudio de inundabilidad. En estos supuestos, los estudios de inundabilidad se adaptarán, en cuanto a su contenido y documentación, a la problemática concreta de la zona analizada.

4. Los estudios de inundabilidad podrán tener un ámbito supramunicipal siempre que las agrupaciones de municipios sean coherentes desde el punto de vista hidrológico, hidráulico y geomorfológico.

Artículo 12 Documentación de los estudios de inundabilidad

1. La documentación mínima exigible a un estudio de inundabilidad de una zona inundable será la siguiente:

• a) Delimitación precisa de la cuenca o tramo sobre el cual se realiza el estudio de inundabilidad.
• b) Estudio geomorfológico de la zona inundable, que oriente fundamentalmente sobre la extensión potencial de la inundación y la existencia de vías de flujo desbordado principales.
• c) Estudio de las inundaciones históricas, para apoyar y confirmar los resultados del estudio geomorfológico y como elemento de calibración de la hidrología y de la hidráulica.
• d) Estudio hidrológico de la cuenca vertiente a la zona inundable, para la determinación de los caudales que provocan las inundaciones, con diferentes niveles de probabilidad. Para su realización, se emplearán modelos de tipo hidrometereológico, si bien, caso de existir una estación de aforos con datos suficientes, se podrán utilizar también combinados con métodos estadísticos.
• e) Estudio hidráulico de la zona inundable, para determinar las capacidades de desagüe de los cauces, los puntos de desbordamiento y la magnitud de la inundación, allí donde se produzca. Se emplearán modelos que serán acordes con la problemática a resolver, seleccionando justificadamente entre un modelo transitorio o estacionario y entre uno unidimensional o bidimensional.
• f) Cartografías de peligrosidad de inundación y de riesgo de inundación, en el estado inicial y estado final, así como de la ordenación prevista superpuesta con las zonas de peligrosidad de inundación. Se incluirán las cartografías del Dominio Público Hidráulico (DPH) y de las Zonas de Flujo Preferente (ZFP), así como, en la franja costera y cuando la escala lo permita, la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de protección.
• g) En el caso de que se prevean medidas correctoras, deberá justificarse la viabilidad técnica y económica para su implantación y que no se provoca un incremento significativo de la peligrosidad de inundación a terceros, en los términos del artículo 9 de esta Normativa.

2. El contenido del estudio de inundabilidad, en cada uno de sus apartados, se adaptará al caso concreto que se esté analizando.

Artículo 13 Tramitación de los estudios de inundabilidad

1. Los estudios de inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación serán aprobados por la conselleria competente en materia de ordenación del territorio, previo informe del organismo de cuenca correspondiente. El citado informe, que se emitirá en el plazo máximo de 45 días, se considera preceptivo y determinante en la resolución que se adopte. El plazo máximo para resolver los expedientes de estudios de inundabilidad será de tres meses.

Los estudios de inundabilidad se presentarán por triplicado en formato papel, y uno más en formato digital, tomando como referencia los criterios establecidos en el anexo II de esta normativa.

2. Los municipios menores de 5.000 habitantes pertenecientes al Sistema Rural y la Franja Intermedia del Territorio definidos en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana podrán efectuar consulta informativa, ante el departamento de la Generalitat competente en ordenación del territorio, sobre la capacidad de su territorio para acoger usos y actividades desde el punto de vista del riesgo de inundación.

Artículo 14 La peligrosidad de inundación y la Infraestructura Verde del territorio

Con carácter general, las zonas de peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6 definidas en este plan formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio. Los espacios incluidos en la zona de peligrosidad geomorfológica, y que no forman parte de esta infraestructura por otros criterios, podrán ser incluidos en la misma por la planificación territorial y urbanística de carácter estructural. La exclusión de una zona inundable de la Infraestructura Verde requerirá de una adecuada justificación.

La caracterización y definición de la Infraestructura Verde es anterior a cualquier actuación que se proponga sobre el territorio.

Artículo 15 Municipios con elevada peligrosidad de inundación

A los efectos de esta Normativa, se consideran municipios con elevada peligrosidad de inundación aquellos en los que, al menos, las dos terceras partes (2/3) de su término municipal están afectadas por la peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6, o bien aquellos otros que, aún no cumpliendo la condición anterior, tienen fuertes limitaciones para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables, por la morfología de su territorio.

