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Sumario

Con la intenci髇 de hacer frente a las consecuencias de la crisis econ髆ica, especialmente en materia de desempleo, el gobierno andaluz puso en marcha medidas de empleo y acciones urgentes que han supuesto una respuesta eficaz para tratar de activar el mercado de trabajo, especialmente en aquellos sectores de poblaci髇 con m醩 dificultades de acceso al empleo o con m醩 barreras para la inserci髇. Estas medidas quedaron plasmadas en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la 獻niciativa @mprende+�, en el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el programa Emple@30+, as� como en el Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, que tras su convalidaci髇 se promulg� como Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserci髇 laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo aut髇omo.

Entre las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno Andaluz en estas disposiciones destaca la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+, destinada a fomentar la generaci髇 de empleo en dos colectivos de la poblaci髇 especialmente afectados por la crisis econ髆ica actual, y que deben afrontar m醩 barreras para su inserci髇 laboral.

Es inter閟 prioritario para el ejecutivo que esta Iniciativa beneficie al mayor n鷐ero de personas desempleadas, tanto j髒enes de entre 18 y 29 a駉s de edad como mayores de 30. El actual contexto social y econ髆ico tiene diversas consecuencias en funci髇 de los colectivos afectados. Por un lado sobre las personas j髒enes, en las que los efectos de la crisis se trasladan a largo plazo, repercutiendo en su inserci髇 laboral y consecuentemente en su empleabilidad, y por otro lado, sobre la poblaci髇 andaluza de 30 o m醩 a駉s de edad, cuya elevada situaci髇 de desempleo requiere de la aplicaci髇 de medidas inmediatas que contribuyan a favorecer la mejora de su empleabilidad, facilitar su incorporaci髇 al mercado de trabajo o bien su reincorporaci髇 al mismo tras un periodo prolongado de inactividad.

La participaci髇 de las entidades locales en la implementaci髇 de la mencionada Iniciativa constituye un factor clave para su 髉timo desarrollo. En efecto, dicha Iniciativa se concibe desde su inicio como medidas de equilibrio territorial y de fomento econ髆ico del empleo, estableciendo un criterio diferenciado en funci髇 del tama駉 de la poblaci髇 del municipio y su nivel de desempleo, as� como definiendo las propias obras y servicios subvencionables, que deben repercutir en el desarrollo de actuaciones de utilidad colectiva que redunden en beneficio de la comunidad en la que se realizan. Esta idoneidad se justifica por cuanto estas entidades conocen de primera mano cu醠es son las necesidades de los territorios, las caracter韘ticas espec韋icas de los mercados locales y qu� caracter韘ticas presenta la mano de obra disponible. Por este motivo, se prev� su desarrollo en todos los municipios del territorio, evitando la discriminaci髇 que en caso contrario se producir韆 entre personas que, partiendo de una situaci髇 similar, no pudieran participar en los proyectos por raz髇 exclusivamente de su vecindad administrativa. Consecuentemente, ni la finalidad de la propia Iniciativa, destinada a la dinamizaci髇 del mercado de trabajo, ni la aplicaci髇 del principio de igualdad de trato, pueden condicionarse a la situaciones internas que atraviesan actualmente los ayuntamientos andaluces, que son completamente ajenas a las personas destinatarias finales de las ayudas, y sobre las que no puede recaer en ning鷑 caso el perjuicio que supone privar a sus localidades de la posibilidad del desarrollo de unos proyectos colectivos de marcado contenido econ髆ico y social.

En este sentido, no hay que olvidar que las especiales circunstancias de destrucci髇 de empresas y empleo derivadas de la crisis econ髆ica y financiera no han sido ajenas a los ayuntamientos, siendo muchos los que han tenido y tienen que hacer frente a numerosas dificultades que han provocado importantes ajustes econ髆icos y reducciones de plantilla. Y en ocasiones, como consecuencia de ello, han reca韉o sobre algunas de estas entidades sentencias firmes en procedimientos de despido improcedente o nulo. Dicha circunstancia impedir韆 su participaci髇 en las ayudas reguladas en la mencionada Ley 2/2015, de 29 de diciembre, a tenor de lo dispuesto en su art韈ulo 5.3 sobre 玃ersonas y entidades beneficiarias�, por lo que resulta necesario proceder a su concreci髇.