La relación de municipios con elevada peligrosidad de inundación, así como las condiciones en ellos establecidas, se recogen en las disposiciones adicionales primera y segunda de la presente Normativa.

Artículo 16 Análisis del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico

Los planes de acción territorial y el planeamiento urbanístico que afecte a la ordenación estructural, deberán analizar las condiciones de drenaje superficial del territorio, tanto de las aguas caídas en su ámbito de actuación como las de las cuencas vertientes que le afecten, y, en su caso, la peligrosidad de inundación de origen marino. También será exigible dicho análisis en los instrumentos de desarrollo modificativos de dichos planes, cuando la modificación afecte, de manera significativa, al riesgo de inundación.

Para ello, reflejarán en su parte informativa, como mínimo, las siguientes determinaciones:

• 1. La red fluvial, incluyendo el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y de policía, allí donde hayan sido delimitados por el organismo de cuenca.
• 2. Las zonas de peligrosidad de inundación definidas de acuerdo con el artículo 10 de esta normativa.
• 3. Las zonas de flujo preferente de todos los cauces del municipio, o, al menos, de aquellos incluidos en el suelo urbano y urbanizable por el planeamiento urbanístico de ordenación estructural o por un plan de acción territorial.

Artículo 17 Tratamiento del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico

1. El planeamiento territorial y urbanístico clasificará como suelo no urbanizable de especial protección el Dominio Público Hidráulico, de conformidad con su legislación reguladora, así como las zonas de peligrosidad de inundación de nivel 1 delimitadas en el PATRICOVA, salvo aquellas que estén clasificadas como suelo urbano, que se calificarán, respectivamente, como Dominio Público Hidráulico o como protección hidráulica.

2. En estas zonas se prohíbe cualquier tipo de edificación, salvo las previstas expresamente en el planeamiento territorial y urbanístico aprobado a la entrada en vigor del PATRICOVA, que deberán, en todo caso, realizarse con arreglo a los condicionantes específicos de edificación para el suelo urbano sometido a riesgo de inundación, señalados en el anexo I de esta normativa. Asimismo, se prohíbe la realización de obras de infraestructuras que sean vulnerables o puedan modificar negativamente el proceso de inundación, incrementando los daños susceptibles de producirse como consecuencia de la misma.

3. El planeamiento no podrá dar lugar a un incremento significativo del riesgo de inundación en su término municipal o en el de otros municipios potencialmente afectados, a excepción de los supuestos previstos en el artículo 23 de esta normativa. A estos efectos, se considera que se incrementa significativamente el riesgo de inundación si se produce un incremento significativo de la peligrosidad de inundación, en los términos del artículo 9 de esta normativa, o se incrementa significativamente la vulnerabilidad, frente a la inundación, del uso del suelo en una zona inundable.

Artículo 18 Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación

1. El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable, excepto en los municipios con elevada peligrosidad de inundación, que se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 15 de esta Normativa.

2. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4 o 5, o por peligrosidad geomorfológica, se prohíben los siguientes usos y actividades: viviendas; establos, granjas y criaderos de animales; estaciones de suministro de carburantes; actividades industriales; establecimientos hoteleros y campamentos de turismo; centros hípicos y parques zoológicos; servicios funerarios y cementerios; depósitos de almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los destinados a residuos de la construcción y demolición (RCD); plantas de valorización; equipamientos estratégicos, como centros de emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y sanitarios, y pabellones deportivos cubiertos. Las infraestructuras puntuales estratégicas, como plantas potabilizadoras y centros de producción, transformación y almacenamiento de energía, quedan prohibidas, salvo que, por requerimientos de funcionamiento, queden avaladas por la administración competente para su autorización, garantizándose la adopción de medidas que disminuyan o eliminen el riesgo por inundación. La relación de actividades indicada no es cerrada, de modo que se consideran incluidas en este apartado las actividades similares a las expresamente indicadas y, con carácter general, las que supongan una elevada concentración de personas.

3. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6 se prohíben los mismos usos y actividades señalados en el apartado anterior, excepto las viviendas y los establecimientos hoteleros, que sí son autorizables, previa adopción de las medidas de adecuación de la edificación que se impongan, dándose cumplimiento, como mínimo, a los condicionantes generales de adecuación de las edificaciones incluidos en el anexo I de esta normativa.

4. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad geomorfológica se puede eximir justificadamente de la prohibición de alguno de los usos regulados en el apartado 2, siempre que, mediante un estudio específico y detallado de la zona, se justifique la escasa incidencia del riesgo de inundación en relación con la actividad a implantar.

5. Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados 2 y 3 anteriores, y se pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de los niveles comprendidos entre 2 y 6, o por peligrosidad geomorfológica, solo podrá autorizarse si se justifica adecuadamente que, por razones de funcionalidad de la actividad, debe implantarse necesariamente en el emplazamiento propuesto, y siempre que no existan otras zonas de menor peligrosidad de inundación en el entorno que sean igualmente aptas para desarrollar la actividad.

6. Las limitaciones de uso, en el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación, señaladas en el presente artículo podrán ser excepcionadas, justificadamente, en los municipios con elevada peligrosidad de inundación, siempre que no afecten en ningún caso a la zona de flujo preferente, previo cumplimiento de las condiciones generales y específicas de adecuación de las edificaciones a las que se hace referencia en el anexo I de esta normativa.

Artículo 19 Limitaciones en suelo urbanizable sin programa de actuación integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación

1. El suelo urbanizable que esté afectado por peligrosidad de inundación y no cuente con un programa de actuación integrada aprobado definitivamente, deberá ser objeto de un estudio de inundabilidad específico, de los regulados en los artículos 11 a 13 de esta Normativa, con carácter previo a su programación.

2. El estudio concluirá sobre la procedencia de:

• a) Desclasificar todo o parte del citado suelo.
• b) Establecer condiciones a la ordenación pormenorizada para evitar la localización de los usos más vulnerables en las zonas de mayor peligrosidad de inundación del sector.
• c) Realizar obras de defensa, que, en todo caso, deberán incluirse en las obras de urbanización de la actuación y constituirán una condición de conexión de la actuación integrada.
• d) Imponer condiciones a la forma y disposición de las edificaciones a materializar dentro del sector.

3. En particular, las industrias a que se refiere el anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación, que puedan ocasionar contaminación accidental en caso de inundación, así como las estaciones depuradoras de aguas residuales que excedan del tratamiento primario, deberán ser evaluadas individualmente, en el procedimiento que corresponda según la normativa sectorial, a los efectos de determinar la viabilidad o no de autorizar su instalación en suelos sometidos a peligrosidad de inundación.

Artículo 20 Condicionantes en suelo urbano y suelo urbanizable con programa de actuación aprobado, afectado por peligrosidad de inundación

Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de actuación integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán verificar la incidencia de la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, tomando como referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa. Asimismo impulsarán, junto con las restantes administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones de reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias.

Artículo 21 Condiciones generales de adecuación de las infraestructuras

1. Las infraestructuras que se sitúen en la superficie del terreno, los apoyos de infraestructuras aéreas, los elementos superficiales de las infraestructuras subterráneas o cualquier elemento que discurra, se sitúe o cruce una zona inundable a una cota superior en treinta centímetros (30 cm) a la del terreno circundante, no deberán provocar un incremento del riesgo de inundación en los usos urbanos actuales o planificados.

2. Se cuidará especialmente el drenaje transversal de los paseos marítimos mediante la ejecución de pontones o badenes en los cruces con las calles perpendiculares a los mismos, así como evitando la colocación de elementos verticales y muros continuos que obstaculicen el flujo de las aguas.

3. Los períodos de retorno de diseño del drenaje transversal y de protección de las infraestructuras de todo tipo serán de:

• a) 500 años en las infraestructuras estratégicas de alta vulnerabilidad, tales como carreteras de intensidad media diaria mayor de dos mil (2.000) vehículos/día, líneas de ferrocarril, grandes conducciones de abastecimiento, potabilizadoras, depuradoras, gaseoductos, líneas eléctricas que tengan una tensión nominal superior a 30 kV, subestaciones eléctricas, grandes depósitos de agua, de líquidos y gases inflamables o tóxicos y centrales de telecomunicaciones. Este nivel de protección podrá reducirse hasta un mínimo de 100 años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de protección superior, determinándose el riesgo de inundación remanente para un período de retorno de 500 años.
• b) 100 años en las infraestructuras de vulnerabilidad media, como el resto de carreteras de las redes nacional y autonómica, resto de carreteras con intensidad media diaria mayor de quinientos (500) vehículos/ día, líneas eléctricas que tengan una tensión nominal entre 30 kV y 1 kV, centros de transformación, paseos marítimos y redes de acequias o azarbes de cualquier tipo. Este nivel de protección podrá reducirse hasta un mínimo de 25 años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de protección superior, determinándose el riesgo de inundación remanente para los períodos de retorno de 100 y 500 años.