Con esa misma finalidad, en aras a una adecuada gesti髇 en la nueva convocatoria de esta Iniciativa, se considera conveniente suprimir para los ayuntamientos andaluces las restantes obligaciones contenidas en el art韈ulo 5.3, por devenir en irrelevantes a efectos de la tramitaci髇 de las ayudas, puesto que las entidades beneficiarias, m醲ime en este supuesto que se trata de administraciones p鷅licas, sujetas a r韌idos y exhaustivos controles internos y externos en materia de contrataci髇 de personal, deben entenderse siempre obligadas a su cumplimiento, tal como se dispone en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, as� como en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Parlamento de Andaluc韆 aprob� el 25 de febrero de 2016, una proposici髇 no de ley por la que insta al Consejo de Gobierno para que proceda a modificar la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de tal manera que se posibilite la participaci髇 en la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria de todos los ayuntamientos andaluces, al objeto de que se desarrolle en su integridad en todos los municipios del territorio de Andaluc韆, con la finalidad 鷏tima de beneficiar al mayor n鷐ero de personas desempleadas posibles, proponiendo para ello la modificaci髇 del mencionado art韈ulo 5.3 de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre. Por motivos similares, que traen causa en el inter閟 social de los incentivos, resulta necesaria la modificaci髇 del art韈ulo 7 del mismo texto legal, en el sentido de que los ayuntamientos, como entidades beneficiarias de la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria, queden exceptuados del cumplimiento del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, previstas en el art韈ulo 13.2.e) y g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, as� como de no tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho p鷅lico de la Junta de Andaluc韆, obligaci髇 prevista en el art韈ulo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda P鷅lica de la Junta de Andaluc韆, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, atendiendo a que la naturaleza de esta l韓ea de ayuda tiene un marcado car醕ter social, estando orientada a mejorar la empleabilidad de las personas andaluzas, por lo que se debe garantizar su participaci髇 con unos par醡etros de igualdad en todo el territorio de la Comunidad Aut髇oma, as� como asegurar la posibilidad de que el resultado final de los proyectos repercuta en todos los municipios con independencia de las circunstancias econ髆icas coyunturales de los ayuntamientos respectivos.

Por consiguiente, ante la manifiesta dif韈il situaci髇 por la que atraviesan las entidades locales, as� como por la existencia de razones suficientes de inter閟 p鷅lico y social en la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria Emple@joven y Emple@30+, atendiendo especialmente a las situaciones de vulnerabilidad sociolaboral de las personas sobre las que pretende incidir, y con la finalidad de evitar perjuicios a las personas destinatarias, resulta necesario concretar los art韈ulos 5 y 7 de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, para restringir el 醡bito de aplicaci髇 de las prohibiciones establecidas a la condici髇 de beneficiarios y abordar dicho cambio de manera inmediata en tanto que actualmente la tramitaci髇 de esta Iniciativa ya ha comenzado.

Asimismo, ante la repercusi髇 de las modificaciones citadas y la finalizaci髇 del plazo para la presentaci髇 de solicitudes, se hace necesario proceder a la apertura de un nuevo plazo de presentaci髇 de solicitudes para la concesi髇 de las ayudas vinculadas a dicha iniciativa, con el objeto, en 鷏tima instancia, de garantizar la pretendida igualdad de trato de las personas destinatarias en cada uno de los municipios andaluces.

Por otra parte, la necesidad de modificar otros aspectos de la mencionada Ley se ha puesto de manifiesto en el curso de la tramitaci髇 de los incentivos y la ejecuci髇 de las actuaciones incentivables por parte de las entidades beneficiarias en las actuales condiciones econ髆icas, circunstancias que aconsejan una mejora en la gesti髇 de las ayudas as� como una mayor precisi髇 en su enunciado que reviertan positivamente en la tramitaci髇 de los expedientes.

De este modo, se modifica el art韈ulo 12 de la Ley, en el sentido de establecer tan solo la duraci髇 m韓ima de los contratos formalizados en el marco de la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria –6 meses para j髒enes y 3 para mayores– con la finalidad de que los ayuntamientos puedan prorrogar las contrataciones el n鷐ero de meses suficientes para ejecutar todo el presupuesto que se les haya asignado.