4. Los drenajes transversales de las infraestructuras lineales, con el fin de evitar su obstrucción, tendrán una dimensión mínima libre de obstáculos de un metro (1 m). En los casos en que parte de la sección libre del drenaje se encontrara por debajo del nivel del terreno circundante, la superficie transversal de la sección libre del mismo será de un metro y medio cuadrados (1,5 m²). Estas prescripciones se establecen sin perjuicio de la sección que resulte de la comprobación de las condiciones de desagüe y de los resguardos exigidos por el riesgo de obstrucción.

5. Los proyectos de urbanización contemplarán los colectores de aguas residuales siempre por debajo de las conducciones del resto de las redes de distribución de los otros servicios básicos. El trazado en planta de los colectores principales de pluviales deberá discurrir por las calles más bajas, mientras que el resto de conducciones y servicios lo harán por las calles más altas. A su vez, en las calles abiertas al tráfico rodado, el punto más alto de la calzada se situará al menos diez centímetros (10 cm) por debajo de las aceras, siendo la profundidad del caz respecto de estas al menos de veinticinco centímetros (25 cm).

6. Con el fin de no disminuir la capacidad de desagüe de las zonas agrícolas afectadas por peligrosidad de inundación, se evitará la sobreelevación o cubrimiento de las redes de acequias y azarbes.

Artículo 22 Señalización de zonas inundables

1. Los badenes inundables de cualquier carretera con intensidad media diaria (IMD) mayor de cien (100) vehículos/día tendrán que estar convenientemente señalizados mediante la colocación de señales de advertencia y escalas de indicación de la profundidad máxima del agua.

2. Los Planes Municipales de Emergencia deberán incorporar la localización de la señalización de zonas inundables, siendo obligación de la Administración titular de la vía la instalación, mantenimiento y reposición de dicha señalización.

3. Los campamentos de turismo y zonas de acampada que se encuentren situados en zona de peligrosidad de inundación deberán contar con la señalización adecuada, que incluirá las normas a seguir en caso de inundación. Se potenciarán las acciones necesarias con el fin de relocalizar estos usos que se vean afectados por cualquier nivel de peligrosidad de inundación.

4. En las márgenes de las vías de flujo aguas abajo de los desagües de presas, azudes, aliviaderos, etc., que puedan desaguar en tiempo seco un caudal superior a veinte metros cúbicos por segundo (20 m³/s), deberá señalizarse el peligro que existe, así como las normas a seguir en caso de una suelta inesperada, en el ámbito que pueda resultar afectado por la posible inundación.

5. Se fomentará, coordinadamente con la Administración con competencias en protección civil, la difusión y conocimiento de las zonas de riesgo de inundación, sus consecuencias y las actuaciones a adoptar en su caso.

Artículo 23 La gestión de la Infraestructura Verde frente al riesgo de inundación

1. La Infraestructura Verde procurará la mejora de las funciones ecológicas de ríos, humedales y otros ecosistemas que contribuyan a la reducción del impacto del riesgo de inundación, así como la conservación y activación de los paisajes naturales y culturales relacionados con el agua.

2. La gestión de las zonas inundables en el ámbito de la Infraestructura Verde favorecerá los procesos naturales siempre que sean viables desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Se dará prioridad a las prácticas de uso sostenible del suelo, medidas para la restauración hidrológico-forestal de las cuencas, la mejora de la retención de aguas y la inundación controlada de determinadas zonas en caso de inundación.

3. En la delimitación de sectores y otros ámbitos de desarrollo urbanístico, cuando la actuación se sitúe próxima a un cauce, la delimitación del ámbito de actuación no podrá invadir el límite exterior de la zona inundable. Los terrenos comprendidos entre el límite exterior de la zona de servidumbre y el límite exterior de la zona inundable podrán integrarse en la Infraestructura Verde y adscribirse a la gestión urbanística de la actuación. En ningún caso se incluirán cauces de ríos o barrancos en el ámbito de un sector, sino que deberán tratarse como se regula en el artículo 17 de esta normativa, y formarán parte de la Infraestructura Verde. Las zonas de sacrificio para reducir el efecto de las inundaciones se integrarán en la Infraestructura Verde, podrán adscribirse a la gestión de las actuaciones urbanísticas y deberán tener un tratamiento de zona verde.