En la misma l韓ea, en relaci髇 con la cuant韆 mensual de la ayuda prevista para las contrataciones realizadas en el marco de la mencionada Iniciativa, resulta necesario adecuar el cuadro del art韈ulo 9 de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, detallando el importe previsto para aquellas contrataciones realizadas en los grupos de cotizaci髇 del 4 al 10, as� como a馻diendo la cuant韆 mensual adicional de la ayuda para aquellos contratos con duraci髇 superior a seis meses.

Finalmente, dado que la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, no establece un plazo de ejecuci髇 de los proyectos, se establece un plazo m醲imo de duraci髇 de los mismos de dieciocho meses desde su inicio, asegurando un marco temporal cierto que posibilite el desarrollo de los mismos a los ayuntamientos, especialmente a los de mayor poblaci髇.

Todas estas modificaciones resultan imprescindibles para la adecuada ejecuci髇 de la Iniciativa, ya puesta en marcha, circunstancia 閟ta que justifica la urgencia en su adopci髇 mediante la figura del decreto-ley.

De otra parte, ha de se馻larse que los trabajadores afectados por procedimientos de despido colectivo procedentes de la industria manufacturera en el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, constituyen un colectivo de dif韈il absorci髇 por el mercado de trabajo como consecuencia de sus especiales caracter韘ticas de edad, cualificaci髇, formaci髇 y de las especiales circunstancias del medio geogr醘ico en el que se encuentran. En su mayor parte, los procedimientos de despido colectivo han sido utilizados en zonas especialmente deprimidas carentes en muchos casos de otros recursos de empleo distintos de aqu閘 que se proced韆 a extinguir.

Considerando que estamos hablando de un importante colectivo que supone el 88% de los parados andaluces del sector industrial y que en los momentos actuales se est醤 desarrollando los distintos planes de empleo derivados de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, es urgente y necesario una actuaci髇 inmediata para evitar que este colectivo se vea abocado a una situaci髇 de exclusi髇 social.

Ante esta situaci髇, y a la vista de las cifras de paro que arroja este colectivo, se hace urgente tomar medidas que pal韊n su situaci髇, ya que se trata de ex trabajadores que en la mayor韆 de los casos hace mucho tiempo no perciben prestaci髇 alguna, ni es posible que puedan percibir ning鷑 ingreso por otra v韆. La permanente situaci髇 de desempleo en la que se encuentran quienes son despedidos en estos procedimientos de despido colectivo, va a determinar un deterioro progresivo de sus condiciones y de su dignidad como personas. Cuando hay que dar un apoyo econ髆ico, es importante hacerlo con premura porque en ocasiones lo que llega tarde ya no es necesario porque se ha convertido en irremediable la situaci髇 que se pretend韆 contener.

Por lo que se refiere al trabajo aut髇omo, a pesar del importante retroceso en la creaci髇 de empleo aut髇omo durante la crisis, en el 鷏timo a駉 se ha registrado una recuperaci髇 de este colectivo. Sin embargo esta recuperaci髇, que esencialmente se ha traducido en el establecimiento de nuevas personas trabajadoras aut髇omas, no ha llevado aparejado un comportamiento similar en la consolidaci髇 de las ya existentes.

Por ello, en relaci髇 con el programa de fomento y consolidaci髇 del trabajo aut髇omo y sus procedimientos de concesi髇, se incorporan una serie de modificaciones de car醕ter eminentemente t閏nico, pero en cualquier caso urgentes, que coadyuvan a la efectividad y a una mayor agilidad en la tramitaci髇 de estas ayudas, retrasadas en su aplicaci髇 por diversas circunstancias t閏nicas, de 韓dole financiera, contable o de ejecuci髇 presupuestaria, propiciadas, en concreto para la L韓ea 2, Promoci髇 del Trabajo Aut髇omo, por la aprobaci髇 del nuevo Marco Europeo de ayudas (2014-2020).

La necesidad de que se cumpla el objetivo de favorecer el mantenimiento y la consolidaci髇 del empleo aut髇omo, requiere que las propuestas de las entidades beneficiarias se ajusten a este objetivo de la manera m醩 eficiente posible. Por ello, la limitaci髇 en el tiempo del plazo de ejecuci髇 hasta el 31 de julio de 2016 supone una restricci髇 a la finalidad 鷏tima de la citada L韓ea 2, que obliga a ajustar el citado plazo con la sola intenci髇 de evitar la destrucci髇 del empleo aut髇omo. Siendo esto as�, es imprescindible adaptar dichos plazos a la fecha de resoluci髇 de concesi髇.

Las modificaciones incluidas en el art韈ulo tercero, en lo relativo a la tramitaci髇 de ayudas de la L韓ea 2, Promoci髇 del Trabajo Aut髇omo, hacen necesaria su aplicaci髇 retroactiva en cuanto a la eficacia de aqu閘las que se incorpora en la disposici髇 transitoria 鷑ica.

De otro lado, no se puede olvidar que con la puesta en marcha de las medidas aprobadas en su momento se han generado unas expectativas a los posibles beneficiarios de las ayudas que por causas no imputables a los mismos, esto es, el retraso en la implementaci髇 de 閟tas, podr韆n causar un serio perjuicio al tejido productivo de nuestra Comunidad Aut髇oma, am閚 de desvirtuar el objetivo 鷏timo de la norma ya aprobada, lo que exige m醲ima agilidad para la aprobaci髇 de los cambios contenidos en el presente decreto-ley.

La urgencia de las medidas propuestas se justifica suficientemente, por tanto, por la perentoriedad de los plazos previstos inicialmente y la imposibilidad real de llevar a cabo las acciones previstas en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre. As�, resulta necesario asegurar, en el contexto de la persistencia de un fuerte nivel de desempleo, las acciones de inserci髇 en el trabajo aut髇omo tal y como est醤 contempladas en la citada Ley que se modifica, as� como adoptar las modificaciones t閏nicas oportunas que permitan una mayor dedicaci髇 a este esfuerzo.

En otro orden de cosas, la primera regulaci髇 de la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+, contenida en los referidos Decretos-leyes 6 y 9/2014, respectivamente, impon韆 a los ayuntamientos la obligaci髇 de abrir una cuenta separada denominada 獻niciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria� en la que se deb韆n consignar los ingresos y desde la que se deb韆n efectuar todos los pagos relacionados con las ayudas.

Los ayuntamientos cumplieron en su momento con la obligaci髇 de abrir la cuenta separada, pero les result� imposible efectuar los pagos desde la misma por circunstancias t閏nicas sobrevenidas que no les eran imputables. No obstante, y a pesar de las dificultades, logr� alcanzarse el objetivo de ambas Iniciativas, que no era otro que la creaci髇 de empleo en la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, mediante la formalizaci髇 en el marco de estas dos l韓eas de ayudas, de una cifra en torno a los 63.000 contratos en todo su territorio, habi閚dose superado las 40.000 contrataciones dentro de la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria Emple@Joven y las 20.000 en la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria Emple@30+. Por este motivo, en aras a una adecuada gesti髇 de estas Iniciativas, resulta imprescindible suprimir dicho requisito formal contenido en el apartado a) del art韈ulo 16 del Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, para la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria Emple@Joven, y en el apartado a) del art韈ulo 10 del Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, para la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria Emple@30+, que, en la pr醕tica, ha devenido de imposible cumplimiento, m醲ime si se tiene en cuenta que en todo caso permanece intacta la esencia de la naturaleza de la subvenci髇 y no se perjudican derechos de terceros. La eliminaci髇 de la menci髇 a la cuenta separada conlleva adem醩 la modificaci髇 de los preceptos correspondientes a la documentaci髇 justificativa prevista para ambas Iniciativas.

En la misma l韓ea, tambi閚 se considera conveniente suprimir dentro de las Iniciativas Cooperaci髇 Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+, reguladas en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, y en el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, respectivamente, aqu閘las otras obligaciones, derivadas de las contrataciones efectuadas en el marco de las Iniciativas, impuestas a las entidades beneficiarias, e incluidas en los apartados c) del art韈ulo 16 del Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, y d) del art韈ulo 10 Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, puesto que su cumplimiento ya se exige de manera expl韈ita en la normativa laboral vigente.

En cuanto a las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que se exigen para la utilizaci髇 de este instrumento normativo, la regulaci髇 contenida en este decreto-ley cumple las mismas y atiende a los requisitos que prev� el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, debido a la concurrencia de las circunstancias excepcionales de la actual coyuntura econ髆ica y social, y a la necesidad de reducir el impacto de aqu閘las sobre los sectores m醩 vulnerables de la poblaci髇 andaluza.