4. La ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables colindantes con los cauces deberá disponer terrenos destinados a espacios libres y zonas verdes públicas en la zona interior del límite del sector trazado según los criterios indicados en el apartado anterior, y a lo largo de toda la extensión que enfrente con el cauce. Los mencionados espacios libres y zonas verdes deberán cumplir las condiciones dimensionales exigidas por la legislación urbanística aplicable. En ningún caso podrán computar como zona verde los terrenos ocupados por un cauce.

5. Con el objeto de fomentar la protección de los márgenes y ecosistemas riparios, se potenciará el uso como espacios libres y zonas verdes de las zonas colindantes con el cauce. El tratamiento y ajardinamiento de las mismas será el adecuado a su carácter inundable y de soporte de un ecosistema fluvial y ripario.

6. En colaboración con el Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana y sus instrumentos de desarrollo, se dará prioridad a las actuaciones de restauración hidrológico-forestal contenidas en el PATRICOVA que tengan un mayor grado de eficiencia en cuanto a la inversión y la reducción del riesgo de inundación.

7. Todas las actuaciones estructurales deberán tener en cuenta la identificación de las vías de drenaje naturales como preferentes para el posible flujo desbordado. En particular, la planificación territorial y urbanística limitará los usos en el entorno de las zonas húmedas para que estas puedan actuar como zonas de desbordamiento natural.

8. La gestión de la Infraestructura Verde tomará en consideración las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de las inundaciones sobre los distintos elementos del territorio.

9. En el diseño de la Infraestructura Verde se fomentará el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

Artículo 24 Medidas de defensa en los planes generales estructurales

1. Los planes generales estructurales de aquellos municipios que se encuentren sujetos a riesgo de inundación adoptarán medidas de defensa, estructurales o no estructurales, para disminuir el citado riesgo.

En el caso en que las medidas de defensa afecten a más de un municipio, deberán ser coordinadas por la Generalitat o por el organismo de cuenca, en el ejercicio de sus respectivas competencias.

2. El desarrollo urbanístico estará supeditado, en todo caso, a la existencia previa de:

• a) Un proyecto de construcción aprobado de las actuaciones estructurales de defensa planteadas.
• b) Si se trata de una obra pública, consignación presupuestaria y plazo de realización no superior al previsto para la ejecución de las obras de urbanización y edificación del sector.
• c) Si se trata de una obra a realizar con cargo al programa de actuación integrada, compromiso de ejecutarla simultáneamente con el resto de las obras de urbanización.

Artículo 25 Actuaciones estructurales

1. El nivel de protección de cualquier estructura de defensa contra las inundaciones en zona urbana deberá estar comprendido entre quinientos y cien (500 y 100) años de período de retorno, debiendo justificarse razonadamente la adopción del nivel de diseño, siendo preferibles las actuaciones con tratamientos blandos, como encauzamientos verdes o zonas de desbordamiento, entre otras.

El nivel de protección de cualquier estructura de defensa contra las inundaciones en zona no urbana deberá estar comprendido entre cien y veinticinco (100 y 25) años de período de retorno, debiendo justificarse razonadamente la adopción del nivel de diseño.

Los criterios justificativos deberán atenerse a las directrices marcadas por el organismo de cuenca.

Se cartografiará la peligrosidad de inundación remanente tras la ejecución de las actuaciones estructurales para el período de retorno de hasta quinientos (500) años.

2. Los encauzamientos cubiertos se permitirán excepcionalmente en tramos urbanos altamente antropizados y con un nivel de protección de, al menos, quinientos (500) años de período de retorno, y una vez analizados los efectos de su comportamiento hidráulico con caudales superiores. Además, para evitar su obstrucción durante una crecida, deberán disponer de un elemento de retención de los sólidos gruesos arrastrados, inmediatamente aguas arriba del mismo.

Los criterios justificativos deberán atenerse a las directrices marcadas por el organismo de cuenca.

3. Cualquier actuación estructural deberá tener en cuenta la minimiza- ción de los daños en caso de desbordamiento de la misma, especialmen- te si conducen el agua a una cota superior a la del terreno circundante. Cuando una actuación comporte un incremento de riesgo de inundación, deberá contemplarse el planeamiento afectado y deberán ser consideradas las correspondientes medidas compensatorias para las zonas afectadas.