La urgencia de la modificaci髇 de la referida Ley se considera imprescindible para conseguir el 閤ito de las ayudas reguladas en la Iniciativa Cooperaci髇 Social y Comunitaria, y ello porque habi閚dose producido la derogaci髇 del Decreto-ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserci髇 laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo aut髇omo, el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el programa Emple@Joven y la 獻niciativa @mprende+�, y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el programa Emple@30+, tras sesi髇 plenaria del Parlamento de Andaluc韆 celebrada el d韆 6 de abril de 2016, y una vez iniciada la puesta en marcha de sus medidas, se requiere agilidad en la aprobaci髇 de los cambios contenidos en el presente decreto-ley, puesto que, por un lado, la tramitaci髇 de las Iniciativas de Cooperaci髇 Social y Comunitaria aprobadas en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, y en el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, se encuentra en su fase final, y que con car醕ter posterior se ha procedido a la apertura de la nueva edici髇 de la Iniciativa, mediante el Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, que tras su convalidaci髇 fue aprobado por la Ley 2/2015, de 29 de diciembre. Comoquiera que estas bases reguladoras han sido aprobadas por normas con rango de ley, que exigen un instrumento similar para su modificaci髇 y, teniendo en cuenta que en todos los supuestos existen procedimientos en curso, resulta imprescindible aprobar el presente decreto-ley con el objetivo de finalizar satisfactoriamente aqu閘los que se encuentran en fase de justificaci髇 y, asimismo, comenzar la tramitaci髇 de las solicitudes presentadas en el marco de la nueva convocatoria. En 鷏tima instancia, se trata de conseguir la mejora de la empleabilidad de las personas andaluzas, finalidad 鷏tima que persigue la implementaci髇 de este programa. Hasta ahora, sus resultados han tenido una contribuci髇 muy positiva, generando hasta el 鷏timo trimestre del a駉 2015 m醩 de 63.000 puestos de trabajo que han repercutido en los resultados de la EPA de dicho per韔do, que arroja un crecimiento del empleo interanual del 5,13% con m醩 de 137.000 empleos creados. En consecuencia, estos datos avalan la urgente necesidad de continuar el impulso a las medidas implementadas.

En orden a la justificaci髇 de la utilizaci髇 de la figura del decreto-ley para la tramitaci髇 de la presente norma, el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆 exige que se produzca tan solo en casos de 玡xtraordinaria y urgente necesidad�. Ciertamente, medidas como las que se recogen en este texto tradicionalmente podr韆n haberse abordado y regulado mediante normas reglamentarias e, incluso, refiri閚dose a convocatorias concretas, mediante actos administrativos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (Sentencia n鷐. 332/2005, de 15 de diciembre, sobre los l韒ites a la figura de los decretos-leyes, entre otros) ha avalado la inclusi髇 de esta clase de medidas en normas legales que se aprueben utilizando la figura del decreto-ley, elaborando la doctrina jurisprudencial de las denominadas 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas�, en las que se engloban supuestos que tienen una importante relevancia dentro del 醡bito econ髆ico en un momento determinado, con relaci髇 a las cuales deben adoptarse unas medidas perentorias e inmediatas para salvaguardar los intereses generales o, dicho de otra forma, extrapolan a la materia econ髆ica el presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad constitucionalmente exigido. Entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de marzo de 2007, califica el decreto-ley como un instrumento l韈ito para el tratamiento de las 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas�, en tanto que es una herramienta pertinente y adecuada para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, respetando las premisas constitucionales.

Avalada por esta doctrina, se concluye que las circunstancias excepcionales que se daban en el momento de la promulgaci髇 de las tres normas legales ahora modificadas, persisten en la actualidad y que las medidas que ahora se adoptan van a permitir la efectiva ejecuci髇 de los programas p鷅licos que se implementaban en aqu閘las.

En su virtud, y en uso de la facultad conferida por los art韈ulos 63, 110 y 169 y del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, y conforme a lo previsto en el art韈ulo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, a propuesta de los Consejeros de Econom韆 y Conocimiento y de Empleo, Empresa y Comercio, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno, en su reuni髇 celebrada el d韆 12 de abril de 2016,

DISPONGO