Artículo 26 Otros tipos de actuaciones de defensa

Además de las actuaciones contempladas en el PATRICOVA o en los planes de los organismos de cuenca, las administraciones competentes fomentarán la aplicación de otras medidas complementarias, como el desarrollo de una política activa de seguros frente a las inundaciones, la realización de planes de señalización de las zonas inundables, el desarrollo de normas tecnológicas de la edificación y de las infraestructuras en zona de riesgo de inundación, y los programas de información y de educación de la población, entre otras.

Artículo 27 Supervisión y coordinación de las actuaciones

La supervisión de la ejecución de las actuaciones previstas en el PATRICOVA corresponde a la conselleria competente por razón de la materia, según la naturaleza de la actuación, en coordinación con los organismos de cuenca.

La supervisión de actuaciones incluidas en estudios de inundabilidad que acompañan a instrumentos de planeamiento corresponderá al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento deberá notificar a la conselleria con competencias en materia de riesgo de inundación la finalización de las actuaciones previstas, a los efectos de comprobar que se ajustan a las determinaciones del estudio de inundabilidad aprobado.

Para el caso de que no se ejecutasen las actuaciones previstas en el estudio de inundabilidad, en los términos del plan y del programa de actuación integrada que lo acompaña y en los plazos establecidos en el mismo, se podrá declarar la caducidad del estudio de inundabilidad. Dicha caducidad se llevará a cabo siguiendo el mismo procedimiento previsto en la legislación urbanística para la caducidad de programas de actuación, a propuesta de la Conselleria con competencias en ordenación del territorio.

Primera Municipios con elevada peligrosidad de inundación

1. Los municipios con elevada peligrosidad de inundación son aquellos que, determinados de acuerdo con lo establecido en esta Normativa, sean incluidos en un Registro creado al efecto, mediante Resolución de la persona titular de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio.

2. La inclusión de nuevos municipios en la categoría de elevada peligrosidad de inundación se realizará por Resolución de la persona titular de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio, a petición razonada de los municipios afectados. A estos efectos, el ayuntamiento interesado deberá aportar, junto a la solicitud de inclusión, la documentación necesaria para acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos en esta normativa.

3. La consideración de un municipio como de alta peligrosidad de inundación es una situación transitoria, pudiendo excluirse de la citada categoría a aquellos municipios en los que, tras la realización de actuaciones estructurales o estudios de inundabilidad de mayor concreción, se haya eliminado, en todo o en parte, la peligrosidad de inundación. La citada exclusión se realizará, igualmente, mediante resolución de la persona titular de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio.

4. Las determinaciones establecidas en la presente disposición adicional, y en la siguiente, podrán aplicarse, con carácter excepcional, en el supuesto de planes de ámbito supramunicipal en los que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 15 de esta normativa, referidos al ámbito del plan.

Segunda Condiciones establecidas en los municipios con elevada peligrosidad de inundación

1. En estos municipios, cualquier reclasificación de suelo no urbanizable inundable que se proponga deberá justificar la existencia de fuertes limitaciones para orientar los desarrollos hacia zonas con menor peligrosidad de inundación. El estudio de inundabilidad concluirá sobre la procedencia de la propuesta de reclasificación e incluirá, en su caso, las limitaciones de usos que se estimen necesarias. En ningún caso se implantarán nuevos desarrollos sobre zonas de flujo preferente.

2. Los desarrollos que se planteen en estos municipios tenderán a modelos intensivos de concentración de la edificación y minimización del perímetro de contacto con la zona inundable, frente a modelos extensivos de baja altura, tentaculares y alta ocupación del territorio.

3. En la declaración de interés comunitario y otras autorizaciones de nuevos usos y actividades en suelo no urbanizable se aplicará, con carácter general, el mismo criterio enunciado para las reclasificaciones, debiendo justificarse la no implantación en otras zonas con menor nivel de peligrosidad de inundación.

Tercera No incremento de gasto

La aplicación y el desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignada a la conselleria competente en materia de ordenación del territorio, y, en todo caso, deberá ser atendida con los medios personales y materiales de la misma.

Única Derogación Normativa

1. Queda derogado el Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell, por el que se aprobó el Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Primera Normas de desarrollo

Se faculta a la Conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de ordenación del territorio para dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo y ejecución del presente decreto, en el ejercicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell.

Segunda Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.